72 archivos de Vladimir Garay

Una revisión de la biblioteca de anuncios de Meta, que incluye la publicidad realizada en Facebook e Instagram, arroja que varias de las cuentas que más dinero han invertido en propaganda política sobre el plebiscito no son parte del registro de Servel y, por tanto, estarían trasgrediendo la normativa. Derechos Digitales está investigando este y otros fenómenos asociados al plebiscito en la tercera versión de PubliElectoral. ¿Quieres ayudarnos? Instala el plugin para navegadores o la aplicación para Android.

Entre el 28 y el 30 de junio se realizó la segunda edición de “Derechos humanos, justicia social y tecnologías”, evento regional organizado por Derechos Digitales y que durante tres días reunió a destacadas personalidades de la academia, la sociedad civil y el activismo en América Latina, en el ámbito de los derechos humanos y la tecnología.

El consorcio Al Sur publicó “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa”, una investigación que identifica 38 sistemas de reconocimiento facial desarrollados en la región.

Utilizar tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia masiva y el combate de delitos comunes implica invertir el principio de presunción de inocencia en favor de un sistema totalitario de control del espacio público.

Sin la debida fiscalización, la normativa se transforma en letra muerta, relegada a una formalidad que, en vez de aportar transparencia respecto a la campaña política, solamente genera más dudas.

Chile podría convertirse en el primer país del mundo en legislar sobre los “neuroderechos”. Pero lejos de expandir los derechos de las personas, el proyecto contiene nociones que amenazan con erosionar los derechos humanos reconocidos en el sistema universal y consagrados en nuestra Constitución.

En vez de una revisión crítica respecto al rol de las redes sociales, el documental practica el «tecnoconflictivismo», doble-opuesto del tecnopositivismo que supone que todos los males sociales son culpa de la tecnología, para emitir declaraciones incendiarias y aumentar los «likes».

La reconversión obligada del trabajo y el estudio en “teletrabajo” y “telestudio” impone sobre la infraestructura de telecomunicaciones una serie de necesidades nuevas. ¿De qué manera están respondiendo los gobiernos y los proveedores de conexión a internet a estas nuevas exigencias? Revisamos el caso de Chile, México y Uruguay