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Sin un software especializado, a los organismos de inteligencia en Venezuela les basta con detener personas durante meses, a veces al azar y en ocasiones por críticas que molestan a funcionarios del Gobierno. Más de dos docenas de tuiteros han conocido los calabozos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La iniciativa de ley 5239, contra actos terroristas, busca introducir y sancionar la figura del ciberterrorismo en Guatemala. Pero debido a una definición amplia y de límites difusos, periodistas y activistas temen que sea utilizada para perseguir y silenciar las voces dicidentes que se han alzado a través de las plataformas en línea.

Como una forma de aportar certezas a una causa extremadamente compleja, el equipo técnico de Derechos Digitales intentó dilucidar las formas en que la policía chilena habría podido intentar romper el cifrado de WhattsApp, como una forma de comprobar la factibilidad de las versiones que rodean el polémico caso Huracán.

¿Cuántas veces no hemos escuchado que lo que pasa en internet no es importante, que es una banalidad y que no pasa nada? Que no es real, que no se siente, que no repercute en el cuerpo y mucho menos en las emociones. Pero no. Nosotras decimos que si es virtual, es real. Y la violencia en línea se siente, afecta y repercute en la vida de las mujeres.

Desde hace algunas semanas, varias universidades en Chile se encuentran en toma feminista. Además de las discusiones públicas que se han generado al respecto, para las mujeres movilizadas se ha desplegado una nueva ola de violencia en internet. A manera de apoyo, compartimos algunos consejos y reflexiones sobre la violencia en línea, cómo evidenciarla, denunciarla y neutralizarla. Es un compromiso de toda la sociedad.

Esta semana lanzamos el informe ¿Quién defiende tus datos?, cuyo objetivo es evaluar las políticas de privacidad de las distintas empresas de telecomunicaciones en Chile. Pero no solo las empresas tienen la capacidad de recolectar, tratar y eventualmente abusar de nuestros datos personales, y por eso deberíamos preguntarnos hasta qué punto la sociedad civil, el Estado y la legislación se comprometen en defender nuestros datos. Vamos por partes.