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Para los chilenos se ha vuelto una costumbre leer titulares de prensa donde las autoridades de gobierno proponen solucionar un problema social a través de la adopción de algún tipo de tecnología. Y eso no es algo negativo en sí mismo; la tecnología tiene el potencial para servir de apoyo en la solución de muchísimos desafíos.

El pasado 6 de julio, el consorcio World Wide Web (W3C), la organización que fija los estándares para el funcionamiento de la Web, anunció públicamente su intención de publicar el estándar para video en la web conocido como EME (siglas en inglés de Encrypted Media Extensions).

En el #IETF99 se discuten las reglas que conforman la arquitectura de internet. Estas reglas, llamadas protocolos, son políticas porque afectan nuestros derechos humanos, aunque sean invisibles para los usuarios.

El principio de neutralidad de la red permite que Internet sea un espacio de libertad e innovación. Y aunque internet es una, la amenaza a este principio en Estados Unidos nos afecta también en América Latina y el mundo, pues es allí donde todavía se definen los modelos de negocios para servicios en internet y gran parte del tráfico mundial de la red se encuentra en su territorio.

Cualquier plan de seguridad pública debe contemplar el respeto de la privacidad de la ciudadanía. Es obligación del Estado proveer condiciones para el ejercicio de las libertades públicas de las personas.

Necesitamos un marco normativo que garantice la lealtad y transparencia en la recolección y el procesamiento de datos personales. Los consumidores deben ser reconocidos como sujetos cuya dignidad y derechos trascienden la explotación económica por parte de las empresas que manejan dicha información.

El desarrollo de una infraestructura adecuada para el acceso de alta velocidad a internet tiene fuerte incidencia en el desarrollo económico y social de los países, pero ¿qué tan exitoso es el modelo de licitaciones públicas para la provisión del acceso a internet?

Luego de cuatro décadas, el último fin de semana de junio continúa convocando en las calles a personas que tradicionalmente han sido excluidas, discriminadas y estigmatizadas por tener experiencias de género, orientaciones sexuales y afectivas diversas. La Marcha del Orgullo es un carnaval para celebrar y seguir luchando por la dignidad. Y si todavía es necesario tomarse las calles, el camino por recorrer en los entornos digitales es aún más largo.