El Consorcio Al Sur, que reúne 11 organizaciones latinoamericanas dedicadas a la protección y promoción de derechos humanos en entornos digitales, lanza el próximo viernes 30 de abril el Observatorio Covid-19 del Consorcio Al Sur (OCCA). El Observatorio reúne información detallada sobre 16 iniciativas de uso tecnológico, entre aplicaciones móviles y chatbots, implementadas en 14 países como parte de sus estrategias para combatir el avance de la pandemia.
Además de incluir informaciones sobre sus características principales, el análisis trae consideraciones sobre cómo los despliegues tecnológicos identificados atienden a principios de protección de datos, acceso a la información y participación pública y los riesgos que pueden representar para el ejercicio de derechos humanos.
El OCCA parte del diagnóstico de que algunos gobiernos en la región han utilizado el contexto de pandemia para intentar flexibilizar sus responsabilidades en relación con la entrega de información pública oportuna y avanzar en el intensivo procesamiento de datos personales y sensibles, como son los datos de salud, sin garantías adecuadas.
Las organizaciones señalan con preocupación que América Latina aún sufre de una insuficiencia de marcos normativos e institucionales para la adecuada protección de los datos personales. A lo anterior, se suma la falta de transparencia dentro de la cual se han adoptado muchas de estas políticas y medidas que incorporan el uso de tecnologías en la región.
“Si bien la situación excepcional de pandemia puede justificar la adopción de medidas de urgencia que demanden la recolección de datos, cualquier acción desarrollada en ese contexto debe cumplir con estándares básicos de derechos humanos y criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y transparencia”, afirman las organizaciones de Al Sur en sus reflexiones.
Entre las tendencias generales observadas a partir del análisis, las organizaciones de Al Sur apuntan que la efectividad de las tecnologías digitales desplegadas encuentra una importante barrera relacionada a la desigualdad en el acceso a internet, dispositivos y a las habilidades digitales por parte de la población en nuestra región, lo que puede comprometer su efectividad.
Ellas también señalan que, si bien el ingreso de datos a la mayoría de las aplicaciones o chatbots analizados depende de las funcionalidades que las usuarias quieran utilizar, faltan informaciones transparentes sobre su procesamiento. Menos de la mitad de las aplicaciones analizadas (seis) requieren un consentimiento expreso, libre e informado de manera previa a la recolección de datos. En cuatro de ellas la información entregada en la solicitud de consentimiento fue considerada compleja o poco comprensible para el público no especializado.
La información recabada por el OCCA no recoge evidencias de que las iniciativas analizadas hayan sido sujetas a una evaluación sobre su impacto en derechos humanos. La totalidad de las iniciativas fueron desarrolladas en forma administrativa sin que se encuentren revestidas de discusiones legislativas específicas, ni satisfagan claramente mandatos legales previamente existentes que velen por su implementación. Más grave: los casos de análisis muestran que hubo escasos esfuerzos por incorporar las perspectivas de la sociedad civil o de la academia en la implementación de las tecnologías. Del mismo modo, la mayoría carece de mecanismos de auditorías externas o vías para recibir e incorporar contribuciones de la sociedad civil.
Según las organizaciones de Al Sur, eso “no solo representa una amenaza desde el punto de vista de la garantía de derechos, pero también pone en riesgo el buen uso de recursos públicos, una vez que impide que haya un análisis de efectividad que justifique la manutención o interrupción de determinado despliegue tecnológico”. Ellas consideran que “se trata de una práctica que refuerza una tendencia de uso tecnológico sin planificación en la región y que compromete la legitimidad de estas iniciativas”.
El evento de lanzamiento es abierto y gratuito para todas las personas, previa inscripción en este formulario. Será en modalidad virtual, en castellano e inglés, este viernes 30 de abril a las 4 PM (UTC -4) y contará con la presencia de:
- Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH.
- Arturo Muente, Especialista Senior en Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Paola Ricaurte, Profesora Asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey
- Andreas Reis, Global Health Ethics, Organización Mundial de la Salud
Lanzamiento del Observatorio Covid-19 del Consorcio Al Sur (OCCA)
Cuándo: 30 de abril de 2021, a las 4 PM (UTC -4)
Inscripción aquí
Para más informaciones, contactar a prensa@derechosdigitales.org o a Paz Peña, secretaria ejecutiva del Consorcio Al Sur, en paz@pazpena.com
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Sobre el Observatorio Covid-19 del Consorcio Al Sur (OCCA)
El OCCA es una iniciativa de Al Sur que busca analizar y sistematizar las medidas gubernamentales (incluidas las asociaciones público-privadas) relacionadas con la implementación de tecnologías de vigilancia y recolección de datos en el contexto de Covid-19 y que podrían impactar en los derechos humanos de las personas. Más informaciones se encuentran en https://covid.alsur.lat/es.
Sobre el Consorcio Al Sur
Al Sur es un consorcio de once organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico que, desde América Latina, buscan conjuntamente fortalecer los derechos humanos en el entorno digital de la región. Más informaciones sobre sus acciones y miembros pueden ser encontradas en www.alsur.lat.
