Organizar la resistencia, enfrentar a las plataformas: aprendizajes de las elecciones brasileñas para América Latina

El 25 de octubre de 2026, Brasil protagonizó una remontada sin precedentes en su historia electoral. Después de quedar por detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto con el 51,79 % de los votos válidos. En apenas tres semanas, la organización colectiva logró sumar más de 10 millones de votos incluyendo los de millones de personas que no habían votado en la primera vuelta y que acudieron a las urnas en la segunda.

La victoria tuvo un impacto político que trascendió Brasil, en un escenario regional marcado por el ascenso de gobiernos de derecha y ultra derecha, un creciente alineamiento geopolítico con Estados Unidos y la presión de la industria tecnológica sobre las agendas regulatorias nacionales. La candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, representaba la posibilidad de reinstaurar una agenda de gobierno caracterizada por retrocesos en materia de derechos y políticas públicas, así como por prácticas autoritarias. Cabe recordar que su padre fue elegido tras una campaña marcada por la difusión masiva de desinformación y que hoy cumple una condena por haber liderado un intento de golpe de Estado.

Frente a esa posibilidad, la defensa de los derechos y las políticas sociales, y el rechazo al autoritarismo impulsaron una amplia movilización popular, tanto en las calles como en los espacios digitales. Parte de la estrategia central fue enfrentar un poder que atraviesa nuestras fronteras: el de empresas estadounidenses que controlan una parte decisiva de la infraestructura de comunicación latinoamericana.

Presión externa, poder privado

La alianza entre el gobierno estadounidense y los propietarios de las grandes empresas tecnológicas tiene consecuencias concretas para América Latina. Las plataformas de estas corporaciones condicionan la circulación de información mediante criterios propios y sumamente opacos, afectando la participación de millones de personas en el debate político en espacios digitales. A su vez, los intereses comerciales de estas empresas se han canalizado a través del gobierno estadounidense como instrumento de presión contra los países que buscan regularlas.

Brasil experimentó esa presión directamente. En la ofensiva que recibió el nombre de “tarifaço”, además de imponer sanciones contra autoridades brasileñas, el gobierno de Trump utilizó aranceles comerciales en una escalada que incluyó cuestionamientos a las políticas digitales del país. En paralelo, investigaciones periodísticas independientes han señalado esfuerzos de integrantes de la administración estadounidense orientados a favorecer el retorno del bolsonarismo al poder.

Durante la campaña presidencial, Meta fue objeto de numerosas denuncias de trato desigual que perjudicaba al presidente Lula. Organizaciones de la sociedad civil y la campaña del candidato documentaron desde restricciones a su cuenta publicitaria y dificultades para encontrar su perfil hasta limitaciones para compartir contenidos y recomendaciones favorables a su adversario. A su vez, mensajes internos obtenidos por la prensa revelaron que integrantes del equipo de Meta reconocían tanto las restricciones que afectaban la cuenta del presidente como las diferencias en recomendaciones algorítmicas que favorecían de manera desigual a Flávio Bolsonaro. Estas disparidades también se observaron en la herramienta de inteligencia artificial de la empresa: Meta AI rechazaba generar un cartel con el nombre y el número electoral de Lula, pero sí aceptaba una solicitud equivalente con el nombre de pila y el número de Flávio.

La campaña de Lula anunció, además, que denunciaría a la empresa ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Organizaciones de la sociedad civil también acudieron a autoridades brasileñas e internacionales. Por su parte, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó a Meta garantizar un trato igualitario a las candidaturas, reforzando lo que ya establecía su normativa. La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) abrió un procedimiento y exigió explicaciones sobre la suspensión de cuentas, las restricciones de alcance, la eliminación de contenidos y la ausencia de mecanismos de apelación.

Meta negó cualquier favoritismo político y atribuyó los episodios a “fallas técnicas”. Sin embargo, su propio Consejo de Supervisión advirtió fallas recurrentes en materia de integridad electoral, cuestionó las restricciones a las cuentas publicitarias de Lula y exigió métricas públicas para evaluar la actuación de la compañía. Es importante destacar que esa exigencia ya se había planteado después de las elecciones brasileñas de 2022.

En este contexto, resulta necesario preguntarnos ¿cómo garantizar, entonces, condiciones más equitativas para la comunicación electoral digital cuando la visibilidad depende de la publicidad pagada y de sistemas opacos de recomendación? Si bien la respuesta requiere abordar múltiples dimensiones, durante este ciclo electoral especialistas brasileñas empezaron a debatir propuestas como la creación de una franja electoral digital gratuita, similar a la garantizada en los medios de comunicación tradicionales.

Ocupar las redes, hackear sus reglas

La relevancia de esta discusión se explica también por el lugar que ocupan las plataformas digitales en el acceso a la información en Brasil donde Instagram es el principal medio digital utilizado para acceder a noticias. En este contexto, las decisiones empresariales sobre la circulación y visibilidad de los contenidos tienen consecuencias directas para el acceso de la población a la información política.

La extrema derecha parece haber entendido esta dinámica hace años. Desde el bolsonarismo brasileño hasta el mileísmo argentino, pasando por otros movimientos como el de Kast en Chile y el de De la Espriella en Colombia, la presencia digital se convirtió en una parte permanente de su organización política. Pese a las particularidades de cada contexto nacional, las estrategias digitales de la extrema derecha presentan elementos comunes, como la difusión de narrativas desinformativas y ataques a adversarios, envíos automatizados de mensajes y redes de granjas de bots,

Sin embargo, entre la primera y la segunda vuelta brasileñas, esta dinámica se encontró con un gran movimiento de resistencia que logró una reacción contundente. Esta reacción se apoyó en figuras de influencers de contenido progresista que ya habían construido comunidades en las redes y encontró uno de sus principales espacios de organización en el canal de WhatsApp “Exército do Lula”, administrado por el diputado André Janones. El canal reunió a más de 10 millones de seguidores con una participación que abarcó distintas generaciones y perfiles, desde personas mayores hasta influencers con audiencias de miles de personas. Janones fue descrito como un pedagogo del caos algorítmico. La intención era construir una red que supiera utilizar las reglas de los algoritmos a su favor, dentro de los límites impuestos por su opacidad y por las interferencias de las propias empresas. Las orientaciones incluían dar “me gusta”, comentar y compartir contenidos oficiales, producir publicaciones propias y evitar interactuar con publicaciones de adversarios, incluso para desmentirlas o criticarlas, en tanto esas interacciones podían amplificar el mensaje que se buscaba combatir.

La iniciativa enfrentó intentos de censura, con órdenes de suspensión del canal dictadas por el presidente del TSE a petición de la campaña de Flávio Bolsonaro y posteriormente revertidas. El interés por replicar esta estrategia se extendió rápidamente a otros países de la región, con la creación de una iniciativa similar en Argentina con miras a las elecciones presidenciales de 2027 y un intercambio entre Gustavo Petro y Janones sobre la articulación de esfuerzos contra la extrema derecha.

La regulación frente al poder de las plataformas

En su discurso de victoria, Lula prometió regular las plataformas digitales, vinculando el tema con el ejercicio de la soberanía nacional. Ahora, la centralidad finalmente otorgada al tema debe sobrevivir a la urgencia electoral y convertirse en medidas capaces de limitar el poder de estas empresas.

Brasil no parte de cero. El ECA Digital establece obligaciones para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios digitales. Además, los dos decretos que reglamentan el Marco Civil de Internet, publicados en mayo de 2026, reforzaron los deberes de transparencia, prevención de riesgos y protección de las personas usuarias, y atribuyeron nuevas competencias de fiscalización a la ANPD. Sin embargo, sigue pendiente una regulación más amplia de las plataformas. El Proyecto de Ley 2630/2020 es hasta ahora la principal propuesta en esa dirección, pero permanece bloqueado desde 2023, tras un intenso lobby de las empresas Big Tech. El escenario es desafiante: las últimas elecciones legislativas fortalecieron la representación de los intereses de estas empresas en el Congreso, lo que enciende las alarmas ante posibles retrocesos en la normativa vigente y una reducción de las atribuciones de la ANPD.

Además de su creciente influencia en el Congreso Nacional, las grandes empresas tecnológicas siguen teniendo en Brasil un mercado privilegiado. La presencia masiva de WhatsApp e Instagram en la vida cotidiana, desde las conversaciones familiares y las relaciones comerciales hasta el acceso a noticias y la organización política, refuerza el poder de Meta sobre la comunicación del país.

La centralidad de estas empresas también se extiende al ámbito electoral. Según levantamiento independiente, Meta, Google y las intermediarias de pagos Adyen y DLocal acumularon más de 800 millones de reales (cerca de 150 millones de dólares) en ingresos procedentes de las elecciones brasileñas desde 2014, pasando de una presencia marginal a dominar el ranking de proveedores de las campañas. Solo Meta había recibido, hasta el 23 de octubre, más de 300 millones de reales en las elecciones de 2026 (aproximadamente 56 millones de dólares), mientras acumulaba denuncias y enfrentaba actuaciones de las autoridades por un aparente trato desigual entre candidaturas.

Trazando estrategias

Enfrentar el poder y la influencia de las big tech exige una agenda basada en derechos humanos que apunte a la raíz del problema: el modelo de negocio de las plataformas, basado en la explotación de datos personales, la publicidad dirigida y la maximización de las interacciones. La transparencia sobre anuncios, moderación y recomendación de contenidos, el acceso a datos para investigaciones independientes, los recursos efectivos contra decisiones empresariales y una fiscalización sólida son algunas de las principales condiciones para reducir ese poder.

Por otro lado, también necesitamos trazar estrategias para disminuir la dependencia de las grandes empresas tecnológicas. Las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo independiente y las personas usuarias en general no pueden quedarse sin alternativas cuando una empresa cambia sus reglas o bloquea sus canales. Incentivar desde el punto de vista regulatorio e invertir en servicios digitales de interés público, software libre e infraestructuras abiertas puede ampliar la autonomía de quienes hoy dependen de un pequeño grupo de corporaciones extranjeras aliadas con proyectos políticos contrarios al ejercicio de derechos. Esta construcción requiere participación social y garantías contra la vigilancia y el control estatal.

El pueblo brasileño consiguió sortear las barreras impuestas por Meta y frenar el regreso de la extrema derecha. La experiencia ofrece a América Latina no solo motivos para resistir sino herramientas para actuar. Siguiendo a una canción brasileña, es necesario trazar varios planes para poder responder: sostener la organización popular –incluyendo su dimensión digital–, poner límites al poder corporativo y construir alternativas a la dependencia digital. Regular a las plataformas poniendo el foco en su modelo de negocios es parte de la defensa de la democracia, de la soberanía nacional y de la capacidad de nuestros pueblos para decidir su propio futuro.