Las notas comunitarias de Meta y los riesgos para los derechos humanos en América Latina

En enero de 2025, la gigante tecnológica detrás de Instagram, Threads y Facebook anunció el fin del programa global de verificación de hechos por terceros -inicialmente a ser aplicado sólo en Estados Unidos- el cual, desde 2016, delegaba a expertos independientes como organizaciones de medios y periodistas la identificación y profundización sobre contenidos potencialmente engañosos. La transición presentada por Mark Zuckerberg en un video de 5 minutos introducía un sistema de notas de la comunidad similar al utilizado por X. El cambio fue justificado en nombre de la “libertad de expresión” y responsabilizando a las personas verificadoras de la censura y el sesgo ideológico y político en sus plataformas, aun cuando los equipos de verificación de hechos por terceros no tienen facultad para eliminar contenido ni sancionar cuentas de personas usuarias, algo que recae sobre Meta.

En septiembre de este año, como advertíamos, Meta comunicó la expansión del modelo piloto de notas de la comunidad en 16 países de América Latina, el cual deja en manos de personas usuarias añadir notas de contexto a publicaciones que consideren engañosas, depositando la responsabilidad de combatir la desinformación en manos de lo que expertos han llamado la “sabiduría de las masas”. ¿Cómo puede impactar esta decisión al ecosistema de la información en redes sociales y los derechos de las personas usuarias dado el contexto sociopolítico que atraviesa la región?

Con la llegada de las notas de la comunidad a América Latina, señalamos que los mecanismos y las políticas de moderación de contenido, lejos de ser meros aspectos técnicos o pilotos accidentales, se insertan en el contexto social, político e institucional en el que se adoptan y son moldeados por él. Al mismo tiempo, responden a un patrón que hemos documentado desde Derechos Digitales en el cual Meta ajusta estratégicamente sus mecanismos de gestión de contenido según el contexto e intereses geopolíticos.

Un modelo ineficaz frente a la desinformación.

Las notas de la comunidad (modelo del que X, antes Twitter, fue pionero), prometen que las personas compartan información y participen en el discurso público. Sin embargo, por cómo están concebidas, también pueden favorecer la circulación y amplificación de contenidos desinformativos antes de que estos sean identificados y contextualizados con posibles consecuencias para el debate democrático y la sociedad en su conjunto.

Como señalan estudios sobre este tipo de gestión del contenido, de las notas comunitarias; las notas “fiables” susceptibles de publicación y visibilización son aquellas que reciben suficientes evaluaciones desde distintas perspectivas; si las personas usuarias que normalmente discrepan sobre cómo valoran las notas acaban poniéndose de acuerdo en una concreta, esta se publica.  Esto implica, por ejemplo, que las notas sobre temáticas controvertidas y divisivas, como la desinformación política, difícilmente lleguen a publicarse y a ser vistas por las personas usuarias, pues no es frecuente el consenso entre posiciones políticas opuestas; en contextos electorales de otras regiones, se ha demostrado que la afiliación política es un fuerte indicador de si una persona califica un contenido como engañoso o una nota comunitaria como útil. En ese escenario, la participación en las comunidades de colaboradores de las notas comunitarias se ha orientado a promover opiniones partidistas y obtener beneficios políticos, por encima del interés por combatir la desinformación.

Además, los contenidos creados para desinformar deben primero circular ampliamente, captar la atención de las personas usuarias y generalizarse hasta recibir valoraciones suficientes. Un estudio estima que el contenido engañoso al que se adjunta una nota se ve entre 5 y 10 veces más que la propia nota.  Sumado a esto, el tiempo promedio para la creación y publicación de una nota comunitaria suele ser mayor a dos días, lo que incrementa la circulación de contenidos engañosos y falsos en plataformas que tienen un impacto inmediato en las audiencias, sus reacciones, opiniones y voluntades, como Instagram o Threads.

Otros estudios han señalado también la dificultad de que las notas comunitarias alcancen un consenso sobre temas con matices culturales, simbólicos y sociopolíticos propios del contexto de cada país, corriendo el riesgo de ser manipuladas por grupos coordinados, lo que perpetúa la desinformación en línea.

Estas características del modelo preocupan frente a la diversidad de actores e intereses que alimentan y se benefician de la circulación de información engañosa en línea en América Latina y el mundo, y frente al suficientemente documentado peso de las redes sociales como fuentes de información para las personas usuarias, en particular durante ciclos políticos como las jornadas electorales. De ahí que surjan interrogantes sobre la utilidad de las notas comunitarias para enfrentar la desinformación en nuestra región.

Es importante señalar que el sistema de verificación de hechos por terceros enfrentaba diversos desafíos, entre los que destacan: la dificultad de los equipos verificadores para seguir el ritmo de la desinformación, dada la velocidad con que se propaga y el proceso de investigación que conlleva la verificación; la falta de incentivos económicos para dichos equipos; y la conformación de equipos demográficamente homogéneos, con escasa inclusión de personas LGBTIQA+ del Sur Global. No obstante, la verificación de tercero constituye un mecanismo mucho más protector de los derechos humanos en tanto convoca a expertos independientes familiarizados con la diversidad cultural, los matices sociopolíticos locales, entre otros aspectos.

Las particularidades de América Latina frente a las notas comunitarias.

Aunado a las fallas del sistema de notas comunitarias, el anuncio de Meta sobre el eventual fin de la verificación independiente de hechos en la región ocurre en un contexto de creciente autoritarismo, persecución y censura de voces críticas, desinformación masiva, uso de contenidos sintéticos por parte de sectores antiderechos como estrategia electoral, elevada polarización política y una injerencia electoral de las grandes compañías tecnológicas, incluida Meta, denunciada y documentada por la sociedad civil. Estos elementos condicionan y moldean la fase de prueba de las notas de la comunidad.

Ahora bien, Meta fue advertida sobre las implicancias de la transición a este modelo en contextos como el descrito. El Consejo Asesor de Contenido fue consultado por Meta en diciembre de 2025 cuando planeaba expandir las notas de la comunidad fuera de Estados Unidos. Con base en los aportes de múltiples partes interesadas, incluidos los nuestros, El Consejo señaló que en regímenes represivos de derechos humanos, en contextos electorales particulares, en países que enfrentan obstáculos persistentes o sistémicos para el acceso a Internet, y en países con situaciones de crisis y conflicto en curso, ampliar las notas comunitarias podría suponer riesgos significativos para los derechos humanos y contribuir a daños que “Meta tiene la responsabilidad de evitar o remediar”.

Como señalamos en nuestros aportes, en América Latina, donde los esfuerzos estatales para abordar la desinformación han sido insuficientes, heterogéneos y desequilibrados; y donde en los últimos años ha persistido la restricción de la libre expresión de comunidades históricamente marginalizadas por múltiples vías, “un sistema como el de las notas comunitarias de Meta incrementa el riesgo de un aumento significativo del abuso, la violencia, la desinformación y la manipulación en las redes sociales”.

En concordancia, el Consejo Asesor argumentó su preocupación “por las redes coordinadas de desinformación que podrían abusar de las notas comunitarias”, y el riesgo de que en ciertos contextos el mecanismo de moderación de contenido pueda privilegiar a grupos y medios políticos, étnicos y lingüísticos hegemónicos en detrimento de aquellos independientes y comunitarios. Este efecto advertido, contraviene lo establecido por instrumentos como las Directrices de UNESCO para la gobernanza de las plataformas digitales.

De acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos, todos estos elementos, en tanto pueden impedir u obstaculizar las posibilidades de expresión en línea, el acceso a la información, entre otros derechos, deberían ser suficientes para cuestionar la legitimidad de las notas comunitarias. Entonces, ¿qué nos dice la decisión de Meta de probar las notas de la comunidad en América Latina sobre sus compromisos con los derechos humanos? y ¿en qué posición deja la expansión de este modelo a los Estados de la región?

Necesitamos respuestas integrales desde múltiples aristas.

Por un lado, la decisión (evitable) de Meta es reflejo de su tendencia exponencial al incumplimiento de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs); cuyos pilares recaen en el respeto a los derechos humanos y a la diversidad en los entornos digitales. Por otro lado, evidencia la maleabilidad e inestabilidad de sus políticas y Normas Comunitarias, condicionadas por tensiones e intereses económicos que son especialmente claros en el contexto geopolítico y electoral que atravesamos.

Es preciso decir que Meta no ha ofrecido claridades sobre, por ejemplo, los criterios de diversidad, inclusión y selección de las personas colaboradoras en su sistema de notas comunitarias. Tampoco ha entregado un análisis específico de los factores de riesgo por país de la región frente a la expansión de las notas de la comunidad, ni ha brindado información pública y completa sobre la fase piloto del modelo en Estados Unidos. Frente a ese cúmulo de omisiones, la moderación mediante notas de la comunidad podría dificultar la aplicación de criterios uniformes e incluso fomentar la permisividad hacia diversas formas de agresión y discriminación. Recordemos que, según la UNESCO, el diseño de nuevos productos de moderación y curación de contenidos debe respetar los derechos humanos y la diversidad, conforme a los UNGPs.

Ante este panorama, el debate sobre cómo regular a plataformas digitales como Meta en la región se profundiza. En América Latina encontramos un desarrollo desigual de políticas para dicha regulación cuyas prioridades cambian con los ciclos políticos y se fracturan de la mano de un lobby corporativo intenso y presiones geopolíticas; También, los esfuerzos para combatir la desinformación se enfrentan a la falta de mecanismos unificados, con financiación y recursos humanos suficientes para fortalecer el ecosistema de la información en los países de la región, invertir en educación informativa, garantizar el pluralismo informativo y exigir a las grandes plataformas transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido es esencial que el foco sea puesto sobre los modelos de negocio de las grandes plataformas de redes sociales, considerando el rédito económico que reciben sobre la amplificación de dichos contenidos.

Se hace más necesario destacar la importancia de  espacios descentralizados como el fediverso , asi como los medios comunitarios que constiruyen una alternativa destacable y viable frente al monopolio informativo del que se benefician las grandes corporaciones tecnológicas.

Por último, es fundamental exigir a Meta que, al modificar sus políticas, priorice y respete sus compromisos en materia de derechos humanos por encima de cualquier interés político o económico. Como personas usuarias, necesitamos un compromiso serio de la plataforma con la transparencia y la rendición de cuentas en sus prácticas de moderación de contenido, así como medidas inclusivas y efectivas que nos protejan de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.