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La propuesta de un senador mexicano para regular las redes sociales genera preocupación sobre el modelo normativo que podría imponerse en América Latina.

La libertad de expresión, además del derecho al acceso al conocimiento y la cultura, se enfrentan a nuevas dificultades para su ejercicio en línea en la región.

A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del año los gobiernos nacionales y locales se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial.

El hackeo de uno de los principales servicios digitales del gobierno de Chile puso en relieve las carencias en seguridad digital de las autoridades políticas. A pesar de los daños, no parece haber prisa en hacer algo al respecto.

El regulador de telecomunicaciones en Chile estableció las condiciones técnicas para asegurar la velocidad de los servicios de internet y, junto con ello, sembró una serie de dudas sobre la recolección y uso de datos personales.

El inminente pronunciamiento sobre el uso de aplicaciones de comunicación con cifrado por parte de la más alta corte de justicia en Brasil constituye la más próxima expresión de una disputa global que puede comenzar a resolverse en América Latina.

Incontables iniciativas estatales y privadas pretenden proveer de soluciones a la expansión del COVID-19, incluso en América Latina. A pesar de los llamados a la cordura y al respeto por los derechos fundamentales, persiste en nuestra región un intento por usar la vigilancia como solución, inclusive para problemas que van más allá de la salud pública. ¿Sobreviviremos al brote de vigilancia?

El abusivo trato que el Estado ha brindado a Roberto Campos y el bochorno del informe Big Data del gobierno son evidencia clara de que existe una tarea pendiente de actualización de estándares normativos y transparencia en el uso de estas herramientas tecnológicas

Más de diez años después de los primeros debates impulsados por el Ministerio de Cultura para la reformulación de la normativa sobre derechos de autor brasileña, una consulta pública lanzada por el gobierno de Bolsonaro parece indicar una nueva pauta de cambios regulatorios en la región.

La peligrosa capacidad de algunas empresas de internet para controlar la circulación de información en la red corre el riesgo de cambiar, concentrando aún más poder en unos pocos.