Retrospectiva 2025: Un año entre cierres y fracturas en la agenda de derechos humanos

Sobrevivir al 2025 significa haber sido testigo de importantes cierres de procesos en relación con lo digital para América Latina. A los escasos avances, y significativos retrocesos, en la agenda de protección de derechos, se sumaron tanto debates globales como sucesos en países del norte que trajeron más incertidumbre que esperanza a las sociedades latinoamericanas. El resurgimiento de una administración antiderechos en los EE. UU. y el ascenso al poder de sus aliados en el mundo, el genocidio perpetrado por Israel en Palestina y tragedias afines en la República Democrática del Congo y en Sudán, la continuidad de tensiones en el Caribe, en Camboya y en Ucrania, y la persistencia de una actitud apática a la crisis climática, dejan al 2025 como un año con escasas luces.

En ese contexto, la defensa de derechos en lo digital encuentra desafíos significativos. Pese al encomiable trabajo de incontables organizaciones y activistas en el mundo, seguimos contemplando el avance de tecnologías riesgosas, con fuerte apoyo de gobiernos, y la consolidación del poder de grandes empresas tecnológicas, poco o nada comprometidas con ejercer su responsabilidad de proteger y promover derechos humanos. Peor que eso, profundamente involucradas en los más graves crímenes contra la humanidad. Procesos legislativos y judiciales, negociaciones internacionales de dudoso propósito y disputas sobre aspectos fundamentales de la vida en sociedades digitalizadas, han sido campos de batalla para un trabajo arduo y necesario. Para Derechos Digitales no ha sido distinto.

Gobernanza digital global: más acuerdos, menos avances

Después de arduas negociaciones, el proceso de revisión por los 20 años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información concluyó con un informe recientemente aprobado, que reafirma el compromiso con un modelo de múltiples partes interesadas y establece que el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) será permanente. Además, exhorta a cerrar brechas de acceso y prevenir los impactos adversos de la tecnología, incluida la violencia de género.

Aun cuando el resultado mantiene compromisos importantes, está lejos de ser un éxito rotundo para la sociedad civil y para la mayoría global en general. Muchas de las propuestas más ambiciosas quedaron fuera del texto, y la implementación del Pacto Digital Mundial (GDC) firmado en 2024 sigue sin herramientas vinculantes para los Estados.

Desde Derechos Digitales mantuvimos una presencia activa: facilitamos debates sobre soberanía digital y advertimos sobre los riesgos de suavizar compromisos con los derechos humanos, como parte de la Coalición Global de Derechos Digitales para la CMSI (GDRC-WSIS), dando cuenta -en detalle- de los riesgos y oportunidades perdidas de un proceso histórico desarrollado bajo condiciones adversas. Pero el resultado está a la vista y ya hay nuevos instrumentos para impulsar la gobernanza de internet. El desafío pendiente es convertir las declaraciones en políticas con participación real de la sociedad civil y con salvaguardas eficaces de derechos humanos.

Inteligencia artificial: regulación en disputa

Con la aplicación de la Ley de IA de la Unión Europea en febrero de 2025, las categorías de riesgo y las prohibiciones de “riesgo inaceptable” dejaron de ser teoría y se convirtieron en obligaciones para actores globales. Inspirado en este modelo, avanza lentamente en el Senado brasileño el proyecto de ley que introduce derechos para las personas afectadas por sistemas de IA, pero con aportes recientes poco transparentes al público y provenientes en buena parte del sector privado y no de la sociedad civil. El proyecto de IA en Chile también está en camino, pero no con la misma suerte: pasó de una cámara a otra perdiendo aspectos clave de su articulado original. Colombia avanza con una regulación integral después de muchísimos proyectos aislados, mientras que Perú publicó el reglamento de su pionera ley de IA. La región continúa con limitados avances en un contexto internacional que parece cambiar la dirección en los marcos de regulación de la IA a nivel global.

Mientras tanto, la geopolítica mostró pequeñas fisuras en la forma de enfrentar los desafíos de la IA sin dejar de privilegiar intereses estratégicos. Estados Unidos y el Reino Unido se rehusaron a firmar la declaración del AI Action Summit de París, y el gobierno estadounidense pidió abrazar la IA sin restricciones, derogando su encuadre normativo.

Desde Derechos Digitales insistimos en la defensa de tecnologías de IA que estén ancladas en un marco de derechos y equidad: sostuvimos una agenda de incidencia, producción de conocimiento y articulación regional que incluyó la participación activa en debates internacionales, incluyendo el AI Action Summit. Profundizamos la discusión sobre impactos concretos y exigencias normativas con materiales sobre riesgos y salvaguardas, por ejemplo en privacidad, y con investigación aplicada a instrumentos regulatorios emergentes como los sandboxes de IA. En el plano multilateral, actualmente presidimos la Red de Organizaciones de Sociedad Civil y Académicas sobre Ética y Políticas de IA de Unesco, tras años de acompañamiento y presión por mayor participación en los procesos derivados de la aprobación de su Recomendación sobre la Ética de la IA.

Seguimos produciendo evidencia sobre el uso de la IA en la región a partir de nuestra iniciativa “IA & Inclusión en América Latina” y de contribuciones calificadas a procesos de consulta, buscando fortalecer debates informados sobre el tema a nivel nacional, regional y global, mientras nos preparamos para el lanzamiento de la segunda edición del curso de formación sobre IA y derechos humanos para personas funcionarias del Estado. Además, realizamos conversaciones con actores clave a nivel regional sobre como implementar políticas transformadoraspara la IA que apunten a la equidad de género.

Libertad de expresión en la encrucijada regulatoria

El año estuvo marcado por proyectos legislativos que buscan regular el comportamiento de las plataformas digitales y asegurar garantías procesales para sus usuarios. En abril, el Ejecutivo dominicano ingresó al Senado un proyecto de ley de regulación de medios que reconoce la libertad de expresión sin censura previa en cualquier medio, consagra la neutralidad de la red, exige que plataformas con más del 10% de usuarios nacionales tengan representación legal en el país y garantiza el debido proceso para la moderación de contenidos, pero con artículos cuestionados como formas indirectas de facilitar la censura. Por su parte, el Congreso peruano discutió en noviembre un proyecto de ley que propone licencias y certificación obligatoria para creadores de contenido digital y sanciones administrativas por difundir información considerada falsa. Organizaciones como Hiperderecho sostienen que estas exigencias equivalen a una autorización previa prohibida por la Constitución, discriminan a comunicadores digitales y generan un clima de autocensura. Los avances de estas y otras iniciativas en la región serán objeto de especial atención el próximo año, en vista de la prioridad que se da a las comunicaciones digitales en estos intentos regulatorios y al trámite aún en curso de otros proyectos en la región.

En tanto, a pesar del acecho sobre la expresión en línea de las últimas décadas, algunos desarrollos jurisprudenciales parecen ir en el sentido correcto respecto al rol de las plataformas. La Corte Constitucional colombiana dictó en junio un fallo que protegió los derechos de una influencer, ordenando a Meta restablecer su cuenta y garantizar mecanismos de notificación y apelación. En Chile, la Corte Suprema rechazó en octubre una solicitud de “derecho al olvido” y afirmó que borrar o desindexar artículos periodísticos veraces de interés público sería censura, consolidando la idea de que la libertad de expresión prevalece por sobre la reputación de quienes protagonizan noticias de interés público.

Pero algunas de las peores muestras de autoritarismo también tuvieron lugar este año. En Panamá, el gobierno suspendió los servicios de comunicaciones en la provincia de Bocas del Toro durante protestas contra una reforma previsional en junio. Organizaciones como IPANDETEC criticaron la medida por violar de forma desproporcionada la libertad de expresión, reunión y acceso a la información, además de sentar un muy mal precedente en la región para la forma de enfrentar las protestas. Panamá no fue un caso aislado, organizaciones de Ecuador denunciaron restricciones a la conexión en regiones de fuerte protesta social atravesada por una actuación abusiva de las fuerzas de seguridad, según denunciaron autoridades internacionales de derechos humanos.

Ciberseguridad: más criminalización, menos protección

La geopolítica de la seguridad digital en 2025 estuvo marcada por debates internacionales y regionales sobre cómo enfrentar los delitos informáticos sin sacrificar derechos. Tras su decepcionante aprobación en 2024, la principal novedad del año fue la apertura a firma de la Convención de Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia en Hanoi en octubre, con la mitad de los países latinoamericanos adhiriendo rápidamente. Como hemos denunciado ampliamente, se trata de un tratado global que obliga a los Estados a crear amplias facultades de vigilancia y facilitar la cooperación transfronteriza. La controversia evidenció cómo las iniciativas globales contra el cibercrimen generan consecuencias directas en América Latina: sin mecanismos de debido proceso, los gobiernos podrían compartir datos sensibles y perseguir a defensores de derechos humanos bajo cargos vagos de “ciberdelitos”.

A la vez, en el plano interno, varios países avanzaron con políticas sobre ciberseguridad. Chile comenzó la aplicación plena de la Ley Marco de Ciberseguridad; en tanto que Argentina aprobó el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025‑2027), que busca fortalecer la respuesta ante amenazas cibernéticas y promover una cultura de ciberseguridad, y convoca a provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir. Brasil promulgó la estrategia nacional E‑Ciber, con una ambiciosa agenda de gobernanza y promoción de la ciberseguridad en todo el país; mientras Perú, por su parte, sometió a consulta pública la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026‑2028 (ESNACIB), orientada a un enfoque holístico y proactivo frente a los riesgos digitales. Por cierto, una apropiada implementación de tan loables iniciativas siempre requerirá de una participación significativa de las expertas no gubernamentales y de las comunidades más afectadas por los riesgos del ciberespacio.

Frente a estas tendencias, Derechos Digitales ha protagonizado intensas actividades en defensa de la seguridad para todas y todos. Actuamos instando a no suscribir la Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia por carecer de salvaguardas. Participamos en audiencias públicas a nivel nacional -junto a expertas internacionales- para las políticas de ciberseguridad y cibercrimen, buscando protegerlos derechos fundamentales y alertando sobre los peligros de normas que amplían la vigilancia sin controles democráticos. Y nos preparamos para seguir de cerca la implementación de nuevas reglas que deberían apuntar, no a la criminalización, sino a la prevención y la protección.

Privacidad y vigilancia, entre expansión y resistencia

Pese a algunos avances normativos, la vigilancia se expandió en 2025. La videovigilancia alcanzó niveles récord: Ciudad de México pasó de 8.000 cámaras de videovigilancia en 2009 a más de 83.000 en 2025 y se propone llegar a 150.000, convirtiéndola en una metrópoli intensamente vigilada. Si a eso le sumamos el avance de tecnologías de reconocimiento facial automatizado en toda la región, vemos con preocupación un futuro marcado por sistemas de vigilancia permanente que permitirán facilitar el seguimiento y la represión a una ciudadanía supuestamente libre.

En junio, en medio de una serie de crisis, Ecuador promulgó la Ley Orgánica de Inteligencia, que creó un sistema nacional de inteligencia con potestad para acceder a registros telefónicos, datos de ubicación y tráfico digital sin autorización judicial, obligando a todas las personas y entidades a entregar información requerida y autorizando la infiltración encubierta en organizaciones y movimientos sociales. Este proceso se dio justo después del desembarco en el país de la empresa de vigilancia Palantir, la cual presta servicios a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ecuatoriana para suministrar su plataforma Foundry a la Aduana con el fin de integrar y analizar grandes volúmenes de datos para “administración del riesgo aduanero”. La publicación de la ley, que contó con escasa posibilidad de debate, generó reacción inmediata en la sociedad civil. En conjunto con organizaciones ecuatorianas, desde Derechos Digitales cuestionamos el contenido de la ley y presentamos nuestros argumentos a la Corte Constitucional que actualmente analiza su inconstitucionalidad.

A su vez, en México, un paquete legal aprobado en julio creó la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica obligatoria, ordenó la interconexión de bases de datos y otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) facultades para recolectar y procesar datos con fines de inteligencia, así como otras medidas para facilitar la vigilancia masiva y la entrega de datos por privados al Estado sin salvaguardas, formando un nuevo panóptico digital. Estos proyectos evidencian una tendencia regional a fortalecer la vigilancia estatal mediante bases de datos centralizadas y herramientas de inteligencia comercial, sin suficientes garantías de derechos.

Este contexto contrasta con un avance significativo del año anterior, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por décadas de vigilancia contra defensoras de derechos humanos y reconoció el derecho de las personas a acceder, corregir o eliminar su información de archivos de inteligencia. Hemos defendido la importancia de ese fallo en el cuestionamiento a la nueva ley ecuatoriana, y seguiremos haciéndolo. La influencia del desarrollo de estándares regionales para contener el impulso vigilante de nuestros Estados con la excusa de la seguridad será un elemento crucial de lo que ocurra en 2026.

Violencia de género: visibilización y respuesta a un problema exacerbado por las tecnologías

El año 2025 estuvo marcado por una mayor visibilización de la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) en América Latina y a nivel global. Instituciones como ONU Mujeres dedicaron especial atención a la temática, llamando a fortalecer las leyes, acabar con la impunidad y exigir responsabilidades a las plataformas, promoviendo inversiones en prevención, alfabetización digital y apoyo a las sobrevivientes. También hacia fin de año, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA presentó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres. El instrumento fue concebido como estándar legal para que los países adapten sus normativas y reconoce la gravedad de la VGFT, con rutas de acción que priorizan la protección integral, la remoción oportuna de contenidos y la reparación del daño. Derechos Digitales contribuyó a la consulta junto a aliadas y comentó la propuesta de articulado, defendiendo una perspectiva más amplia de protección contra la violencia en razón de género.

Junto a estas iniciativas, diversos países y organizaciones lanzaron espacios para debatir y fortalecer marcos normativos. Derechos Digitales protagonizó un activismo robusto en 2025 centrado en el combate a la violencia de género digital, tanto a través de campañas públicas como manteniendo la presencia en instancias como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU en marzo, y el diálogo global “Luchas conectadas” en Nairobi en noviembre. Junto a UNFPA, preparamos la guía “Principios orientadores para una reforma legislativa y de políticas públicas frente a la violencia de género facilitada por la tecnología”, un documento que propone un marco integral con seis principios esenciales para transformar la normativa y garantizar los derechos de las sobrevivientes.

Sin embargo, la agenda antiderechos que se fortalece a nivel global ha afectado profundamente los espacios de discusión y construcción de políticas en materia de género, con el intento de limitar su interpretación a mujeres y niñas de modo a excluir cuerpos que cuestionan la norma. La agenda de grupos y gobiernos extremistas, y su búsqueda por eliminar las posibilidades de existencia de las personas LGBTIQA+, ha llegado a la arena internacional arriesgando retrocesos importantes en materia de garantía y promoción de derechos humanos. Desde Derechos Digitales, nuestro compromiso continúa siendo el de impulsar reformas legales y políticas integrales efectivas para combatir la VGFT, que incorporen la perspectiva de derechos humanos e interseccional, dando cuenta de todas las expresiones de género.

La salida de la crisis es colectiva

El balance de 2025 muestra una aparente paradoja: la adopción de normas pioneras y acuerdos internacionales convive con la expansión de prácticas de control y con una geopolítica fragmentada. La regulación de la IA, la permanencia del IGF y las nuevas leyes de ciberseguridad demuestran que la comunidad internacional reconoce la necesidad de reglas, pero las grandes potencias divergen en su enfoque, y el Sur Global enfrenta influencias corporativas y estatistas. La violencia de género y la desinformación exhiben que la tecnología reproduce desigualdades preexistentes y que las respuestas deben ser sistémicas y no meramente punitivas. La vigilancia masiva avanza bajo la bandera de la seguridad a nivel nacional e internacional, ignorando estándares de derechos humanos que los Estados están obligados a respetar.

Pero es esa misma realidad la que confirma la misión que sostenemos desde hace 20 años. Y en nuestro ejercicio de observar nuestro pasado y pensar en nuestro futuro, la constatación del presente nos confirma que la defensa de los derechos humanos en el entorno digital exige articular distintos planos de acción: la regulación y la gobernanza global, el combate y la prevención de la violencia, y la defensa de la libertad de expresión, la seguridad y la privacidad. De cara al 2026, nos preguntamos sobre cómo evitar que la regulación de la IA consolide monopolios, cómo traducir los compromisos multilaterales en políticas con participación y enfoque de género, cómo combatir la violencia y la desinformación sin coartar la expresión, y cómo resistir la normalización de la vigilancia.

El futuro del ecosistema digital sigue abierto, pero no depende solamente de lo que ocurre en línea. Nuestra responsabilidad colectiva es disputar la dirección de ese ecosistema hacia la justicia y la democracia. Allí estaremos en 2026.