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La semana pasada se anunció con bombos y platillos la implementación de un sistema de reconocimiento facial en un centro comercial del sector oriente de Santiago, a pesar de que su funcionamiento no cumple la normativa legal respecto a la recolección de datos personales sensibles.

Especialistas y activistas de la cultura libre en América Latina y El Caribe están buscando nuevas maneras de incidir en las políticas públicas ligadas al acceso a la cultura en todas sus variantes. A través de una declaración producida colectivamente, buscan establecer un referente para el avance de la región en torno a la ciencia abierta.

La potencial ilegalidad de la búsqueda de vulnerabilidades en el sistema informático, la criminalización del uso del cifrado y la ampliación de la retención de datos de las comuncaciones son tres elementos particularmente problemáticos del proyecto que requieren un cambio sustantivo de aproximación para que las normas protejan efectivamente a las personas y el ejercicio de sus derechos en línea.

La reciente firma del sucesor del TLCAN, deja en claro que el libre comercio internacional sigue siendo una prioridad sin importar los derechos humanos, incluidos los del ámbito digital.