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Es necesario que la aprobación del Convenio de Budapest en Colombia no solo se trate de la simple criminalización de conductas, sino, también, de reflexionar sobre otro tipo de intervenciones que son necesarias para proteger los derechos de las personas en el contexto digital

El anuncio de la investigación por un tuit como una amenaza a la autoridad en Chile develó que, en la era digital, el poder político no ha abandonado el uso selectivo de la ley contra la ciudadanía.

El próximo domingo 26 de agosto, distintas organizaciones basadas en Europa están llamando a una serie de manifestaciones públicas en todo el continente en contra del artículo 13 y la #CensorshipMachine

Una investigación publicada en días recientes por el periódico Nuestro Diario reveló que el gobierno guatemalteco habría gastado un total de 12 millones de dólares en la adquisición de un sistema tecnológico de vigilancia e intercepción de comunicaciones, comprado a partir del año 2012, y que posteriormente comenzaría a usar en el seguimiento ilegal de políticos, periodistas, activistas, empresarios y diplomáticos.

Una reforma adecuada permitiría que los mecanismos para la investigación penal aseguren la correcta guía y salvaguarda de los derechos humanos y garantías procesales reconocidos por tratados internacionales y la Constitución.

El Convenio de Budapest es un instrumento internacional que busca homogeneizar la manera en que los diversos países contratantes abordan y definen la “cibercriminalidad”. Pero, ¿qué pasa cuando son los mismos Estados los responsables de la comisión de este tipo de delitos?