Derechos Digitales impulsa marco global de transparencia para el uso de IA en el sector público ante la UNESCO
El 21 de abril se llevó a cabo la cuarta reunión general de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Academia en Ética y Políticas de Inteligencia Artificial de la UNESCO. Este encuentro consolida un espacio estratégico para la gobernanza internacional de las tecnologías emergentes, subrayando la necesidad de que los procesos de innovación técnica estén indisolublemente ligados a los estándares internacionales de derechos humanos y a la participación activa de los actores sociales.
La copresidencia de la Red es ejercida por la codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, Jamila Venturini, junto a la directora ejecutiva de IT for Change, Anita Gurumurthy. Esta dirección conjunta refleja un esfuerzo coordinado por posicionar las agendas del Sur Global en el centro del debate sobre ética y gobernanza de datos, asegurando que las realidades de nuestras comunidades no queden al margen de las decisiones regulatorias internacionales.
La apertura del evento estuvo a cargo de Dafna Feinholz, directora interina de la División de Investigación, Ética e Inclusión de la UNESCO, quien destacó el rol fundamental que desempeña la Red en el escenario global. En su intervención, Feinholz resaltó que la incidencia de la sociedad civil es una pieza clave para garantizar que la IA se desarrolle bajo marcos éticos sólidos, valorando el compromiso de las organizaciones participantes para traducir principios generales en acciones concretas de política pública.
Entre otros temas, la reunión se dedicó a la presentación del trabajo de los subgrupos de la red, entre los cuales se encuentra “IA en el sector público”, liderado por Derechos Digitales. El subgrupo estuvo dedicado a la construcción de un marco para la difusión de información de interés público sobre la adopción de estas tecnologías por parte de los Estados.
La herramienta, construida de manera colaborativa, con apoyo de Amrita Sengupta como asistente de investigación, surge como una respuesta técnica y política ante una omisión recurrente: la falta de informes estatales sobre la implementación de sistemas automatizados. El documento presentado justifica la urgencia de esta iniciativa señalando que la opacidad actual impide una auditoría social efectiva y vulnera el derecho a la información de la ciudadanía sobre cómo se toman decisiones que afectan su vida cotidiana.
Un eje central de este marco es la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad. La propuesta integra herramientas de análisis basadas en el ciclo de vida de la tecnología para detectar y mitigar sesgos algorítmicos que puedan profundizar la discriminación.
Nuestra presentación recibió valiosos aportes de especialistas internacionales como Grace Thomson, del Center for AI and Digital Policy, y Aarushi Gupta, del Digital Futures Lab, miembros del subgrupo y colaboradoras activas en la construcción de la herramienta. Sus comentarios destacaron la importancia de contar con una plantilla de reporte estandarizada que facilite la rendición de cuentas y permita comparar la implementación de la IA en diferentes jurisdicciones, elevando así los estándares de transparencia exigidos a los gobiernos a nivel mundial.
