Cuando la vigilancia se vuelve parte del paisaje

Esta columna fue publicada originalmente en Global Voices

En América Latina, la vigilancia rara vez se presenta como lo que es. Suele instalarse bajo otras promesas: seguridad, eficiencia y orden. Y en ese proceso va colonizando espacios cada vez más cotidianos hasta que deja de parecernos extraña. Antes, una cámara de reconocimiento facial nos llamaba la atención, incluso nos hacía cuestionarla. Hoy se integra en el transporte público, en eventos masivos, en estadios de fútbol.

El avance de estas tecnologías no ocurre como una excepción ni como una medida temporal. Se instala de forma silenciosa y, muchas veces, sin debate público, sin transparencia y sin que las personas sepan realmente qué datos se están recopilando, quién los almacena o cómo podrían ser utilizados después. En el mejor de los casos, se esconde tras el consentimiento individual. En el peor caso, se asume que es lo que la población necesita.

Cantar también es un dato

En mayo de 2024, más de un millón y medio de personas se reunieron en Río de Janeiro en la playa Copacabana para el concierto gratuito de Madonna. Era una noche de celebración, pero también de vigilancia a gran escala, donde miles de agentes, drones y cámaras de reconocimiento facial fueron desplegados bajo el argumento de garantizar la seguridad. Desde Derechos Digitales documentamos lo que había ocurrido y lo incorporamos a un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Acá la vigilancia no se limitó al espacio físico. Según reportó la prensa brasileña, la Policía Militar de Río de Janeiro intensificó también el monitoreo de redes sociales como parte de la estrategia desplegada para el evento. El llamado ciberpatrullaje se realizó sin un marco jurídico claro que estableciera límites, controles o mecanismos de supervisión específicos. La multitud no solo era observada por cámaras en la playa, sino que también era seguida en sus publicaciones, comentarios e interacciones digitales.

El problema no es una tecnología aislada, sino cómo empiezan a combinarse entre sí. Cámaras, reconocimiento facial, drones y monitoreo de redes sociales terminan operando como parte de un mismo sistema de vigilancia total sobre el espacio público. Y esa lógica no afecta a todas las personas por igual. En ciudades como Río de Janeiro, organizaciones de la sociedad civil han advertido durante años que estos sistemas tienden a reforzar procesos de criminalización sobre poblaciones empobrecidas y afrodescendientes, además de generar un efecto inhibidor sobre quienes simplemente quieren participar de la vida pública, protestar o asistir a un evento cultural sin sentirse observados permanentemente.

Un año después, cuando Lady Gaga anunció un concierto gratuito en el mismo lugar, el escenario era casi idéntico. Desde Derechos Digitales decidimos actuar antes de que empezara: publicamos una alerta un día antes del show, advirtiendo que lo que habíamos documentado iba a repetirse. Y así fue. Dieciocho puntos de control con reconocimiento facial en las calles que conducen a la playa, un cinturón de vigilancia biométrica cubriendo toda la zona costera, cerca de dos millones de personas potencialmente escaneadas. Para el show de Shakira de este año el escenario de vigilancia también fue casi idéntico, donde utilizaron miles de agentes, drones y cámaras de reconocimiento facial conectadas al centro de comando de la ciudad para gestionar la multitud.

La ciudadanía iba a cantar, bailar y ser parte de una multitud y terminó formando parte de un proceso de recolección masiva de datos biométricos. Nadie firmó un formulario de consentimiento antes de entrar. Nadie eligió participar en ese sistema. Simplemente estaban ahí, celebrando, y eso fue suficiente para que sus rostros quedaran registrados en una base de datos cuyo destino, uso y tiempo de almacenamiento nadie explicó con claridad.

Moverse por la ciudad dejó de ser anónimo

En Chile, durante el 2025 el Ministerio de Transportes anunció un piloto para incorporar reconocimiento facial como forma de pago en el transporte público. La medida fue presentada como una mejora en la experiencia de usuario y limitada a quienes se inscribieran voluntariamente. Pero implicaba algo más profundo: la posibilidad de vincular de forma permanente la identidad biométrica de cada persona con sus desplazamientos diarios. Tomar el metro, el bus, ir al trabajo, volver a casa, todo eso dejaría de ser un acto anónimo para convertirse en una secuencia de datos registrables, analizables y potencialmente reutilizables.

Por quién y para qué, nadie lo explicó. La reforma a la ley de protección de datos personales de Chile había sido aprobada meses antes, pero no entrará en vigor sino hasta fines del 2026. No existe todavía una autoridad con capacidad real de fiscalizar. Sin transparencia, sin límites sobre retención de datos, sin garantías de consentimiento, subirse al sistema de locomoción colectiva podía convertirse así en un acto de entrega biométrica. No necesariamente porque exista una intención explícita de vigilancia, sino porque el sistema fue diseñado sin considerar sus impactos.

Desde Derechos Digitales advertimos sus riesgos, llamamos a frenar la iniciativa y dejamos en evidencia lo fácil que estas tecnologías logran instalarse en la discusión pública, como si fueran inevitables. Esa percepción tampoco surge sola: es el resultado de una narrativa deliberada que presenta la vigilancia como progreso y el cuestionamiento de la vigilancia como obstáculo al progreso.

Entrar a la cancha tiene un precio que nadie eligió pagar

En Brasil, esta misma lógica llegó a otro espacio. En varios clubes de fútbol, el reconocimiento facial se volvió obligatorio para ingresar en días de partido con capacidad de 20 mil personas o más. Millones de personas entregan sus datos biométricos como condición para participar en uno de los rituales más arraigados de la región. No como una opción, sino como un requisito. El argumento es, de nuevo, la seguridad: controlar la violencia, identificar a personas que representan un riesgo, garantizar el orden en espacios que históricamente han sido escenario de incidentes graves.

Pero en la práctica esto implica la creación de bases de datos masivas, muchas veces gestionadas por terceros, con escasa transparencia sobre su uso, almacenamiento o destino. La Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) abrió una fiscalización a 23 clubes tras detectar irregularidades.

Y hay errores. Personas detenidas por identificaciones incorrectas, muchas veces afectando de manera desproporcionada a personas negras. No son fallas técnicas menores que el sistema irá corrigiendo con el tiempo. Son el síntoma de algo más profundo: algoritmos entrenados con datos sesgados que reproducen y amplifican desigualdades históricas, con consecuencias reales sobre personas reales. La narrativa de seguridad que justifica estos sistemas rara vez menciona ese costo.

Una infraestructura que nadie votó

Lo que estos tres ejemplos revelan, juntos, no son tecnologías aisladas, sino sistemas que empiezan a conectarse entre sí: reconocimiento facial, bases de datos biométricos, monitoreo automatizado y empresas privadas que participan en la expansión y administración de estas tecnologías a gran escala. Una infraestructura que avanza más rápido que cualquier marco regulatorio capaz de contenerla, y que recae de manera desproporcionada sobre quienes tienen menor capacidad de resistirla o cuestionarla.

La vigilancia registra lo que hacemos y, además, incide en cómo lo hacemos. Puede hacer que una persona dude antes de asistir a una protesta, que evite ciertos lugares, que modifique cómo se mueve o se relaciona con otros. Ese efecto no siempre es visible ni medible, pero es sostenido. Y con el tiempo cambia algo en la textura de la vida pública, en la sensación de que los espacios compartidos no son realmente nuestros.

Qué se puede hacer

Cuando estos sistemas empiezan a operar sin transparencia, sin límites claros y sin supervisión efectiva, el debate público llega tarde. Desde Derechos Digitales hemos dicho muchas veces que tecnologías como el reconocimiento facial son una de las tecnologías más intrusivas que existen y que, lejos de protegernos, vulneran nuestros derechos fundamentales.

Para quienes vivimos en estas ciudades, la primera forma de resistencia es no asumir que esto es inevitable. Preguntar qué tecnologías se usan en los espacios que habitamos. Exigir que los sistemas que capturan nuestros datos sean explicados, auditados y limitados. Apoyar a las organizaciones que documentan estos procesos y los llevan al debate público. Y cuando el próximo concierto masivo, el próximo piloto de transporte público o el próximo partido anuncie nuevas tecnologías de seguridad, hacer la pregunta que casi nunca aparece en la cobertura mediática: ¿quién decidió esto, cuándo y por qué nadie nos consultó?

La vigilancia se vuelve parte del paisaje porque dejamos de hacernos esas preguntas. La buena noticia es que cuando volvemos a hacerlas, el paisaje puede empezar a cambiar.