Conectividad en emergencias: Chile, Venezuela y Brasil, y las lecciones que dejan

El acceso a internet en contextos de emergencia es vital. Sin conectividad, el acceso a información en tiempo real, el monitoreo y seguimiento de la emergencia, la identificación de víctimas y personas afectadas, la localización y el acceso a ayudas se ve seriamente limitado, sin mencionar lo esencial que la comunicación directa e inmediata se torna para el alivio de familiares, la articulación de grupos y redes locales de apoyo, entre otros.

Sin conectividad, además, se ven reducidas las fuentes de producción de datos que contribuyen a contrarrestar la desinformación que, en estos escenarios, entorpecen de manera grave las acciones enfocadas en salvar vidas. Y si bien es cierto que la mayoría de los desastres naturales son impredecibles, y el cambio climático está aumentando la frecuencia con la que ocurren, también lo es que la falta de preparación ante una posible emergencia puede intensificar su capacidad catastrófica.

Como veremos ahora, la experiencia de estos tres países parece sugerir que, cuando se piensa en los planes de emergencia para la resiliencia de la conectividad, éstos o bien enfocan la responsabilidad del lado de las personas usuarias, o bien se improvisan de manera que pueden poner en serio riesgo a los actores que hacen posible la conectividad en nuestros países.

Entonces ¿qué tipo de resiliencia en conectividad está construyendo la región, y para quién? Y más allá del estado de redes, antenas y cables submarinos, ¿qué elementos deberían ser parte de los planes de resiliencia de la conectividad, considerando su centralidad en la vida cotidiana antes, durante y después de una emergencia, y la gravedad de los desastres que se avecinan?

Chile: el plan es pedirle a los usuarios que no colapsen la red

Chile fue afectado recientemente por un fenómeno climático que aumentó dramáticamente los niveles de lluvias normales a la fecha, al punto de producir inundaciones y tormentas eléctricas que han dejado un saldo de al menos 13 personas fallecidas y 23 mil viviendas afectadas.

Frente a tal situación el Ministerio de Telecomunicaciones chileno presentó el Plan Nacional de Conectividad en Emergencias. El Plan Nacional contempla diez acciones de coordinación entre los proveedores del servicio de internet (PSI) a nivel nacional y las autoridades de emergencias y telecomunicaciones. Entre las acciones posibles de contingencia, prevé la activación gratuita de roaming de todos los grandes PSI para conectar a usuarios sin acceso a internet móvil.

Parte integral de ese plan es el llamado del gobierno a las personas usuarias de internet a hacer un  “uso responsable” de la red durante emergencias. Para ellos, recomienda “evitar la transmisión de videos, descargas de archivos pesados y el uso intensivo de redes sociales, con el fin de no saturar las redes”. El plan recomienda de hecho priorizar “mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y llamadas breves solo en caso necesario [y evitar] el uso intensivo de redes sociales para evitar su saturación”.

Se trata en principio de un pedido excesivo. El consumo y la transmisión de información y contenidos, inclusive en redes sociales, mantiene informada o actualizada a la ciudadanía, y en más de una ocasión estos han sido los únicos medios por los que se informan las personas. Más aún, ante emergencias –como la que experimentamos en materia de salud pública durante el COVID-19-, la dependencia y el consumo de servicios en línea aumenta precisamente para dar continuidad a las actividades de la vida cotidiana, como el acceso al trabajo, la salud, la educación, y otros servicios privados o públicos. Finalmente, es un canal efectivo en comunicar urgencias que ameritan la acción de las autoridades.

Que el Plan Nacional dependa del “uso responsable” de internet, puede amplificar la vulnerabilidad de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones y dar paso a medidas más extremas, como la suspensión temporal de la neutralidad de la red (regulada en Chile desde 2011) para priorizar el acceso a ciertos sitios web y contenidos sobre otros que “saturan la red”. Esta posibilidad ya fue discutida en Colombia durante la pandemia, una hipótesis, ante el temor de un posible apagón de internet provocado por el aumento de la demanda sobre la red durante las cuarentenas.

Venezuela: la improvisación es el único plan

Si en Chile el desafío es cómo pedirle a la ciudadanía que modere su uso de internet, en Venezuela el problema es distinto, pero igual de urgente: ¿qué pasa cuando el propio ecosistema de conectividad no tiene capacidad de recuperarse por sí mismo?

A propósito del reciente doble sismo, la mermada capacidad del ecosistema de conectividad local, por años desfinanciado y debilitado, se vio afectado a tal punto que, a un mes después del desastre natural, la red en el país solo opera al 50% de su capacidad real.

En este escenario, y ante las debilidades del ecosistema local de conectividad para restablecer el acceso a internet de manera inmediata después del terremoto, actores como Starlink han cobrado centralidad al facilitar conectividad satelital en Venezuela. La sociedad civil organizó puntos de conectividad en la zona gracias a la tecnología satelital de Starlink. De hecho, la empresa de Elon Musk ofreció, para antiguos y nuevos clientes, acceso gratuito a internet para facilitar las labores de rescate y atención de la emergencia.

Esta medida, que ofrece un alivio temporal en un contexto de crisis donde la conectividad es esencial, contrasta con la ausencia de políticas públicas para robustecer la infraestructura de internet y fortalecer  las capacidades operativas y tecnológicas de los PSI, de modo que puedan restablecer la conectividad en el país.

Sin políticas para abordar emergencias de este tipo, se corre el riesgo de que, a largo plazo, las contingencias terminen por consolidar el rol dominante en el mercado de internet de grandes empresas como Starlink, que cuentan con una ventaja competitiva en la provisión de conectividad satelital que, por sus condiciones técnicas, es inmune a una gran variedad de desastres naturales, incluidos huracanes e inundaciones.

Brasil: sin un plan robusto, se fortalecen los actores más grandes

Mientras en Venezuela el riesgo es la dependencia de actores privados poco transparentes ante la debilidad estatal, en Brasil la emergencia expuso otra cara del mismo problema: qué pasa con los proveedores más pequeños, aquellos que no tienen la escala de Starlink ni el respaldo de una gran operadora, pero que resultan indispensables para conectar a las personas.

En mayo de 2024, las inundaciones en el estado Río Grande do Sul, Brasil, habían afectado gravemente a pequeños proveedores de servicios de internet que entregan al menos el 92.4% de banda ancha en municipios con menos de 50 mil habitantes. Las inundaciones afectaron su infraestructura crítica, incluyendo antenas y torres de telecomunicación, dejando al menos 12 ciudades de ese estado completamente incomunicadas. Fue tal el impacto del desastre natural sobre la infraestructura de conectividad, que grandes operadores como Claro, TIM y VIVO, habilitaron el servicio de roaming para que personas usuarias de otras empresas pudiesen conectarse a alguna de esas tres redes de manera gratuita.

El caso de Brasil plantea la pregunta sobre cómo asegurar la sostenibilidad y resiliencia de pequeños actores que forman parte del ecosistema de conectividad, y que son esenciales para cerrar la brecha digital en la ruralidad.

En el marco de las inundaciones, de hecho, la asociación InternetSul, que agrupa a pequeños PSI de Brasil, lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar económicamente a proveedores del servicios de internet afectados y amenazados por pérdidas económicas que los exponían a su posible desaparición del ecosistema de conectividad local.

Si bien en Brasil, como en muchos otros países de la región, existe un Fondo Universal de Telecomunicaciones destinado a beneficiar a los PSIs en contextos de contingencias, las condiciones burocráticas de acceso a dichos recursos resultan más fácilmente sorteables por las grandes PSI, algo que los pequeños proveedores acusaron en el contexto de emergencia como una “barrera competitiva”.

Al tiempo que los pequeños PSI pedían donaciones vía PIX, Starlink también emergió como un actor central en la discusión sobre la conectividad en la emergencia. La empresa donó mil antenas de internet satelital y liberó la señal de internet tras una solicitud del entonces Ministro de Telecomunicaciones. Se trató de una acción que ganó tal centralidad mediática que hizo creer a la población local que Starlink era la única empresa de internet en funcionamiento, una situación que fue desmentida por la prensa local.

Los desastres que se aproximan y planificar a tiempo

Para diseñar verdaderos planes de resiliencia de conectividad ante desastres, hace falta evaluar no solo el grado de inversión actual en infraestructura de telecomunicaciones, ni monitorear el estado de cables, antenas y redes antes y durante un desastre natural, sino enfocar la mirada en la desigualdad digital más allá del simple acceso a internet.

Por ejemplo, urge reconocer que la conectividad es un derecho de acceso desigual en muchos de nuestros países. Los escenarios de emergencia exacerban la desconexión para las comunidades en el peor extremo de la brecha digital, tal y como se evidenció durante la pandemia. Los planes de contingencia deben considerar acciones diferenciales, y priorizar  a las poblaciones en riesgo pues sin internet, el apagón que experimentarán será también informativo.

También, conviene considerar que la conectividad en nuestra región está concentrada en muy pocos nodos de interconexión con el resto del mundo, lo que amplifica la vulnerabilidad de los países y, con ello, de la región ante un desastre que pueda afectarlos de manera grave, tal y como sucedió recientemente en Venezuela. En tanto que los desastres naturales no conocen fronteras, los planes de emergencias deben superar la preocupación por lo que acontece solo al interior de las fronteras de un país, si queremos mantener a internet como una red de redes resiliente en sus puntos de distribución.

Los planes, por supuesto, no pueden depender de la buena voluntad de pocos y poderosos actores del mercado de conectividad. Mucho menos de sobrecargas a las personas usuarias de internet para mantener “usos razonados”. En su diseño, en cambio, conviene considerar alternativas de conectividad eficiente y de despliegue veloz (como la conectividad D2C, que por su diseño, permite conectar un teléfono directo a una antena satelital aun cuando redes, antenas y cables estén inundados, como sucedió en Brasil en 2024).

Cualquiera que sea la fórmula, lo cierto es que las próximas emergencias climáticas o naturales en la región no son una hipótesis. La pregunta que dejan Chile, Venezuela y Brasil es si la región seguirá improvisando respuestas caso por caso, o si finalmente construirá planes de resiliencia en conectividad que protejan tanto a la infraestructura como a las personas y a los actores que la sostienen.