50 archivos de Pablo Viollier

Esta semana en Buenos Aires tuvo lugar la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países involucrados en la negociación fueron incapaces de llegar a consenso en los temas más controvertidos, y el hecho de que no pudieran emitir una declaración ministerial conjunta es visto como una señal del fracaso del evento. Sin embargo, algunos peligros subsisten.

La regulación de internet afecta la forma en que todos ejercemos nuestros derechos fundamentales. Por lo tanto, corresponde que las decisiones sobre su futuro se tomen en foros que cuenten con mandato democrático.

Hace poco, la prensa reveló los lineamientos centrales de la iniciativa del Gobierno chileno para modificar el reglamento de interceptación de comunicaciones y conservación de datos.

Para los chilenos se ha vuelto una costumbre leer titulares de prensa donde las autoridades de gobierno proponen solucionar un problema social a través de la adopción de algún tipo de tecnología. Y eso no es algo negativo en sí mismo; la tecnología tiene el potencial para servir de apoyo en la solución de muchísimos desafíos.

Hoy el futuro de la Política Nacional de Ciberseguridad está en manos del gobierno, a quien corresponde decidir si existe la voluntad política necesaria para generar una hoja de ruta que nos permita enfrentar de forma sistemática y coordinada los desafíos de la ciberseguridad.

La tan esperada propuesta de actualización de la normativa de protección de datos personales en Chile es una de esas buenas noticias que solo satisfacen a medias, porque llega tarde, y en forma incompleta, a hacerse cargo de una realidad urgente de abuso y desprotección.