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LinkedIn y privacidad: nuevos métodos invisibles de perfilamiento detrás de las huellas digitales

¿Quién define hoy el límite entre lo público y lo privado? Atravesamos una era en la que los modelos de Inteligencia Artificial demandan enormes volúmenes de datos para ser alimentados, mientras los anunciantes y publicistas afinan su puntería hacia públicos específicos, y las plataformas perfilan a millones de personas, categorizándolas según sus preferencias, comportamientos y deseos. En ese marco, la carrera de las grandes empresas de tecnología se centra en desarrollar mejores algoritmos que sean capaces de conectar datos y estructurar toda esa información.

A esta maratón se sumó LinkedIn, la red profesional por excelencia que, más allá de conectar reclutadores y estudiantes, se convirtió en un repositorio masivo de hojas de vida recopilando desde estudios y experiencia laboral hasta aspiraciones y características ideológicas.

BrowserGate, experto en perfilamiento silencioso

Lo que parece un intercambio controlado de publicaciones y una personalización voluntaria de perfiles adquiere una dimensión alarmante cuando a la conversación se suma BrowserGate. Esta herramienta de LinkedIn analiza el navegador de las personas usuarias cada vez que visitan el sitio mediante un fragmento de código (script) capaz de detectar más de seis mil extensiones de Chrome instaladas y recolectar características específicas de los dispositivos desde donde las personas usuarias se conectan. Esta práctica sitúa en el centro del debate la preocupante precisión del fingerprinting (huella digital única), una técnica que permite identificar a un usuario sin necesidad de archivos de rastreo tradicionales.

El proyecto evolucionó drásticamente: de identificar 38 extensiones en 2017 a monitorear miles en la actualidad. Su modus operandi consta de tres fases consecutivas. Primero, intenta contactar una extensión de forma directa vía API, es decir manda un mensaje directo a la extensión esperando una respuesta. Luego, solicita archivos internos de configuración o rastros de uso del plugin mediante peticiones técnicas específicas. Por último, escanea la página de la extensión (DOM – Document Object Model) examinando cuidadosamente en busca de huellas que cada interacción de la persona usuaria deja en los complementos, permitiendo inferir información sumamente detallada.

¿Cuál es la preocupación si se puede usar navegación incógnita? 

La importancia de hablar al respecto radica en que no se trata de cookies ni de consentimiento, sino de una identificación basada en extensiones y hardware alimentando el poder de inferencia de la plataforma. Además, esto implica la posible exposición de datos sensibles -como creencias, ideologías, neurodivergencias o condiciones de salud- sin que la persona los haya declarado en su perfil, basándose únicamente en los complementos instalados. Este procedimiento vulnera el principio  de la protección de datos, sumado a preocupantes antecedentes ya conocidos como la venta de datos por parte de las plataformas y a través de ellas, como lo demostramos recientemente en un informe de Derechos Digitales respecto al mercado ilegal de datos personales en Telegram. Y como en toda red, esto transciende a la información personal hasta llegar a otros nodos con los que se haya relacionado, como una empleadora o una colega de trabajo o universidad.

Mientras LinkedIn argumenta una latente preocupación por evitar el web scraping (técnica que se utilizada para extraer información de sitios web de manera automatizada), proteger los datos de sus personas usuarias y mantener la estabilidad de la plataforma, lo cierto es que abre la puerta a una vigilancia masiva, opaca y difícil de eludir. Y esto no es todo, la empresa tendría la capacidad de detectar herramientas rivales como Apollo, ZoomInfo o Lusha, facilitando la identificación de empleados y empleadores, y planteando una sospecha: no sólo estaría recogiendo datos personales sino también estableciendo inteligencias comerciales y redes de conocimiento sobre organizaciones.

La infraestructura que propone más protección se convierte así en un método de extracción masiva de datos sensibles. Las herramientas de rastreo digital (tracking) no se declaran en su política de privacidad ni en las condiciones de uso. De lo que hablamos es de fragmentos de código incrustados en las aplicaciones para capturar datos y contribuir al perfilamiento, operando desde una lógica que las personas usuarias sin conocimientos técnicos no pueden detectar.

Implicaciones legales de la violación de privacidad

El hecho de que LinkedIn, de forma deliberada y planificada, escanee secretamente los navegadores web podría exponer a la plataforma y su matriz, Microsoft, a consecuencias legales y financieras alrededor del mundo. Si se considera el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), su artículo 9 (“Tratamiento de categorías especiales de datos personales”) lista los datos considerados sensibles y que pueden llegar a inferirse en base al comportamiento digital. Además, en el artículo 83 (“Condiciones generales para la imposición de multas administrativas”) se establece que la multa para empresas equivale al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global. En el caso de la creadora de Windows, su ingreso anual al 2025 fue de $281.700 billones, lo que supone una posible multa de $11.286 billones.

A esto se suma la falta de transparencia con las personas usuarias ya que esta práctica no se explicita en la política de privacidad de la plataforma. En términos legales, esto viola el principio de consentimiento informado y las obligaciones de transparencia que el GDPR estipula en sus artículos 13 y 14. Esto aprovecha el desconocimiento de millones de usuarios, quienes no son plenamente conscientes del alcance que tiene sobre su privacidad, su vida laboral y personal.

Indistintamente de si alguna de estas interpretaciones será confirmada o no por parte de las cortes, el caso pone de manifiesto algo mucho más estructural: las leyes digitales actuales fueron pensadas en una internet de cookies visibles y de formularios de consentimiento más o menos sencillos. La técnica de fingerprinting contemporánea opera ya en otra escala. Lo hace de forma silenciosa, distribuida y en una lógica sumamente técnica, difícil de ser identificada por las personas usuarias, aún cuando eligieran no aceptar cookies o navegar en modo incógnito.

La investigación académica sobre el tracking post-cookie ya daba cuenta de que la industria tecnológica se había embarcado en un tránsito hacia mecanismos de tracking más persistentes y difíciles de detectar. Ahora, BrowserGate parece corroborarlo. En regiones como América Latina, donde la fragmentación normativa es la regla y cada país tiene su propia ley de protección de datos, el desafío de enfrenar estas técnicas de rastreo post-cookie parece aún mayor.

Medidas para reducir el impacto

Ante este escenario, las medidas de protección más efectivas se basan en prácticas diarias y persistentes, que pueden requerir más tiempo pero también brindar mayor tranquilidad: revisar las extensiones del navegador instaladas. Cada extensión que se añade no sólo amplía la superficie de ataque que puede experimentar vulnerabilidades o localizaciones, sino que, además, incrementa la noción de singularidad de la persona usuaria dentro de los sistemas de fingerprinting.

La mayoría de las personas mantienen extensiones que ya no utilizan, incluso cuentan con extensiones duplicadas y añaden otras sin necesidad, al tiempo que ignoran que cada extensión puede convertirse en una señal identificatoria. Lo recomendable es reducir al mínimo el número de extensiones, eliminar aquellas que ya no tienen mantenimiento y revisar periódicamente los permisos que tienen como una práctica de higiene digital básica.

Por la misma razón, hacer perfiles de navegación segmentados –diferenciados entre laboral, para ocio y para actividad en redes sociales- ayuda a que las diferentes plataformas no lleguen a unir y construir un único perfil que derive del cruce de hábitos, herramientas y comportamientos. Además, utilizar navegadores de privacidad, como Mozilla Firefox, nos brinda mecanismos de resguardo frente a técnicas de fingerprinting y de tracking más sofisticadas. Y a esto hay que añadir el uso de bloqueadores más avanzados, como uBlock Origin, que permiten restringir scripts de tracking invisibles que funcionan en segundo plano.

Ninguna de estas herramientas garantiza un completo anonimato, pero sí pueden limitar en buena medida las capacidades de las plataformas para crear perfiles persistentes y exhaustivos. La clave está en ser concientes que la privacidad no solo consiste en “no compartir demasiados datos”, sino también en la forma de controlar cuántas señales técnicas dejamos expuestas cada vez que abrimos el navegador. Con más información y estrategias de protección, podremos mejorar nuestra seguridad digital y seguir utilizando internet con mayor autonomía y privacidad.

Proteger la Libertad de Prensa como bandera de la democracia

El 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Sin embargo, en América Latina, esta fecha no llega como una celebración, sino como un recordatorio urgente de la fragilidad democrática. Javier, Kristian, Carlos y Darwin son nombres que hoy resuenan no por sus crónicas o reportajes, sino por su ausencia. Ellos forman parte de la trágica estadística de periodistas asesinados en nuestra región el año pasado. Detrás de cada uno de estos nombres existe una familia fragmentada, pero también un vacío informativo y un mensaje de terror enviado a toda la prensa.

En 2025, América Latina se posicionó nuevamente como la región más peligrosa para el ejercicio del periodismo fuera de zonas de guerra, registrando al menos 17 asesinatos. ¿Qué otras situaciones violentas habrán sufrido estos periodistas previo a su muerte? Campañas sistemáticas de difamación en redes sociales, ciberpatrullaje, bloqueo de cuentas, ataques de phishing y discursos de odio son situaciones comunes a las que cada vez más se tienen que acostumbrar quienes comunican desde esta porción del planeta. No son hechos aislados, no responden a problemas técnicos, son fenómenos diseñados especialmente para limitar su libertad de expresión y forzar la autocensura. La violencia digital se retroalimenta con las violencias físicas y las fronteras entre la virtualidad y la realidad se desdibujan.

“Una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”, decía la Declaración de Windhoek, documento elaborado por periodistas de África en 1991 que dio origen a la efeméride del 3 de mayo. El Día Internacional de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO, celebra esta Declaración sobre los principios de la libertad de prensa, enfatizando en la importancia de una prensa libre para una sociedad democrática.

La libertad de prensa brilla por su ausencia

La UNESCO realizó un diagnóstico preciso, y preocupante, sobre esta situación, y lo publicó en el documento “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: informe mundial 2022/2025”. Según datos arrojados por el informe, entre 2012 y 2024 nuestra región experimentó un descenso del 6,86% en su índice de libertad de prensa. El motor más preocupante de este retroceso es el incremento exponencial de la autocensura, que subió un 52,14% en los medios de comunicación. Cuando un periodista decide no publicar por miedo a las represalias, es la sociedad entera la que ve vulnerado su derecho colectivo a la información.

A este panorama se le suma una crisis de sostenibilidad estructural. Entre 2015 y 2024, al menos 678 medios digitales independientes desaparecieron en América Latina. Esta extinción masiva, acelerada por la inestabilidad económica y las presiones políticas, crea terrenos fértiles (“desiertos informativos”) donde el poder puede operar sin control ciudadano.

En los análisis periódicos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se subraya que este declive está íntimamente ligado a derivas autoritarias en diversos puntos del continente. En Argentina, la estigmatización de periodistas desde la propia voz de Milei y el desmantelamiento de medios públicos provocaron una caída de 47 posiciones en el índice de libertad de prensa (elaborado por RSF) en solo dos años. En Perú, el acoso judicial y las campañas de desinformación desplazaron al país 53 puestos hacia abajo desde 2022. El Salvador, con un Bukele que utiliza la propaganda como arma de Estado, acumula un descenso de 61 posiciones desde 2020.

En el fondo de la tabla, Nicaragua se sitúa como el escenario más desolador. El régimen de Ortega-Murillo no solo erradicó a los medios independientes, sino que convirtió al exilio en la única opción de supervivencia para centenares de personas comunicadoras. Mientras tanto, en México, la fragilidad del ecosistema mediático y la violencia persistente lo mantienen como el país más letal para la prensa en la región.

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en el hemisferio, según advirtieron a inicios de este año.

¿Respetar las “normas de la comunidad”?

La era digital introdujo en las salas de redacciones nuevas formas de censura que operan de manera silenciosa pero potente. Si bien las cifras son importantes, vamos a analizar algunos fenómenos comunes que sufren en la cotidianidad las personas comunicadoras.

Uno de los mecanismos más sombrío y novedoso de estos tiempos es la denominada “censura algorítmica”. El informe de Derechos Digitales “Resistencia digital en la era de la gobernanza algorítmica” revela cómo la gobernanza de las plataformas, a través de procesos de moderación opacos, resulta a menudo en bloqueos injustificados y prácticas de shadowbanning que invisibilizan el periodismo crítico. Los algoritmos, lejos de ser neutrales, se convierten en porteros arbitrarios que pueden silenciar investigaciones de interés público bajo criterios de “normas comunitarias” muy poco transparentes.

Los casos son cada vez más y se reproducen en distintos contextos y latitudes de América Latina. En Ecuador, Fundamedios alertó en 2025 sobre una ola de ataques digitales dirigidos contra medios locales en Morona Santiago. Las agresiones buscaban silenciar denuncias contra autoridades, usando falsos reclamos de derechos de autor para eliminar contenido crítico. Unos años atrás, Ponte Jornalismo, un medio independiente brasileño que investiga la violencia institucional y el racismo, debió retirar videos de YouTube que documentaban cómo instructores de una academia de policía enseñaban técnicas de tortura, tras reclamos de derechos de autor. Los ejemplos de censura y autocensura sobran.

Ante esta situación, la resiliencia llevó a una forma de comunicación emergente conocida como “algospeak”. Se trata de un lenguaje codificado que surge ante la necesidad de esquivar la imprevisible y arbitraria moderación algorítmica de las plataformas. Según la Red Internacional de Periodistas (IJNet), para el periodismo “estar al tanto de este lenguaje en evolución no es simplemente una cuestión de mantenerse al día: es esencial para informar con precisión en la era digital”.

Mujeres, comunidad LGBTIQA+ y periodismo, riesgo duplicado

Un estudio arroja un dato alarmante: 73% de las mujeres periodistas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia en línea. Lo más preocupante es que el 20% de estas agresiones terminan trasladándose al mundo físico mediante ataques o maltratos directos. La radiografía global de este fenómeno está ampliamente documentada en el Informe “Violencia en línea contra las mujeres periodistas”, realizado por UNESCO junto al Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Los temas que detonan estos ataques con mayor frecuencia son la cobertura sobre género (47%), política (44%) y derechos humanos (31%). En países como México, Brasil y Argentina, este escenario es especialmente agudo, forzando a muchas profesionales al desplazamiento interno o al exilio para proteger su vida. Como bien señala la UNESCO, esta Violencia de Género Facilitada por Tecnologías (VGFT) no es solo un ataque contra las mujeres, sino un arma diseñada para socavar la confianza pública en el periodismo y en los hechos mismos. La violencia digital, potenciada por algoritmos que refuerzan discursos misóginos, viene transformando la práctica del periodismo feminista en un terreno altamente riesgoso.

Además, las respuestas que vienen dando los Estados de nuestra región a este tipo de violencias son ineficientes, ya que las víctimas encuentran un gran desafío a la hora de identificarse con las leyes específicas, pero también al momento de acercarse al sistema judicial para denunciar un delito. Los documentos que lanzamos meses atrás, junto al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), pueden ofrecer pistas para revertir esta situación, al brindar un marco integral que oriente futuras reformas legislativas y políticas públicas.

Argentina evidenció esta grave situación en dos casos recientes. Por un lado, la reconocida periodista y escritora feminista Luciana Peker decidió dejar el país luego de ser objeto de una serie de amenazas que, según aseguró, provenían de una estructura organizada con conexiones directas con el poder político y militar. “El periodismo como libertad de expresión está casi cerrado, y la gente no lo está viendo”, alerta Peker. Por otra parte, una de las fundadoras del medio independiente opositor Futurock, Julia Mengolini, recibió sistemáticamente acoso digital a través de miles de cuentas de trolls, bots pagos, dirigentes libertarios y hasta del propio Presidente (publicó más de 80 tuits sobre ella), articulados para instalar mentiras sobre su vida privada, deslegitimar su palabra y su figura pública.

El caso de la periodista mexicana Denise Dresser también nos dejó aprendizajes. Tras ser señalada y descalificada desde el poder, fue blanco de campañas de ataques en redes sociales, con insultos, acoso y mensajes que buscaban dañar su reputación y su vida personal. Los ataques no solo cuestionaban su trabajo, sino que también apelaron a estigmas misóginos que colocan a las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQA+ en una situación de mayor vulnerabilidad que sus colegas cisvarones.

No prestar atención a estos casos, mencionados como ejemplos ya que proliferan en nuestra región, puede implicar serios riegos para la integridad de las periodistas mujeres y de la comunidad LGBTIQA+ que comunican desde una perspectiva feminista, pero a la vez van en detrimento de la vida democrática en nuestras sociedades al reducir las voces y miradas que están presentes en el debate público.

Frente al silenciamiento: resistir y proponer

Ante este escenario, la celebración de este 3 de mayo no puede limitarse a la retórica. Es imperativo actualizar las estrategias de resistencia y defensa. La Declaración de Windhoek+30 estableció, en 2021, una hoja de ruta clara: debemos promover la información como un bien público. Esto implica exigir transparencia radical a las plataformas digitales y fortalecer la viabilidad de los medios de comunicación.

Desde la sociedad civil y el activismo por los derechos digitales, proponemos cuatro ejes de acción inmediata. Primero, el reconocimiento y fomento de los medios sin fines de lucro (comunitarios, independientes, alternativos, populares) El 49% de los países ya reconoce legalmente a este tipo de medios, que son esenciales para combatir los desiertos informativos. Es vital que estos espacios cuenten con apoyo financiero y protección legal, tal como lo recomendó recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH. Segundo, políticas públicas de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), para así poder empoderar a las audiencias y fortalecer habilidades para distinguir la información veraz de las campañas de desinformación orquestadas.

En tercer lugar, proponemos que se instrumenten mecanismos para la protección de periodistas con perspectiva de género. Es necesario fortalecer unidades especializadas, como la FEADLE en México, para que las investigaciones de delitos contra la prensa integren un análisis de género y combatan la impunidad en los ataques digitales contra periodistas feministas. Cuarto, dotar de herramientas sólidas al periodismo para resguardar su soberanía y seguridad digital. Quienes ejercen la comunicación deben contar con formación técnica en cifrado y protección de datos para blindar su labor frente al ciberpatrullaje, la moderación de contenidos y la violencia digital. Con ese horizonte, un tiempo atrás desplegamos el proyecto MicroSD para ofrecer herramientas a las personas comunicadoras en relación a su seguridad digital.

En América Latina, la lucha por la libertad de prensa es, hoy más que nunca, una lucha por la supervivencia de nuestra democracia. Sin seguridad digital para quienes informan, y sin una protección efectiva contra la violencia que se ejerce en las pantallas y en las calles, no hay democracia posible en nuestra región.

Historias de trabajo sexual en plataformas digitales: entre la autonomía prometida y las violencias históricas agravadas

Esta columna fue publicada originalmente en LatFem

Violetta lleva seis años creando y subiendo contenido sexual y erótico en una plataforma digital de alcance mundial que aloja miles de suscriptores. Decidió ingresar motivada por las historias de éxito económico de amigas, sumadas a las promesas de independencia, consentimiento, autonomía y seguridad de la intermediación tecnológica del trabajo sexual. Invirtió unos 1800 USD en computadora, cámara profesional, internet cableado, adecuación de una habitación para grabar, entre otros. La plataforma digital que aloja y amplifica su contenido se queda con cerca del 30% de sus ingresos. Violetta trabaja entre 4 y 6 horas al día y sube contenido diario para aumentar las posibilidades de tener suscriptores pagos.   

Iris es una trabajadora sexual y el sostén económico de su familia y su hija. Durante la pandemia por COVID-19, ante dificultades para pagar sus estudios universitarios, ingresó a la industria webcam. Frente a la falta de un dispositivo tecnológico y conectividad a internet en su casa, se vinculó a un “estudio” que le proporcionaba el espacio y las herramientas tecnológicas necesarias. Allí, Iris cumple turnos y horas de trabajo a cambio de una remuneración y una supuesta flexibilidad, autonomía y libertad en sus actividades. La plataforma digital de alcance mundial que transmite sus sesiones se queda entre el 40% y el 65% de los ingresos generados, y el estudio el 60%. Para garantizar las visitas a su contenido, Iris llegó a trabajar hasta 10 horas seguidas sin descanso. 

Acuarela es una trabajadora sexual que vende contenido erótico en plataformas digitales como un ingreso extra. Inició en la pandemia promocionando sus servicios digitales en redes sociales y enfrentando la censura de los algoritmos. Aunque al principio fue lucrativo, la inversión de tiempo en crear contenido y la exposición para promocionarlo no se veían del todo retribuidas. Luego de un tiempo, decidió no seguir siendo visible en espacios digitales ni exponer más su imagen, por lo que cerró sus perfiles públicos, cambió su nombre de usuario y evitó mostrar el rostro en fotos de perfil para cuidarse. Sin embargo, ha encontrado su contenido en otra plataforma bajo historias y perfiles falsos, y aunque hizo la denuncia, la plataforma nunca bajó las publicaciones.

Tanto las empresas de plataformas digitales como los estudios webcam requieren una revisión y transformación urgente de sus políticas de operación y de sus interfaces tecnológicas para abarcar el impacto y las violencias que están amplificando.

Las historias de Violetta, Iris y Acuarela representan modalidades distintas de trabajo sexual intermediado por plataformas digitales, y resuenan con la experiencia de miles de personas en América Latina y el mundo que tienen esta actividad como fuente de sustento económico.El trabajo sexual a través de plataformas se popularizó de la mano de discursos supuestamenteprotectores y emancipadores que prometen la eliminación de intermediarios, el respeto a los propios límites y el consentimiento de las personas trabajadoras sexuales, así como la posibilidad de ganar dinero desde la seguridad del hogar.   

Sin embargo, como lo vienen señalando algunos estudios, ese lenguaje funciona en gran medida como una estrategia persuasiva. De esta manera, las plataformas digitales apelan a las violencias que históricamente han vivido las personas trabajadoras sexuales; se nutren de las dificultades socioeconómicas, la informalidad y el desempleo, y financian su modelo de negocio con el contenido que ellas crean, sin ofrecer garantías reales para sus derechos ni para su seguridad, tanto en línea como fuera de ella.  

Organismos internacionales de derechos humanos reconocen que la decisión de ejercer trabajo sexual, la cual movimientos y activistas en América Latina y el mundo defienden como legítima y reivindican como parte de la capacidad de agencia y la autonomía corporal, enfrenta, al mismo tiempo, contextos de alto riesgo, violencia estructural y desigualdad que pueden verse amplificados por las tecnologías. Por ello, dicha actividad requiere la protección social, institucional y política debida para que, frente a esos riesgos, las personas que la ejercen tengan plenamente garantizados sus derechos humanos y laborales, como la salud, la privacidad y la protección de datos personales

Violencias de género facilitadas por las tecnologías en el trabajo sexual

El trabajo sexual a través de plataformas, en sus diferentes manifestaciones, se sitúa en la intersección entre el trabajo feminizado, el estigma y la economía informal de plataformas. Esta combinación lo convierte en una actividad susceptible a situaciones riesgosas, donde ocurren con facilidad múltiples violencias de género facilitadas por las tecnologías (VGFT).   

Un estudio realizado junto a 42 personas trabajadoras sexuales que utilizan plataformas en Uruguay, evidenció que las tecnologías perpetúan y agravan la VGFT.Por ejemplo, denunciaron la circulación no consentida de imágenes íntimas; la creación de perfiles falsos en redes sociales y otras plataformas que usaban el contenido erótico para ganar seguidores; acoso digital manifestado en recibir material explícito no solicitado en chats personales; y chantaje y violencia psicológica por parte de suscriptores que presionan con difundir el contenido sexual si la persona trabajadora no accede a requerimientos específicos. Las personas entrevistadas dijeron tener poco o nulo control sobre su contenido en la medida que la duplicidad de imágenes es una estrategia empresarial común entre las plataformas digitales. 

Cuando las trabajadoras piden que eliminen los perfiles y el contenido, algunas aplicaciones no responden, mientras otras guardan las imágenes y, tras un tiempo, vuelven a publicarlas. Acuarela, por ejemplo, sabe que el contenido erótico en entornos digitales es difícil  de controlar y que puede filtrarse, por lo que se protege evitando mostrar su rostro. Ante la inacción de las plataformas frente a la divulgación no consentida de imágenes íntimas, Acuarela ha recurrido a la acción colectiva y a estrategias de solidaridad con compañeras para denunciar los contenidos de forma masiva.

La plataforma digital de alcance mundial que transmite sus sesiones se queda entre el 40% y el 65% de los ingresos generados, y el estudio el 60%. Para garantizar las visitas a su contenido, Iris llegó a trabajar hasta 10 horas seguidas sin descanso. 

Estas experiencias, evidencian las tensiones en torno al control sobre la propia visibilidad y el consentimiento respecto del uso, circulación y permanencia en plataformas que median contenido sexual, donde los modelos de negocios evitan incorporar al consentimiento como un principio operativo, lo que se traduce en la ausencia de mecanismos efectivos de reporte, respuesta y reparación. 

Situaciones como estas, que afectan de forma desproporcionada a grupos como las trabajadoras sexuales trans, no binarias, indígenas o migrantes, se agravan en modalidades de trabajo como la de Iris, el webcam, una industria que se despliega de la mano de una jerarquía de roles adicionales al de la persona trabajadora sexual, desempeñados en su mayoría por hombres, que potencian los escenarios de violencia y posible explotación laboral. Por ejemplo, el rol de los llamados “monitores” quienes, entre muchas funciones, responden los chats de las transmisiones en nombre de las trabajadoras.

“Cuentas recicladas” en la industria webcam como medio de coacción 

En otro informe, 55 personas trabajadoras sexuales de la industria webcam en Colombia evidenciaron una dinámica de gran preocupación por sus impactos en los derechos y libertades fundamentales: las cuentas recicladas por parte de los estudios. Cuando Iris entró al estudio que facilitaría el espacio y la conectividad para sus transmisiones le fue asignada una cuenta “reciclada” de una trabajadora antigua. De esta forma, trabajaba con el nombre de usuario de esa trabajadora, utilizando su perfil y bajo las condiciones que este anunciaba.   

Ante esta dinámica y estrategia comercial de los estudios, muchas trabajadoras sexuales de la industria webcam se ven ante el escenario de comprar sus cuentas al irse de los estudios, lo que se traduciría en pagar “por el uso de su propia identidad”. Si no pueden costear el precio de su cuenta, se encuentran con que los estudios las bloquean a través de disposiciones sobre fraude de identidad en las plataformas digitales que transmiten el contenido. El alquiler de cuentas genera una gran dependencia con el estudio, e impide a muchas de las personas trabajadoras buscar condiciones más seguras y autónomas, pues el costo de construir una audiencia de cero suele ser muy elevado.  

Opacidad de las plataformas y el costo del descanso en el trabajo sexual

Según un estudio de RedTraSex, en el trabajo sexual en modalidades digitales surge con frecuencia la pregunta sobre qué tan automatizados están los procesos de recomendación de contenido o de perfiles (en el caso de Violetta y Acuarela), así como los mecanismos que determinan las visitas o el tráfico de clientes según la presencia en pantalla (en el caso de Iris). Iris, por ejemplo, duda si tomarse descansos durante sus jornadas, ya que en el estudio webcam le advirtieron que, si desaparece de la pantalla, la plataforma digital interrumpe la transmisión y las visitas de clientes se detienen, lo que significa empezar de cero.  

Violetta y Acuarela, por su parte, no tienen claridad sobre hasta qué punto las calificaciones de los clientes inciden en la visibilidad de su perfil o si existen algoritmos de recomendación detrás. Por ejemplo, sospechan que si un suscriptor las califica mal por no acceder a alguna de sus peticiones, el alcance de sus perfiles se vea comprometido.  

Los derechos a la desconexión y el descanso laboral deben ser plenamente garantizados a las personas trabajadoras sexuales en las plataformas digitales. Estas últimas, necesitan informar de manera suficiente sobre el grado de automatización de sus interfaces y cómo afecta el ejercicio de esos derechos, así como la autonomía corporal y capacidad de acción de las trabajadoras. En concreto, se debe asegurar que las trabajadoras cuenten con condiciones justas que permitan cubrir necesidades básicas como disponer de tiempos efectivos para comer, hidratarse e ir al baño (en el caso de los estudios), así como la capacidad  de poder rechazar pedidos de los suscriptores (en el caso de las plataformas), sin que ello repercuta negativamente en su acceso al trabajo o en sus ingresos.

El rol y la responsabilidad de las plataformas digitales

Prácticas como las anteriormente descritas han sido abordadas en jurisprudencia previa en la región, exigiendo a las plataformas y a los estudios protecciones laborales específicas que permitan a las personas trabajadoras sexuales acceder a derechos básicos, así como mecanismos de remediación y reparación frente a la VGFT.  

En las investigaciones consultadas, las trabajadoras manifestaron que, por diseño, las interfaces tecnológicas de las plataformas deberían prohibir las capturas de pantalla o la grabación de las mismas. En el caso puntual de las trabajadoras webcam, estas recalcaron la importancia de ponerse en contacto con un representante humano de las plataformas para denunciar abusos que se produjeran en los estudios. Asimismo, explicaron que el control absoluto que los estudios ejercen sobre todo lo que ocurre en la pantalla limita sus posibilidades de denunciar abusos ante las plataformas. Además, para hacerlo, necesitan tener control sobre sus cuentas y sobre los datos con los que fueron creadas.  

Es por esto que se hace urgente abordar el trabajo sexual a través de plataformas digitales mediante políticas comprensivas, con enfoque de género e interseccional que reconozcan esta actividad como un trabajo ampliamente reivindicado y legítimo, cuyas situaciones de riesgo se profundizan con la intermediación tecnológica. Tanto las empresas de plataformas digitales como los estudios webcam requieren una revisión y transformación urgente de sus políticas de operación y de sus interfaces tecnológicas para abarcar el impacto y las violencias que están amplificando. Dicha revisión ha de hacerse garantizando la participación de personas trabajadoras sexuales en todo momento.   

Las plataformas digitales apelan a las violencias que históricamente han vivido las personas trabajadoras sexuales; se nutren de las dificultades socioeconómicas, la informalidad y el desempleo, y financian su modelo de negocio con el contenido que ellas crean.

Personas como Iris, Violetta y Acuarela necesitan con urgencia: protocolos y políticas estrictas sobre salud y seguridad en el trabajo, descansos y desconexión; condiciones de trabajo públicas, en formatos y lenguajes de fácil comprensión; transparencia sobre el papel de la automatización y las calificaciones de los clientes en la visibilidad de su contenido; canales de denuncia confidenciales con representantes humanos, a través de los cuales puedan reportar abusos relacionados con salud, saneamiento, consentimiento, derechos de imagen y abuso; información clara y suficiente sobre si sus datos y videos serán almacenados, protegidos o revendidos, y de qué manera; protección sobre sus derechos de asociación colectiva.

Es necesario garantizar a las personas que realizan trabajo sexual a través de plataformas el pleno disfrute de los derechos humanos y laborales, así como la igualdad de acceso al conjunto de derechos sociales, económicos, culturales y sanitarios. También, debe asegurarse su derecho a  la vida privada, a no sufrir discriminación y a decidir sobre su imagen y su cuerpo. El trabajo sexual requiere que, tanto a nivel social, institucional y corporativo, se cuestionen y desmantelen  los discursos y las prácticas patriarcales y paternalismas que históricamente han limitado el reconocimiento y ejercicio de derechos para las persoans trabajadores sexuales. Dichas prácticas no sólo obstaculizan la construcción de marcos integrales de derechos, sino que también facilitan prácticas empresariales que restringen su autonomía. Frente a ello, es crucial  reconocer el valor de la movilización social de este sector, que ha situado en el centro de su lucha la exigencia de protección, dignidad y respeto.

*Las historias presentadas en esta nota fueron reconstruidas (usando nombres diferentes) con la finalidad de narrar situaciones comunes del trabajo sexual, identificadas en las investigaciones recabadas durante la elaboración de la misma y en conversación con compañeras de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

Entre prohibir y educar: el falso dilema digital

Frente a los múltiples desafíos sociales planteados por la integración de las tecnologías en los más variados ámbitos de la vida cotidiana, es común la presentación de propuestas relacionadas con la “alfabetización digital”. En los debates sobre políticas públicas, el concepto surge muchas veces como un comodín para responder a las preguntas difíciles y transferir responsabilidades incómodas.

Según el discurso mayoritario, la alfabetización digital busca dotar a la ciudadanía, desde la infancia, capacidades para un uso más responsable de internet, los datos, la inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes. Sin embargo, las discusiones recientes sobre los impactos de ciertas tecnologías en el desarrollo integral de las infancias demuestran la urgencia de políticas educativas que no solo entreguen habilidades de uso, sino que promuevan una comprensión crítica de estas herramientas y sus efectos.

La incorporación formal del concepto en políticas tecnológicas o educativas es central, pero sin una estrategia que dé cuenta también de las necesidades de formación docente asociadas, termina por abrir más espacio para la entrada de empresas de tecnologías en las escuelas. Ya sea con el entrenamiento directo de docentes y estudiantes en el uso de sus propios productos y servicios, como hace Google incluso como estrategia para impulsarlos en instituciones educativas, o a través de distintas alianzas, programas y contenidos que buscan también moldear la misma noción de alfabetización digital en función de sus intereses.

Navegando extremos

Mientras la defensa de la alfabetización digital queda vacía de contenido y carecemos de evidencias sobre su efectivo impacto en la garantía de derechos, la reciente prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años en Australia y el fallo que declaró a Google y Meta culpables por no tomar acción frente a los riesgos presentados por sus productos han dado espacio a otro tipo de discusión. Emergen en la región debates públicos y propuestas legislativas que buscan responder de otra manera a los riesgos que estas tecnologías implican para las infancias.

Ya no se trata de educar para un uso responsable, sino directamente de prohibir.  Como expusimos en una columna reciente, propuestas de este tipo representan intentos simplistas para solucionar un problema extremadamente complejo. No solo eso: conllevan distintos tipos de desafíos para la protección de los derechos de las infancias y para su  implementación, que no necesariamente son tomados en cuenta en los debates legislativos.

Puede parecer algo simple, pero hacer efectiva una prohibición de redes sociales para determinados grupos etarios implica la adopción de mecanismos de control de edad que pueden ser poco efectivos, y al mismo tiempo, excesivamente intrusivos debido a la demanda de datos personales implicada. Obligar a las empresas a recolectar más datos personales para el acceso a sus servicios va en contramano del concepto de privacidad por diseño, abriendo espacio para filtraciones y brechas de seguridad que ponen en riesgo especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Por otro lado, la opción por restringir el uso de redes sociales puede sentirse como una prohibición general al uso de internet, especialmente para quienes se conectan primordialmente desde el teléfono móvil con planes de datos ya limitados. En el caso del uso compartido de estos dispositivos, la prohibición puede ser completamente inefectiva – con niños y niñas accediendo a las redes de sus familiares– o demasiado amplia, dificultando el uso legítimo por otras personas de la familia. Al no tomar en cuenta sus implicaciones en contextos de desigualdad como los latinoamericanos, este tipo de medida puede profundizar brechas preexistentes.

Más que una excusa, un deber

El acceso a internet es una precondición fundamental para el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la salud, la cultura y la participación política en una sociedad democrática, entre muchos otros. Sin embargo, el derecho de acceso a internet no se concreta por la simple capacidad de conectarse.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este derecho se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada a la infraestructura de internet y a los servicios de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio de los Estados. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para que la conectividad sea significativa, “la conexión a Internet debe ser rápida, confiable y estable, de modo de permitir la realización del conjunto de actividades cotidianas, productivas y de acceso a diferentes servicios sin interrupciones. Además, esta conectividad debe estar al alcance de todas las personas, independientemente de su contexto socioeconómico o territorial y no puede estar restringida a un teléfono básico”.

Datos recientes en la región dan cuenta de que el incremento en el acceso a internet en los últimos años oculta una realidad no solo lejana a tal ideal, sino también profundamente desigual: buena parte de la población, especialmente de clases más bajas, no tiene acceso integral a internet. Al contrario, se conecta a la red de manera parcial por medio de dispositivos móviles (muchas veces compartidos), paquetes de datos y zero rating, práctica que vulnera el principio de neutralidad de la red al privilegiar el acceso a ciertas aplicaciones a partir de acuerdos directos con grandes empresas de tecnologías. Las redes sociales son justamente las que se suelen incluir en tales planes con acceso ilimitado.

Ante este contexto, el rol de las instituciones públicas y comunitarias en facilitar la conectividad significativa se hace crítico. En el caso de las escuelas, su papel es central no solo para viabilizar un acceso universal, sino también para promover el acceso a conocimientos que permitirán su mejor aprovechamiento, incluso con miras a una participación activa y constructiva en la esfera pública digital. En sociedades cada vez más permeadas por las tecnologías, tales conocimientos son cruciales para la participación en la vida política, social y económica y deben ser parte integral de cualquier política de inclusión digital.

Hacia una educación crítica para las tecnologías

El avance del debate público sobre el impacto de ciertas tecnologías en las infancias en América Latina es fundamental. No solo desde un punto de vista individual, pero como un clamor colectivo en favor de límites al extractivismo sin frenos promovido por los grandes monopolios internacionales a costa de nuestros derechos. Cada vez es más visible que el impacto de las big tech en nuestras vidas y sociedades, así como sus estrategias de marketing y lobby, no difiere de lo que pasa en la industria de alimentos ultraprocesados, agrotóxicos o tabaco. Y frente a la honestidad obscena con la que los tech bros expresan su visión de mundo, necesitamos decir ¡basta! 

Sin embargo, desconectarse o prohibir el acceso a contenidos es una estrategia, como mínimo, frágil. La prohibición como medida aislada puede limitar la conectividad significativa y terminar por entregar un argumento más para legitimar el apetito de la industria por datos y más datos, la fuente de sus ganancias y poder. En última instancia, conlleva como riesgo la profundización de las ya marcadas brechas digitales existentes en nuestra región.

Por otro lado, es urgente replantear el argumento de la alfabetización digital y reclamar la incorporación de una educación crítica para las tecnologías como parte central de las políticas de inclusión digital y tecnológicas. No hacerlo es condenar a las futuras generaciones a un rol de usuarias pasivas, cuando no meras víctimas, de las grandes empresas de tecnologías.

Defender la democracia latinoamericana como trinchera de los derechos humanos

¿Es la democracia un derecho humano? Esta pregunta fue formulada por Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través del mecanismo de solicitud de Opinión Consultiva, es decir, una función interpretativa de la Corte que permite analizar los instrumentos jurídicos interamericanos ante nuevos desafíos que surgen a propósito de su aplicación. Dicha pregunta fue discutida en marzo pasado en una audiencia pública en Brasilia, donde distintos actores defendieron sus opiniones tanto a favor como en contra de su reconocimiento como derecho.

La solicitud de Opinión Consultiva por parte de Guatemala se motivó a raíz de situaciones que aquejan a toda la región. El deterioro de las instituciones democráticas, la persecución de personas defensoras de derechos humanos, la fragilidad de los procesos eleccionarios, el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado en contextos de protesta, la instrumentalización y debilitamiento de la independencia de los sistemas de Justicia, entre otros. Por lo que Guatemala solicitó a dicho tribunal evaluar si la democracia es un derecho humano, en tanto que resulta “indispensable para el ejercicio de las libertades fundamentales y [otros] derechos humanos”.

La decisión -que será publicada en los próximos meses- será crucial en el contexto actual de América Latina. Por un lado, la región experimenta el auge de regímenes antidemocráticos que promueven políticas de “mano dura”, se distancian de los espacios multilaterales donde predomina el lenguaje de los derechos humanos, y buscan restringir progresivamente su alcance a nivel interno. Por otro lado, asistimos a un incremento de la influencia autoritaria de las Big Tech, cada vez más consolidado mediante alianzas público-privadas y cuyo alcance global tensiona a los regímenes democráticos. Todo ello en un contexto geopolítico marcado por la inefectividad o insuficiencia de los foros multilaterales en contener su poder, mientras asistimos a un despliegue masivo de tecnologías digitales, cuyas implementaciones han traído consigo nuevos fenómenos que aquejan a las democracias, y amplificado otros ya preexistentes.

Las posturas defendidas ante la Corte IDH

Aunque no es posible anticipar el sentido de la decisión de la Corte que, durante tres días de audiencias se mostró interesada pero también cautelosa respecto de los alcances y límites de este eventual nuevo derecho, sí podemos identificar tres grandes posturas que emergieron en el debate.

En un grupo minoritario se expresaron las voces en contra. Entre sus argumentos, sostienen que la democracia no está consagrada como derecho en el corpus iuris interamericano y que el Tribunal no debería exceder sus funciones interpretativas. Desde esta perspectiva, la democracia sería únicamente un sistema político, no un derecho humano. Entre quienes se manifestaron parcialmente a favor, se reconoce a la democracia como un principio fundamental, pero no como un derecho humano, argumentando que aún no existen estándares jurídicos suficientemente desarrollados para su reconocimiento como tal. Durante los debates de la audiencia, la posición mayoritaria fue a favor: se afirma que la democracia es un derecho humano interdependiente, que actúa como condición habilitante para el ejercicio de otros derechos, y que trasciende la dimensión estrictamente electoral (elegir y ser elegido).

Al respecto, vale la pena advertir que, aunque los instrumentos jurídicos interamericanos no explicitan la existencia del derecho humano a la democracia, la Corte IDH tiene algunas claves para emprender su trabajo interpretativo.

Por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, un instrumento que apoya la interpretación de los tratados interamericanos, expresa que los pueblos de América tienen derecho a la democracia. La Carta de la OEA reitera la protección de la persona como fundamento de la democracia y en la prioridad que ésta tiene para los Estados que se comprometen a promoverla en el seno de dicho organismo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -y otros instrumentos regionales- reiteran cuán relevantes son las condiciones democráticas como un objetivo de la región para la garantía de otros derechos. E incluso algunos fallos de la propia Corte -como el caso Gadea Mantilla Vs Nicaragua– señalan que la “democracia en los Estados americanos constituye una obligación jurídica internacional”. Estas, junto a otras fuentes del derecho internacional, fueron de hecho citadas por Guatemala para sostener la existencia del derecho autónomo a la democracia.

Nuestra posición: la democracia sí es un derecho humano

Cada postura tiene matices relevantes. Sin embargo, la posición defendida por Derechos Digitales, junto a CEJIL, Fundación Multitudes, Civicus y la Universidad Rafael Landívar, se enfoca en afirmar la existencia de ese derecho humano a la democracia.

Desde esta perspectiva, la democracia como derecho humano implica aproximarse a un conjunto más amplio de condiciones estructurales que facilitan otros derechos, más allá de los derechos políticos (elegir y ser elegido). Entre ellas, destacan en general, la protección de la división y separación de poderes, la integridad e independencia del Poder Judicial, la integridad de las instituciones democráticas. Así como también otras garantías más recientes que deben ser reconocidas como tal, como la garantía de la integridad de la información -que abarca la salud de los ecosistemas mediáticos y condiciones laborales dignas para el periodismo- y la protección del espacio cívico libre, abierto, seguro y plural, tanto en el ámbito analógico como digital.

Este derecho humano a la democracia interactúa de forma dinámica con otros derechos ya consolidados, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la protesta o la privacidad, por mencionar algunos. Se trata de una relación bidireccional. Por ejemplo, sin garantías efectivas para el ejercicio del periodismo -incluyendo condiciones materiales, regulatorias y de seguridad- resulta imposible fiscalizar al poder, una función esencial en cualquier democracia robusta.

Asimismo, cuando el espacio cívico -especialmente el digital- se encuentra sometido a vigilancia masiva por parte del Estado o de corporaciones tecnológicas que no están debidamente reguladas, se generan efectos inhibitorios sobre la participación ciudadana. La autocensura, el silenciamiento del disenso y la criminalización de voces críticas erosionan los contrapesos necesarios frente a las mayorías. En este sentido, la democracia como derecho humano opera como una debida garantía del entorno habilitante que asegura la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales.

Riesgos y potencialidades

El reconocimiento del derecho humano a la democracia, sin embargo, debe ser considerado sin ignorar que enfrenta amenazas y riesgos reales. En la región, evidenciamos un creciente fenómeno de desregulación o “simplificación” en materia de derechos (con la excusa de impulsar la innovación o promover el crecimiento económico), así como la desfinanciación de políticas públicas que sostienen los sistemas de protección social. A esto se añaden las amenazas derivadas de la digitalización masiva, donde un puñado de actores poderosos tiene gran capacidad de impacto en su ejercicio.

Entre esos nuevos riesgos, advertimos no solo la capacidad cada vez más expansiva de la desinformación, sino su instrumentalización en operaciones coordinadas por parte de funcionarios públicos que buscan deslegitimar o incentivar a la violencia contra las instituciones democráticas. Este problema, que merece un abordaje integral más allá del meramente jurídico (enfocado desde lo penal ya viene siendo deficiente y miope), se encuentra potenciado, entre otros, por el progresivo debilitamiento de los ecosistemas mediáticos. Esta fragilidad no sólo es generada a través de la asfixia económica que experimentan medios de prensa tradicional y alternativos, como fruto de la usurpación de su modelo de negocios -la publicidad- por parte de las Big Tech que además precariza y pone en peligro el trabajo periodístico, sino también a través de la violencia y estigmatización contra los medios que cuestionan al poder.

Otros retos de gran relevancia amenazan el espacio cívico plural, seguro y abierto, como lo es la violencia de género facilitada por las tecnologías (VGFT). Mujeres y niñas, en toda su diversidad, se encuentran en el centro de este fenómeno que busca silenciarlas, desplazarlas de la esfera pública, denigrar o estigmatizar en su contra, y hasta poner en riesgo su vida e integridad. Este fenómeno se agrava de cara a mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, y aspirantes a cargos públicos, por lo que merece un abordaje estatal más allá del tradicional enfoque punitivo.

Más allá de los riesgos que enfrenta la democracia como derecho humano, su reconocimiento tiene un potencial excepcional para facilitar la garantía otros derechos. Por su carácter colectivo permitiría poner el foco más allá del individuo y reforzar la dimensión estructural de derechos como el de la protección de datos personales y el de la privacidad en la era digital.

Por ejemplo, la vigilancia estatal (facilitada hoy con la colaboración de las Big Tech) tiene efectos profundamente antidemocráticos pues facilita la represión, la persecución y la estigmatización de cualquier persona declarada como su objetivo. La vigilancia apaga la diversidad de voces presentes, tanto en los medios de prensa, así como en el espacio cívico analógico y digital, desalentando también la participación en el debate público. En consecuencia, la protección de la privacidad no puede limitarse a una dimensión individual, sino que debe entenderse también como un componente esencial de la salud democrática.

No obstante, la mayoría de las herramientas jurídicas en la región continúan centradas en la protección individual -por ejemplo, a través de reclamos ante autoridades de protección de datos- o en colectivos específicos, como la protección de las infancias. Este enfoque resulta insuficiente frente a problemas estructurales que enfrenta la protección de la privacidad, como el desequilibrio informativo y de poder entre el titular y los Estados, que vigilan cada vez más a su población al tiempo que erosionan los marcos regulatorios dedicados a imponer pesos y contrapesos sobre dichas tareas.

Reconocer la democracia como un derecho humano, permitiría avanzar hacia mecanismos de protección colectiva de la privacidad mucho más robustos. Asimismo, fortalecería la capacidad de los Estados para exigir el cumplimiento de normas por parte de empresas tecnológicas transnacionales y para garantizar la efectividad de sus propias decisiones regulatorias a nivel interno.

¿Qué podemos esperar de la futura decisión de la Corte IDH?

Esta no es la primera vez que la Corte IDH enfrenta el desafío de reconocer nuevos derechos: ya lo hizo, por ejemplo, con el derecho al cuidado y el derecho a defender derechos. Sin embargo, en esta ocasión el reto es particularmente delicado desde el punto de vista jurídico.

El Tribunal deberá resolver cuestiones esencialmente jurídicas, por ejemplo, cómo reconocer el derecho humano a la democracia sin que esto sugiera la imposición de un modelo político uniforme a los Estados de la región, o cómo definir sus mecanismos de protección, reparación y evaluación de su cumplimiento.

Sea cual sea el resultado, la futura Opinión Consultiva tendrá un efecto jurídico para todos los Estados del sistema interamericano, incluso para aquellos que, aunque mantengan estructuras formales democráticas, actualmente se alejan de los estándares que los sustentan.

El debate sobre si la democracia es un derecho humano no es meramente teórico ni debe ser exclusivamente jurídico: refleja tensiones profundas sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades. Reconocerla como tal no implica imponer un modelo político único ni desconocer otros derechos igualmente relevantes, como el de autodeterminación de los pueblos o el principio de no injerencia, sino afirmar que, sin condiciones democráticas sustantivas como la independencia de poderes, la protección de la integridad de la información, o la garantía de un espacio cívico abierto, libre y plural, el resto de los derechos pierde eficacia real.

En un contexto marcado por el autoritarismo emergente y el poder creciente de actores tecnológicos globales, el reconocimiento del derecho humano a la democracia podría convertirse en una herramienta clave para proteger, revitalizar y proyectar los sistemas democráticos de la región hacia el futuro.

De la teoría a la práctica: herramientas para evaluar el impacto de la IA en los derechos humanos

En la actualidad, vivimos un contexto de creciente uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) por parte de los gobiernos, sea en la gestión de políticas públicas, a partir de herramientas predictivas, como apoyo en la gestión de políticas sociales o, incluso, en la interacción de organismos oficiales con las personas a través del uso de chatbots. Desde 2019, en Derechos Digitales estudiamos este tipo de casos en el marco de la iniciativa Inteligencia Artificial e Inclusión, que incluye 10 análisis del uso de IA en países de América Latina y dos informes comparados que apuntan a tendencias regionales. Uno de los puntos de falencia detectados en estos estudios consiste en la falta de mecanismos de control y supervisión por parte de las distintas partes interesadas o afectadas por tales iniciativas. Por otro lado, desde quienes las implementan parece haber una necesidad de herramientas que ayuden a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo anticipar y mitigar los efectos negativos que los sistemas automatizados pueden tener sobre los derechos de las personas?

Un instrumento que puede ayudar a responder este interrogante son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. En términos generales, estas evaluaciones se apoyan en el derecho internacional de los derechos humanos, en particular los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), y sirven para analizar cómo una determinada intervención impacta en distintos derechos y grupos sociales, incorporando principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la no discriminación. A la vez, cuando son pensados para el contexto de la IA, se inspiran en mecanismos de estudio de impacto adoptados en distintos ámbitos, como por ejemplo la protección de datos personales. Sin embargo, conllevan un conjunto de desafíos a su implementación que van desde asegurar los recursos necesarios para un análisis efectivo, hasta la necesidad de un entorno institucional y regulatorio que los haga significativos como herramienta de protección de derechos y no solo un ejercicio formal de validación de decisiones ya tomadas.

En este sentido, las herramientas analizadas en las siguientes líneas incluyen referencias a potenciales efectos en derechos humanos específicos, citados con los marcos y artículos específicos correspondientes. Es por esto que no fueron incluidos en este listado análisis de impacto como la herramienta de Evaluación de Impacto de la UNESCO, que tiene como fuente principal de referencia la Recomendación de Ética de la IA de la organización.

HUDERIA: herramienta de evaluación de impacto del Consejo de Europa

Uno de los desarrollos más recientes en este campo es el marco de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho Para Sistemas de Inteligencia Artificial (HUDERIA, por sus siglas en inglés) impulsado por el Consejo de Europa. Se trata de una metodología diseñada específicamente para evaluar sistemas de IA desde una perspectiva integral, incorporando no solo la noción de derechos humanos, sino también consideraciones vinculadas a la democracia y el Estado de derecho. Fue aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 26 de febrero de 2025, mientras que su componente operativo, el modelo de análisis contextual (COBRA), fue admitido posteriormente el 25 de febrero de 2026, consolidando así el marco completo de evaluación de efectos.

Metodológicamente, HUDERIA se estructura como un proceso que abarca distintas etapas. Al inicio, plantea una fase de contextualización (COBRA) orientada a comprender el entorno en el que se despliega el sistema, sus finalidades y los posibles riesgos iniciales. A esto le sigue una fase de investigación en profundidad, que combina evidencia empírica con estándares de derechos humanos, incorporando elementos como la participación de las personas potencialmente afectadas y la transparencia en la toma de decisiones. Posteriormente, el proceso culmina en la elaboración de recomendaciones y medidas de mitigación, junto con mecanismos de seguimiento que buscan asegurar que el monitoreo no quede como un ejercicio meramente formal.

Si bien HUDERIA intenta superar la lógica de checklist o autoevaluación para avanzar hacia una evaluación capaz de capturar la complejidad de los sistemas de IA y sus impactos en contextos reales, esta misma profundidad plantea desafíos importantes en términos de implementación. La metodología requiere recursos, capacidades técnicas e institucionales, así como un compromiso efectivo con la transparencia y la participación, lo que puede dificultar su adopción generalizada en el corto plazo. En este sentido, HUDERIA puede leerse como un intento de avanzar hacia herramientas de diagnóstico más robustas y alineadas con estándares internacionales, pero también como un reflejo de las tensiones propias de este campo: entre la necesidad de herramientas rigurosas y la dificultad de traducirlas en prácticas concretas y sostenibles.

Toolkit de evaluación de impacto en derechos humanos de la IA del PNUD

Otro de los desarrollos recientes en este campo es el Toolkit de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos de la Inteligencia Artificial, desarrollado por el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Centro Regional de Estambul, con aportes de diversas oficinas de país y socios regionales de Europa y Asia Central. Publicado en diciembre de 2025, se trata de una herramienta diseñada para apoyar a gobiernos, organizaciones y otros actores en la identificación, diagnóstico y mitigación de riesgos en derechos humanos asociados al uso de sistemas de IA, en particular en contextos donde las capacidades institucionales aún están en desarrollo. A diferencia de otros abordajes, el toolkit del PNUD adopta una orientación eminentemente práctica, pensada para ser utilizada por actores no técnicos que necesitan interactuar con sistemas de IA sin contar con conocimientos especializados. En este sentido, busca facilitar la incorporación de un enfoque de derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA, desde el diseño y desarrollo hasta su implementación y monitoreo.

Metodológicamente, el toolkit se estructura en tres componentes principales. En primer lugar, un manual técnico que introduce conceptos clave de la IA y describe su ciclo de vida, identificando riesgos en derechos humanos en cada etapa. En segundo lugar, una herramienta de autoevaluación organizacional, que permite a las instituciones valorar su nivel de preparación para llevar adelante este tipo de análisis, considerando aspectos como políticas internas, capacidades y procesos. Finalmente, incluye un modelo de evaluación de impacto, que ofrece una metodología para identificar derechos potencialmente afectados, determinar la magnitud de los impactos y definir medidas de mitigación.

El toolkit aborda áreas clave como la no discriminación, la privacidad y la protección de datos, la transparencia y la rendición de cuentas, el debido proceso y el acceso a remedios, alineándose con estándares internacionales como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los principios de la OCDE. Su principal aporte radica en su accesibilidad y modularidad: ofrece guías, preguntas orientadoras y herramientas concretas que permiten operacionalizar el análisis de impacto en contextos reales.

En contraste con HUDERIA, que propone una evaluación más profunda y contextual de los impactos, el toolkit del PNUD prioriza un enfoque operativo y adaptable, orientado a facilitar su adopción en distintos entornos institucionales. Ambos instrumentos, desarrollados en momentos prácticamente paralelos, reflejan aproximaciones complementarias dentro de un campo en desarrollo.

A la vez, ambos plantean limitantes en relación a su capacidad para mitigar riesgos. Dependen, en gran medida, de la voluntad de gobiernos, organismos estatales o entidades privadas para su uso, o de las capacidades de las organizaciones de derechos humanos para llevar adelante estas tareas pese a las restricciones presupuestarias y de recursos que presenta el sector en la actualidad.

Evaluaciones de impacto en derechos fundamentales (FRIA): guía de ECNL y el Instituto Danés para los Derechos Humanos

En el contexto de la regulación europea, el European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) y el Danish Institute for Human Rights desarrollaron una guía para la implementación de evaluaciones de impacto en derechos fundamentales (Fundamental Rights Impact Assessments, FRIA), en el marco de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) en 2024. A diferencia de las otras herramientas analizadas, la FRIA se configura como una obligación que debe ser implementada para determinados sistemas de alto riesgo antes de su primer uso (según lo establecido en el artículo 27 de la AI Act).

Más que una metodología cerrada, la guía propone un enfoque estructurado para llevar adelante estas evaluaciones, orientado a asegurar que el análisis de impactos en derechos fundamentales forme parte del proceso de toma de decisiones antes del despliegue de sistemas de IA. En este sentido, la FRIA se inserta en el encuadre más amplio del AI Act, articulándose con otras obligaciones aplicables a los sistemas de alto riesgo, como el desarrollo de capacidades internas en IA, la supervisión humana o el reporte de incidentes. Así, busca funcionar como un mecanismo de gobernanza que permita identificar riesgos, evaluar su gravedad y definir medidas de mitigación de manera anticipada.

Metodológicamente, la guía organiza la FRIA como un proceso en varias fases, que incluyen la planificación y definición del alcance, la estimación de riesgos sobre los derechos fundamentales, la adopción de medidas de mitigación y el monitoreo posterior. Un elemento central es la incorporación de la participación de personas potencialmente afectadas y otros actores relevantes, así como la documentación y transparencia de los resultados. Asimismo, la guía aborda su relación con otras herramientas existentes, como las evaluaciones de impacto en protección de datos (DPIA), señalando que, si bien pueden presentar puntos de contacto, deben entenderse como evaluaciones diferenciadas pero complementarias.

A diferencia de HUDERIA o del toolkit del PNUD, que proponen metodologías más desarrolladas y detalladas, la FRIA establece principalmente un marco de requisitos y criterios mínimos derivados de la regulación, dejando margen a los actores para definir cómo implementar la evaluación en la práctica. Cabe mencionar que tanto el toolkit del PNUD como la FRIA mencionan el instrumento del Consejo de Europa como un antecedente clave.

¿Y qué pasa en América Latina?

En América Latina, el desarrollo de este tipo de herramientas aún es incipiente. Si bien existen algunos esfuerzos aislados desde la sociedad civil, la academia o ciertos organismos públicos, las evaluaciones de impacto en derechos humanos aplicadas a la IA siguen siendo poco frecuentes y no forman parte de prácticas institucionalizadas. En este escenario, en la actualidad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaja en un informe regional sobre el asunto, que incluyó un espacio de consulta abierta, a principios de 2026, ante la cual Derechos Digitales realizó una serie de aportes. Si bien no se trata de una evaluación de impacto en los términos analizados, la sistematización de estos riesgos por parte de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede sentar un precedente clave para avanzar en una herramienta de regional de este tipo.

Asimismo, es necesario que la implementación de estas herramientas se desarrolle de forma crítica y consensuada, para evitar caer en el cumplimiento de un mero checklist. La publicación de los resultados de las investigaciones, en este sentido, representa un potencial recurso para ser utilizado como precedente a la hora de implementar estas tecnologías en distintos lugares bajo situaciones similares.

La región tampoco cuenta, por el momento, con un marco consolidado que sirva como referencia común para orientar su implementación, como pasa con la Ley de IA de la Unión Europea. En este contexto, el desafío no es solo adaptar herramientas desarrolladas en otros entornos, como las analizadas en este artículo, sino también avanzar en la construcción de capacidades, estándares y prácticas propias que permitan evaluar de manera sistemática los impactos de estas tecnologías en los derechos de las personas. El reto no es solo técnico o regulatorio, sino también político, y exige que quienes puedan ser afectadas en el despliegue de estos sistemas estén en el centro del proceso, como parte activa del diseño y seguimiento de la evaluación de impactos.

Las tecnologías del ICE y el perverso sistema automatizado de persecución a migrantes latinos

La administración Trump ha convertido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en una agencia de vigilancia masiva. Con un presupuesto que supera los USD 28.000 millones en 2025 (el triple que el año anterior), la agencia ha tejido una red que cruza bases de datos gubernamentales, compra información de empresas y despliega tecnología en las calles.

Un migrante mexicano lo descubrió cuando el ICE rastreó las transferencias de remesas que enviaba a su familia en México, identificó su dirección en Hawái y lo arrestó, pese a no tener antecedentes criminales. En Chicago, una mujer colombiana fue detenida en lo que parecía una parada de tráfico rutinaria: su vehículo había sido marcado con anticipación, cruzando registros estatales con bases de datos federales. Otro migrante mexicano, que vendía flores en una ciudad de Los Ángeles, estuvo semanas detenido porque el ICE lo confundió con un sospechoso de nombre similar, pese a tener documentos que probaban su inocencia. Tres casos, tres tecnologías distintas, un mismo sistema.

La agencia lleva años construyendo este ecosistema de vigilancia, una arquitectura de datos originalmente creada tras el 11 de septiembre para “combatir terroristas”, ahora redirigida hacia comunidades migrantes que trabajan y sostienen la economía del país. Un embudo que comienza con datos que las personas mismas generan (remesas, registros vehiculares, ubicaciones de celular), pasa por el cruce con bases de datos gubernamentales y comerciales, y termina en una operación de calle donde un agente ICE con un teléfono decide el destino de alguien en segundos. Un sistema que, en ese proceso, no distingue entre quien tiene una orden de deportación y quien simplemente existe en sus bases de datos.

Etapa 1: la maquinaria de recolección masiva de datos

El punto de partida del sistema son los datos. ICE no recolecta la mayoría de la información por sí misma: la compra. Cada vez que alguien paga una factura de luz, manda una remesa, saca una licencia de conducir o publica algo en redes sociales, esa información puede terminar en manos de la agencia. Empresas como Thomson Reuters y LexisNexis reúnen datos de múltiples fuentes sobre una misma persona (historiales de crédito, direcciones, números de teléfono, registros vehiculares, vínculos familiares) y se los venden al ICE. No hace falta una orden judicial, ya que la ley no lo exige cuando los datos los vende una empresa privada, y esa es exactamente la puerta de entrada del ICE.

El celular también delata. Aplicaciones que millones de personas utilizan a diario registran su ubicación constantemente, y empresas como Venntel o PenLink capturan y revenden al gobierno esos registros de movimientos a través de GPS. Y en la calle, la red Flock Safety opera 100.000 cámaras en 49 estados que leen 20.000 millones de matrículas de automóviles al mes.

A eso se suman los datos biométricos. La foto de la licencia de conducir queda en bases de datos estatales a las que el ICE tiene acceso. Clearview AI fue más lejos: extrajo imágenes de redes sociales y sitios de noticias hasta acumular más de 50.000 millones de rostros, y el ICE firmó un contrato para aprovechar esa base. Por último, lo que el propio Estado ya sabía también está disponible, como por ejemplo declaraciones de impuestos, registros médicos de Medicaid y datos del Seguro Social. En 2025, un juez federal determinó que el IRS, la autoridad tributaria norteamericana, infringió la ley aproximadamente 42.000 veces al compartir datos de contribuyentes con el ICE.

Etapa 2: la inteligencia artificial convierte datos en objetivos

La información recolectada en la primera etapa no es suficiente. El sistema necesita convertirla en personas localizables, y para eso existen empresas como Palantir. Fundada con capital de la CIA, esta compañía tecnológica mantiene contratos con el ICE desde 2011. Su plataforma cruza todas las fuentes de información de la etapa anterior y construye un perfil con ubicación probable. No es una búsqueda manual, es un modelo de IA que procesa miles de variables para determinar dónde podría estar alguien ahora mismo.

La herramienta más reveladora que Palantir desarrolló para el ICE es ELITE. Funciona, según un agente que testificó bajo juramento ante un tribunal, como un “Google Maps de personas deportables”. Básicamente muestra en un mapa la ubicación posible de cada objetivo, con una puntuación de probabilidad. Para calcularla, cruza, por ejemplo, la dirección registrada en Medicaid con el último registro de GPS y la última vez que su placa fue captada por una cámara. Además, construye un expediente automático con antecedentes penales y órdenes judiciales. El sistema tiene restricciones internas sobre qué puede hacer y a quién puede marcar como objetivo. Sin embargo, en ciertos operativos que la agencia denomina “especiales”, aplican filtros distintos para identificar personas que en condiciones normales no calificarían como objetivo. Hasta ahora, el ICE no ha explicado públicamente cuándo ocurre esto ni quién lo autoriza.

En 2025, el organismo migratorio pagó USD 30 millones adicionales para expandir ese sistema y construir ImmigrationOS, una plataforma diseñada para rastrear a una persona desde que entra al país hasta que es deportada, con seguimiento en tiempo real. Una persona que entró al sistema como un dato termina aquí reducida a un caso con estado y fecha estimada de salida del país, sin haber sido escuchada ni haber podido refutar lo que el algoritmo decidió sobre ella.

Etapa 3: cualquier calle puede ser una zona de vigilancia

Con un objetivo identificado, el sistema pasa de los algoritmos a la calle. El agente llega con una aplicación llamada Mobile Fortify en su teléfono del gobierno, apunta a la cara de cualquier persona (no necesariamente la que buscaba), y en segundos coteja esa imagen con millones de fotografías recolectadas previamente en la Etapa 1. Vale aclarar que esas fotografías recolectadas fueron tomadas sin el aviso correspondiente: las personas no saben que algún día esos registros formarán parte de un sistema de identificación masiva. Si hay coincidencia, el sistema devuelve nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y si existe una orden de deportación. Si la imagen facial no es suficiente, otra herramienta de BI2 Technologies repite el proceso con el iris del ojo. Todo esto ocurre en la calle, sin que la persona haya hecho nada, sin que lo sepa, y sin que ningún juez lo haya autorizado.

Lo más preocupante de Mobile Fortify es que fue desplegada mientras aún estaba en fase de prueba, sin evaluación de impacto sobre privacidad. Aún más, no cuenta con precisión. En un caso documentado ante un tribunal en Oregon, el sistema escaneó a la misma mujer dos veces y devolvió dos nombres diferentes. Aun así, el ICE trata sus resultados como prueba definitiva, por encima incluso de un acta de nacimiento.

Incluso hay herramientas que operan de forma aún más encubierta. Los simuladores celulares, conocidos también como IMSI Catchers, se disfrazan de torres de telefonía para forzar a los teléfonos cercanos a conectarse e identificar qué dispositivos están en un área. La agencia migratoria compró vehículos equipados con estos artefactos para desplegarlos de forma encubierta en vecindarios específicos. Para quienes están en proceso migratorio existe SmartLINK, una aplicación que el ICE obliga a instalar en el teléfono personal, que rastrea la ubicación y exige verificaciones periódicas mediante reconocimiento facial. Una migrante colombiana en California lo descubrió cuando la app le bloqueó un viaje a otro estado. Cuando preguntó, un oficial le dijo que ella no había hecho nada malo, era una decisión discrecional del organismo.

Cuando las personas migrantes están detenidas, sufren una mayor pérdida de privacidad. Dispositivos de las empresas Cellebrite y Magnet Forensics desbloquean y copian el contenido completo de un teléfono en minutos, como mensajes, fotos, historial de ubicación y contactos. De hecho, aplicaciones con cifrado, como WhatsApp, no pueden proteger la información en este orden. El cifrado impide que los mensajes sean interceptados mientras viajan por internet, pero una vez que el teléfono está desbloqueado en manos de un agente, ese cifrado es irrelevante. Las conversaciones de una persona detenida pueden convertirse en el punto de partida para rastrear a otras que nunca tuvieron contacto con el ICE.

Protegerse también es una forma de resistir

Entender cómo funciona este sistema ya es una forma de resistencia. Para quienes están migrando o piensan hacerlo, ese conocimiento puede marcar la diferencia desde el primer día. El celular es la fuente de datos más vulnerable. Utilizar Signal, en vez de WhatsApp, reduce significativamente el rastro: Signal no almacena metadatos ni comparte información con terceros. Revisar qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación y revocar los permisos innecesarios limita lo que empresas pueden capturar y vender. En zonas con alta presencia del ICE, una bolsa Faraday bloquea todas las señales del teléfono móvil, impidiendo que los simuladores celulares lo detecten. Y en redes sociales, publicar ubicaciones o etiquetar lugares es entregar voluntariamente la información que el sistema pagaría por obtener.

Sin embargo, las medidas individuales tienen un límite, el sistema descrito no se puede desmontar con una app. La Electronic Frontier Foundation publica guías gratuitas y actualizadas sobre cómo proteger la privacidad digital en situaciones de riesgo, su sección Surveillance Self-Defense es un punto de partida concreto. Organizaciones como ACLU, National Immigration Law Center y Just Futures Law están litigando activamente en esa dirección. Difundir su trabajo y exigir a los representantes que tomen posición es también una forma de actuar.

¿La libertad de las personas depende de un algoritmo?

Lo que Edward Snowden reveló en 2013 sobre la vigilancia masiva de la NSA pareció, en su momento, el límite de lo imaginable. Hoy, el accionar del ICE lo supera ampliamente. A diferencia de los programas de Snowden, este sistema no opera en las sombras, tiene contratos públicos, nombres de empresas y cifras de inversión.

Este sistema perverso no termina en el momento de la detención. Las fotografías tomadas por Mobile Fortify se almacenan por 15 años; los contactos extraídos del teléfono de una persona detenida se convierten en nuevos sujetos de interés. Y detrás de cada etapa hay una empresa que factura. El Brennan Center lo llama un “complejo industrial de deportación”, empresas cuyos ingresos dependen directamente del desarrollo y crecimiento del sistema automatizado.

La IA comete errores, como cualquier sistema automatizado. Hay una diferencia fundamental entre una IA entrenada para recomendar películas y una entrenada con décadas de datos de agencias de seguridad estadounidenses para localizar personas y deportarlas. Cuando la primera se equivoca, ves una película que no te gusta. Cuando la segunda se equivoca, una persona inocente termina detenida semanas, como aquel migrante mexicano que trabajaba vendiendo flores. El problema no es solo el error, es que incluso cuando el sistema funciona como fue diseñado, una persona pierde su libertad por decisión de un algoritmo, sin que nadie la haya visto ni escuchado y sin que haya podido defenderse. La pregunta que ninguna agencia ha respondido es quién asume la responsabilidad por eso, y la respuesta, hasta ahora, brilla por su ausencia.

Palantir, Clearview, Thomson Reuters, LexisNexis, GEO Group: estas son solo algunas de las empresas que forman este ecosistema (hay decenas más que no se mencionaron). Lo que se describió en esta columna es sólo una fracción de esta arquitectura de vigilancia que sigue creciendo, contrato por contrato, dato por dato. En el aire queda una pregunta que, no debe abordarse desde un aspecto tecnológico, sino más bien desde la dimensión ético-política: ¿qué clase de sociedades se moldean cuando se construyen sistemas capaces de privar de la libertad a las personas en base a una puntuación y una fecha de deportación? ¿Quiénes son las primeras y principales víctimas de este sistema de expulsión automatizado?

La guerra por otros medios: control de software e infraestructura estratégica

La guerra que comenzaron Israel y EE. UU. contra Irán acapara la agenda mediática. Las pantallas se inundan constantemente de bombardeos mutuos e imágenes impactantes que parecen tomadas de un filme o de un videojuego. Sin embargo, hay elementos de este conflicto que no se llegan a ver tan fácilmente: existe otra arista de la guerra que tiene a la tecnología como protagonista.

La batalla también se libra a través de los medios de comunicación en las narrativas contradictorias entre un bando y otro. Ello complejiza la posibilidad de encontrar certezas en medio de un contexto bélico de estas características. Sin embargo, hay elementos que son plausibles de ser analizados como ciertos.

En varios medios circula la noticia sobre el trabajo de inteligencia que realizaron Israel y EE. UU. para lograr ejecutar al ayatolá Ali Khamenei. Entre las tareas de inteligencia, se dice que habrían intervenido cámaras de tráfico y de circuitos cerrados en algunas oficinas donde se desempeñaban los altos mandos militares de Irán. Con toda esa información les fue posible determinar la ubicación del ayatolá, e incluso conocer cuáles podían ser sus vías de evacuación.

Ante esta situación, y más allá de las particularidades del propio conflicto en Oriente Próximo, cabe preguntarse: ¿qué tan seguros son los sistemas tecnológicos de nuestros países? ¿La dependencia tecnológica es una brecha de seguridad para los Estados? ¿Existe alguna forma de minimizar este riesgo? Para reflexionar sobre estas preguntas iremos por partes.

Dependencia tecnológica

Es de público conocimiento que un gran porcentaje de Estados dependen tecnológicamente de un puñado de países que tienen la capacidad productiva para fabricar dispositivos electrónicos. Como venimos señalado en Derechos Digitales, América Latina no escapa a ese contexto. Es así como cada dispositivo tecnológico -en nuestras casas, lugares de trabajo y espacios públicos- fue diseñado y construido por empresas radicadas en el Norte Global y en algunas regiones de Asia.

Ahora bien, ¿son confiables en términos de seguridad los dispositivos que utilizamos? Y más aún: ¿hay posibilidades de que las instituciones de seguridad de los Estados donde están localizadas estas empresas hayan generado acuerdos con ellas para tener acceso a los dispositivos en caso de “ser necesario”?

En la historia reciente, existe suficiente evidencia y ejemplos como para suponer que los dispositivos electrónicos pueden ser intervenidos, tanto en situaciones de conflictos como también con el fin de desplegar vigilancia masiva. Conocido es el caso en que el ex analista de inteligencia de la CIA y la NSA, Edward Snowden, denunció en 2013 públicamente con documentos el funcionamiento de una vasta red de vigilancia global por parte de EE. UU. y países aliados, facilitada a partir de la colaboración con distintas empresas de tecnología.

Más recientemente, Israel se atribuyó en 2024 ataques simultáneos en Siria y el Líbano a través de equipos electrónicos que contaban con carga explosiva. Situación que originó gran preocupación en organizaciones internacionales de Derechos Humanos debido a lo indiscriminado de los ataques. También cabe recordar que, días atrás, se generó una polémica entre el Pentágono y Anthropic, la empresa detrás del motor de inteligencia artificial Claude. La discusión se centra en que el Pentágono solicita a la empresa quitar los límites éticos del motor para poder utilizarlo en vigilancia masiva y manejo autónomo de armas. La compañía se negó, e incluso demandó al Pentágono por exceder su autoridad y sus salvaguardas éticas, violando derechos básicos.

A primera vista, la guerra parece un tema lejano para la historia de los últimos años en América Latina. Sin embargo, las recientes operaciones militares estadounidenses en las inmediaciones de Cuba, o en Venezuela, por ejemplo, encienden las alarmas. En este convulsionado contexto, ¿es razonable pensar que en el corto o mediano plazo nuestra región se pueda ver involucrada en algún conflicto de mayor escala? Si ese fuera el escenario, ¿la dependencia tecnológica representaría una brecha de seguridad y soberanía para los países latinoamericanos? Si analizamos los antecedentes antes mencionados, la respuesta es que muy probablemente sí.

Minimización de la brecha

En la actual división global del trabajo, solo algunos países poseen la capacidad para diseñar y construir dispositivos electrónicos. Esta situación deja en desventaja al resto de los países del mundo que, en un futuro inmediato pero también en un período prolongado de tiempo, precisan invertir en tecnologías y capacidades humanas que no están dispuestos a pagar, o ni siquiera pueden afrontarlo.

Ahora bien, los equipos electrónicos se componen esencialmente de dos capas: la física y la lógica (hardware y software, respectivamente). Esta distinción cobra gran relevancia en el análisis que proponemos. Si bien no todos los Estados tienen la capacidad de construir la capa física, ¿qué sucede con la capa lógica?

La capa lógica, o software, es un programa computacional. Dentro de la gama de programas computacionales, nos referiremos a los que pertenecen a las categorías de “sistema operativo” o “firmware”. En ambos casos, se trata de programas de bajo nivel que interactúan directamente con el hardware (capa física). Para nombrar algunos ejemplos, podemos mencionar los sistemas operativos Windows, OSx y GNU/Linux, como así también aquellos que permiten el funcionamiento de teléfonos como iOS y Android.

De la misma forma ocurre con los sistemas de videovigilancia. Se componen de cámaras y de un sistema central que procesa y gestiona las grabaciones, llamado DVR (Digital Video Recorder) o NVR (Network Video Recorder) en función de la forma en que las cámaras se comunican: analógica o digital respectivamente. Dicho centro de procesamiento actúa como un ordenador especializado para esa tarea y, por tanto, posee un firmware o sistema operativo para su funcionamiento. Dentro de sus funciones están: configurar las cámaras, gestionar grabaciones y administrar el control de acceso.

Los sistemas de videovigilancia desactualizados pueden poseer vulnerabilidades, que ya son conocidas. A la vez, existe una gran cantidad de documentación pública sobre cómo explotar esas vulnerabilidades para acceder a los sistemas de videovigilancia, como por ejemplo el proyecto Shodan. Por lo tanto, si ya son conocidas las debilidades en sistemas desactualizados, es muy probable que empresas de seguridad ofensiva tengan herramientas para vulnerar la seguridad de estos dispositivos, tal como se afirma en el portal especializado Wired. De forma alternativa, existen una serie de proyectos de código abierto para administrar cámaras que cuentan con las ventajas ya mencionadas.

Por otra parte, otra característica de la capa lógica es que puede estar construida de forma cerrada o abierta. La forma cerrada (o software privativo) refiere a programas que desarrollan empresas para el manejo de equipos en el que la persona usuaria final no puede analizar, modificar o mejorar el código fuente. Generalmente, viene precargado en el dispositivo en forma de archivo ejecutable, el cual es ilegible. En la otra vereda, está la forma abierta (o software libre) vinculada a programas que, en muchos casos, son construidos de forma comunitaria, e incluso pueden contar con colaboración de empresas. Su característica es que es totalmente abierto, disponible para analizar, modificar y mejorar.

Ahora bien, volvamos al cuestionamiento de la dependencia tecnológica sobre qué hacer si un dispositivo viene diseñado, por ejemplo, con una puerta trasera. En el caso de que la capa lógica esté desarrollada sobre la concepción de software privativo, es muy difícil poder identificarla y actuar para modificar su comportamiento con el fin de suprimir dicha vulnerabilidad, pues no hay acceso al código. Por el contrario, en el caso del software libre sí tenemos la posibilidad de hacer auditorias independientes, así como suprimir funciones o alterar su comportamiento, lo que a simple vista otorga una gran ventaja.

Otra desventaja del software privativo es que necesita de pagos periódicos para su actualización. Por distintos motivos, las instituciones no mantienen las versiones más actualizadas lo que las deja con mayor propensión a ataques de vulnerabilidades conocidas, como es el caso de Guacamaya Leaks. En aquel episodio, un grupo de hackers intervino sistemas de varias instituciones militares en América Latina, aprovechando, principalmente, estas debilidades de sus desactualizados sistemas de software pago.

Software libre y seguridad nacional

Con la proliferación de los sistemas digitales de comunicación y, más aún, con el Internet de las cosas (IoT), donde muchos dispositivos cotidianos están conectados entre sí, es sumamente importante analizar qué rol puede jugar la dependencia tecnológica en escenarios de conflicto, ya sea armados o no.

La discusión no puede quedarse en si el software privativo es mejor o peor que el software libre: en ambos casos se encontrarán vulnerabilidades. El análisis debe centrarse en el control que se puede tener de los dispositivos y sistemas. En ese sentido, el software libre corre con ventaja al permitir el control de las funciones y, al mismo tiempo, el acceso libre a las actualizaciones. Además, al tratarse de código abierto, el software libre habilita una permanente auditoría, por lo que es menos probable que contenga funciones maliciosas por diseño.

En un mundo donde las potencias se disputan recursos estratégicos en otros territorios, es indispensable que los Estados latinoamericanos reconfiguren, a mediano y largo plazo, su seguridad digital y las medidas necesarias para enfrentar una amenaza externa.

Elecciones en un terreno sin reglas claras

Cuando hablamos de desinformación electoral no nos referimos únicamente a “noticias falsas”. Se trata de un conjunto de prácticas que buscan influir en la percepción del electorado, instalar dudas sobre los procesos democráticos o desacreditar candidaturas e instituciones. Incluye desde encuestas falsas y declaraciones inventadas hasta campañas coordinadas de hostigamiento, manipulación de contenido y uso estratégico de tecnologías emergentes como la IA o los deepfakes. Como ha advertido Derechos Digitales en distintos trabajos, el problema no es solo la existencia de contenidos engañosos, sino el ecosistema que permite su circulación y amplificación.

Las elecciones presidenciales recientes en la región, como las de Chile, Bolivia o Costa Rica, muestran que estas dinámicas no son marginales, sino estructurales. Y todo indica que serán centrales en los procesos electorales que se avecinan en 2026 en países como Brasil, Colombia y Perú.

De fenómeno marginal a herramienta política

En los últimos años, la desinformación dejó de ser un fenómeno esporádico para convertirse en parte integrada de las estrategias de campaña. Una investigación reciente de Bolivia Verifica y ProBox sobre las elecciones bolivianas de 2025 lo resume de forma clara: la desinformación digital ya no es algo marginal, sino una práctica que se despliega sistemáticamente en momentos críticos del proceso electoral. Durante esos comicios, se identificaron alrededor de 250 contenidos falsos o engañosos, marcando un precedente en el volumen de desinformación en Bolivia, incluyendo un uso inédito de herramientas de inteligencia artificial.

El estudio también identificó patrones que se repiten en distintos países de la región. El más frecuente fue la circulación de declaraciones falsas atribuidas a candidaturas u otros actores públicos, utilizadas estratégicamente para influir en la intención de voto. En segundo lugar, destacaron las encuestas falsas, utilizadas para instalar percepciones sobre quién va ganando o perdiendo en la contienda.

Este tipo de contenidos no circula de forma aislada. Las campañas desinformativas operan de manera coordinada y multiplataforma. Según la investigación de Derechos Digitales sobre elecciones y desinformación en Brasil, una narrativa puede surgir en espacios abiertos como TikTok o X, escalar rápidamente y luego trasladarse a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, donde su circulación se vuelve más difícil de rastrear o contrarrestar.

Narrativas de fraude y erosión de la confianza democrática

Entre las distintas formas que adopta la desinformación electoral, una de las más persistentes es la instalación de narrativas de fraude. Estas narrativas no necesariamente buscan demostrar irregularidades reales, sino instalar una sospecha permanente sobre la legitimidad del proceso electoral.

En el caso boliviano, este tipo de contenido ocupó un lugar central en la conversación digital durante las elecciones de 2025. Tal como documentaron Bolivia Verifica y ProBox, circularon de forma masiva declaraciones falsas atribuidas a candidaturas, encuestas manipuladas y contenidos diseñados para desacreditar a actores políticos, medios de comunicación y al propio Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de erosionar la confianza en el proceso.

Un fenómeno distinto, pero relacionado, se observó en Costa Rica. Allí, más que instalar una narrativa técnica de fraude, se han visto intentos sostenidos de deslegitimar al Tribunal Supremo de Elecciones a través de contenidos engañosos y campañas de desprestigio, incluyendo la difusión de información falsa desde cuentas institucionales que luego debió ser eliminada. Estos episodios muestran cómo la desinformación puede apuntar directamente a debilitar la credibilidad de las autoridades electorales, incluso en contextos donde estas aún mantienen altos niveles de confianza pública.

Al final, estas supuestas evidencias o ataques directos a las instituciones, terminan funcionando como estrategias para erosionar la confianza en las reglas del juego democrático, desplazando el debate desde las propuestas hacia la legitimidad misma de la elección. En ese terreno, la narrativa anti-sistema no es inocua, ya que abre espacio y favorece a candidaturas que construyen su estrategia precisamente en tensionar las instituciones democráticas.

Violencia política digital y sus efectos en la participación

Otro de los aspectos más críticos de la desinformación electoral en la región es su vínculo con la violencia política de género. Las campañas digitales no afectan a todas las personas por igual, dado que las candidatas mujeres y las personas LGBTIQA+ son, de manera sistemática, objeto de ataques que combinan desinformación, hostigamiento y discursos estigmatizantes.

En Chile, durante la última campaña presidencial, se evidenció cómo redes de cuentas, muchas de ellas automatizadas, amplificaban ataques contra candidatas mujeres, mezclando contenido falso con insultos y discursos de odio. Este tipo de violencia no solo afecta a las personas directamente atacadas, sino que también tiene un efecto más amplio: desincentiva la participación política y restringe quiénes pueden ocupar el espacio público. A su vez, genera un efecto circular: a menor diversidad entre quienes participan y acceden a espacios de poder, menor es también la capacidad de impulsar políticas que aborden estas violencias y sus impactos.

La expansión de herramientas de inteligencia artificial añade una nueva capa a este fenómeno. Como ha documentado la organización Situada sobre deepfakes, estas tecnologías facilitan la creación de contenido manipulado, muchas veces de carácter sexual, que afecta de manera desproporcionada a mujeres. En contextos electorales, esto se traduce en una herramienta particularmente efectiva para desacreditar o intimidar candidatas, reforzando desigualdades estructurales.

En la región, esta dinámica no es aislada. Como advierte IDEA Internacional, la violencia política digital contra mujeres se ha consolidado como una forma sistemática de limitar su participación en la vida pública, combinando acoso, amenazas y desinformación con sesgo de género. Estos ataques no solo buscan desacreditar, sino también reducir su visibilidad y capacidad de incidencia en espacios de decisión.

Inteligencia artificial, regulación y nuevas asimetrías

El uso de inteligencia artificial en campañas políticas es una realidad en América Latina, pero su impacto no es homogéneo. Si bien estas tecnologías permiten producir contenido falso de manera más rápida y a menor costo, su circulación sigue dependiendo de las mismas plataformas digitales que estructuran el ecosistema informativo.

Al mismo tiempo, empiezan a aparecer diferencias relevantes entre países. Mientras en algunos contextos el uso de estas tecnologías ocurre en marcos regulatorios difusos o inexistentes, otros han comenzado a establecer ciertos límites. Como advierte un informe conjunto de Derechos Digitales y otras organizaciones presentado ante Naciones Unidas sobre elecciones e integridad de la información, la falta de regulación clara puede facilitar la amplificación de desinformación y violencia digital en procesos electorales.

El caso brasileño permite observar algunos avances en esta materia. La autoridad electoral ha establecido límites específicos al uso de inteligencia artificial en campañas, incluyendo restricciones a sistemas automatizados para evitar que recomienden opciones de voto. Esto contrasta con otros contextos de la región. En Colombia, por ejemplo, se han documentado casos en que sistemas de inteligencia artificial como Grok han emitido respuestas con sesgo político en el contexto electoral, incluyendo recomendaciones o posicionamientos frente a candidaturas, evidenciando vacíos regulatorios y la falta de estándares claros para este tipo de herramientas.

Brasil, por su parte, muestra las tensiones propias de intentar regular un fenómeno que evoluciona rápidamente, donde las medidas institucionales conviven con limitaciones importantes en la circulación de contenidos en plataformas y aplicaciones de mensajería. La coordinación entre autoridades, empresas tecnológicas y sociedad civil ha sido relevante para responder a episodios de desinformación, pero no ha sido suficiente para contenerlos de manera estructural.

En muchos países de la región, estas condiciones ni siquiera están presentes. La cooperación con plataformas es limitada y los mecanismos de coordinación entre actores públicos y privados son débiles o inexistentes, lo que deja un terreno mucho más abierto para la circulación de desinformación en contextos electorales.

A esto se suma un problema más estructural: las plataformas no solo fallan en colaborar, sino que también han ido cerrando espacios de diálogo en otras esferas del debate público. Como se ha advertido en análisis previos de Derechos Digitales, sus decisiones de moderación, el funcionamiento opaco de sus algoritmos y modelos de negocio que priorizan contenidos polarizantes terminan moldeando el ecosistema informativo, amplificando ciertas narrativas y debilitando otras. En contextos electorales, estas dinámicas no desaparecen, sino que se intensifican.

Reglas que no alcanzan a la política digital

Uno de los principales problemas es que las reglas electorales siguen respondiendo a una realidad que ya cambió. Las normas fueron diseñadas para campañas en televisión, radio o espacios públicos, pero hoy la política se juega en plataformas digitales, con influencers, microsegmentación de mensajes y circulación en aplicaciones de mensajería.

Esta brecha se hace evidente en casos concretos de la región. En Colombia, por ejemplo, las campañas digitales operan en gran medida fuera de los marcos regulatorios existentes, donde contenidos difundidos desde cuentas personales o redes de apoyo no siempre son considerados propaganda electoral, dejando amplios espacios sin regulación.

Este cambio no es solo tecnológico, sino también político. Las campañas digitales permiten adaptar mensajes a audiencias específicas, operar con distintos niveles de visibilidad y, en muchos casos, evadir los marcos tradicionales de regulación electoral. Lo que antes era una franja televisiva, hoy puede tomar la forma de un video viral, una cadena de WhatsApp o una publicación aparentemente espontánea, cuya autoría y financiamiento resultan difíciles de rastrear.

En este escenario, gran parte de la actividad política digital, incluyendo la desinformación, ocurre en zonas grises regulatorias. A esto se suma la falta de colaboración de las plataformas digitales, que no han desarrollado herramientas adecuadas para enfrentar la circulación de contenidos engañosos en contextos electorales en la región, se rehúsan a transparentar cómo funcionan sus algoritmos y no hacen una rendición de cuentas adecuada a sus usuarios y a la ciudadanía en general.

La disputa por el ecosistema informativo

Las elecciones de 2026 no solo van a poner a prueba a las candidaturas, sino también a las condiciones en que se construye el debate público. En un escenario donde la desinformación forma parte de las campañas, la discusión ya no se trata  sobre programas o propuestas, ahora pasa a jugarse en cómo circula la información y quién logra instalar ciertas versiones de la realidad.

Ese terreno no es neutral. Está marcado por plataformas que toman decisiones sin demasiada transparencia, por Estados que llegan tarde -o definitivamente no llegan- a regular estos procesos, y por desigualdades en la forma en que las personas acceden y procesan la información. Estas desigualdades no son solo de acceso, sino también de condiciones: desde modelos como el zero rating que limitan la diversidad de contenidos disponibles, hasta las brechas en alfabetización digital inciden en cómo circula la información. A esto se suma el uso indebido de datos personales para segmentar y dirigir mensajes políticos, muchas veces sin supervisión efectiva, lo que profundiza aún más estas asimetrías.

En la práctica, esto termina definiendo quién puede participar en la conversación pública y en qué condiciones. No todos los actores compiten en igualdad de condiciones, y eso tiene efectos concretos en cómo se construyen las percepciones, las dudas y las decisiones electorales.

La pregunta, entonces, se centra en qué tipo de espacio público estamos construyendo. Y, en última instancia, qué tan capaces somos de sostener procesos democráticos en un entorno cada vez más mediado por plataformas, opaco y difícil de gobernar.

La militarización de la inteligencia artificial: violencia de género en contextos de guerra y conflicto armado

Esta columna fue publicada originalmente en Volcánicas

En un contexto marcado por una acelerada escalada de tensiones geopolíticas, el debilitamiento del sistema multilateral y un creciente desprecio por las normas internacionales, el mundo presencia la expansión de guerras, conflictos armados e intervenciones militares ilegales de enorme impacto para las poblaciones civiles. Al mismo tiempo, la IA se ha convertido en uno de los ejes centrales del discurso político y corporativo global.

La competencia por su desarrollo y control no solo enfrenta a gobiernos y grandes empresas tecnológicas, sino que también revela tensiones más profundas vinculadas al poder global, la seguridad y el futuro del ejercicio de los derechos humanos.

Entre las consecuencias más urgentes -y menos reguladas- del despliegue acelerado de estos sistemas se encuentra el aumento de formas de violencia de género facilitadas por tecnologías (VG FT). Observamos la aparición y expansión de prácticas como el acoso automatizado, la creación de imágenes íntimas falsas mediante modelos generativos, campañas de desinformación con sesgo de género, y formas cada vez más invasivas de vigilancia digital. A la vez, la gobernanza de estas tecnologías sigue estando profundamente fragmentada: mientras los marcos regulatorios sobre IA rara vez incorporan los riesgos específicos asociados a la violencia de género, las políticas dirigidas a abordar la VG FT todavía no integran plenamente los impactos de estos sistemas.

En este escenario, el desarrollo y despliegue de IA se entrelaza cada vez más con dinámicas de militarización y guerra. Este 8 de marzo nos obliga, por tanto, a mirar de frente una dimensión todavía insuficientemente abordada: la VG FT en contextos de guerra y conflictos armados.

Una aplicación incompatible con los derechos humanos

El despliegue de tecnologías basadas en IA en contextos de guerra y de conflicto armado no solo ya es un hecho, sino que continúa expandiéndose. Se utilizan, por ejemplo, para vigilancia masiva, análisis predictivo de amenazas, sistemas de armas autónomos y localización de “objetivos”.

Como han advertido numerosas expertas y organizaciones, los sistemas de IA no pueden evaluar adecuadamente principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como la distinción entre combatientes y civiles o la proporcionalidad de un ataque. A esto se suman las implicancias para los mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas, ya de por sí difíciles de ejercer en estos contextos.

Como ocurre con muchas aplicaciones de IA, su incorporación suele justificarse en términos de eficacia. Pero: ¿qué significa “eficacia” en este contexto? ¿Puede hablarse de eficacia cuando se trata de sistemas utilizados para identificar, vigilar y atacar a personas? ¿Qué tipo de acción se considera eficaz en un escenario donde el resultado final es la expansión de la violencia? Si se parte de la premisa de que la eficacia depende del objetivo que se busca alcanzar, estudios señalan que estos sistemas están muy lejos de ser eficaces respecto a los objetivos que se les asignan.

Cuando sesgos y errores incorporados en el diseño de la IA se traducen en fallas al identificar objetivos, el costo recae literalmente sobre vidas humanas. La preocupación no se limita a fallos técnicos. En completa ausencia de reglas y límites, esos sistemas a veces son diseñados para identificar y atacar a personas que presenten determinados “marcadores”.

En cualquiera de estos escenarios, la noción misma de eficacia queda profundamente cuestionada. Si los sistemas fallan, el resultado es la muerte de personas que nunca debieron ser consideradas objetivos. Si funcionan como fueron diseñados, identifican y atacan a personas en función de su identidad. En ambos casos, lo que está en juego es la legitimidad misma de estos sistemas y su compatibilidad con el derecho internacional.

También se suele afirmar que estas tecnologías permitirían reducir las bajas civiles gracias a ataques supuestamente más “precisos”. El genocidio en Gaza ofrece un contraste brutal con ese argumento. A pocos meses del inicio del ataque militar por parte de Israel, expertas y expertos de Naciones Unidas advertían que se había destruido “un porcentaje mayor de viviendas e infraestructura civil que en cualquier otro conflicto que se recuerde”. En ese mismo contexto, señalaron el presunto uso de sistemas de IA para identificar objetivos y atacar viviendas familiares, con escasa consideración por la presencia de civiles en su interior o en sus alrededores.

Investigaciones periodísticas posteriores confirmaron el uso de IA por parte del ejército israelí en Gaza. Entre ellos destacan, por su carácter particularmente perverso, los sistemas conocidos como Lavender, Gospel y Where’s Daddy? (¿Dónde está papi?). Según reportes del Instituto de Estudios Palestinos, estos sistemas procesan enormes volúmenes de datos obtenidos a partir de años de vigilancia masiva sobre la población palestina que es utilizada para generar listas de personas y estructuras consideradas objetivos.

Mientras el sistema conocido como Gospel “recomienda” edificios e infraestructuras para ser bombardeadas, Lavender identifica personas como objetivos potenciales. Un sistema adicional, Where’s Daddy?, se utiliza específicamente para rastrear a las personas señaladas y ejecutar bombardeos cuando estas ingresan a su destino, el cual muchas veces es su vivienda familiar.

Según testimonios de agentes de inteligencia israelíes, la validación previa a autorizar un ataque podía durar alrededor de veinte segundos. Ese breve intervalo se utilizaba principalmente para comprobar si la persona señalada por el sistema era un hombre, usando al género como indicador de posible “combatiente”. No está claro si se trata de un procedimiento formalizado o de una práctica extendida dentro de las unidades involucradas.

Las consecuencias de este tipo de prácticas han sido devastadoras, siendo la mayoría de las personas asesinadas mujeres y niños. Lejos de proteger a la población civil, estos sistemas amplían la capacidad de identificar y atacar personas y aceleran el uso de la fuerza.

El uso de IA con fines militares se extiende a otros contextos y regiones del mundo. Según reportes periodísticos, Claude habría sido utilizado como apoyo en la invasión militar ilegal liderada por Estados Unidos en Venezuela en enero de este año, poniendo en evidencia que las implicaciones de estas tecnologías también alcanzan a América Latina.

La combinación de IA, vigilancia persistente y procesamiento masivo de datos en tiempo real configura nuevas formas de intervención basadas en la asimetría tecnológica y la superioridad informacional. Comprender esta lógica resulta crucial para América Latina y el Caribe, donde en los últimos años se han intensificado acuerdos militares, despliegues “temporarios” de tropas y sistemas de monitoreo vinculados a Estados Unidos en distintos países de la región.

La geopolítica detrás de la inteligencia artificial

El desarrollo y uso militar de la IA tiene como trasfondo una carrera tecnológica que asocia su desarrollo con la “dominación global” en una versión de la carrera armamentista en la Guerra Fría. Central a tal proceso es el desmantelamiento de legislaciones orientadas a generar protecciones. En el caso estadounidense, los documentos oficiales son explícitos al afirmar que quien controle el ecosistema de IA podrá fijar las reglas globales y obtener ventajas económicas y militares.

Los procesos multilaterales capaces de poner límites a tal lógica han fallado, como fue el caso del Pacto para el Futuro, adoptado en 2024 y presentado como una iniciativa para fortalecer el sistema internacional frente a los desafíos del siglo XXI. A pesar de que las bases normativas ya existen dentro del propio sistema internacional de derechos humanos, incluyendo la Resolución 48/4 del Consejo de Derechos Humanos y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recomiendan establecer moratorias o incluso prohibiciones para sistemas de IA que no puedan utilizarse en conformidad con el derecho internacional.

No resulta sorprendente -aunque no por ello deja de ser indignante- que las iniciativas derivadas de este proceso se inscriban en esa misma falta de voluntad política para establecer límites efectivos. El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, creado a partir del Pacto para el Futuro para evaluar los impactos y riesgos de estas tecnologías, establece explícitamente que su mandato se limitará al ámbito no militar, asegurando así que una de las discusiones más urgentes sobre estas tecnologías quede deliberadamente fuera del análisis.

Las grandes empresas tecnológicas desempeñan un papel central en esta estructura. A través de crecientes alianzas público-privadas, contribuyen a consolidar dinámicas de poder cada vez más autoritarias y asociadas a prácticas abusivas de derechos humanos. Este poder se sustenta no solo en la enorme concentración económica e informacional que acumulan -facilitada en gran medida por la desregulación del sector-, sino también en la creciente convergencia entre intereses corporativos y estatales, que se proyecta de forma cada vez más evidente en la arena militar.

En un reciente informe, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados identificó 48 compañías globales que apoyarían directa o indirectamente el genocidio en Gaza. Según Albanese, la continuidad de esta violencia no puede comprenderse sin considerar también los incentivos económicos que la sostienen: el genocidio, advierte, también es rentable.

Perspectivas feministas frente a la militarización de la IA

La incorporación de IA en actividades militares está transformando las formas en que se produce y se ejerce la violencia de género en contextos de conflicto armado y crisis humanitarias. Sin embargo, el análisis de los conflictos y de los procesos de paz continúa estando dominado por perspectivas patriarcales que invisibilizan las afectaciones diferenciadas que enfrentan las mujeres, así como las contribuciones que los movimientos de mujeres han realizado en la construcción de la paz.

Abordar estas dinámicas desde una perspectiva de género implica reconocer dos dimensiones interrelacionadas. Por un lado, la militarización tecnológica profundiza violencias ya presentes en contextos de guerra, donde las desigualdades estructurales se intensifican y las violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas adquieren formas particularmente graves. Por otro, la incorporación de sistemas basados en IA está dando lugar a nuevas formas de violencia, lo que vuelve urgente ampliar los marcos desde los cuales se las analizan.

Para entender la violencia de género facilitada por tecnologías es recomendable incorporar factores contextuales desde una perspectiva interseccional que permita comprender estas violencias de manera situada. Las formas que adoptan tales violencias no son universales ni se experimentan de la misma manera en todos los territorios; están atravesadas por desigualdades sociales, culturales y políticas que configuran tanto las dinámicas de violencia como las posibilidades de respuesta.

Los ejemplos son múltiples. Entre ellos se encuentran campañas de desinformación generadas o amplificadas mediante IA, ataques dirigidos contra mujeres a través de contenidos como deepfakes -utilizados para desacreditar o silenciar a figuras públicas y activistas-, y el despliegue de tecnologías biométricas y de reconocimiento facial que permiten rastrear e identificar poblaciones enteras sin salvaguardias adecuadas. Estas herramientas, a menudo presentadas como neutrales o necesarias para la seguridad o la gestión humanitaria, pueden exponer especialmente a mujeres activistas y a otras comunidades en situación de vulnerabilidad.

Como evidencia el caso de Gaza, estos sistemas también interactúan con categorías simplificadas de género. Programas utilizados para identificar y rastrear objetivos han operado en gran medida a partir de marcadores binarios de género (hombre es igual a “combatiente”), aunque contribuyendo en la práctica a ataques que terminan afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños. Este patrón se inserta, además, en un contexto más amplio de violencia basada en género documentado por organismos internacionales, incluyendo la destrucción de servicios de salud reproductiva y otras prácticas que diversas expertas han descrito como parte de un proceso de femigenocidio.

Organizaciones humanitarias han advertido que el uso de sistemas digitales en contextos militares puede acelerar el ritmo de la guerra, reduciendo los tiempos de deliberación y debilitando los mecanismos de control humano sobre el uso de la fuerza. En escenarios ya marcados por altos niveles de violencia y deshumanización, esta aceleración incrementa los daños para la población civil y amplifica patrones preexistentes de discriminación, exclusión y violencia de género.

Frente a este panorama, resulta urgente ampliar los marcos desde los cuales comprendemos la violencia de género facilitada por tecnologías, incorporando las dinámicas de militarización, colonialismo y desigualdad global que atraviesan el desarrollo y despliegue de estas tecnologías. Al mismo tiempo, la evidencia acumulada refuerza la necesidad de establecer límites claros al uso de IA con fines militares. Sistemas que no pueden operar en conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos deberían ser prohibidos.

Este 8 de marzo nos recuerda que las luchas feministas han sido fundamentales para cuestionar las lógicas de violencia, militarización y dominación que atraviesan nuestras sociedades. Frente a la expansión de la militarización de la IA, incorporar perspectivas feministas no es opcional: es una condición fundamental para comprender sus impactos reales y para imaginar alternativas que pongan a la vida -y no a la violencia- en el centro.