Súmate a nuestro panel sobre inteligencia artificial, trabajo y justicia ambiental

La inteligencia artificial suele presentarse como una tecnología abstracta e inevitable. Pero detrás de cada sistema automatizado existen cuerpos, territorios e infraestructuras que sostienen su funcionamiento, muchas veces en contextos de precarización laboral, extractivismo y desigualdad.

El próximo 22 de mayo, Derechos Digitales realizará el panel “The Hidden Building Blocks of AI: Labour, Land and Bodies” en el marco del Festival of Ideas 2026, un espacio para reflexionar sobre los impactos sociales, ambientales y humanos de la inteligencia artificial desde una perspectiva de género y derechos humanos.

La actividad será virtual, abierta al público y se desarrollará en inglés a las 18:00 hrs UTC (14:00 hrs Chile, 15:00 hrs Brasil y 12:00 hrs México).

El panel será moderado por Marina Meira, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, y contará con la participación de:

  • Kruskaya Hidalgo, fundadora de Observatorio de Plataformas.
  • Sofía Majlis, integrante del equipo de coordinación jurídica de ONG FIMA.
  • Fernanda Campagnucci, directora ejecutiva de InternetLab.

Durante el encuentro abordaremos temas como las condiciones laborales en las economías de plataformas, las desigualdades y violencias que atraviesan los sistemas automatizados, los impactos ambientales de las infraestructuras de inteligencia artificial y la necesidad de construir marcos de gobernanza tecnológica centrados en los derechos humanos y la justicia social.

Además de discutir estos desafíos, el panel buscará abrir una conversación sobre alternativas y formas de construir modelos tecnológicos más justos y responsables para las comunidades y territorios de América Latina.

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Nuestra organización participó de debate regional por el Día Internacional de la Libertad de Prensa

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026, se llevó a cabo en la ciudad de México la conferencia regional “Periodismo frente al silencio: diálogo sobre libertad de prensa en América Latina y el Caribe”. Organizado por la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19, con el respaldo de UNESCO y el CCEMx, el encuentro reunió a voces referentes de la región para debatir las crecientes amenazas que enfrenta el ejercicio periodístico, con un enfoque especial en el impacto de las tecnologías emergentes y el control digital.

Derechos Digitales fue invitada a participar el día 7 de mayo con una exposición en la Mesa 5 “La nueva frontera del silenciamiento: vigilancia, plataformas e inteligencia artificial”. Este espacio tuvo como objetivo visibilizar cómo los gobiernos con tendencias autoritarias y las grandes empresas tecnológicas han profundizado las prácticas de censura a través de herramientas digitales. La sesión, moderada por Martha Tudón de ARTICLE 19, contó con la participación de la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui, Paulo José Olivier Moreira Lara de ARTIGO 19 Brasil, Angélica Cárcamo de la Red Centroamericana de Periodistas, Gustavo Gómez de OBSERVACOM y Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales.

Durante su intervención, Lucía Camacho ofreció un diagnóstico crítico sobre la evolución de la vigilancia en América Latina durante las últimas dos décadas. Camacho advirtió que el fenómeno ha dejado de ser una práctica aislada para volverse multimodal, multisectorial y multiactor: «El ciberpatrullaje es otro fenómeno de la vigilancia, es decir autoridades militares y policíacas monitorean internet como si fueran las calles. La vigilancia es también una práctica multisectorial, y ha permeado las políticas y leyes, y se han petrificado como un intercambio comercial entre países», expresó.

Nuestra representante hizo especial hincapié en la existencia de una “relación simbiótica” entre la vigilancia corporativa y la estatal. Alertó sobre cómo los acuerdos comerciales internacionales funcionan, en la práctica, como mecanismos para expandir políticas de circulación de datos y vigilancia masiva que benefician a ambos sectores. Esta articulación estrecha se ve agravada por la presión de las grandes empresas tecnológicas, cuyos “ejércitos de lobistas” logran, en muchos casos, bloquear o condicionar los debates regulatorios necesarios para proteger a la ciudadanía en la región.

Frente a este escenario, Camacho señaló la insuficiencia de las leyes actuales de protección de datos personales, las cuales resultan escasas para contener prácticas de vigilancia secretas y asimétricas. En este sentido, instó al periodismo independiente a asumir un rol activo en la construcción de narrativas críticas sobre la privacidad y la vigilancia. Según su planteo, es fundamental que la prensa supere los enfoques centrados meramente en la innovación o el consumo tecnológico para posicionar estas problemáticas como una defensa esencial de los derechos humanos y la democracia.

Finalmente, el diálogo subrayó la urgencia de encontrar fórmulas de viabilidad económica que fortalezcan la resiliencia del periodismo frente a estas presiones. Las reflexiones compartidas durante estas jornadas no solo denuncian los mecanismos de control vigentes, sino que establecen una hoja de ruta para las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación en su esfuerzo por garantizar un ecosistema informativo libre, seguro y democrático en América Latina.

Se puede ver la actividad completa aquí.

Derechos Digitales insta a la cooperación regional frente al mercado ilegal de datos personales

El pasado 23 de abril, Derechos Digitales participó activamente en la reunión del Foro de la Sociedad Civil de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). Este encuentro representó una instancia importante para el diálogo entre organizaciones y autoridades de control, con el objetivo de fortalecer los estándares de privacidad en Iberoamérica. Durante la sesión, se destacó el rol consultivo de la sociedad civil como un pilar fundamental para orientar las políticas públicas hacia un enfoque de protección efectiva de los derechos fundamentales en el entorno digital.

En este marco, nuestro equipo presentó los hallazgos del informe “Identidades en venta”, lanzado recientemente por Derechos Digitales, que documenta el preocupante auge del mercado ilegal de compra y venta de datos personales latinoamericanos a través de plataformas como Telegram. La exposición subrayó cómo estas prácticas no solo vulneran la privacidad individual, sino que escalan hacia una problemática transfronteriza, evidenciando los desafíos actuales en la seguridad digital a nivel regional.

Además, Derechos Digitales enfatizó en la necesidad imperiosa de coordinar respuestas conjuntas entre las distintas autoridades de protección de datos. La naturaleza transnacional del tráfico de información personal exige que las acciones de fiscalización y sanción trasciendan las fronteras, permitiendo una prevención más eficaz de los mercados ilícitos de datos.

Finalmente, reafirmamos nuestro interés en seguir impulsando estos espacios de articulación. La consolidación de la RIPD como un actor de cooperación internacional es vital para enfrentar los desafíos que las tecnologías emergentes y las plataformas digitales imponen a la soberanía digital.

Hacia una gobernanza de la IA con perspectiva de género: Derechos Digitales participó en la consulta global “AI for Good”

El pasado 23 de abril, se llevó a cabo la consulta virtual «AI for Good: Gender Inclusion in the AI Ecosystem», un encuentro clave en el camino hacia el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) de la ONU que tendrá lugar en julio en Ginebra. Organizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Coalición Género en lo Digital (GiDC), de la cual Derechos Digitales es miembro fundador, la actividad tuvo como objetivo asegurar que la gobernanza de estas tecnologías integre de manera estructural una perspectiva de género e interseccional. Estos espacios preparatorios buscan que las recomendaciones de la sociedad civil y organismos internacionales den forma a los documentos finales del mecanismo multilateral de la ONU, garantizando que el desarrollo de la IA sea seguro, confiable y equitativo.

La consulta se centró en la necesidad de transitar desde los principios abstractos de la «IA Feminista» hacia prácticas concretas de diseño y regulación. Durante las sesiones, se enfatizó en que lograr la igualdad de género en este ámbito exige que las mujeres y personas LGBTIQA+ dejen de ser vistas como consumidoras pasivas o meras fuentes de datos, para convertirse en arquitectas y líderes de los sistemas que definen nuestro futuro digital. El foro abordó cómo desmantelar barreras estructurales y crear marcos regulatorios que mitiguen riesgos específicos, como la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT), garantizando que la innovación no se priorice por sobre los derechos fundamentales.

La intervención de Derechos Digitales se dio en el marco del “Grupo temático 1: Oportunidades e implicaciones de la IA: dimensiones sociales, culturales y económicas”. Nuestra coordinadora de Políticas Públicas Marina Meira sostuvo que el problema central no es solo la inclusión, sino la distribución del poder y la toma de decisiones, denunciando un modelo de «colonialismo digital» donde el Sur Global provee datos que son extraídos sin consentimiento para beneficiar a actores del Norte. «Es necesario transitar del concepto de ‘IA para mujeres’ hacia una ‘IA gobernada por mujeres y personas de diversos géneros», señaló durante su participación. Además advirtió sobre cómo los sistemas predictivos y la generación de deepfakes están industrializando y escalando las desigualdades de género preexistentes en América Latina.

Como parte de las recomendaciones clave, Derechos Digitales instó al Diálogo Global a establecer «líneas rojas» claras: la prohibición tajante de sistemas de IA que vulneren derechos humanos, tales como la vigilancia masiva, el perfilamiento predictivo y aquellas herramientas que facilitan la violencia de género. En sintonía con los llamados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), enfatizamos que la innovación no puede justificar el daño social y que es imperativo operativizar moratorias para tecnologías de alto riesgo que carecen de salvaguardas efectivas.

Finalmente, el evento concluyó con un firme llamado a fortalecer la participación significativa de la sociedad civil en los procesos de gobernanza global. Para nuestra organización, el acceso a estos espacios de decisión es un derecho humano que debe garantizar una representación geográfica y lingüística equitativa. Los resultados de esta consulta serán compilados en un documento de recomendaciones que se presentará en el evento global del próximo julio, reafirmando el compromiso de la Coalición GiDC por una soberanía de datos que respete la autonomía de las comunidades y promueva una IA situada, participativa y gobernada comunitariamente.

El Sur Global define su hoja de ruta ante el Diálogo de la ONU sobre inteligencia artificial

El pasado 28 de abril, la Global South Alliance (GSA) y el Global Digital Justice Forum (GDJF) convocaron a una reunión preparatoria de cara al Diálogo Global sobre Inteligencia Artificial (IA) impulsado por Naciones Unidas. El encuentro virtual tuvo como propósito central articular una agenda estratégica que garantice que los marcos de gobernanza internacional no sean meramente simbólicos, sino que reflejen las prioridades y realidades del Sur Global. Las organizaciones participantes enfatizaron la necesidad de transitar hacia un modelo de gobernanza que priorice el interés público, la transparencia y la rendición de cuentas frente al avance de intereses corporativos transnacionales.

En representación de Derechos Digitales, nuestra codirectora ejecutiva Jamila Venturini realizó una intervención en la que alertó sobre la histórica falta de participación de actores del Sur Global en la definición de políticas tecnológicas, lo que ha derivado en modelos que ignoran contextos locales y perpetúan prácticas extractivistas. Venturini subrayó que la gobernanza de la IA debe abordar de manera urgente los impactos en el trabajo y el medio ambiente, especialmente en poblaciones vulnerables. Asimismo, destacó el liderazgo de la sociedad civil en la creación de herramientas concretas, como el marco para repositorios de transparencia en el sector público, que permite a los Estados cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y operativizar la prohibición de sistemas de IA de alto riesgo.

La sesión también profundizó en la identificación y tipificación de los daños tecnológicos. Natasha Nóvoa, de Data Privacy Brasil, presentó reflexiones críticas sobre las tipologías de daños -democráticos, sociales, socioambientales y a derechos fundamentales- basándose en el “AI Harms Library”. Por su parte, Anita Gurumurthy, de IT for Change, sostuvo que la gobernanza de datos y la de IA son “dos caras de la misma moneda” para el desarrollo equitativo. Gurumurthy instó a desglosar el concepto de justicia de datos bajo los principios de soberanía regulatoria y derechos colectivos, haciendo un llamado a que el Diálogo Global genere resultados tangibles en materia de financiamiento y mecanismos de responsabilidad.

El debate fue complementado por las visiones de Urvashi Aneja, de Digital Futures Lab, quien aportó al análisis sobre innovación y desarrollo de IA para el interés público, y la moderación de Vinay Narayan, de Aapti Institute, quien facilitó el intercambio sobre la interoperabilidad de la gobernanza y la redistribución del poder en los ecosistemas de datos. Las ponentes coincidieron en que la innovación no debe ser impulsada únicamente por el mercado, sino por aplicaciones que respondan a necesidades locales y sostenibilidad, garantizando siempre una supervisión local efectiva sobre los sistemas automatizados.

Finalmente, las organizaciones participantes reafirmaron la necesidad de reformar los procedimientos de participación en los foros internacionales. Se propuso la adopción de medidas estrictas de transparencia en la selección de delegadas, la inclusión activa de voces de trabajadoras de plataformas y datos, y el nombramiento de un enlace de la sociedad civil que apoye en la redacción de los documentos de resultados. La reunión concluyó con el compromiso de presentar estas recomendaciones a los cofacilitadores de la ONU.

Derechos Digitales participó en diálogo global sobre resistencia feminista y seguridad digital

El pasado 21 de abril se llevó a cabo la séptima sesión del ciclo ACT Feminist Learning and Dialogue coorganizado por la Coalición de Feministas por el Cambio Social (COFEM) y ONU Mujeres. Estos encuentros buscan servir como un laboratorio de aprendizaje para compartir herramientas prácticas de protección en espacios virtuales. Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, fue parte de las panelistas en la sesión titulada «Tecnología para la seguridad, el goce y la resistencia».

Durante la jornada se abordó, entre otros temas, cómo las comunidades pueden navegar el daño en línea sin comprometer su sostenibilidad, poniendo especial énfasis en el desarrollo de contranarrativas frente a los ataques digitales y el uso de herramientas accesibles para la organización comunitaria. Las intervenciones destacaron la importancia de reclamar espacios digitales a través de la solidaridad y la expresión creativa. El diálogo exploró, además, prácticas digitales feministas emergentes que trascienden la respuesta reactiva a las agresiones, promoviendo un «activismo placentero» que permita el compromiso a largo plazo. Este enfoque es fundamental para garantizar que la tecnología sea una herramienta de emancipación y no un mecanismo de silenciamiento para las defensoras de derechos humanos.

Además de la participación de Derechos Digitales, la sesión reunió a activistas y profesionales de COFEM, Chayn, TechHer Nigeria y la Oficina Regional del Programa ACT para África Oriental y Meridional. Estos espacios buscan consolidar estrategias colectivas frente a la violencia de género facilitada por las tecnologías (VGFT), un desafío creciente para las activistas en América Latina y el mundo.

Derechos Digitales impulsa marco global de transparencia para el uso de IA en el sector público ante la UNESCO

El 21 de abril se llevó a cabo la cuarta reunión general de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Academia en Ética y Políticas de Inteligencia Artificial de la UNESCO. Este encuentro consolida un espacio estratégico para la gobernanza internacional de las tecnologías emergentes, subrayando la necesidad de que los procesos de innovación técnica estén indisolublemente ligados a los estándares internacionales de derechos humanos y a la participación activa de los actores sociales.

La copresidencia de la Red es ejercida por la codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, Jamila Venturini, junto a la directora ejecutiva de IT for Change, Anita Gurumurthy. Esta dirección conjunta refleja un esfuerzo coordinado por posicionar las agendas del Sur Global en el centro del debate sobre ética y gobernanza de datos, asegurando que las realidades de nuestras comunidades no queden al margen de las decisiones regulatorias internacionales.

La apertura del evento estuvo a cargo de Dafna Feinholz, directora interina de la División de Investigación, Ética e Inclusión de la UNESCO, quien destacó el rol fundamental que desempeña la Red en el escenario global. En su intervención, Feinholz resaltó que la incidencia de la sociedad civil es una pieza clave para garantizar que la IA se desarrolle bajo marcos éticos sólidos, valorando el compromiso de las organizaciones participantes para traducir principios generales en acciones concretas de política pública.

Entre otros temas, la reunión se dedicó a la presentación del trabajo de los subgrupos de la red, entre los cuales se encuentra “IA en el sector público”, liderado por Derechos Digitales. El subgrupo estuvo dedicado a la construcción de un marco para la difusión de información de interés público sobre la adopción de estas tecnologías por parte de los Estados.

La herramienta, construida de manera colaborativa, con apoyo de Amrita Sengupta como asistente de investigación, surge como una respuesta técnica y política ante una omisión recurrente: la falta de informes estatales sobre la implementación de sistemas automatizados. El documento presentado justifica la urgencia de esta iniciativa señalando que la opacidad actual impide una auditoría social efectiva y vulnera el derecho a la información de la ciudadanía sobre cómo se toman decisiones que afectan su vida cotidiana.

Un eje central de este marco es la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad. La propuesta integra herramientas de análisis basadas en el ciclo de vida de la tecnología para detectar y mitigar sesgos algorítmicos que puedan profundizar la discriminación.

Nuestra presentación recibió valiosos aportes de especialistas internacionales como Grace Thomson, del Center for AI and Digital Policy, y Aarushi Gupta, del Digital Futures Lab, miembros del subgrupo y colaboradoras activas en la construcción de la herramienta. Sus comentarios destacaron la importancia de contar con una plantilla de reporte estandarizada que facilite la rendición de cuentas y permita comparar la implementación de la IA en diferentes jurisdicciones, elevando así los estándares de transparencia exigidos a los gobiernos a nivel mundial.

Inteligencia artificial y procesos electorales: desafíos y propuestas desde América Latina

Derechos Digitales participó activamente en el lanzamiento del informe “Inteligencia artificial y elecciones: usos e impactos en la libertad de expresión y el derecho a la información en América Latina”, elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y ARTIGO 19. Durante el evento de presentación del pasado 23 de abril, que contó con la asistencia de más de 50 personas en línea, Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de la organización, analizó cómo la implementación de sistemas automatizados está moldeando el ecosistema informativo y la integridad democrática en la región.

La actividad habilitó un espacio enriquecedor de intercambio regional para discutir estos desafíos entre autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en tecnología y periodistas de Brasil, Colombia y Argentina, entre otros países.

En su intervención, Venturini advirtió sobre la creciente tendencia de los Estados latinoamericanos a adoptar sistemas de IA en la administración pública y electoral. Esta práctica suele estar acompañada de una “sed de datos” que, ante la falta de controles efectivos y supervisión, facilita la transferencia de información sensible a terceros. La integración de estas bases de datos en contextos de fragilidad democrática abre brechas para filtraciones que luego son utilizadas en estrategias de microsegmentación y desinformación dirigidas a los votantes.

Nuestra codirectora ejecutiva explicó que la disponibilidad creciente de herramientas de IA generativa permite escalar la producción de desinformación pero no reemplaza la acción humana que es clave en la definición de estrategias y mensajes, así como en la distribución que depende de plataformas tradicionales de redes sociales. En este esquema, el rol de los algoritmos de las plataformas y de actores como influencers resulta determinante para la amplificación artificial de mensajes de manera opaca.

Uno de los puntos más alarmantes de nuestra presentación fue el impacto diferenciado de estas tecnologías sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Venturini señaló que la facilidad de acceso a herramientas para crear contenidos de carácter sexual (deepfakes) se utiliza sistemáticamente para estigmatizar y deslegitimar a candidatas mujeres y personas LGBTIQA+. Citando estudios globales, como State of Deepfakes 2023, se recordó que el 98% del contenido deepfake en línea tiene fines sexuales, una industria que se ve legitimada por la disponibilidad de estas aplicaciones en tiendas oficiales como Google Play.

Frente a este panorama, Derechos Digitales subrayó la necesidad de alejarse de respuestas simplistas y avanzar hacia reformas estructurales. Entre las propuestas planteadas se encuentra el fortalecimiento de las leyes de protección de datos durante períodos electorales y el seguimiento de los flujos de financiamiento (conocido como follow the money) para desmantelar las redes de distribución de desinformación y los intereses comerciales que las sustentan.

Asimismo, se enfatizó en la importancia de implementar reformas normativas con perspectiva de género e interseccional en los códigos electorales para abordar la violencia política facilitada por la tecnología. Venturini recalcó que es fundamental que cualquier marco de gobernanza de la IA sea el resultado de procesos participativos que incluyan a la sociedad civil y la academia, garantizando que el desarrollo tecnológico no comprometa los derechos fundamentales.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de seguir impulsando políticas que potencien la pluralidad de contenidos. Esto incluye la protección del periodismo independiente y la seguridad de las y los defensores de derechos humanos, quienes desempeñan un papel crucial en la difusión de información confiable en una región donde el debate informado constituye la primera línea de defensa de la democracia.

El informe completo puede descargarse acá.

Derechos Digitales insta a una gobernanza global de la IA inclusiva y con rendición de cuentas en la UNESCO

El 17 de abril se llevó a cabo en la sede de la UNESCO en París una nueva Consulta de Partes Interesadas para el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA de la ONU. Este encuentro se desarrolló como un espacio de intercambio entre diversas especialistas y las personas que ocupan la copresidencia del Diálogo, con el objetivo de reflexionar sobre las prioridades temáticas y la estructura de esta iniciativa internacional. En este marco, las organizaciones de la sociedad civil resaltaron la importancia de que estos procesos no solo sean técnicos, sino que integren una perspectiva profunda de derechos humanos y representatividad regional.

Como parte de su contribución estratégica a este proceso, Derechos Digitales presentó una serie de recomendaciones contenidas en la Carta a los copresidentes del Diálogo Global de la ONU sobre IA: recomendaciones de procedimiento. Este documento subraya la necesidad de establecer reglas claras que garanticen una participación equitativa y efectiva, evitando que el debate sea hegemonizado por intereses corporativos. A la vez, sostiene que la legitimidad de cualquier marco de gobernanza global depende directamente de su capacidad para incluir voces que históricamente han sido marginadas de estos centros de decisión.

Durante la sesión, Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales y copresidenta de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia de la UNESCO sobre Ética y Políticas de IA, reforzó el contenido de la Carta, denunciando la persistente falta de participación de actores del Sur Global en los espacios de discusión sobre gobernanza de IA, hasta el momento fuertemente guiada por intereses corporativos de unos pocos países.

La intervención destacó que este Diálogo debe apoyarse en consensos ya alcanzados en el sistema de Naciones Unidas, en particular respecto a la necesidad de prohibir o implementar moratorias a aquellas aplicaciones de IA que no operen bajo el derecho internacional de los derechos humanos o que representen un riesgo alto para su ejercicio. Por ello, una prioridad debe ser la definición de mecanismos de monitoreo y supervisión que impidan que los daños derivados de estos sistemas se repliquen a nivel global, asegurando que los proveedores rindan cuentas ante cualquier violación.

Finalmente, Venturini señaló que mientras los enfoques de gobernanza suelen centrarse en la capa computacional, los impactos laborales y ambientales del ciclo de vida de esta tecnología permanecen fuera de la regulación. Por ello, advirtió sobre el impacto diferencial de las prácticas extractivistas en las poblaciones del Sur Global y la urgencia de integrar consideraciones ecológicas y de derechos laborales en la construcción de los mecanismos de rendición de cuentas de las empresas tecnológicas.

Derechos Digitales reiteró su compromiso de seguir colaborando en este proceso e instó a fortalecer la articulación con la Red de la UNESCO para facilitar una participación más amplia de la sociedad civil y asegurar que los resultados de estos diálogos reflejen las necesidades y realidades de nuestras comunidades.

La presentación completa de Jamila Venturini en esta instancia puede consultarse en el documento “Intervención en la UNESCO sobre gobernanza de la inteligencia artificial: hacia un marco global justo, transparente y basado en derechos”.

La información pública también es parte de la memoria colectiva

“En cada clic que desaparece, en cada base de datos que se esfuma, en cada servidor que se apaga sin explicación, muere un pedazo de nuestra memoria colectiva”. Con esa contundente declaración, se presenta “Amnesia” en su web institucional, un proyecto conjunto de DataCívica, SocialTIC, CodeandoMéxico y Abrimos.info. Para poder profundizar en la relevancia del respaldo independiente de la información pública en los Estados de América Latina, Derechos Digitales invitó a representantes de Amnesia a brindar una charla para todo el equipo de nuestra organización el pasado 13 de abril.

Amnesia es una iniciativa regional dedicada a la preservación de la memoria institucional y el resguardo de información pública en entornos digitales. Su objetivo central es evitar la pérdida de datos críticos que ocurre durante las transiciones políticas o por decisiones deliberadas de las autoridades para eliminar registros. El proyecto busca garantizar que la información producida por el Estado permanezca accesible y protegida, entendiendo que el acceso a los datos es un pilar fundamental para la transparencia y el ejercicio de la democracia.

En el contexto de América Latina, el proyecto identifica una tendencia de “desmemoria digital” utilizada como herramienta para eludir la rendición de cuentas. La volatilidad de los servidores gubernamentales y la fragilidad de los repositorios oficiales ante cambios de administración ponen en riesgo décadas de evidencia sobre la gestión pública. Según explicaron integrantes del proyecto, Amnesia actúa como un contrapeso ciudadano que documenta y alerta sobre la desaparición de estas bases de datos, transformando la información técnica en un activo de memoria colectiva que los gobiernos no pueden borrar con facilidad.

Los ejes principales de su trabajo se centran en la implementación de metodologías de auditoría y preservación, destacando iniciativas como #ArchivosAbiertos. A través de la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, especialistas en archivos y tecnología, el proyecto desarrolla estándares para el monitoreo de la integridad de los datos públicos y promueve la creación de redes de resguardo descentralizadas. De este modo, Amnesia no solo denuncia la pérdida de información, sino que construye la infraestructura necesaria para asegurar que el conocimiento público sea permanente y esté al servicio del escrutinio ciudadano.