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“En la era digital, internet se ha convertido en un nuevo campo en la disputa por derechos de las mujeres, aumentando las oportunidades para que se expresen, pero a la vez multiplicando las posibilidades de represión”.

El consorcio Al Sur publicó “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa”, una investigación que identifica 38 sistemas de reconocimiento facial desarrollados en la región.

El estudio, titulado El uso de tecnologías para el combate de la pandemia: Datos personales en Latinoamérica, analiza el modo en que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador utilizaron la tecnología para contener la pandemia, desde una perspectiva del derecho a la privacidad.

Esta semana terminó la versión 112 de la IETF, uno de los foros técnicos más grandes donde se definen los protocolos de internet, es decir las reglas y sintaxis particulares con que deben comunicarse los dispositivos, y qué hacer cuando se producen errores en la comunicación.

La política chilena de inteligencia artificial surge desde un proceso de discusión y participación pública significativo y destacable en el contexto regional, pero sin dudas insuficiente respecto de los impactos que las tecnologías de inteligencia artificial puede tener en la vida cotidiana de las personas.

El domingo 24 de octubre de 2021, en Montevideo, tuvo lugar la apertura de la campaña de referéndum por el SÍ a derogar 135 artículos de la oficialista Ley de Urgente Consideración (LUC), un ambicioso programa de gobierno privatizador y neoliberal. Uno de los momentos que acaparó mayor atención y aplausos durante la lectura de la proclama fue la defensa de Antel, la empresa pública de telecomunicaciones uruguaya, que ocupa la mayoría de la oferta en el rubro y que posee la mejor imagen de marca en la población.

El caso de la implementación del reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires es paradigmático y servirá de lección para toda América Latina y otras regiones del mundo. Las indagatorias judiciales realizadas por la sociedad civil organizada plantean una cuestión de fundamental importancia: saber si las tecnologías de vigilancia masiva respetan o no los derechos humanos.