23 archivos de Jamila Venturini

Chile podría aprobar el próximo 4 de septiembre uno de los textos constitucionales más avanzados de la región en materia de privacidad y seguridad digital. Años de debates sobre el tema han contribuido con la madurez del texto, y la experiencia regional es ilustrativa acerca de la importancia de consagrar ciertos parámetros de protección

La vida en internet se ha vuelto aun más importante que los vaticinios tecnoptimistas de principios de siglo. Por la misma razón, defender la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, los derechos a la protesta y participación en línea se hizo aún más fundamental.

El análisis del uso de tecnologías presentadas como inteligencia artificial por órganos estatales latinoamericanos revela la falta de planificación, participación pública significativa y de modos de evaluación. Su implementación puede tener amplias consecuencias en la región.

La publicación “Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia. Impactos de género y otros tipos de discriminación” alerta sobre las implicancias de la mediación tecnológica en la relación entre el estado y la ciudadanía.

Mientras el gobierno federal aprovecha la emergencia de salud para retroceder en derechos fundamentales, estados y municipalidades desarrollan soluciones de control y vigilancia junto al sector privado, sin atender a principios de privacidad y protección de datos, y poniendo en riesgo a las poblaciones más vulnerables.

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de acceso a una infinidad de fuentes de información y conocimiento, pero es necesario comprender las peculiaridades del contexto regional al diseñar estrategias educativas en línea para este periodo particularmente crítico.

Mientras los gobiernos siguen ignorando las innumerables evidencias internacionales que comprueban los sesgos y fallas de las tecnologías biométricas de vigilancia, organizaciones de la región cuestionan la ausencia de compromisos con la transparencia, participación y protección de los derechos de las poblaciones afectadas.