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La búsqueda de convergencia hacia estándares globales en la gobernanza de redes sociales por parte de agencias regulatorias plantea interrogantes sobre competencias regulatorias y participación en la gobernanza digital. La UNESCO busca balancear la protección de los derechos humanos con la gestión efectiva de contenidos en línea, pero surgen preocupaciones sobre su impacto real.

Desde el 25 de junio, Julian Assange, programador, periodista y activista de Internet australiano, es un hombre libre. Durante siete años, residió en la embajada de Ecuador y posteriormente pasó cinco años preso en una cárcel de Inglaterra, acusado de publicar información clasificada del Gobierno de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán, así como sobre la prisión de Guantánamo.

Pese a innumerables críticas, el mecanismo de “notificación y retirada” recibió el aval reciente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en México. La medida trae riesgos al derecho al debido proceso y a la libertad de expresión y ya fue utilizado para silenciar opositores durante las elecciones recientes en el país.

Se habilitó un nuevo marco de acción para la vigilancia de fuentes en línea. Su carácter de política enfocada en “labores preventivas”, reforzada a lo largo de toda la resolución, no quita los riesgos para la privacidad y para la libertad de expresión que implica una medida de estas características.

Los avances regulatorios de la Inteligencia Artificial se vuelven cada vez más concretos, inclusive en América Latina. Pero más regulación no siempre significa más protección a los derechos de las personas frente al interés de sumarse a la economía global de la IA.

Nuevamente se hace necesario abrir el tema sobre la propuesta de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines en Venezuela, resaltando la opacidad del proceso y los riesgos que representa para las organizaciones de la sociedad civil en el país y las implicaciones en la reducción del espacio cívico.