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Hace algún tiempo hay una peligrosa tendencia mundial que, por cierto, tiene cabida también en Latinoamérica: regulaciones que bajo el atendible pretexto de combatir la pornografía infantil en Internet, terminan afectando los derechos humanos de una enorme mayoría de usuarios. Argentina nos trae un nuevo caso.

Cada vez es más común el uso de redes sociales y sistemas de mensajería, incluso en el lugar de trabajo. Pero ¿qué ocurre si el jefe estima que tiene derecho a revisar esas comunicaciones? En Chile, la justicia ha planteado algunos criterios que dan pistas sobre el estado del debate en el país.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos las Naciones Unidas acaba de publicar el reporte «Right to Privacy in the Digital Age”, un contundente espaldarazo a la protección de la privacidad en línea. Acá te explicamos las razones.