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En México se ha puesto a consulta pública un anteproyecto de ley que busca legitimar medidas abusivas que, menoscabando el interés público, benefician a los proveedores de acceso a internet y sus socios comerciales. Además esta ley abriría la posibilidad a que el gobierno use internet como una herramienta de censura y vigilancia de forma legítima y sin restricciones.

Frente a la represión que el Estado chileno ha ejercido sobre la legítima protesta social, nos oponemos a la implementación de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial en el espacio público. Está demostrado que estas tecnologías no nos protegen: su implementación nos vulnera y entrega al Estado capacidades que menoscaban nuestros derechos.

La implementación de un sistema de votación electrónica crea oportunidades artificiales para manipular los resultados de una elección sin dejar trazas, genera mecanismos de caja negra y creando una barrera insalvable entre el elector y el sistema de elecciones

Tras las movilizaciones sociales del año pasado, la Fiscalía de Chile -a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales- ha incurrido en prácticas que resultan invasivas a través de medidas que, además de no cumplir la normativa vigente, vulneran los derechos de las personas afectadas.

El abusivo trato que el Estado ha brindado a Roberto Campos y el bochorno del informe Big Data del gobierno son evidencia clara de que existe una tarea pendiente de actualización de estándares normativos y transparencia en el uso de estas herramientas tecnológicas