Historias de trabajo sexual en plataformas digitales: entre la autonomía prometida y las violencias históricas agravadas
¿Cuáles son las violencias de género facilitadas por las tecnologías que enfrentan las trabajadoras sexuales en las plataformas digitales? En este artículo, Laura Mantilla-León, analista de Políticas Públicas de Derechos Digitales, reflexiona sobre cómo las promesas de que la tecnología puede mejorar sus condiciones de trabajo,por ejemplo, a través de mayor autonomía y seguridad, conviven con el acoso digital, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el chantaje y las amenazas a su privacidad. Al mismo tiempo, el artículo analiza cómo los propios modelos de negocios y las políticas de las plataformas pueden profundizar estas vulnerabilidades, en contextos de escasa protección sobre los datos personales y respuestas insuficientes ante abusos. Frente a este escenario, se recalca que las personas trabajadoras sexuales vinculadas a plataformas digitales deben tener sus derechos humanos, laborales y sanitarios garantizados en sintonía con los reclamos de cientos de colectivas activistas en la región y el mundo.
Esta columna fue publicada originalmente en LatFem
Violetta lleva seis años creando y subiendo contenido sexual y erótico en una plataforma digital de alcance mundial que aloja miles de suscriptores. Decidió ingresar motivada por las historias de éxito económico de amigas, sumadas a las promesas de independencia, consentimiento, autonomía y seguridad de la intermediación tecnológica del trabajo sexual. Invirtió unos 1800 USD en computadora, cámara profesional, internet cableado, adecuación de una habitación para grabar, entre otros. La plataforma digital que aloja y amplifica su contenido se queda con cerca del 30% de sus ingresos. Violetta trabaja entre 4 y 6 horas al día y sube contenido diario para aumentar las posibilidades de tener suscriptores pagos.
Iris es una trabajadora sexual y el sostén económico de su familia y su hija. Durante la pandemia por COVID-19, ante dificultades para pagar sus estudios universitarios, ingresó a la industria webcam. Frente a la falta de un dispositivo tecnológico y conectividad a internet en su casa, se vinculó a un “estudio” que le proporcionaba el espacio y las herramientas tecnológicas necesarias. Allí, Iris cumple turnos y horas de trabajo a cambio de una remuneración y una supuesta flexibilidad, autonomía y libertad en sus actividades. La plataforma digital de alcance mundial que transmite sus sesiones se queda entre el 40% y el 65% de los ingresos generados, y el estudio el 60%. Para garantizar las visitas a su contenido, Iris llegó a trabajar hasta 10 horas seguidas sin descanso.
Acuarela es una trabajadora sexual que vende contenido erótico en plataformas digitales como un ingreso extra. Inició en la pandemia promocionando sus servicios digitales en redes sociales y enfrentando la censura de los algoritmos. Aunque al principio fue lucrativo, la inversión de tiempo en crear contenido y la exposición para promocionarlo no se veían del todo retribuidas. Luego de un tiempo, decidió no seguir siendo visible en espacios digitales ni exponer más su imagen, por lo que cerró sus perfiles públicos, cambió su nombre de usuario y evitó mostrar el rostro en fotos de perfil para cuidarse. Sin embargo, ha encontrado su contenido en otra plataforma bajo historias y perfiles falsos, y aunque hizo la denuncia, la plataforma nunca bajó las publicaciones.
Tanto las empresas de plataformas digitales como los estudios webcam requieren una revisión y transformación urgente de sus políticas de operación y de sus interfaces tecnológicas para abarcar el impacto y las violencias que están amplificando.
Las historias de Violetta, Iris y Acuarela representan modalidades distintas de trabajo sexual intermediado por plataformas digitales, y resuenan con la experiencia de miles de personas en América Latina y el mundo que tienen esta actividad como fuente de sustento económico.El trabajo sexual a través de plataformas se popularizó de la mano de discursos supuestamenteprotectores y emancipadores que prometen la eliminación de intermediarios, el respeto a los propios límites y el consentimiento de las personas trabajadoras sexuales, así como la posibilidad de ganar dinero desde la seguridad del hogar.
Sin embargo, como lo vienen señalando algunos estudios, ese lenguaje funciona en gran medida como una estrategia persuasiva. De esta manera, las plataformas digitales apelan a las violencias que históricamente han vivido las personas trabajadoras sexuales; se nutren de las dificultades socioeconómicas, la informalidad y el desempleo, y financian su modelo de negocio con el contenido que ellas crean, sin ofrecer garantías reales para sus derechos ni para su seguridad, tanto en línea como fuera de ella.
Organismos internacionales de derechos humanos reconocen que la decisión de ejercer trabajo sexual, la cual movimientos y activistas en América Latina y el mundo defienden como legítima y reivindican como parte de la capacidad de agencia y la autonomía corporal, enfrenta, al mismo tiempo, contextos de alto riesgo, violencia estructural y desigualdad que pueden verse amplificados por las tecnologías. Por ello, dicha actividad requiere la protección social, institucional y política debida para que, frente a esos riesgos, las personas que la ejercen tengan plenamente garantizados sus derechos humanos y laborales, como la salud, la privacidad y la protección de datos personales
Violencias de género facilitadas por las tecnologías en el trabajo sexual
El trabajo sexual a través de plataformas, en sus diferentes manifestaciones, se sitúa en la intersección entre el trabajo feminizado, el estigma y la economía informal de plataformas. Esta combinación lo convierte en una actividad susceptible a situaciones riesgosas, donde ocurren con facilidad múltiples violencias de género facilitadas por las tecnologías (VGFT).
Un estudio realizado junto a 42 personas trabajadoras sexuales que utilizan plataformas en Uruguay, evidenció que las tecnologías perpetúan y agravan la VGFT.Por ejemplo, denunciaron la circulación no consentida de imágenes íntimas; la creación de perfiles falsos en redes sociales y otras plataformas que usaban el contenido erótico para ganar seguidores; acoso digital manifestado en recibir material explícito no solicitado en chats personales; y chantaje y violencia psicológica por parte de suscriptores que presionan con difundir el contenido sexual si la persona trabajadora no accede a requerimientos específicos. Las personas entrevistadas dijeron tener poco o nulo control sobre su contenido en la medida que la duplicidad de imágenes es una estrategia empresarial común entre las plataformas digitales.
Cuando las trabajadoras piden que eliminen los perfiles y el contenido, algunas aplicaciones no responden, mientras otras guardan las imágenes y, tras un tiempo, vuelven a publicarlas. Acuarela, por ejemplo, sabe que el contenido erótico en entornos digitales es difícil de controlar y que puede filtrarse, por lo que se protege evitando mostrar su rostro. Ante la inacción de las plataformas frente a la divulgación no consentida de imágenes íntimas, Acuarela ha recurrido a la acción colectiva y a estrategias de solidaridad con compañeras para denunciar los contenidos de forma masiva.
La plataforma digital de alcance mundial que transmite sus sesiones se queda entre el 40% y el 65% de los ingresos generados, y el estudio el 60%. Para garantizar las visitas a su contenido, Iris llegó a trabajar hasta 10 horas seguidas sin descanso.
Estas experiencias, evidencian las tensiones en torno al control sobre la propia visibilidad y el consentimiento respecto del uso, circulación y permanencia en plataformas que median contenido sexual, donde los modelos de negocios evitan incorporar al consentimiento como un principio operativo, lo que se traduce en la ausencia de mecanismos efectivos de reporte, respuesta y reparación.
Situaciones como estas, que afectan de forma desproporcionada a grupos como las trabajadoras sexuales trans, no binarias, indígenas o migrantes, se agravan en modalidades de trabajo como la de Iris, el webcam, una industria que se despliega de la mano de una jerarquía de roles adicionales al de la persona trabajadora sexual, desempeñados en su mayoría por hombres, que potencian los escenarios de violencia y posible explotación laboral. Por ejemplo, el rol de los llamados “monitores” quienes, entre muchas funciones, responden los chats de las transmisiones en nombre de las trabajadoras.
“Cuentas recicladas” en la industria webcam como medio de coacción
En otro informe, 55 personas trabajadoras sexuales de la industria webcam en Colombia evidenciaron una dinámica de gran preocupación por sus impactos en los derechos y libertades fundamentales: las cuentas recicladas por parte de los estudios. Cuando Iris entró al estudio que facilitaría el espacio y la conectividad para sus transmisiones le fue asignada una cuenta “reciclada” de una trabajadora antigua. De esta forma, trabajaba con el nombre de usuario de esa trabajadora, utilizando su perfil y bajo las condiciones que este anunciaba.
Ante esta dinámica y estrategia comercial de los estudios, muchas trabajadoras sexuales de la industria webcam se ven ante el escenario de comprar sus cuentas al irse de los estudios, lo que se traduciría en pagar “por el uso de su propia identidad”. Si no pueden costear el precio de su cuenta, se encuentran con que los estudios las bloquean a través de disposiciones sobre fraude de identidad en las plataformas digitales que transmiten el contenido. El alquiler de cuentas genera una gran dependencia con el estudio, e impide a muchas de las personas trabajadoras buscar condiciones más seguras y autónomas, pues el costo de construir una audiencia de cero suele ser muy elevado.
Opacidad de las plataformas y el costo del descanso en el trabajo sexual
Según un estudio de RedTraSex, en el trabajo sexual en modalidades digitales surge con frecuencia la pregunta sobre qué tan automatizados están los procesos de recomendación de contenido o de perfiles (en el caso de Violetta y Acuarela), así como los mecanismos que determinan las visitas o el tráfico de clientes según la presencia en pantalla (en el caso de Iris). Iris, por ejemplo, duda si tomarse descansos durante sus jornadas, ya que en el estudio webcam le advirtieron que, si desaparece de la pantalla, la plataforma digital interrumpe la transmisión y las visitas de clientes se detienen, lo que significa empezar de cero.
Violetta y Acuarela, por su parte, no tienen claridad sobre hasta qué punto las calificaciones de los clientes inciden en la visibilidad de su perfil o si existen algoritmos de recomendación detrás. Por ejemplo, sospechan que si un suscriptor las califica mal por no acceder a alguna de sus peticiones, el alcance de sus perfiles se vea comprometido.
Los derechos a la desconexión y el descanso laboral deben ser plenamente garantizados a las personas trabajadoras sexuales en las plataformas digitales. Estas últimas, necesitan informar de manera suficiente sobre el grado de automatización de sus interfaces y cómo afecta el ejercicio de esos derechos, así como la autonomía corporal y capacidad de acción de las trabajadoras. En concreto, se debe asegurar que las trabajadoras cuenten con condiciones justas que permitan cubrir necesidades básicas como disponer de tiempos efectivos para comer, hidratarse e ir al baño (en el caso de los estudios), así como la capacidad de poder rechazar pedidos de los suscriptores (en el caso de las plataformas), sin que ello repercuta negativamente en su acceso al trabajo o en sus ingresos.
El rol y la responsabilidad de las plataformas digitales
Prácticas como las anteriormente descritas han sido abordadas en jurisprudencia previa en la región, exigiendo a las plataformas y a los estudios protecciones laborales específicas que permitan a las personas trabajadoras sexuales acceder a derechos básicos, así como mecanismos de remediación y reparación frente a la VGFT.
En las investigaciones consultadas, las trabajadoras manifestaron que, por diseño, las interfaces tecnológicas de las plataformas deberían prohibir las capturas de pantalla o la grabación de las mismas. En el caso puntual de las trabajadoras webcam, estas recalcaron la importancia de ponerse en contacto con un representante humano de las plataformas para denunciar abusos que se produjeran en los estudios. Asimismo, explicaron que el control absoluto que los estudios ejercen sobre todo lo que ocurre en la pantalla limita sus posibilidades de denunciar abusos ante las plataformas. Además, para hacerlo, necesitan tener control sobre sus cuentas y sobre los datos con los que fueron creadas.
Es por esto que se hace urgente abordar el trabajo sexual a través de plataformas digitales mediante políticas comprensivas, con enfoque de género e interseccional que reconozcan esta actividad como un trabajo ampliamente reivindicado y legítimo, cuyas situaciones de riesgo se profundizan con la intermediación tecnológica. Tanto las empresas de plataformas digitales como los estudios webcam requieren una revisión y transformación urgente de sus políticas de operación y de sus interfaces tecnológicas para abarcar el impacto y las violencias que están amplificando. Dicha revisión ha de hacerse garantizando la participación de personas trabajadoras sexuales en todo momento.
Las plataformas digitales apelan a las violencias que históricamente han vivido las personas trabajadoras sexuales; se nutren de las dificultades socioeconómicas, la informalidad y el desempleo, y financian su modelo de negocio con el contenido que ellas crean.
Personas como Iris, Violetta y Acuarela necesitan con urgencia: protocolos y políticas estrictas sobre salud y seguridad en el trabajo, descansos y desconexión; condiciones de trabajo públicas, en formatos y lenguajes de fácil comprensión; transparencia sobre el papel de la automatización y las calificaciones de los clientes en la visibilidad de su contenido; canales de denuncia confidenciales con representantes humanos, a través de los cuales puedan reportar abusos relacionados con salud, saneamiento, consentimiento, derechos de imagen y abuso; información clara y suficiente sobre si sus datos y videos serán almacenados, protegidos o revendidos, y de qué manera; protección sobre sus derechos de asociación colectiva.
Es necesario garantizar a las personas que realizan trabajo sexual a través de plataformas el pleno disfrute de los derechos humanos y laborales, así como la igualdad de acceso al conjunto de derechos sociales, económicos, culturales y sanitarios. También, debe asegurarse su derecho a la vida privada, a no sufrir discriminación y a decidir sobre su imagen y su cuerpo. El trabajo sexual requiere que, tanto a nivel social, institucional y corporativo, se cuestionen y desmantelen los discursos y las prácticas patriarcales y paternalismas que históricamente han limitado el reconocimiento y ejercicio de derechos para las persoans trabajadores sexuales. Dichas prácticas no sólo obstaculizan la construcción de marcos integrales de derechos, sino que también facilitan prácticas empresariales que restringen su autonomía. Frente a ello, es crucial reconocer el valor de la movilización social de este sector, que ha situado en el centro de su lucha la exigencia de protección, dignidad y respeto.
*Las historias presentadas en esta nota fueron reconstruidas (usando nombres diferentes) con la finalidad de narrar situaciones comunes del trabajo sexual, identificadas en las investigaciones recabadas durante la elaboración de la misma y en conversación con compañeras de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).