Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

Las grandes empresas de inteligencia artificial han instalado un relato que presenta a la tecnología como una fuerza autónoma e inevitable. Sin embargo, esta narrativa de «máquina todopoderosa» sirve para inflar expectativas de inversión, eludir responsabilidades y condicionar las regulaciones globales. ¿Y si desactivamos el pánico ficticio del futuro y exigimos una gobernanza democrática centrada en los derechos humanos y los impactos reales que la IA ya provoca en el presente?

Mientras la región ensaya bloqueos, decretos y anuncios presidenciales para controlar las apuestas en línea, la industria sigue creciendo en la camiseta, en los teléfonos y en las bases de datos.

Reunimos las principales dudas sobre la primera edición de Periodismo para los Derechos Digitales, una convocatoria de Derechos Digitales para apoyar investigaciones periodísticas sobre tecnología, poder y derechos humanos en América Latina y el Caribe. Aquí encontrarás información sobre quiénes pueden postular, qué tipo de propuestas buscamos, cómo funciona la beca y cuáles son las principales etapas del proceso.

En pocos años, la inteligencia artificial se instaló en nuestra vida cotidiana y hoy millones de personas interactúan con estas herramientas. Pero la concentración de datos e información en manos de unas pocas empresas plantea riesgos para la privacidad y la autonomía. Frente a este escenario, existen alternativas para utilizar IA de manera local, reducir la dependencia de grandes plataformas y mantener un mayor control sobre nuestros datos.

Paraguay acaba de estrenar un nuevo marco normativo, Chile se prepara para implementar una reforma largamente esperada y Argentina discute qué rumbo tomar frente a una legislación que lleva más de dos décadas sin actualizarse. Los tres casos dan cuenta de un escenario marcado por demoras, disputas institucionales y distintas visiones sobre el control que las personas pueden ejercer sobre su información. Las decisiones que se están tomando hoy definirán los estándares de protección y los límites que tendrán el Estado y las empresas para recolectar, utilizar e inferir datos personales.