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Hemos visto en los últimos años un discreto avance en el consenso sobre la necesidad de reequilibrar las relaciones globales de poder en materia de tecnologías. El concepto de “soberanía tecnológica” ha ganado espacio prominente en discursos de autoridades gubernamentales e internacionales. A la vez, nuevas oportunidades se han abierto para políticas fiscales que permitan la compensación a los países por la extracción de sus datos por parte de algunas pocas empresas. Aún cuando algunas de estas reivindicaciones se restringen a lo discursivo (y los países siguen ofreciendo beneficios a las mismas empresas para la explotación de recursos a nivel local), la alianza entre las Big Tech y el gobierno de extrema derecha de Estados Unidos ha puesto todos sus esfuerzos en hacerlas retroceder.

Una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un hito en la consolidación de una perspectiva de derechos frente a la crisis climática. Subraya la obligación de los Estados de actuar urgentemente para mitigar los impactos ambientales y proteger a las comunidades. ¿Cómo podrán enfrentar los países de la región la proliferación de centros de datos de las Big Tech que moldean un nuevo modo de extractivismo en los territorios?

En América Latina, la vigilancia se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente, especialmente en contextos de conflictividad social o bajo gobiernos autoritarios. Ésta suele centrarse en el teléfono celular, el dispositivo tecnológico más utilizado y también el más vulnerable. Las aplicaciones de mensajería que usamos para organizarnos, comunicarnos y compartir información personal, se convierten así en objetivos prioritarios de monitoreo e intervención. Esta columna analiza los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad y privacidad al usar estas herramientas cotidianas.

Las recientes reformas legales en México consolidan un sistema de vigilancia biométrica que profundiza tendencias preocupantes en América Latina. Sin control ciudadano ni garantías democráticas, estos paquetes de leyes erosionan libertades, amenazan la privacidad y exponen, aún más, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.