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Una investigación publicada en días recientes por el periódico Nuestro Diario reveló que el gobierno guatemalteco habría gastado un total de 12 millones de dólares en la adquisición de un sistema tecnológico de vigilancia e intercepción de comunicaciones, comprado a partir del año 2012, y que posteriormente comenzaría a usar en el seguimiento ilegal de políticos, periodistas, activistas, empresarios y diplomáticos.

Una reforma adecuada permitiría que los mecanismos para la investigación penal aseguren la correcta guía y salvaguarda de los derechos humanos y garantías procesales reconocidos por tratados internacionales y la Constitución.

El Convenio de Budapest es un instrumento internacional que busca homogeneizar la manera en que los diversos países contratantes abordan y definen la “cibercriminalidad”. Pero, ¿qué pasa cuando son los mismos Estados los responsables de la comisión de este tipo de delitos?

Es necesario mirar con ojo crítico la forma en que la adhesión y acondicionamiento al Convenio de Budapest modifica las estructuras que juegan algún rol dentro de la ciberseguridad en Perú. Este proceso debe ser construido sobre evidencia empírica, con participación amplia de diferentes sectores y no simplemente emular modelos que se superpongan a la realidad nacional.