Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

Las operaciones de campañas sucias para manipular la opinión pública a través de redes sociales son un fenómeno cada vez más frecuente en nuestra región. Ante períodos electorales, se amplifican mediante la circulación masiva de desinformación y fake news. Recientemente Chile fue escenario de una serie de acusaciones cruzadas entre candidatas y candidatos presidenciales por recurrir a estos mecanismos, con cuentas falsas y anónimas que apuntaron a la difamación. Si bien en las investigaciones periodísticas se identificó la intervención de trolls, poco se habló sobre los bots y cuáles pueden ser sus efectos, tanto en procesos electorales como también en debates de agenda pública nacional.

Durante la 18ª edición del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF), participamos desde Derechos Digitales en múltiples sesiones sobre ciberseguridad, medio ambiente y protección de datos. Además, aprovechamos el encuentro para celebrar junto a organizaciones aliadas y amistades los 20 años de nuestra organización y lanzar una nueva edición de Latin America in a Glimpse: 20 años defendiendo derechos digitales. Este hito nos permitió mirar hacia atrás, reconocer lo aprendido y proyectar colectivamente los desafíos que enfrentan los derechos digitales en la región.

Aunque las autoridades latinoamericanas levantan la bandera de la lucha contra la desinformación en época electoral, parece ser que el problema no desaparece, sino que evoluciona. Más que novedad tecnológica, refleja desigualdad, desconfianza y derechos en disputa, pero no hay consenso que logre una voluntad política útil para desmantelar una práctica y una industria instaladas.

Mientras las grandes empresas tecnológicas de datos biométricos prometen un buen negocio para sus usuarias, los riesgos de esas operaciones van en aumento. La reciente orden de la autoridad colombiana de protección de datos para cerrar World Foundation y Tools for Humanity marca un antes y un después. Los organismos públicos de la región intentan poner frenos a la supuesta “prueba de humanidad” que viene demostrando graves peligros para la privacidad de la ciudadanía.

La comunicación para el cambio social nació para movilizar ideas y acompañar transformaciones colectivas. Las organizaciones sociales nos enfrentamos a un ecosistema dominado por plataformas cuyos sistemas de medición fueron diseñados para optimizar la rentabilidad y la atención, no para valorar procesos sociales o comunitarios. En ese contexto, muchas terminamos evaluando nuestro trabajo en función de métricas cuantitativas, aunque estas no reflejan del todo el valor de nuestras acciones. El reto no es abandonar los datos, sino evitar que estos nos definan.