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La encuesta presenta consideraciones metodológicas que podrían convertirse en sesgos importantes si los resultados no son interpretados con la cautela necesaria. Pero incluso más allá del instrumento utilizado para realizar la medición, es importante preguntarse por el enfoque que la discusión sobre las políticas públicas digitales tiene en el país.

Los teléfonos celulares son la puerta principal a través de la cual los gobiernos, las empresas y los criminales acceden a nuestra información.

El programa otorga una oportunidad para que investigadores y activistas desarrollen una línea de investigación o un programa de incidencia de carácter regional o local durante el curso del mismo, con el apoyo del equipo de Derechos Digitales en nuestras oficinas de Santiago de Chile.

Después de una larga y ansiosa espera, pudimos conocer el resultado del recurso de protección interpuesto por Derechos Digitales junto a otras tres organizaciones, en contra de los globos de televigilancia instalados en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, al oriente de Santiago. Si bien la Corte Suprema estimó que este sistema de vigilancia, único en Chile, podía permanecer operando, reconoce que las cámaras si pueden atentar contra la privacidad de los vecinos y obliga a las municipalidades a tomar medidas destinadas a su protección. Pero ¿son estas medidas suficientes?

En Paraguay, un proyecto de ley busca instalar filtros que bloqueen “contenidos nocivos” para la niñez en las redes de acceso público a internet, lo que podría resultar en el alza de la censura previa y la imposibilidad de que adultos accedan a material al que sí están facultados para ver. La decisión final está en manos del Presidente paraguayo.