El derecho a sostenerse: medios independientes frente a la concentración del poder digital

América Latina cuenta desde hace décadas con una amplia tradición de comunicación independiente. Radios comunitarias, periódicos locales y proyectos de comunicación popular surgieron para informar desde los territorios, fortalecer la participación ciudadana y visibilizar realidades (como derechos humanos, demandas de pueblos indígenas, comunidades rurales, o conflictos socioambientales) que con frecuencia quedaban fuera de las agendas comerciales.

La expansión de internet abrió un nuevo capítulo para estas iniciativas. La reducción de las barreras de entrada permitió que periodistas y organizaciones crearan medios digitales con costos significativamente menores que los requeridos por la prensa impresa, la radio o la televisión, lo que amplió las posibilidades para el surgimiento de nuevos proyectos periodísticos. Sin embargo, también trasladó buena parte de la infraestructura mediante la cual circulan las noticias hacia un reducido número de plataformas privadas.

La apertura que internet produjo para crear nuevos medios convive hoy una dificultad para sostener proyectos periodísticos. Entre 2015 y 2024 desaparecieron al menos 678 medios digitales independientes en América Latina. Detrás de esa cifra hay comunidades que perdieron una fuente de información cercana, investigaciones que dejaron de realizarse y espacios de deliberación pública que difícilmente serán reemplazados.

Su desaparición acelera la expansión de los “desiertos informativos”, y este vacío no queda libre; es rápidamente colonizado por contenidos desinformativos, narrativas polarizantes y campañas de manipulación que prosperan ante la falta de un periodismo que contraste y verifique los hechos.

Los nuevos intermediarios de la información

Si durante décadas los medios controlaban buena parte de la distribución de sus publicaciones, hoy esa función recae en gran medida sobre plataformas digitales que recomiendan información mediante sistemas algorítmicos, como analizamos en esta investigación de Derechos Digitales sobre gobernanza algorítmica y circulación de contenidos. Motores de búsqueda, redes sociales, aplicaciones de mensajería y, más recientemente, herramientas de inteligencia artificial generativa se han convertido en los principales intermediarios entre los medios y sus audiencias.

De acuerdo con el Digital News Report 2026 del Reuters Institute for the Study of Journalism, las redes sociales (54 %) superaron a los sitios web y aplicaciones de los propios medios (51%) como principal vía de acceso a las noticias. Esta tendencia refleja un cambio en el ecosistema informativo, ya que cada vez menos personas buscan directamente un medio de comunicación y más reciben las noticias a través de plataformas digitales.

Diversos informes de la UNESCO advierten que las grandes empresas de tecnología participan en la distribución de contenidos, administran buena parte de la publicidad digital, determinan sistemas de recomendación, gestionan métricas de audiencia y moderan publicaciones. Como también hemos señalado desde Derechos Digitales junto a otras organizaciones del Sur Global, estos sistemas no son neutrales: incorporan decisiones de diseño, criterios de priorización y objetivos comerciales (o, recientemente, alineados a tendencias políticas ultraderechistas). En consecuencia, una parte significativa de la circulación de información de interés público depende de decisiones adoptadas por éstas, cuyos criterios de funcionamiento suelen ser poco transparentes.

El Reuters Institute también señala que la incertidumbre provocada por los constantes cambios en los algoritmos de recomendación constituye uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del periodismo. Una modificación en los criterios de búsqueda o en los sistemas de recomendación puede reducir drásticamente el alcance de un medio de un día para otro, afectando tanto su visibilidad como sus posibilidades de financiamiento. Al mismo tiempo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial introduce una nueva capa de intermediación: cada vez más personas obtienen respuestas directamente desde asistentes de IA, sin visitar necesariamente los sitios que produjeron la información original.

La asfixia económica y persecución política en el entorno digital

La reducción de las barreras para crear un medio digital no eliminó uno de los desafíos históricos del periodismo: encontrar un modelo económico capaz de sostener la producción de información de interés público.

La publicidad constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los medios de comunicación y conforme las audiencias migraron hacia internet, también lo hicieron los anunciantes. El problema es que esos recursos ya no llegan en la misma proporción a quienes producen el contenido informativo. Según el informe World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Google y Meta concentran aproximadamente la mitad del mercado mundial de publicidad digital. La concentración de la pauta publicitaria en estas plataformas reduce los ingresos disponibles para el periodismo independiente e incrementa la asimetría de poder entre quienes producen información de interés público y quienes controlan su distribución y monetización.

Cuando disminuyen los recursos disponibles para el periodismo independiente, también se reducen las posibilidades de financiar investigaciones, mantener corresponsales locales o cubrir comunidades alejadas. La sostenibilidad de los medios se convierte en un desafío para el pluralismo informativo.

En América Latina, esta inestabilidad financiera se entrelaza con presiones políticas. El ecosistema de medios independientes enfrenta escenarios donde la supervivencia está condicionada al alineamiento con los discursos oficiales. Como hemos documentado anteriormente desde nuestra organización, diversos medios independientes han enfrentado el retiro discriminatorio de publicidad estatal, demandas judiciales estratégicas, campañas coordinadas de desinformación, hostigamiento contra periodistas en espacios digitales y prácticas de vigilancia que comprometen su independencia editorial y la posibilidad de investigar asuntos de interés público sin represalias. Reportajes publicados recientemente por El País, muestran cómo las campañas de desprestigio contra periodistas, los ataques coordinados en redes sociales y los discursos hostiles provenientes de actores políticos contribuyen a erosionar la credibilidad de la prensa.

En este contexto, los medios independientes enfrentan un desafío doble. Por un lado, deben encontrar formas de sostener económicamente proyectos periodísticos de interés público en un mercado profundamente desigual. Por otro, necesitan reconstruir y fortalecer la confianza con sus audiencias en un entorno digital donde la atención es cada vez más escasa y la competencia por la visibilidad está mediada por sistemas de recomendación cuyos criterios de funcionamiento permanecen, en gran medida, opacos. La falta de transparencia sobre cómo las plataformas priorizan o limitan la circulación de contenidos genera incertidumbre para los medios y dificulta que puedan desarrollar estrategias de sostenibilidad.

Regular el poder corporativo para proteger el pluralismo

Si el problema es estructural, las respuestas también deben serlo. La innovación periodística es necesaria, pero insuficiente cuando las reglas del ecosistema digital continúan favoreciendo la concentración del poder económico y tecnológico. Proteger el pluralismo informativo requiere políticas públicas y marcos regulatorios capaces de equilibrar las relaciones entre plataformas, medios y ciudadanía desde un enfoque de derechos humanos.

Debemos reconocer el valor democrático de los medios comunitarios y sin fines de lucro, tal como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La CEPAL ha advertido sobre la creciente concentración de los mercados digitales y la necesidad de desarrollar políticas que promuevan una transformación digital más equitativa, incluyendo marcos que favorezcan la competencia, la transparencia y la diversidad informativa.

Organizaciones como ARTICLE 19, Access Now y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y Derechos Digitales coincidimos en que la regulación de las plataformas digitales debe partir de un enfoque de derechos humanos. Entre las principales recomendaciones se encuentran fortalecer la transparencia de los sistemas algorítmicos que moderan y recomiendan contenidos, establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y limitar las asimetrías de poder que hoy concentran las grandes plataformas tecnológicas, con el fin de proteger la libertad de expresión, el pluralismo informativo y otros derechos fundamentales.

¿Cómo estamos respondiendo en América Latina?

La UNESCO, a través de su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), ha impulsado proyectos en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Uruguay y Venezuela orientados a fortalecer la sostenibilidad de los medios, promover reformas regulatorias para los medios comunitarios y desarrollar capacidades para enfrentar los desafíos del ecosistema digital.

SembraMedia ha documentado durante años la situación de los medios digitales independientes en América Latina y desarrolló programas de aceleración como Velocidad, acompañando a decenas de medios en la diversificación de ingresos, el desarrollo de modelos de membresía y la sostenibilidad financiera.

En el ámbito de las políticas públicas, organizaciones como OBSERVACOM han promovido propuestas para fortalecer el pluralismo en el entorno digital, mejorar las condiciones regulatorias de los medios comunitarios y garantizar mayor transparencia por parte de las plataformas digitales.

En Brasil, iniciativas como el Atlas da Notícia, impulsado por Projor, han contribuido a visibilizar los desiertos informativos mediante el mapeo sistemático del periodismo local. Además de generar evidencia sobre las brechas de acceso a la información, este proyecto ha fortalecido el debate público y la formulación de políticas orientadas a promover un ecosistema mediático más diverso y sostenible.

Las experiencias latinoamericanas dialogan con debates que hoy también avanzan en otras regiones. Australia fue pionera al establecer mecanismos para que las grandes plataformas negociaran compensaciones económicas con los medios por el uso de sus contenidos, mientras que Canadá adoptó un modelo similar mediante la Online News Act. Aunque las estrategias son distintas, todas parten de un mismo diagnóstico: cuando una parte significativa del valor generado por el periodismo es capturada por un pequeño número de plataformas digitales, garantizar la sostenibilidad de los medios deja de ser un asunto exclusivamente privado y se convierte en una cuestión de interés público.

Durante años defendimos el derecho a publicar. El desafío de hoy consiste en defender algo igual de importante: el derecho de las voces independientes a permanecer. Una democracia fuerte habilita las condiciones económicas, tecnológicas y políticas que hacen posible que esas voces sigan existiendo.