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La persecución migratoria a personas latinas en Estados Unidos ya no empieza con una redada. Empieza semanas antes, en servidores de empresas privadas que le venden al gobierno la capacidad de rastrear a cualquier persona que no quiera ser encontrada. El ICE dejó de ser una agencia de deportaciones para convertirse en una de vigilancia masiva, y entender cómo funciona es el primer paso para saber qué se puede hacer frente a ella.

La guerra de Israel y EE. UU. contra Irán va mucho más allá de los bombardeos: también se desenvuelve en los ámbitos de la inteligencia y las tecnologías. Si bien hace tiempo la tecnología digital ya está presente en los aviones de caza y drones, estamos siendo testigos de su renovada utilidad con fines bélicos. La intervención de infraestructura estratégica como cámaras de tráfico y de videovigilancia genera una nueva alerta en ciberseguridad para todos los Estados. ¿Qué lecciones nos pueden dejar estos acontecimientos para repensar los límites de la seguridad y la soberanía nacional en América Latina?

En un contexto marcado por la concentración del poder tecnológico y la creciente dependencia de las grandes plataformas, la forma en que las organizaciones gestionan su infraestructura digital no es un detalle técnico. Por el contrario, se trata de una decisión que incide directamente en el cuidado de los datos, la autonomía institucional y la seguridad de las personas y comunidades con las que se trabaja. Frente a este escenario, surge una pregunta clave: ¿qué tan real es la posibilidad de tener infraestructura propia o autogestionada, considerando las limitaciones técnicas y organizativas que muchas organizaciones enfrentan?

El primero de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha designada por Naciones Unidas para el reconocimiento de este grupo social, sus contribuciones a la sociedad y sus necesidades específicas. A propósito de esta efeméride, y en el marco del mes de la concientización mundial sobre la ciberseguridad, esta columna ofrece un análisis que aborda la ausencia de las personas mayores en las políticas de ciberseguridad en la región, enfatizando en la importancia del acceso significativo, seguro y autónomo a las tecnologías para el ejercicio de los Derechos Humanos de todas y todos.

Las personas se acostumbran cada vez más a vivir con filtraciones de datos como si fueran inevitables, pero no lo son. Detrás de cada registro expuesto hay un sujeto de derechos que puede estar en peligro por la manipulación de sus datos personales. La seguridad digital no es solo una cuestión de sistemas, también involucra una responsabilidad institucional. La privacidad es dignidad, y defenderla debería ser la regla para empresas y Estados.

En tiempos de auge del autoritarismo y los discursos de odio, en línea y fuera de ella, las organizaciones de la sociedad civil de América Latina abren las grietas desde donde seguir resistiendo y construyendo. En este texto, analizamos los principales desafíos y estrategias de los activismos LGBTIQA+ ante un espacio digital cada vez más hostil.