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Las disputas por los derechos humanos en la red se reflejan en la retórica de los agentes gubernamentales que apuestan por el fortalecimiento de las estructuras de vigilancia. Las narrativas en contra del cifrado son parte de ese movimiento y dejan clara su intencionalidad: intentos sucesivos de ampliar los poderes policiales por medio de la suspensión de los derechos individuales, en base a la fabricación de escenarios de crisis.

Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar la constitucionalidad de estas leyes ante la Corte Suprema y a sus jueces a derogarlas.

Ante los diversos retos que ha traído el desarrollo de la pandemia por la propagación del COVID-19 en la región, la violencia de género en América Latina se ha incrementado ¿cuáles son las herramientas y recursos que existen para apoyar a quienes la enfrentan?

Cuando los países en desarrollo participan en tratados internacionales, como es el caso de México en el TMEC, se debe respetar la soberanía de los procesos democráticos locales y garantizar que el bienestar público no será sometido a límites que pongan el interés comercial por encima del desarrollo social y los derechos humanos.

El proyecto de ley evidencia un desconocimiento de las recomendaciones internacionales en la materia y una falta de madurez en el debate. Las medidas propuestas son desproporcionadas y van en sentido opuesto a la histórica demanda por disminuir las múltiples brechas digitales que afectan al país.