29 archivos de Jamila Venturini

En medio del ruido que genera la presencia de Palantir en nuestra región, el gobierno argentino anunció una nueva política pública basada en IA: Gemelo Digital Social. En esta columna refrescamos los ya conocidos problemas que conllevan los procesos de digitalización de los Estados.

En los últimos años, el debate sobre los impactos de las tecnologías en la vida cotidiana ha ganado centralidad, especialmente en lo que respecta a las infancias. Entre propuestas de alfabetización digital y medidas de restricción, se han instalado distintas formas de abordar estos desafíos desde las políticas públicas. Sin embargo, muchas de estas respuestas tienden a simplificar un problema que es profundamente complejo. En un contexto de desigualdad en el acceso y uso de internet, resulta necesario mirar con mayor detenimiento qué tipo de respuestas se están promoviendo y cuáles son sus implicancias. Esta columna propone una reflexión sobre esos caminos y sus límites.

A días del cierre de la Cumbre de IA en India, donde Derechos Digitales estuvo presente para participar de importantes actividades, realizamos un balance urgente. Las promesas de participación de la sociedad civil, o del espacio para discusiones sobre regulación y futuro de la IA con perspectiva de derechos, se esfumaron. En cambio, lo que prevaleció fue un tono tecnooptimista donde se favorecieron la agenda y los negocios de las Big Tech.

En 2025, la agenda global relacionada al ejercicio de derechos en el ámbito de las nuevas tecnologías se desarrolló en paralelo a retrocesos significativos en la paz y la democracia a nivel internacional. La acentuación de la policrisis global es el nuevo marco de acción para el activismo por los derechos digitales.

Hemos visto en los últimos años un discreto avance en el consenso sobre la necesidad de reequilibrar las relaciones globales de poder en materia de tecnologías. El concepto de “soberanía tecnológica” ha ganado espacio prominente en discursos de autoridades gubernamentales e internacionales. A la vez, nuevas oportunidades se han abierto para políticas fiscales que permitan la compensación a los países por la extracción de sus datos por parte de algunas pocas empresas. Aún cuando algunas de estas reivindicaciones se restringen a lo discursivo (y los países siguen ofreciendo beneficios a las mismas empresas para la explotación de recursos a nivel local), la alianza entre las Big Tech y el gobierno de extrema derecha de Estados Unidos ha puesto todos sus esfuerzos en hacerlas retroceder.

Sostener una organización de sociedad civil enfocada en la promoción de derechos humanos en América Latina no es tarea fácil. El hito merece ser celebrado a pesar de una coyuntura internacional que intenta arrebatar incluso los pocos momentos de alegría. En la fecha que formalmente marca el hito de la fundación formal de Derechos Digitales hace 20 años, recuperamos nuestros orígenes y buscamos renovar nuestro compromiso de seguir luchando por un futuro más justo, equitativo y democrático.

Políticas inacabadas de creación de laboratorios de informática y distribución de computadoras fueron reemplazadas más recientemente por el uso indiscriminado de IA, cámaras de reconocimiento facial y celulares en las escuelas de nuestra región. La aceleración en la adopción de herramientas digitales en el ámbito educativo, herencia de la pandemia de COVID-19, ha dado nuevo impulso a acuerdos entre instituciones educativas y empresas tecnológicas, abriendo espacio para nuevas preocupaciones y discusiones normativas sobre el rol que tienen las tecnologías en los procesos educativos.

Frente a la convocatoria de distintas autoridades globales para que podamos lidiar con los desafíos de la inteligencia artificial (IA), es lamentable que nociones deterministas sobre las tecnologías sigan operando como cortina de humo ante los reales y necesarios compromisos que requieren una acción inmediata. Un acercamiento serio a la gobernanza global de la IA no puede limitarse a categorizar sistemas y aplicaciones como “buenas” o “malas”. En cambio, debe avanzar hacia acuerdos concretos y urgentes para impedir que las tecnologías habiliten graves vulneraciones de derechos humanos.