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El derecho al olvido tiene implicaciones particulares en América Latina. Frente a las leyes de amnistía, dictaduras y autoritarismos que han azotado a la región, la memoria es un aspecto crucial en la reconstrucción de nuestras democracias.

Nunca antes en la historia las agencias de persecución criminal tuvieron tantas capacidades para perseguir el delito como hoy. Basta una orden judicial para poder acceder con prontitud a una gran cantidad de datos de los ciudadanos. ¿Por qué entonces usar spyware y transgredir las garantías legales de las personas?

Después de un siglo de estar en reposo, el volcán ecuatoriano Cotopaxi amenazó con hacer erupción. Para hacer frente a la situación y prevenir información dañina, el Gobierno ecuatoriano emitió un estado de excepción imponiendo una censura previa que afecta la libertad de expresión en redes sociales.

Las municipalidades han anunciado un agresivo plan de vigilancia masiva que, con la excusa de combatir la delincuencia, viola el derecho a la privacidad de todos los habitantes, incluso al interior de sus hogares.

En nuestra región, el acoso por razones de género es un problema dramático que busca acallar voces en internet. La búsqueda de soluciones también implica un nuevo estadio en la discusión del activismo.

El pasado viernes concluyó una nueva ronda de negociaciones en Maui. A pesar de los rumores, los ministros nuevamente fueron incapaces de cerrar el texto. Mientras tanto, una filtración del capítulo de propiedad intelectual podría darnos pistas sobre cuánto falta para el tan anunciado fin.

En Argentina, la propuesta «Ley Nacional Contra la Discriminación» podría inhibir la crítica e impedir el libre flujo de ideas en internet. Con definiciones laxas y criterios de monitoreo estrictos, los derechos humanos corren riesgo.