Chile y el complejo camino para regular las plataformas digitales

Los esfuerzos emprendidos por el Congreso chileno para la regulación de las plataformas no cesan. Desde 2020 hasta la fecha, se presentaron casi medio centenar de proyectos de ley que buscan, bien sea a través de la creación de una ley general o a través de la reforma de otros cuerpos normativos existentes, abordar un muy extenso conjunto de asuntos relacionados.

Entre los temas de interés de quienes regulan, se incluyeron proyectos de regulación de personas trabajadoras de plataformas, de aplicaciones de transporte ciudadano, también de plataformas de delivery de comidas y, por supuesto, iniciativas enfocadas en la regulación de fenómenos como la desinformación, el ejercicio de la libertad de expresión en internet, el uso de redes sociales y dispositivos digitales por niños, niñas y adolescentes, la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual y el uso de deepfakes para dicho fin, entre otros.

Regular las plataformas digitales: una tarea inminente

Regular las plataformas digitales nunca fue tan urgente como ahora. Con su diseño, algunas de ellas generan nuevas y complejas dinámicas en el mundo del trabajo; otras, deciden con reglas poco claras o transparentes sobre la diversidad, amplitud de voces y temas que se discuten en la esfera pública digital. Algunas otras tienen el potencial, mediante su diseño opaco -que ahora se aceita con el uso de la IA- de exacerbar fenómenos complejos como la desinformación o la violencia en línea que se traslada al mundo analógico.

La mayoría, especialmente las más grandes plataformas digitales de gran escala desarrolladas por un grupo reducido de empresas, concentran una influencia considerable en la vida social y pública, con efectos potenciales en la salud mental y en procesos colectivos, como el ejercicio democrático.

Es importante destacar que, si bien regular emerge como una necesidad en este contexto, ello no es sinónimo de que no exista una regulación que no permita abordar su funcionamiento. En Chile, de hecho, existe un marco normativo que abarca materias como protección del consumo, protección a la competencia y la propiedad intelectual, protección de datos, de trabajo, de acceso a la información, entre otros, y ese debería ser el punto de partida.

Pero, en la práctica, regular de manera específica a las plataformas digitales se viene constituyendo como una prioridad, pues en su funcionamiento se involucran un entramado complejo de actores e intereses, así como se explotan y exacerban fenómenos (como la desinformación, la violencia de género en línea, el extractivismo severo de datos) que deben ser abordados de manera tal que la protección de las personas esté en el centro, y logre ser efectiva.

Problemas de los intentos de regulación

Regular las plataformas puede ser un fin loable, pero hacerlo de manera efectiva requiere más que la buena voluntad de las personas legisladoras. Por un lado, se precisa de técnica legislativa con un enfoque de derechos humanos para, por ejemplo, no sacrificarlos en aras de enfoques reactivos, casi siempre punitivistas o prohibicionistas que suelen, con frecuencia, ser la primera o única respuesta de quienes legislan.

Regular las plataformas desde un enfoque de derechos humanos significa, en términos generales, dos cosas. Por un lado, priorizar su protección, aún si eso significa, en ocasiones, poner límites a la manera en como se desarrolla un determinado modelo de negocio. Y, por otro lado, alinear las políticas y prácticas corporativas a tres verbos que deben ser accionables desde la política pública: prevenir, mitigar, y reparar los impactos ocasionados por sus operaciones.

Por ejemplo, el más reciente proyecto de ley sobre deepfakes, originado en la Cámara de Diputados para regular el uso no autorizado de atributos personales como la voz o la imagen a través de sistemas de IA, erosiona principios esenciales de la libertad de expresión, como el derecho de toda persona a formular críticas respecto a figuras y funcionarios públicos. Además, adopta figuras problemáticas como la “notificación y retiro” de contenidos en línea a cargo de las plataformas digitales, sin que medie orden judicial, entre otros. Omite, casi por completo, abordar las obligaciones de las empresas tecnológicas en la prevención, mitigación y reparación de los derechos de sus personas usuarias.

O el más ambicioso proyecto de ley discutido hasta ahora, en materia de regulación de plataformas, que fue debatido en el Congreso chileno en 2021. Se trata de una iniciativa que busca regular la totalidad de las plataformas digitales frente a un amplio y diverso conjunto de problemas: la desinformación, la protección de las infancias en línea, la protección de datos, la responsabilidad objetiva de las plataformas digitales -en dirección contraria a los consensos básicos sobre el efecto de esa medida en la libertad de expresión-, entre otros.

Este tipo de proyecto generalista no considera en su diseño que no todas las plataformas generan los mismos impactos para los distintos tipos de personas usuarias de sus servicios, ni tampoco considera que las plataformas crean dinámicas diferenciadas en el ejercicio de derechos (libertad de expresión, privacidad, trabajo, etc.) y por eso mismo, no pueden ser tratadas de la misma forma. A su vez, no tiene en cuenta que en un mercado digital altamente concentrado, la realidad de las plataformas (su tamaño y cobertura) y la localización de las empresas que las desarrollan, debe ser considerada en las dinámicas de futura exigibilidad de esa ley. Nuevamente, una iniciativa que no articula los deberes empresariales de prevenir, mitigar o reparar a sus usuarios como compromisos exigibles en derechos humanos.

Pero los problemas para regular las plataformas digitales en Chile no se limitan a cuestiones de técnica legislativa. En la región, hemos visto cómo el lobby de las plataformas digitales es tan feroz que, iniciativas regulatorias bien orientadas terminan frustrándose o diluyéndose hasta volverse ineficaces.

Tal es el caso de la reciente Ley de Salud Mental en Colombia, donde las plataformas digitales presionaron a quienes integraban el órgano legislativo para que, en lugar de que les fuera exigible su corresponsabilidad sobre lo que circula en línea e impacta en la salud de las niñeces, se afirmara una vez más el modelo de autorregulación. En la práctica, esto deja intacto su poder unilateral e inescrutable para definir los límites en la protección de sus personas usuarias.

O el caso de Brasil, donde el proyecto de regulación de la IA atenuó, por la presión de las grandes empresa tecnológicas, aspectos críticos como las evaluaciones de impacto en derechos, inicialmente obligatorias y ahora tan solo facultativas; matizó la protección de artistas y creadores, y omitió casi por completo los impactos ambientales de los Centros de Datos que oxigenan el funcionamiento de la IA.

Un lobby que se agudiza y saca dientes en el marco del gobierno de Donald Trump, que amenaza a las autoridades de los países que intenten regular a la Big Tech en el marco de la guerra arancelaria, tal y como pasó con Brasil en 2025 a quien EE. UU. aumentó los aranceles como reacción a la investigación judicial adelantada por jueces de ese país contra las plataformas digitales que tuvieron un rol preeminente en el golpe de Estado impulsado por J. Bolsonaro.

¿La salida viene de afuera? Chile en la esfera internacional

Aún cuando en Chile avanzan con rezago las regulaciones que abordan el impacto sociopolítico y sociotécnico de las plataformas digitales, la realidad es que la conversación sobre su regulación y gobernanza permanece más activa en la esfera internacional, en donde el país se posicionó como un actor visible en América Latina que acompaña, lidera o suscribe procesos de gobernanza de las plataformas digitales y la IA.

Por ejemplo, tomó un rol destacado en la negociación del Pacto Global Digital, y de la más reciente Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés). Respaldó la Iniciativa Global de UNESCO para la Integridad de la Información Climática, así como adhirió a la Declaración sobre Integridad de la Información sobre Cambio Climático. También, su representación fue visible en 2024 en la Cumbre de IA en París, en la que afirmó la importancia de avanzar en una gobernanza global de la IA con un enfoque de derechos humanos.

Sin embargo, las iniciativas de gobernanza y regulación de las plataformas digitales se encuentran amenazadas por la situación geopolítica actual, en la que la desafiliación reciente de EE. UU. de prácticamente cualquier entorno multilateral y de múltiples partes interesadas, amenaza con dejar solos en la discusión a los países que buscan que el estado actual de la gobernanza de las Big Tech cambie.

De manera que, a nivel nacional o internacional, los esfuerzos de regulación (y gobernanza) enfrentan retos que no son menores. Retos que, a medida que retardan el diseño de marcos de protección de las personas en riesgo, dejan preguntas que urge responder: ¿qué salidas, más allá de la acción individual de los países, conviene imaginar para avanzar en la efectiva regulación de las plataformas que pongan en su centro a las personas?, ¿cómo restar poder de lobby a las empresas tecnológicas que amenazan la efectividad y alcance de los esfuerzos regulatorios, cualquiera que sea su diseño y contenido?, ¿cómo incidir para que su modelo de negocios se alinee a los derechos de sus personas usuarias? O bien, ¿cómo mejorar la técnica legislativa de los proyectos de ley que, con fines loables pero con enfoques desacertados, buscan regular a las plataformas digitales?

Sobre esto último, desde Derechos Digitales tenemos claro que en todo proceso de política pública, la participación significativa de personas usuarias, grupos de la sociedad civil, empresas y otros grupos de interés, es la precondición necesaria para balancear los intereses en la discusión. El panorama regulatorio en Chile ahora se enfrenta a un cambio de sensibilidad política que se inclina hacia la extrema derecha. Esperamos, incluso, en ese escenario poder tomar parte de las discusiones que, anticipamos, se darán sobre regulación de las plataformas en el nuevo gobierno.