50 archivos de Pablo Viollier

Frente a la represión que el Estado chileno ha ejercido sobre la legítima protesta social, nos oponemos a la implementación de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial en el espacio público. Está demostrado que estas tecnologías no nos protegen: su implementación nos vulnera y entrega al Estado capacidades que menoscaban nuestros derechos.

Tras las movilizaciones sociales del año pasado, la Fiscalía de Chile -a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales- ha incurrido en prácticas que resultan invasivas a través de medidas que, además de no cumplir la normativa vigente, vulneran los derechos de las personas afectadas.

A través de este tratado Chile, Singapur y Nueva Zelanda buscan -además de establecer reglas comunes- generar un estándar que sea un ejemplo a seguir para los países que pretendan incorporar estas temáticas a nivel bilateral o multilateral.

La urgencia por resolver las falencias en materia de protección de datos personales refuerza la necesidad de ajustar las medidas legales para proteger los derechos de la ciudadanía chilena.

La implementación de las disposiciones del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia resulta fundamental para que Chile actualice su marco normativo y enfrente de forma efectiva los delitos informáticos.