Se fue 2014 y, lamentablemente, no podemos celebrar que haya sido el año del dominio público, ese conjunto enorme de ideas y obras intelectuales que no están sujetas a derechos de autor y que por años ha sido un invitado incómodo en una conversación donde resulta mucho menos belicoso hablar de abogados, restricciones y sanciones. Hablar de derechos del público, cuando se trata de derechos de autor, suele provocar miradas de sospecha y desdén, particularmente para aquellos fieles a los dogmas que hacen del ideal romántico del creador solitario una política pública.
Estamos comenzando 2015 y aún resulta excesivamente difícil poder saber, con algún mínimo grado de certeza, si es que una obra intelectual cuenta o no con derechos autorales vigentes. No solo para el público resulta complicado poder saber si una fotografía antigua que acaba de encontrar en Internet puede ser usada, sino que esta realidad se torna dramática cuando se trata de instituciones cuya misión es la preservación patrimonial, como archivos, museos y bibliotecas. Es por ello que, tanto a nivel local como internacional, han sido las asociaciones de bibliotecas quienes han tratado de izar la bandera del acceso, en una discusión donde erróneamente el peso argumentativo recae en ellos y no en quienes abogan, con muchos más recursos y éxito, por más restricciones.
Mientras tanto, en buena parte del mundo, aunque fundamentalmente centrado en Europa y Estados Unidos, el 1 de enero se celebra el ‘Public Domain Day’, el día del dominio público. Ese día se cumple el plazo de protección legal, de manera tal que, a partir de allí, muchas obras que se encontraban con derechos vigentes pasan a estar liberadas de derechos y por tanto pueden ser usadas, compartidas y copiadas sin infringir la ley.
Pese a lo que pareciera, el plazo de los setenta años post mortem, lejos del ya excesivo estándar internacional de cincuenta años establecido en el centenario Convenio de Berna, no entrega certezas absolutas. Hay una serie de detalles técnicos – desde cuándo se cumple el plazo, particularidades históricas en cada país, la existencia de derechos conexos, etc.- que hacen del análisis de si una obra se encuentra o no en dominio público una carrera pantanosa y con obstáculos. Los esfuerzos por la estandarización del régimen de derecho de autor a nivel global han tenido excesivo énfasis en su protección y aplicación (‘enforcement’) y no en las condiciones de acceso.
El caso de América Latina no es la excepción. Con el añadido de los compromisos establecidos en los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y buena parte de América Centra han visto como sus modelos de regulación de derechos de autor crecen vertiginosamente, no pasando lo mismo con sus estándares de acceso y promoción del dominio público.
Se necesitan compromisos de nuestros países con la protección y promoción de estos bienes públicos, a través de regularizar la situación de las denominadas obras huérfanas, de la homologación del sistema de excepciones y limitaciones, de la promoción, acceso y uso de material financiado con fondos del Estado, entre muchas otras medidas que lamentablemente no parecen ser ni de interés ni prioritarios para los gobiernos ni parlamentarios de la región.
Es en este contexto que, junto con el Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hemos llevado adelante un proyecto llamado Tracalada, que pretende generar conciencia sobre la importancia del dominio público en Chile. Hemos reunido no solo una serie de instituciones que hacen trabajo patrimonial, sino también hemos preparado documentación legal sobre el dominio público -prácticamente inexistente- y un diagrama de flujos con el fin de orientar y tratar de hacer explícito también el problema del dominio público en Chile. Creemos que es un primer paso, pequeño y aislado, para que no solo en Chile, sino también en el resto de la región, exista una conversación abierta y plural respecto del valor de lo público en materia de derechos de autor.
