Proteger la Libertad de Prensa como bandera de la democracia

El 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Sin embargo, en América Latina, esta fecha no llega como una celebración, sino como un recordatorio urgente de la fragilidad democrática. Javier, Kristian, Carlos y Darwin son nombres que hoy resuenan no por sus crónicas o reportajes, sino por su ausencia. Ellos forman parte de la trágica estadística de periodistas asesinados en nuestra región el año pasado. Detrás de cada uno de estos nombres existe una familia fragmentada, pero también un vacío informativo y un mensaje de terror enviado a toda la prensa.

En 2025, América Latina se posicionó nuevamente como la región más peligrosa para el ejercicio del periodismo fuera de zonas de guerra, registrando al menos 17 asesinatos. ¿Qué otras situaciones violentas habrán sufrido estos periodistas previo a su muerte? Campañas sistemáticas de difamación en redes sociales, ciberpatrullaje, bloqueo de cuentas, ataques de phishing y discursos de odio son situaciones comunes a las que cada vez más se tienen que acostumbrar quienes comunican desde esta porción del planeta. No son hechos aislados, no responden a problemas técnicos, son fenómenos diseñados especialmente para limitar su libertad de expresión y forzar la autocensura. La violencia digital se retroalimenta con las violencias físicas y las fronteras entre la virtualidad y la realidad se desdibujan.

“Una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”, decía la Declaración de Windhoek, documento elaborado por periodistas de África en 1991 que dio origen a la efeméride del 3 de mayo. El Día Internacional de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO, celebra esta Declaración sobre los principios de la libertad de prensa, enfatizando en la importancia de una prensa libre para una sociedad democrática.

La libertad de prensa brilla por su ausencia

La UNESCO realizó un diagnóstico preciso, y preocupante, sobre esta situación, y lo publicó en el documento “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: informe mundial 2022/2025”. Según datos arrojados por el informe, entre 2012 y 2024 nuestra región experimentó un descenso del 6,86% en su índice de libertad de prensa. El motor más preocupante de este retroceso es el incremento exponencial de la autocensura, que subió un 52,14% en los medios de comunicación. Cuando un periodista decide no publicar por miedo a las represalias, es la sociedad entera la que ve vulnerado su derecho colectivo a la información.

A este panorama se le suma una crisis de sostenibilidad estructural. Entre 2015 y 2024, al menos 678 medios digitales independientes desaparecieron en América Latina. Esta extinción masiva, acelerada por la inestabilidad económica y las presiones políticas, crea terrenos fértiles (“desiertos informativos”) donde el poder puede operar sin control ciudadano.

En los análisis periódicos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se subraya que este declive está íntimamente ligado a derivas autoritarias en diversos puntos del continente. En Argentina, la estigmatización de periodistas desde la propia voz de Milei y el desmantelamiento de medios públicos provocaron una caída de 47 posiciones en el índice de libertad de prensa (elaborado por RSF) en solo dos años. En Perú, el acoso judicial y las campañas de desinformación desplazaron al país 53 puestos hacia abajo desde 2022. El Salvador, con un Bukele que utiliza la propaganda como arma de Estado, acumula un descenso de 61 posiciones desde 2020.

En el fondo de la tabla, Nicaragua se sitúa como el escenario más desolador. El régimen de Ortega-Murillo no solo erradicó a los medios independientes, sino que convirtió al exilio en la única opción de supervivencia para centenares de personas comunicadoras. Mientras tanto, en México, la fragilidad del ecosistema mediático y la violencia persistente lo mantienen como el país más letal para la prensa en la región.

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en el hemisferio, según advirtieron a inicios de este año.

¿Respetar las “normas de la comunidad”?

La era digital introdujo en las salas de redacciones nuevas formas de censura que operan de manera silenciosa pero potente. Si bien las cifras son importantes, vamos a analizar algunos fenómenos comunes que sufren en la cotidianidad las personas comunicadoras.

Uno de los mecanismos más sombrío y novedoso de estos tiempos es la denominada “censura algorítmica”. El informe de Derechos Digitales “Resistencia digital en la era de la gobernanza algorítmica” revela cómo la gobernanza de las plataformas, a través de procesos de moderación opacos, resulta a menudo en bloqueos injustificados y prácticas de shadowbanning que invisibilizan el periodismo crítico. Los algoritmos, lejos de ser neutrales, se convierten en porteros arbitrarios que pueden silenciar investigaciones de interés público bajo criterios de “normas comunitarias” muy poco transparentes.

Los casos son cada vez más y se reproducen en distintos contextos y latitudes de América Latina. En Ecuador, Fundamedios alertó en 2025 sobre una ola de ataques digitales dirigidos contra medios locales en Morona Santiago. Las agresiones buscaban silenciar denuncias contra autoridades, usando falsos reclamos de derechos de autor para eliminar contenido crítico. Unos años atrás, Ponte Jornalismo, un medio independiente brasileño que investiga la violencia institucional y el racismo, debió retirar videos de YouTube que documentaban cómo instructores de una academia de policía enseñaban técnicas de tortura, tras reclamos de derechos de autor. Los ejemplos de censura y autocensura sobran.

Ante esta situación, la resiliencia llevó a una forma de comunicación emergente conocida como “algospeak”. Se trata de un lenguaje codificado que surge ante la necesidad de esquivar la imprevisible y arbitraria moderación algorítmica de las plataformas. Según la Red Internacional de Periodistas (IJNet), para el periodismo “estar al tanto de este lenguaje en evolución no es simplemente una cuestión de mantenerse al día: es esencial para informar con precisión en la era digital”.

Mujeres, comunidad LGBTIQA+ y periodismo, riesgo duplicado

Un estudio arroja un dato alarmante: 73% de las mujeres periodistas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia en línea. Lo más preocupante es que el 20% de estas agresiones terminan trasladándose al mundo físico mediante ataques o maltratos directos. La radiografía global de este fenómeno está ampliamente documentada en el Informe “Violencia en línea contra las mujeres periodistas”, realizado por UNESCO junto al Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Los temas que detonan estos ataques con mayor frecuencia son la cobertura sobre género (47%), política (44%) y derechos humanos (31%). En países como México, Brasil y Argentina, este escenario es especialmente agudo, forzando a muchas profesionales al desplazamiento interno o al exilio para proteger su vida. Como bien señala la UNESCO, esta Violencia de Género Facilitada por Tecnologías (VGFT) no es solo un ataque contra las mujeres, sino un arma diseñada para socavar la confianza pública en el periodismo y en los hechos mismos. La violencia digital, potenciada por algoritmos que refuerzan discursos misóginos, viene transformando la práctica del periodismo feminista en un terreno altamente riesgoso.

Además, las respuestas que vienen dando los Estados de nuestra región a este tipo de violencias son ineficientes, ya que las víctimas encuentran un gran desafío a la hora de identificarse con las leyes específicas, pero también al momento de acercarse al sistema judicial para denunciar un delito. Los documentos que lanzamos meses atrás, junto al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), pueden ofrecer pistas para revertir esta situación, al brindar un marco integral que oriente futuras reformas legislativas y políticas públicas.

Argentina evidenció esta grave situación en dos casos recientes. Por un lado, la reconocida periodista y escritora feminista Luciana Peker decidió dejar el país luego de ser objeto de una serie de amenazas que, según aseguró, provenían de una estructura organizada con conexiones directas con el poder político y militar. “El periodismo como libertad de expresión está casi cerrado, y la gente no lo está viendo”, alerta Peker. Por otra parte, una de las fundadoras del medio independiente opositor Futurock, Julia Mengolini, recibió sistemáticamente acoso digital a través de miles de cuentas de trolls, bots pagos, dirigentes libertarios y hasta del propio Presidente (publicó más de 80 tuits sobre ella), articulados para instalar mentiras sobre su vida privada, deslegitimar su palabra y su figura pública.

El caso de la periodista mexicana Denise Dresser también nos dejó aprendizajes. Tras ser señalada y descalificada desde el poder, fue blanco de campañas de ataques en redes sociales, con insultos, acoso y mensajes que buscaban dañar su reputación y su vida personal. Los ataques no solo cuestionaban su trabajo, sino que también apelaron a estigmas misóginos que colocan a las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQA+ en una situación de mayor vulnerabilidad que sus colegas cisvarones.

No prestar atención a estos casos, mencionados como ejemplos ya que proliferan en nuestra región, puede implicar serios riegos para la integridad de las periodistas mujeres y de la comunidad LGBTIQA+ que comunican desde una perspectiva feminista, pero a la vez van en detrimento de la vida democrática en nuestras sociedades al reducir las voces y miradas que están presentes en el debate público.

Frente al silenciamiento: resistir y proponer

Ante este escenario, la celebración de este 3 de mayo no puede limitarse a la retórica. Es imperativo actualizar las estrategias de resistencia y defensa. La Declaración de Windhoek+30 estableció, en 2021, una hoja de ruta clara: debemos promover la información como un bien público. Esto implica exigir transparencia radical a las plataformas digitales y fortalecer la viabilidad de los medios de comunicación.

Desde la sociedad civil y el activismo por los derechos digitales, proponemos cuatro ejes de acción inmediata. Primero, el reconocimiento y fomento de los medios sin fines de lucro (comunitarios, independientes, alternativos, populares) El 49% de los países ya reconoce legalmente a este tipo de medios, que son esenciales para combatir los desiertos informativos. Es vital que estos espacios cuenten con apoyo financiero y protección legal, tal como lo recomendó recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH. Segundo, políticas públicas de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), para así poder empoderar a las audiencias y fortalecer habilidades para distinguir la información veraz de las campañas de desinformación orquestadas.

En tercer lugar, proponemos que se instrumenten mecanismos para la protección de periodistas con perspectiva de género. Es necesario fortalecer unidades especializadas, como la FEADLE en México, para que las investigaciones de delitos contra la prensa integren un análisis de género y combatan la impunidad en los ataques digitales contra periodistas feministas. Cuarto, dotar de herramientas sólidas al periodismo para resguardar su soberanía y seguridad digital. Quienes ejercen la comunicación deben contar con formación técnica en cifrado y protección de datos para blindar su labor frente al ciberpatrullaje, la moderación de contenidos y la violencia digital. Con ese horizonte, un tiempo atrás desplegamos el proyecto MicroSD para ofrecer herramientas a las personas comunicadoras en relación a su seguridad digital.

En América Latina, la lucha por la libertad de prensa es, hoy más que nunca, una lucha por la supervivencia de nuestra democracia. Sin seguridad digital para quienes informan, y sin una protección efectiva contra la violencia que se ejerce en las pantallas y en las calles, no hay democracia posible en nuestra región.