Apuestas en línea: bloquear no basta

El 21 de septiembre, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile instruyó a seis proveedores de internet bloquear 37 dominios, la segunda tanda después de otros 42 el 1 de septiembre. Tres días antes, el presidente Lula da Silva afirmó que piensa acabar con las bets en Brasil y respondió a los clubes de fútbol que alertaban por el costo de esa promesa. En agosto, el gobierno argentino incorporó por decreto la ludopatía a las problemáticas prioritarias de salud pública, mientras en su Senado siguen detenidos proyectos del Ejecutivo y de Diputados. Ecuador anunció un nuevo reglamento que faculta el bloqueo de plataformas no autorizadas. Y en Colombia, donde el cierre de sitios es rutina administrativa desde hace años, Coljuegos informó en julio que había retirado más de 46 mil sitios en cuatro años.

Un oficio técnico, un anuncio presidencial, un reglamento, un decreto sanitario, nuevos impuestos y una maquinaria de bloqueos. Todo en respuesta a los riesgos denunciados de la industria de las apuestas en línea sobre la población. La preocupación se ha extendido por la región sin una respuesta común. Las apuestas en línea llegaron a América Latina como una operación publicitaria antes que como una actividad económica regulada, y la reacción institucional ha sido tan dispersa como tardía.

Subiendo la apuesta

La publicidad de casas de apuesta en línea se ha vuelto omnipresente en el fútbol profesional masculino en la región y en el mundo, alcanzando también al auspicio directo de incontables equipos. En Brasil, las casas de apuestas patrocinan a nueve de cada diez clubes de la Serie A; en Argentina, las apuestas son el rubro con mayor presencia en las camisetas después de los bancos; en Chile, los dieciséis equipos de Primera División tienen acuerdos con casas de apuestas.

Esa exposición es masiva. Un estudio de las universidades de Bristol y Oxford sobre los 104 partidos del último Mundial contabilizó un aviso de productos “dañinos” cada siete segundos, entre miles para sitios de apuestas deportivas y aún más para mercados predictivos. La Premier League acordó retirar a las casas de apuestas del frente de las camisetas, y los clubes trasladaron los logos a las camisetas de entrenamiento. En Uruguay, donde ya hay una prohibición vigente sobre la publicidad de apuestas deportivas, la futura final de la Copa Libertadores del 28 de noviembre representa un enorme desafío, con un patrocinador oficial del rubro para la confederación regional, la mayoría de los equipos con marcas de apuestas en sus camisetas y una lucrativa final que podría dar pie a multas.

Esos eventos internacionales son un punto sensible. Durante el Mundial, la organización brasileña Ctrl+Z revisó los 98 anuncios de apuestas con pronósticos emitidos en los primeros quince días de transmisiones de CazéTV por YouTube, y encontró que solo 35 acertaron. Un seguimiento de ICL Notícias sobre 48 partidos registró 61% de sugerencias fallidas. La Secretaría Nacional del Consumidor abrió en junio una investigación, que extendió días después a Globo, SBT, N Sports y Amazon, y firmó luego un convenio con la autoridad autorregulatoria para vigilar la publicidad engañosa del sector. La reacción, sin embargo, no se limita a los grandes torneos. En Argentina, la Secretaría de Industria y Comercio impuso advertencias sanitarias en toda la publicidad de apuestas y habilitó un canal para denunciar a influencers que las omitieran. En Colombia, Coljuegos abrió treinta y cinco procesos sancionatorios contra influencers y empresas. En Chile, la Polla Chilena denunció ante la instancia de autorregulación publicitaria a cuatro agencias y productoras por hacer campañas para plataformas sin autorización legal.

Pero las razones para preocuparse exceden la mera molestia por el exceso de publicidad y vienen también desde la salud pública. En el Perú, el Ministerio de Salud ha reportado más de once mil casos atendidos de trastorno de juego patológico en 2024 y más de catorce mil atenciones por ludopatía en 2025. En Argentina, las consultas por juego compulsivo a la línea nacional de atención crecieron 27% durante 2025, y en agosto un decreto equiparó la ludopatía a otros trastornos adictivos en sus mecanismos de desarrollo y su abordaje terapéutico.

Una preocupación especial surge a propósito de la susceptibilidad de niñas, niños y adolescentes. En Perú, los casos de juego patológico en menores de 18 años crecieron en 18%, casi el doble que el total. Una encuesta nacional de la Cruz Roja Argentina encontró que seis de cada diez adolescentes están expuestosa sitios de apuestas en línea, que el 16% ya ha apostado alguna vez y que la mitad de quienes lo hicieron recibió ayuda de una persona adulta. El Observatorio Argentino de Drogas registró en su estudio de 2025 que más de un cuarto de estudiantes secundarios apostó dinero en el último año; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires llegó a un hallazgo similar dando cuenta de que un cuarto de ellos conoció los sitios a través de influencers. En Brasil, el Instituto Alana denunció a Meta en 2024 por permitir que influenciadores de entre 6 y 17 años promocionaran apuestas en Instagram, y meses después constató que cuatro de los nueve perfiles identificados seguían promoviendo juegos de azar, tras lo cual el Supremo Tribunal Federal suspendió toda publicidad de apuestas dirigida a niñas, niños y adolescentes.

Cerrando las puertas del casino

Frente a lo que en varios países se considera una actividad ilegal, la herramienta preferida ha sido el bloqueo de sitios. Si bien parte de la industria en Chile ha planteado dudas sobre la infracción del principio de neutralidad de la red, que impide bloquear contenidos, aplicaciones o servicios legales, la ilicitud y el bloqueo han sido declarados por la Corte Suprema, al acoger un recurso de protección de la Lotería de Concepción en septiembre de 2025 y ordenar impedir el acceso a sitios de juegos de azar no autorizados. Por cierto, una medida popular no es necesariamente una medida adecuada. Desde la Declaración Conjunta de 2011, las relatorías de libertad de expresión consideran que el bloqueo obligatorio de sitios enteros es una medida extrema, «análoga a la prohibición de un periódico», y por tanto solo justificada según se ajuste a normas internacionales.

Un par de paradojas aparecen con esa medida. La primera es que no es difícil eludir un bloqueo por DNS, que se sortea usando otro resolutor, una VPN o simplemente un dominio nuevo, lo que ha llevado al aumento de sitios por bloquear. La sentencia obliga a los proveedores de internet, y el procedimiento fijado encarga a la autoridad de telecomunicaciones comunicar a esos proveedores un nuevo listado de dominios a bloquear. Así, cada dominio nuevo se incorpora sin una nueva resolución judicial que lo individualice, por iniciativa de un competidor (la Lotería de Concepción) y con la validación de un organismo que, según la Contraloría, carece de competencias para fiscalizar las apuestas en línea. El mismo día de la última orden, el gremio de plataformas reclamó que los dominios incorporados no están contenidos ni en el fallo de la Corte Suprema ni en la resolución que originó el procedimiento. La segunda paradoja es del Estado. Las mismas plataformas cuya actividad la Corte Suprema considera ilícita están inscritas para pagar IVA, al punto de que diputados del propio oficialismo exigieron al gobierno resolver la contradicción.

El asunto se vuelve más serio allí donde no interviene ningún tribunal, y el alcance de la restricción se define por circular o por reglamento, contra el estándar interamericano de restricciones a derechos mediante leyes en sentido formal. En Colombia, una circular del MinTIC de 2025 fijó el procedimiento por el cual Coljuegos solicita, el ministerio valida y los proveedores ejecutan, con un alcance que incluye aplicaciones móviles, perfiles de redes sociales y canales de video. En Perú, el Mincetur bloqueó treinta y seis plataformas por decisión propia. Ecuador otorgó esa facultad por reglamento en junio, y el proyecto del gobierno argentino la repartiría entre distintos órganos. Y en Brasil, donde Anatel ha bloqueado cerca de cincuenta mil sitios por determinación del Ministerio de Hacienda, ese mismo mecanismo se usó en abril contra veintisiete plataformas de mercados predictivos, entre ellas Polymarket y Kalshi, donde las apuestas exceden a lo deportivo y han llevado a millonarios intentos de predicción sobre la próxima elección presidencial brasileña. Polymarket siguió accesible en varios estados sin necesidad de VPN, y su cuenta en Instagram publicó más de cien publicaciones sobre las elecciones brasileñas entre abril y agosto.

La casa siempre gana

Aunque parezca una obviedad que es necesario que el Estado intervenga allí donde hay denuncias de problemas, persisten las dudas sobre la idoneidad de los mecanismos y las capacidades institucionales para ejecutarlos apropiadamente. Brasil, con ley desde 2023 y decenas de miles de sitios bloqueados, necesitó un decreto adicional para perseguir los flujos financieros. En noviembre de 2025, los sitios cuyo bloqueo fue ordenado en Chile seguían operativos aunque las compañías declararan haber cumplido.

No basta con regular limitando el acceso y reemplazando el bloqueo por más identificación. Casi todas las medidas de protección que se reclaman, como la verificación de edad, los límites de depósito, la autoexclusión y la detección temprana del juego problemático, exigen establecer quién es cada persona que apuesta y observar lo que hace dentro de la plataforma. Es decir, aumentar la vigilancia. La infraestructura que permite identificar es exactamente la que permite perfilar, como mostró el caso de DraftKings. ¿En manos de quién queda, y bajo qué supervisión? Hoy, en manos de operadores cuyo negocio depende de que la persona siga jugando, y bajo una vigilancia desigual según el país.

El desplazamiento hacia la capa de pagos, que un proyecto de ley contempla en Chile, parece ofrecer un camino, aunque tampoco es gratuito y conlleva sus propias dudas. Trasladar el control a bancos y procesadores reproduce la arquitectura del cumplimiento delegado en intermediarios, con sus propias preguntas sobre error, opacidad y revisión. Y no resuelve la arista de la sobrecarga publicitaria ni los otros riesgos sobre poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Mientras los gobiernos persiguen dominios y discuten intermediarios, la industria sigue patrocinando ligas completas, operando con interfaces manipulativas y acumulando datos de millones de personas sin supervisión efectiva. Eso no admite esperar a la herramienta perfecta. Los Estados deben acompañar desde ya a quienes se han expuesto al daño, con autoexclusión, atención en salud y prevención escolar. Y deben dejar de confiar en códigos de conducta y listas de dominios para imponer obligaciones exigibles a las empresas y a toda su cadena comercial, con límites a la publicidad y al patrocinio, deberes de diseño, protección de datos fiscalizada por autoridades capaces y sanciones efectivas.

Esas obligaciones tienen que estar en la ley, y las restricciones que se impongan deben cumplir los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. No se trata de un freno a la regulación, sino de la condición para su efectividad y para su resistencia a la impugnación. Hasta que eso se materialice, en esta mesa, la casa sigue ganando.