La erosión de la libertad de expresión en Costa Rica
Costa Rica mantiene una buena reputación en libertad de expresión, pero esa fortaleza convive hoy con señales de deterioro. Tras un reciente proceso electoral donde se decidió la continuidad del proyecto de gobierno, el país enfrenta un escenario donde la confrontación con la prensa, los vacíos legales, el hostigamiento en entornos digitales y la normalización del silenciamiento configuran señales tempranas de una erosión que no ocurre de forma abrupta, sino progresiva. Esta columna examina esas tensiones y los riesgos de asumir que la tradición democrática es suficiente para protegernos.
Durante décadas, Costa Rica se presentó como una excepción democrática en Centroamérica, un país donde los derechos humanos se consolidaron frente a escenarios de inestabilidad en la región. Sin embargo, en los últimos años ese relato se ha tensionado en torno a la libertad de expresión. El país no está viviendo una ruptura autoritaria abrupta, sino una erosión progresiva que combina hostilidad política, vacíos legales y normalización social del silenciamiento.
La Clasificación Mundial de Libertad de Expresión de Reporteros Sin Fronteras muestra una caída progresiva: del 8° lugar en 2022, al 23° en 2023, 26° en 2024 y 36° en 2025, lo que representa el mayor retroceso en su trayectoria reciente. Este descenso no ocurre en abstracto: diversas coberturas periodísticas y análisis indican que durante el gobierno del presidente saliente Rodrigo Chaves Robles se impulsó una línea de confrontación con medios y periodistas, manifestada en ataques verbales, estigmatización de la prensa, presiones económicas y restricciones al acceso a la información pública que alimentan un clima de hostilidad, poco común en la historia del país.
Señales persistentes de presión sobre el ecosistema informativo y digital
En los años recientes, se vienen dando episodios que configuran un patrón reconocible de presión a la prensa. Uno de ellos fue la subasta de frecuencias de radio y televisión que generó fuertes cuestionamientos por su posible impacto en el pluralismo informativo y el acceso equitativo al espectro radioeléctrico. A esto se suman incidentes donde periodistas de medios digitales, especializados en verificación de datos, fueron objeto de restricciones o tratos diferenciados durante conferencias de prensa del Ejecutivo. En estos casos, la Sala Constitucional reconoció que estas prácticas vulneraban el ejercicio libre del periodismo.
Otro suceso fue el retiro de pauta estatal a un medio de comunicación luego de la publicación de contenidos satíricos sobre el gobierno. Según el Informe Nacional sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado de EE. UU., se indica que la acción configuró una forma indirecta de sanción económica.
Esta rotura está teniendo repercusiones concretas en la percepción social y en las prácticas comunicativas de la ciudadanía. Los datos de la III Encuesta sobre Libertad de Expresión (Proledi-UCR 2025) revelan que más de la mitad de la población percibe un deterioro en su libertad de expresión y declara haber evitado expresar opiniones en redes sociales por temor a represalias o consecuencias. La percepción de censura y autocensura está en los niveles máximos de los últimos tres años, marcando el pulso de un entorno en el que internet y las plataformas digitales se convierten tanto en espacios esenciales de discusión como en territorios de riesgo para quienes discrepamos o criticamos al poder.
Costa Rica atrapada en la ola autoritaria
Las recientes elecciones del 1 de febrero marcaron un punto de inflexión en la política costarricense. La candidata oficialista Laura Fernández (aliada política y exministra de Chaves) logró una victoria en primera vuelta con alrededor del 51% de los sufragios, superando al principal contendiente de la oposición y evitando la segunda ronda.
Más allá del resultado de la votación, lo que preocupa es la consolidación de un clima político que debilita los contrapesos democráticos. La normalización del ataque a la prensa, la deslegitimación sistemática de voces críticas y la construcción de enemigos internos son rasgos ampliamente documentados en procesos de autoritarismo en la región. Que estas prácticas encuentren respaldo electoral en Costa Rica marca un quiebre en el país.
Sin equipararse aún a los escenarios más extremos, el gobierno costarricense comienza a reproducir patrones conocidos en los países centroamericanos. Desde Derechos Digitales lo hemos alertado. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se dieron exilios masivos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en 2025, una situación que resuena más allá de sus fronteras y evidencia la fragilidad de la libertad de expresión cuando se normalizan narrativas de control por encima del debate crítico. En Honduras o Nicaragua, los medios enfrentan no solo presiones económicas y legales sino amenazas directas, lo que pone en perspectiva la preocupación costarricense como parte de un denominador común más amplio en la región.
El informe de la Fundación Heinrich Böll sobre libertad de expresión en Centroamérica evidencia que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua ocupan posiciones muy bajas en los índices internacionales, reflejando contextos donde censura, criminalización del periodismo y violencia contra comunicadores son fenómenos recurrentes, y donde muchas veces no queda medio independiente alguno.
El escenario electoral de 2026 consolidó prácticas y narrativas que proyectan sus efectos más allá del ciclo electoral.
Derechos reconocidos, protecciones insuficientes
En términos generales, la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica cuenta con una protección normativa robusta. La Constitución Política reconoce el derecho a la libre comunicación del pensamiento sin censura previa y prohíbe cualquier forma de restricción indirecta. A ello se suma la adhesión del país a instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que obligan al Estado no solo a abstenerse de censurar, sino a garantizar condiciones efectivas para su ejercicio libre y seguro.
Sin embargo, esta solidez no se traduce en un desarrollo legislativo integral que permita enfrentar los desafíos contemporáneos. Como se evidenció en los casos registrados anteriormente, el rol de la Sala Constitucional fue clave para contener algunas de las amenazas más evidentes. Estos fallos funcionaron como un contrapeso institucional frente a decisiones administrativas y prácticas gubernamentales que, de otro modo, habrían consolidado restricciones indirectas al ejercicio periodístico. Pero el rol de la Sala Constitucional como principal barrera de protección también evidencia que se depende cada vez más de la judicialización posterior, y no de políticas públicas preventivas.
A las alertas señaladas, se suma la evaluación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en 2025 señaló la existencia de un “ambiente de creciente deterioro de la libertad de expresión” en Costa Rica, marcado por el hostigamiento en redes sociales a personas críticas del gobierno y por el uso discrecional de recursos públicos como la pauta oficial. Estas prácticas, aun cuando no constituyen censura directa, generan un efecto inhibidor para la autoexpresión.
Diversas organizaciones de la sociedad civil vienen planteando una advertencia: el marco legal costarricense resulta insuficiente para abordar la violencia digital. Informes como Freedom on the Net 2024 subrayan que, las referencias a internet se resuelven caso por caso a partir de derechos tradicionales, sin una tipificación clara ni mecanismos procesales adecuados para enfrentar violencias en plataformas digitales, lo que deja amplios márgenes de impunidad y desprotección.
Esta brecha entre el reconocimiento normativo y la protección efectiva fue documentada también por otras organizaciones especializadas. El informe Libertad de Expresión en Costa Rica 2024 de la Universidad para la Paz advierte que las agresiones al ejercicio periodístico se reproducen y amplifican en entornos digitales, donde se organizan campañas de descrédito, se normaliza la intimidación y no se dan las condiciones para un debate público libre. En una línea complementaria, el Informe Alternativo del Examen Periódico Universal (EPU), elaborado por Sulá Batsú y CEJIL, señala un aumento sostenido de violencia digital de género y ataques de odio en línea dirigidos particularmente a mujeres periodistas y defensoras.
Sobre este tema, el trabajo de Derechos Digitales refuerza que estas dinámicas afectan de manera diferenciada a mujeres y personas LGBTIQA+, ya que restringe la participación pública y reproduce desigualdades estructurales en el entorno digital. Recientemente, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se propusieron principios orientadores para reformas legislativas y políticas públicas, que apuntan a transformar no solo el reconocimiento normativo, sino también las capacidades estatales y sociales necesarias para proteger y garantizar la libertad de expresión en espacios digitales de forma efectiva y con perspectiva de derechos humanos.
Fortalecer la libertad de expresión en medio de la erosión democrática
En América Latina, el debilitamiento de la libertad de expresión se convirtió en una de las primeras señales de tendencia autoritaria, la experiencia en nuestros territorios demuestra que su desgaste rara vez comienza con censura directa. Costa Rica todavía cuenta con instituciones, estándares y capacidades para revertirlo, pero esa ventana no es indefinida.
Asumir que la libertad de expresión está garantizada por inercia es uno de los riesgos más altos del momento actual. Para fortalecerla no basta con invocar la tradición democrática ni confiar exclusivamente en la fortaleza institucional heredada.
Implica asumir responsabilidades concretas: actualizar el marco legal para enfrentar violencias digitales sin criminalizar la expresión, establecer reglas claras y transparentes para la comunicación estatal, garantizar mecanismos efectivos de protección a periodistas y personas comunicadoras, y reconocer que las plataformas digitales son hoy infraestructuras políticas que requieren regulación con enfoque de derechos humanos.
