La alianza entre el Programa Mundial de Alimentos (ONU) y Palantir amenaza los principios humanitarios y la soberanía digital

El pasado julio, el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, la mayor agencia humanitaria global, renovó un polémico contrato con Palantir Technologies para el seguimiento de la ayuda y la gestión de datos de su cadena de suministro. Lo que nació en 2019 como una alianza puntual evolucionó hasta convertirse en una relación de dependencia tecnológica: hoy, el Sistema Digital de Operaciones y Transformación (DOTS) del PMA, basado en la plataforma Foundry de Palantir, se consolidó como la verdadera columna vertebral operativa de la agencia a nivel mundial, según documentó recientemente un informe de la organización Tech for Bad.

Esta consolidación ocurre a pesar de las advertencias críticas dentro del propio sistema de la ONU. Una auditoría interna filtrada de la Oficina del Inspector General del PMA, realizada en agosto de 2025, calificó de “alta prioridad” las deficiencias de esta alianza en materia de privacidad y gestión de riesgos. El documento concluyó que, desde el inicio del acuerdo, “las principales preocupaciones en materia de privacidad planteadas por partes interesadas internas y externas en relación con el uso de DOTS no se han abordado adecuadamente”. La entrega de datos sensibles sobre la distribución de alimentos a corporaciones tecnológicas de este tipo somete a millones de personas beneficiarias —a menudo en situaciones de extrema vulnerabilidad, desplazamiento o persecución— a riesgos desproporcionados de perfilamiento y exposición sin consentimiento.

El problema no es la digitalización, es Palantir

Criticar esta decisión no implica rechazar la adopción de tecnología en la acción humanitaria; implica cuestionar con quién se alía el sector público internacional para construir sus herramientas. Palantir no es un proveedor confiable para manejar, procesar ni supervisar información crítica de poblaciones históricamente marginadas. La trayectoria de la empresa está marcada por su cooperación directa en operaciones de inteligencia militar, contratos con la controvertida agencia de inmigración de Estados Unidos (ICE), servicios para la CIA y su participación en despliegues tecnológicos vinculados a zonas de conflicto grave, como el contexto del genocidio en Gaza.

Desde Derechos Digitales venimos alertando sobre la peligrosa expansión de Palantir en América Latina. La creciente influencia de su cofundador Peter Thiel en la región encendió varias alarmas para nuestras democracias. Desde su establecimiento en Buenos Aires, observamos un patrón constante de reuniones a puertas cerradas y proyectos opacos. Entre los ejemplos están el proyecto Gemelo Digital en Argentina o la reunión secreta sostenida con el presidente chileno José Antonio Kast en La Moneda. La estrategia de la empresa consiste en insertarse en la infraestructura pública digital bajo la promesa de análisis de datos y eficiencia tecnológica, erosionando la soberanía digital de los países del Sur Global.

A esto se suma un insalvable conflicto ético e ideológico. Como remarcaron un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, existe una contradicción directa y estructural entre el mandato humanitario del PMA —basado en la neutralidad, la imparcialidad y la independencia— y el posicionamiento explícito de Palantir. Su propio CEO, Alex Karp, declaró públicamente que la meta central de la corporación es garantizar la supremacía militar de los Estados Unidos, desestimando de forma explícita los marcos internacionales de derechos humanos promovidos por las Naciones Unidas. ¿Cómo puede una agencia encargada de salvar vidas frente al hambre depender tecnológicamente de una firma cuya razón de ser es potenciar herramientas de control, guerra y vigilancia estatal?

La transparencia brilla por su ausencia

La opacidad con la que se viene desplegando esta alianza vulnera principios elementales de gobernanza pública. El propio informe del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la ONU remarca con claridad que la auditabilidad de toda la cadena de valor de los datos es un requisito esencial e innegociable para la prevención de daños en la sociedad.

En consecuencia, la responsabilidad de garantizar una transparencia activa sobre las infraestructuras digitales y los sistemas de análisis no puede delegarse a corporaciones privadas ni postergarse de forma indefinida. La obligación de divulgación proactiva recae de manera directa sobre el PMA. Investigar o intentar mitigar un perjuicio derivado de la filtración, mal uso o sesgo de los datos una vez que este ya ocurrió es, sencillamente, contrario al interés público y una falla grave frente a las comunidades beneficiarias. Más aún, considerando la vulnerabilidad de estas gigantescas bases de datos: a principios de junio, un ciberataque contra el PMA expuso información personal de unos 600.000 hogares de Gaza, incluyendo nombres, números de identificación, teléfonos y datos de ubicación pertenecientes a personas que buscan ayuda alimentaria.

Esta negligencia institucional detonó, semanas atrás, una respuesta coordinada a nivel global. En el marco del Foro Global de Justicia Digital (GDJF por sus siglas en inglés), la campaña “Palantir Fuera del PMA” —conformada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, activistas y especialistas de todo el mundo— hizo pública una carta urgente dirigida a la dirección del PMA, al Secretario General de la ONU, al Director General de la FAO y al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.

Frente a este escenario, las organizaciones firmantes exigen una hoja de ruta clara e inmediata que comience por la rescisión definitiva del contrato de cinco años renovado este mes de julio con Palantir. Asimismo, demandan encargar una revisión pública, independiente y exhaustiva de esta asociación y de todos los acuerdos vigentes entre el PMA y corporaciones tecnológicas privadas, al tiempo que se establezca un plan financiado, transparente y con plazos definidos para erradicar la dependencia de proveedores privativos y realizar una transición ordenada hacia infraestructuras digitales públicas, soberanas y de código abierto.

Rendición de cuentas para proteger la ayuda humanitaria

La eficiencia técnica nunca puede ser un argumento válido para comprometer la seguridad, la privacidad y la dignidad de las personas. Convertir la distribución de alimentos en un experimento de extracción de datos para empresas vinculadas al complejo militar-industrial representa una forma de tecnocolonialismo que la comunidad internacional no debe tolerar.

Únicamente la plena transparencia respecto a las definiciones de datos utilizadas por el PMA, la publicidad de los flujos de trabajo y los protocolos de sus sistemas, junto con la creación de mecanismos eficaces de supervisión independiente y rendición de cuentas, podrá restaurar la confianza en las operaciones de esta agencia mundial y proteger de manera efectiva a quienes la organización tiene el mandato ético de asistir.

Resulta indispensable impulsar investigaciones imparciales sobre los procesos de contratación pública de la ONU, exigir la máxima publicidad en sus términos contractuales y avanzar decididamente en la búsqueda de alternativas tecnológicas éticas y democráticas. La ayuda humanitaria debe servir para garantizar derechos básicos, jamás para alimentar la maquinaria global de la vigilancia.