Esta columna fue publicada originalmente en Volcánicas
En un contexto marcado por una acelerada escalada de tensiones geopolíticas, el debilitamiento del sistema multilateral y un creciente desprecio por las normas internacionales, el mundo presencia la expansión de guerras, conflictos armados e intervenciones militares ilegales de enorme impacto para las poblaciones civiles. Al mismo tiempo, la IA se ha convertido en uno de los ejes centrales del discurso político y corporativo global.
La competencia por su desarrollo y control no solo enfrenta a gobiernos y grandes empresas tecnológicas, sino que también revela tensiones más profundas vinculadas al poder global, la seguridad y el futuro del ejercicio de los derechos humanos.
Entre las consecuencias más urgentes -y menos reguladas- del despliegue acelerado de estos sistemas se encuentra el aumento de formas de violencia de género facilitadas por tecnologías (VG FT). Observamos la aparición y expansión de prácticas como el acoso automatizado, la creación de imágenes íntimas falsas mediante modelos generativos, campañas de desinformación con sesgo de género, y formas cada vez más invasivas de vigilancia digital. A la vez, la gobernanza de estas tecnologías sigue estando profundamente fragmentada: mientras los marcos regulatorios sobre IA rara vez incorporan los riesgos específicos asociados a la violencia de género, las políticas dirigidas a abordar la VG FT todavía no integran plenamente los impactos de estos sistemas.
En este escenario, el desarrollo y despliegue de IA se entrelaza cada vez más con dinámicas de militarización y guerra. Este 8 de marzo nos obliga, por tanto, a mirar de frente una dimensión todavía insuficientemente abordada: la VG FT en contextos de guerra y conflictos armados.
Una aplicación incompatible con los derechos humanos
El despliegue de tecnologías basadas en IA en contextos de guerra y de conflicto armado no solo ya es un hecho, sino que continúa expandiéndose. Se utilizan, por ejemplo, para vigilancia masiva, análisis predictivo de amenazas, sistemas de armas autónomos y localización de “objetivos”.
Como han advertido numerosas expertas y organizaciones, los sistemas de IA no pueden evaluar adecuadamente principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como la distinción entre combatientes y civiles o la proporcionalidad de un ataque. A esto se suman las implicancias para los mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas, ya de por sí difíciles de ejercer en estos contextos.
Como ocurre con muchas aplicaciones de IA, su incorporación suele justificarse en términos de eficacia. Pero: ¿qué significa “eficacia” en este contexto? ¿Puede hablarse de eficacia cuando se trata de sistemas utilizados para identificar, vigilar y atacar a personas? ¿Qué tipo de acción se considera eficaz en un escenario donde el resultado final es la expansión de la violencia? Si se parte de la premisa de que la eficacia depende del objetivo que se busca alcanzar, estudios señalan que estos sistemas están muy lejos de ser eficaces respecto a los objetivos que se les asignan.
Cuando sesgos y errores incorporados en el diseño de la IA se traducen en fallas al identificar objetivos, el costo recae literalmente sobre vidas humanas. La preocupación no se limita a fallos técnicos. En completa ausencia de reglas y límites, esos sistemas a veces son diseñados para identificar y atacar a personas que presenten determinados “marcadores”.
En cualquiera de estos escenarios, la noción misma de eficacia queda profundamente cuestionada. Si los sistemas fallan, el resultado es la muerte de personas que nunca debieron ser consideradas objetivos. Si funcionan como fueron diseñados, identifican y atacan a personas en función de su identidad. En ambos casos, lo que está en juego es la legitimidad misma de estos sistemas y su compatibilidad con el derecho internacional.
También se suele afirmar que estas tecnologías permitirían reducir las bajas civiles gracias a ataques supuestamente más “precisos”. El genocidio en Gaza ofrece un contraste brutal con ese argumento. A pocos meses del inicio del ataque militar por parte de Israel, expertas y expertos de Naciones Unidas advertían que se había destruido “un porcentaje mayor de viviendas e infraestructura civil que en cualquier otro conflicto que se recuerde”. En ese mismo contexto, señalaron el presunto uso de sistemas de IA para identificar objetivos y atacar viviendas familiares, con escasa consideración por la presencia de civiles en su interior o en sus alrededores.
Investigaciones periodísticas posteriores confirmaron el uso de IA por parte del ejército israelí en Gaza. Entre ellos destacan, por su carácter particularmente perverso, los sistemas conocidos como Lavender, Gospel y Where’s Daddy? (¿Dónde está papi?). Según reportes del Instituto de Estudios Palestinos, estos sistemas procesan enormes volúmenes de datos obtenidos a partir de años de vigilancia masiva sobre la población palestina que es utilizada para generar listas de personas y estructuras consideradas objetivos.
Mientras el sistema conocido como Gospel “recomienda” edificios e infraestructuras para ser bombardeadas, Lavender identifica personas como objetivos potenciales. Un sistema adicional, Where’s Daddy?, se utiliza específicamente para rastrear a las personas señaladas y ejecutar bombardeos cuando estas ingresan a su destino, el cual muchas veces es su vivienda familiar.
Según testimonios de agentes de inteligencia israelíes, la validación previa a autorizar un ataque podía durar alrededor de veinte segundos. Ese breve intervalo se utilizaba principalmente para comprobar si la persona señalada por el sistema era un hombre, usando al género como indicador de posible “combatiente”. No está claro si se trata de un procedimiento formalizado o de una práctica extendida dentro de las unidades involucradas.
Las consecuencias de este tipo de prácticas han sido devastadoras, siendo la mayoría de las personas asesinadas mujeres y niños. Lejos de proteger a la población civil, estos sistemas amplían la capacidad de identificar y atacar personas y aceleran el uso de la fuerza.
El uso de IA con fines militares se extiende a otros contextos y regiones del mundo. Según reportes periodísticos, Claude habría sido utilizado como apoyo en la invasión militar ilegal liderada por Estados Unidos en Venezuela en enero de este año, poniendo en evidencia que las implicaciones de estas tecnologías también alcanzan a América Latina.
La combinación de IA, vigilancia persistente y procesamiento masivo de datos en tiempo real configura nuevas formas de intervención basadas en la asimetría tecnológica y la superioridad informacional. Comprender esta lógica resulta crucial para América Latina y el Caribe, donde en los últimos años se han intensificado acuerdos militares, despliegues “temporarios” de tropas y sistemas de monitoreo vinculados a Estados Unidos en distintos países de la región.
La geopolítica detrás de la inteligencia artificial
El desarrollo y uso militar de la IA tiene como trasfondo una carrera tecnológica que asocia su desarrollo con la “dominación global” en una versión de la carrera armamentista en la Guerra Fría. Central a tal proceso es el desmantelamiento de legislaciones orientadas a generar protecciones. En el caso estadounidense, los documentos oficiales son explícitos al afirmar que quien controle el ecosistema de IA podrá fijar las reglas globales y obtener ventajas económicas y militares.
Los procesos multilaterales capaces de poner límites a tal lógica han fallado, como fue el caso del Pacto para el Futuro, adoptado en 2024 y presentado como una iniciativa para fortalecer el sistema internacional frente a los desafíos del siglo XXI. A pesar de que las bases normativas ya existen dentro del propio sistema internacional de derechos humanos, incluyendo la Resolución 48/4 del Consejo de Derechos Humanos y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recomiendan establecer moratorias o incluso prohibiciones para sistemas de IA que no puedan utilizarse en conformidad con el derecho internacional.
No resulta sorprendente -aunque no por ello deja de ser indignante- que las iniciativas derivadas de este proceso se inscriban en esa misma falta de voluntad política para establecer límites efectivos. El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, creado a partir del Pacto para el Futuro para evaluar los impactos y riesgos de estas tecnologías, establece explícitamente que su mandato se limitará al ámbito no militar, asegurando así que una de las discusiones más urgentes sobre estas tecnologías quede deliberadamente fuera del análisis.
Las grandes empresas tecnológicas desempeñan un papel central en esta estructura. A través de crecientes alianzas público-privadas, contribuyen a consolidar dinámicas de poder cada vez más autoritarias y asociadas a prácticas abusivas de derechos humanos. Este poder se sustenta no solo en la enorme concentración económica e informacional que acumulan -facilitada en gran medida por la desregulación del sector-, sino también en la creciente convergencia entre intereses corporativos y estatales, que se proyecta de forma cada vez más evidente en la arena militar.
En un reciente informe, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados identificó 48 compañías globales que apoyarían directa o indirectamente el genocidio en Gaza. Según Albanese, la continuidad de esta violencia no puede comprenderse sin considerar también los incentivos económicos que la sostienen: el genocidio, advierte, también es rentable.
Perspectivas feministas frente a la militarización de la IA
La incorporación de IA en actividades militares está transformando las formas en que se produce y se ejerce la violencia de género en contextos de conflicto armado y crisis humanitarias. Sin embargo, el análisis de los conflictos y de los procesos de paz continúa estando dominado por perspectivas patriarcales que invisibilizan las afectaciones diferenciadas que enfrentan las mujeres, así como las contribuciones que los movimientos de mujeres han realizado en la construcción de la paz.
Abordar estas dinámicas desde una perspectiva de género implica reconocer dos dimensiones interrelacionadas. Por un lado, la militarización tecnológica profundiza violencias ya presentes en contextos de guerra, donde las desigualdades estructurales se intensifican y las violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas adquieren formas particularmente graves. Por otro, la incorporación de sistemas basados en IA está dando lugar a nuevas formas de violencia, lo que vuelve urgente ampliar los marcos desde los cuales se las analizan.
Para entender la violencia de género facilitada por tecnologías es recomendable incorporar factores contextuales desde una perspectiva interseccional que permita comprender estas violencias de manera situada. Las formas que adoptan tales violencias no son universales ni se experimentan de la misma manera en todos los territorios; están atravesadas por desigualdades sociales, culturales y políticas que configuran tanto las dinámicas de violencia como las posibilidades de respuesta.
Los ejemplos son múltiples. Entre ellos se encuentran campañas de desinformación generadas o amplificadas mediante IA, ataques dirigidos contra mujeres a través de contenidos como deepfakes -utilizados para desacreditar o silenciar a figuras públicas y activistas-, y el despliegue de tecnologías biométricas y de reconocimiento facial que permiten rastrear e identificar poblaciones enteras sin salvaguardias adecuadas. Estas herramientas, a menudo presentadas como neutrales o necesarias para la seguridad o la gestión humanitaria, pueden exponer especialmente a mujeres activistas y a otras comunidades en situación de vulnerabilidad.
Como evidencia el caso de Gaza, estos sistemas también interactúan con categorías simplificadas de género. Programas utilizados para identificar y rastrear objetivos han operado en gran medida a partir de marcadores binarios de género (hombre es igual a “combatiente”), aunque contribuyendo en la práctica a ataques que terminan afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños. Este patrón se inserta, además, en un contexto más amplio de violencia basada en género documentado por organismos internacionales, incluyendo la destrucción de servicios de salud reproductiva y otras prácticas que diversas expertas han descrito como parte de un proceso de femigenocidio.
Organizaciones humanitarias han advertido que el uso de sistemas digitales en contextos militares puede acelerar el ritmo de la guerra, reduciendo los tiempos de deliberación y debilitando los mecanismos de control humano sobre el uso de la fuerza. En escenarios ya marcados por altos niveles de violencia y deshumanización, esta aceleración incrementa los daños para la población civil y amplifica patrones preexistentes de discriminación, exclusión y violencia de género.
Frente a este panorama, resulta urgente ampliar los marcos desde los cuales comprendemos la violencia de género facilitada por tecnologías, incorporando las dinámicas de militarización, colonialismo y desigualdad global que atraviesan el desarrollo y despliegue de estas tecnologías. Al mismo tiempo, la evidencia acumulada refuerza la necesidad de establecer límites claros al uso de IA con fines militares. Sistemas que no pueden operar en conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos deberían ser prohibidos.
Este 8 de marzo nos recuerda que las luchas feministas han sido fundamentales para cuestionar las lógicas de violencia, militarización y dominación que atraviesan nuestras sociedades. Frente a la expansión de la militarización de la IA, incorporar perspectivas feministas no es opcional: es una condición fundamental para comprender sus impactos reales y para imaginar alternativas que pongan a la vida -y no a la violencia- en el centro.
