Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

La Declaración Conjunta sobre el Comercio Electrónico plantea tanto la posibilidad de otorgar protección internacional a la autodeterminación informativa, como la de minar los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de sus datos personales.

Tras meses de cuarentena, ha quedado claro que el acceso a la cultura y al conocimiento no es un lujo sino una necesidad esencial del ser humano. Las restricciones a la propiedad intelectual se han flexibilizado, pero esto solo es una muestra de la crisis del sistema tradicional de propiedad intelectual.

Los gobiernos deben respetar, garantizar y proteger los derechos de los niños y niñas en ambientes virtuales y mediante el uso de tecnologías. Al abordar los desafíos actuales de la inclusión digital, educación y la agenda digital de países de América Latina, ¿cuál sería una razón válida para usar tecnología de verificación facial en niños y niñas?

Tanto la pandemia como la discusión por el orden institucional pueden ser vistos como puntos de inflexión, funcionales a la articulación de indagaciones críticas sobre nuestras prácticas digitales.

El hackeo de uno de los principales servicios digitales del gobierno de Chile puso en relieve las carencias en seguridad digital de las autoridades políticas. A pesar de los daños, no parece haber prisa en hacer algo al respecto.

En vez de una revisión crítica respecto al rol de las redes sociales, el documental practica el «tecnoconflictivismo», doble-opuesto del tecnopositivismo que supone que todos los males sociales son culpa de la tecnología, para emitir declaraciones incendiarias y aumentar los «likes».

Tras el ataque cibernético sufrido por Banco Estado, el Congreso chileno retomó la discusión del proyecto de ley sobre delitos informáticos. De aprobarse su texto actual, Chile no sólo tendrá nueva ley en materia de delitos informáticos, sino también nuevas normas para la retención de datos y acceso a comunicaciones privadas por parte de organismos del Estado, además de un nuevo tipo de agente encubierto: uno cuyas facultades ya no estarán limitadas a la investigación de delitos particularmente graves y de asociaciones ilícitas, pudiendo ahora engañar a las personas de manera individual para la investigación de cualquiera de las conductas que tipifica el proyecto.

El interés por promover legislaciones en materia de ciberdelitos en Nicaragua presenta un reto importante para el futuro de la participación democrática y el ejercicio de derechos en el país, ante un aparato Estatal que activamente ha buscado amedrentar a grupos y personas que integran los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.