Nuevas tecnologías, nuevas reglas: narrativas en disputa en la era de la IA

En un contexto donde la inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos están reconfigurando la vida social, política y cultural, la disputa por las narrativas se vuelve cada vez más central. Ese fue el punto de partida del encuentro “New tech, new rules: Narrative and Civil Society in the age of AI and Algorithms”, organizado por International Resource for Impact and Storytelling (IRIS), en el marco del lanzamiento de un nuevo informe sobre el impacto de estas tecnologías en la sociedad.

El encuentro reunió a organizaciones de distintas regiones del mundo para compartir estudios de caso que exploran cómo la sociedad civil está enfrentando y reconfigurando las narrativas en torno a la tecnología. En el panel principal participaron Derechos Digitales, IIRESODH, The Equality Hub y The Polis Project, abordando experiencias situadas en América Latina, África y Asia.

Desde Derechos Digitales, nuestra directora de Comunicaciones Catalina Balla, presentó un caso de estudio centrado en tres campañas en redes sociales sobre reconocimiento facial y vigilancia en América Latina. El trabajo buscaba entender la comunicación no como piezas aisladas, sino como un proceso acumulativo que evoluciona a partir de la interacción con las audiencias.

Las campañas se desarrollaron en tres momentos distintos pero conectados. La primera, vinculada a un concierto masivo en Brasil, utilizó ese contexto cultural para visibilizar la presencia de sistemas de reconocimiento facial en espacios de entretenimiento. La segunda abordó una propuesta en Chile para utilizar reconocimiento facial como medio de pago en el transporte público, explicando de forma más directa sus implicancias en términos de datos personales y vigilancia. La tercera, en cambio, se enfocó en entregar recomendaciones prácticas de seguridad digital, orientadas a personas que ya enfrentan estos contextos en su vida cotidiana.

«Cuando llevamos estos temas a la vida cotidiana, la conversación cambia. Dejan de ser discusiones técnicas y aparecen tensiones reales, sobre todo porque sigue muy instalada la idea de que la vigilancia es necesaria para la seguridad. Eso nos obliga a repensar cómo estamos comunicando y a disputar esas narrativas de forma más directa», señaló Balla.

Tras el panel, el encuentro continuó en espacios de trabajo donde participaron diversas organizaciones, entre ellas Instituto Fogo Cruzado, LatFem, Mada Masr, Alharaca, Tunisia Digital Democracy Partnership y The Storywork Collective, entre otras.

El trabajo se organizó en tres grupos, cada uno enfocado en un eje distinto: reapropiarse de la cultura y la tecnología para la resistencia, enfrentar la vigilancia y la desinformación, y explorar nuevas formas de narrar y organizarse.

En conjunto, los casos presentados muestran que, frente a los cambios que están generando estas tecnologías, las organizaciones no solo responden a sus impactos, sino que también disputan activamente su sentido, sus usos y sus consecuencias. En ese proceso, la construcción de narrativas se vuelve un espacio central de intervención política, donde se define cómo entendemos estos sistemas y qué lugar ocupan en nuestras vidas.

El informe completo, que reúne diez estudios de caso de distintas regiones del mundo, será publicado en los próximos días.

Derechos Digitales destacó la urgencia de proteger los datos personales en el PrivacyQ 2026

La ciudad de Quito fue sede de una nueva edición del PrivacyQ, el evento sobre privacidad y seguridad informática más relevante del Ecuador. Organizado por el Centro de Autonomía Digital (CAD), el encuentro tuvo lugar el sábado 11 de abril en la Escuela Politécnica Nacional (EARME) y reunió a especialistas, activistas y académicas para debatir sobre los desafíos actuales que enfrenta la seguridad digital en la región.

En representación de Derechos Digitales, Rafael Bonifaz, Líder del Programa LAREDD, expuso en la jornada con la ponencia titulada “Identidades en venta: El mercado ilegal de datos que alimenta la vigilancia algorítmica”. La intervención se centró en los hallazgos de nuestra reciente investigación sobre el comercio de información personal a través de canales y grupos de Telegram, con estudios de caso en Argentina, Brasil y Perú.

Bonifaz advirtió que la disponibilidad de estos datos en el mercado ilegal de plataformas no solo vulnera la privacidad individual, sino que constituye el insumo fundamental para fortalecer sistemas de vigilancia algorítmica, profundizando las asimetrías de poder entre los recolectores de datos y las personas usuarias. Nuestra participación en este foro permitió subrayar la necesidad de contar con marcos regulatorios robustos y prácticas institucionales que limiten la explotación indiscriminada de datos personales.

Transparencia tecnológica en Brasil: Derechos Digitales acompañó el lanzamiento de CTRL+Z

Derechos Digitales participó recientemente en el lanzamiento oficial de CTRL+Z, una nueva organización brasileña dedicada a la defensa de los derechos humanos frente al poder de las grandes corporaciones tecnológicas. Esta iniciativa surge como una respuesta directa a la creciente asimetría de poder entre las Big Techs y la ciudadanía, estableciendo una plataforma estratégica para la investigación, la movilización social y la exigencia de rendición de cuentas en el ámbito digital de Brasil y la región.

Nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Marina Meira, estuvo presente en el acto de presentación en São Paulo el pasado 10 de abril. “Vemos con gran entusiasmo el lanzamiento de CTRL+Z como una iniciativa que busca enfrentar el poder desmedido de las Big Techs, cuyo dominio afecta de manera desproporcionada a América Latina y profundiza un claro desequilibrio en el ecosistema digital de la región. En muchos de nuestros países estas corporaciones ni siquiera mantienen presencia institucional y, aún donde la tienen, actúan con escaso compromiso frente a las leyes y decisiones judiciales, priorizando sistemáticamente el lucro por encima del interés público y de los derechos fundamentales. Sumar nuevos actores dispuestos a disputar ese poder es, por lo tanto, muy positivo e importante”, destacó Meira.

La propuesta central de la nueva organización brasilera es la creación de una plataforma segura, accesible a través del navegador Tor, diseñada para que exfuncionarias de grandes empresas tecnológicas puedan denunciar malas prácticas y violaciones de derechos de manera anónima, como whistleblowers. Mediante litigio estratégico, y amparada en la legislación de Brasil, esta herramienta busca romper las barreras impuestas por las cláusulas de confidencialidad corporativa, permitiendo que abusos relacionados con algoritmos, lobby político y vigilancia salgan a la luz pública.

CTRL+Z cuenta con un equipo de reconocida trayectoria en el sector, liderado por la directora ejecutiva Daniela da Silva, exjefa de políticas públicas de WhatsApp en Brasil, junto al abogado Luã Cruz y la periodista de investigación Tatiana Dias. Con el lanzamiento de esta iniciativa, se abre una nueva etapa de resistencia y transparencia en Brasil, sentando un precedente valioso para el resto de América Latina en la búsqueda de una gobernanza de internet donde la dignidad humana prevalezca sobre los intereses comerciales.

Derechos Digitales planea nuevas estrategias para fortalecer la protección de datos personales en Brasil

En un contexto de creciente datificación de servicios públicos y privados y donde a diario se ven noticias sobre filtraciones de bases de datos, nuestra organización redobla los esfuerzos para proteger los datos personales de la ciudadanía en América Latina. Con ese horizonte, el pasado 2 de abril Derechos Digitales se reunió con la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil. 

En Brasilia, funcionarios y funcionarias de diversas áreas de la Agencia recibieron a las representantes de Derechos Digitales: Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas, y Ximena Cuzcano, analista en Seguridad y Resiliencia Digital. Nuestro equipo presentó investigaciones recientes y líneas de acción que buscan la promoción de un entorno digital más seguro e inclusivo. 

«Para nosotras, el diálogo colaborativo con organismos públicos como la ANPD, basado en evidencias recolectadas en nuestras investigación, es muy valioso. Este tipo de cooperación es fundamental para impulsar la agenda de garantía de derechos en Brasil y en toda la región», expresó Meira.

En el encuentro, se exploraron posibilidades de colaboración conjunta para promover la protección de los datos personales en Brasil y en la región. Además, se intercambiaron ideas en torno a temas como las deepfakes, la seguridad digital ciudadana y la digitalización de servicios públicos.

La inteligencia artificial y el desafío de sostener la comunicación popular en la era del algoritmo

El avance vertiginoso de la IA dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un factor determinante de los procesos comunicacionales contemporáneos. Es por ello que, en el marco del 3er. Festival JUNTANZA, especialistas y comunicadores de América Latina debatimos sobre el impacto de las tecnologías emergentes en el ecosistema informativo y la necesidad de una gobernanza digital con perspectiva de derechos.

Nuestro Líder del Programa LAREDD, Rafael Bonifaz, fue invitado a exponer como panelista en el espacio de debate “¿Qué desafíos plantea la IA a la Comunicación Popular?” La conversación se llevó adelante el pasado viernes 20 de marzo en Quito, Ecuador, y también contó con la participación de Sally Burch de ALAI y Rubén Zavala de CIESPAL, bajo la moderación de Nelsy Lizarazo Castro, de CLADE.

La actividad puso el foco en cómo estas herramientas afectan directamente a las comunidades de América Latina y el Caribe ya que, lejos de ser neutrales, estos desarrollos tecnológicos suelen reproducir sesgos y profundizar las desigualdades preexistentes en la región. Durante el panel, se analizó la tensión entre la eficiencia algorítmica y la construcción de sentidos territoriales: la preocupación central identificada radica en la concentración del poder tecnológico en pocas corporaciones globales, lo que limita la autonomía de los medios comunitarios y alternativos. Se planteó que la comunicación popular debe apropiarse críticamente de estas herramientas, desde una postura defensiva y estratégica que permita proteger la diversidad cultural y las lenguas locales.

Para el cierre del panel, las conclusiones enfatizaron en la necesidad de impulsar marcos regulatorios que garanticen una IA ética y transparente, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos. Entre las reflexiones finales, se esbozó que el desafío para el movimiento de comunicación popular no es solo entender cómo funciona el algoritmo, sino garantizar que el derecho humano a comunicar prevalezca por encima de cualquier lógica mercantil o automatizada.

El panel se dio en el marco de una extensa lista de actividades que formaron parte de la agenda del 3er. Festival JUNTANZA, un espacio de convergencia que durante tres días reunió a comunicadores, académicos y referentes sociales. JUNTANZA se consolida como un epicentro para repensar la comunicación desde una óptica comunitaria y alternativa, abordando problemáticas que van desde la transición ecosocial hasta la incidencia política en escenarios geopolíticos complejos.

Derechos Digitales y organizaciones de la sociedad civil de Ecuador advierten sobre riesgos del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos

Derechos Digitales, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, publicaron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por los efectos que podría tener el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos sobre los derechos humanos en entornos digitales.

El acuerdo, firmado el pasado 13 de marzo, incorpora compromisos en materias clave como el flujo transfronterizo de datos, la regulación de plataformas, la transparencia algorítmica y la propiedad intelectual. Según advierten las organizaciones, estas disposiciones no solo podrían limitar la capacidad del Estado ecuatoriano para regular el entorno digital, sino también consolidar el poder de las grandes empresas tecnológicas. De acuerdo con el texto, “el espíritu de este Acuerdo, aunque sea de naturaleza recíproca, pone al Ecuador en una posición económica y regulatoriamente desventajosa, que a largo plazo tendría el efecto de cimentar y exacerbar el poder económico, de por sí dominante, de las Big Tech en el ecosistema digital local”.

En particular, la declaración alerta sobre los riesgos que esto implica para derechos como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso, especialmente en contextos donde el acceso a información sobre sistemas automatizados puede verse restringido, incluso en instancias judiciales.

Asimismo, las organizaciones cuestionan la ampliación de mecanismos de vigilancia en línea como el uso de agentes encubiertos para perseguir infracciones a la propiedad intelectual, y advierten sobre sus posibles efectos en la autocensura y el ejercicio legítimo del discurso.

En este contexto, hacen un llamado a las autoridades ecuatorianas a revisar el contenido del acuerdo y a incorporar salvaguardas que protejan los derechos humanos. En particular, instan al Poder Ejecutivo a reconsiderar los compromisos asumidos, a la Asamblea Legislativa a exigir condiciones realmente recíprocas, incluyendo mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas para plataformas, y a la Corte Constitucional a realizar un control riguroso del acuerdo a la luz de los estándares de derechos fundamentales.

Las organizaciones finalmente llaman la atención de la comunidad internacional ya que este tipo de Acuerdos se están negociando en distintos países de la región y convocan a las organizaciones de sociedad civil a monitorearlos y exigir que se alineen a los estándares de derechos humanos existentes.

Revisa la declaración completa aquí.

Derechos Digitales en Brasilia: regulación digital, democracia y libertad de expresión en la agenda regional

La semana pasada, Brasilia fue escenario de una intensa agenda de encuentros que reunieron a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y actores multisectoriales para debatir algunos de los principales desafíos que enfrenta la región en materia de tecnología, derechos humanos y democracia.

El ECA Digital y el debate sobre infancias e internet

En este contexto, uno de los hitos fue la entrada en vigencia del ECA Digital (Ley 15.211/2025), junto con la publicación del Decreto 12.880/2026 que reglamenta su implementación. Este nuevo marco normativo busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, abriendo una discusión que se está replicando en distintos países de América Latina.

Desde Derechos Digitales participamos en espacios convocados por Instituto Alana y el CGI.br, donde se discutieron los alcances y desafíos de esta nueva regulación. En estos encuentros compartimos nuestra preocupación por el enfoque que ha ido tomando el debate en la región, que en varios países ha tendido a centrarse en un binarismo entre prohibir o no el acceso a redes sociales, limitando la posibilidad de abordar el problema en toda su complejidad. En este contexto, el ECA Digital, con todas sus limitaciones, abre la posibilidad de pensar en modelos más integrales, que pongan el foco en la responsabilidad de las plataformas y otros servicios digitales en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se posiciona como una referencia relevante en la región para analizar posibles adaptaciones en otros países.

Opinión Consultiva sobre el derecho a la democracia en la CIDH

La agenda en Brasilia también estuvo marcada por discusiones sobre democracia y derechos humanos. En el marco de las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Opinión Consultiva solicitada por el Estado de Guatemala, relativa al derecho a la democracia,  organizaciones de la sociedad civil participaron en un encuentro convocado por Libera, Observatorio Derechos y Justicia (ODJ) y Conectas.

El objetivo fue fortalecer la articulación regional frente al deterioro democrático y el avance de tendencias autoritarias en la América Latina y el Caribe. Durante la instancia, desde Derechos Digitales presentamos, junto a otras organizaciones, el contenido del amicus curiae ingresado ante la Corte, subrayando la necesidad de entender la democracia como una condición indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales.

En ese marco, destacamos que las amenazas actuales a la democracia no pueden analizarse sin considerar su dimensión tecnológica. Fenómenos como la desinformación, las amenazas a la seguridad digital, especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, y el despliegue de tecnologías de vigilancia, como el reconocimiento facial, están reconfigurando las condiciones en que se ejerce la democracia en la región.

Informe sobre libertad de expresión en Brasil y diálogo con la RELE

Como parte de esta agenda, también participamos en un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, organizado por Artigo 19 Brasil, el Instituto Brasileño de Educación, Desarrollo e Investigación (IDP) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).

La reunión permitió discutir los hallazgos del informe 2025 de la Relatoría sobre la situación de la libertad de expresión en Brasil, así como explorar caminos para la implementación de sus recomendaciones. Entre los temas abordados destacaron el contexto electoral, la protección de periodistas y los desafíos emergentes en el entorno digital.

Desde Derechos Digitales aportamos una perspectiva regional, poniendo énfasis en la violencia de género facilitada por tecnologías, el aumento de la misoginia en línea y la necesidad de fortalecer respuestas institucionales con enfoque de derechos humanos.

La participación en estos espacios refleja la creciente interconexión entre regulación tecnológica, democracia y derechos fundamentales en la región. En un escenario donde las tecnologías no solo median el debate público, sino que también pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión, la articulación regional de la sociedad civil se vuelve clave para defender y proyectar una agenda de derechos en el entorno digital.

Audiencias ante la Corte IDH impulsan debate regional sobre democracia como derecho humano

En un contexto de crecientes desafíos para la democracia en América Latina, organizaciones de la sociedad civil participaron este viernes en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco de su 187.º Período de Sesiones, en relación con la solicitud de Opinión Consultiva N.º 33 presentada por el Estado de Guatemala sobre el alcance y contenido del derecho a la democracia en el Sistema Interamericano.

Durante la audiencia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Fundación Multitudes, Derechos Digitales y la Universidad Rafael Landívar presentaron argumentos para que la Corte reconozca la democracia como un derecho humano autónomo, destacando que su protección implica obligaciones concretas para los Estados, como garantizar la participación ciudadana efectiva, la protección del espacio cívico, tanto físico como digital, y la independencia judicial.

Las organizaciones subrayaron que la democracia no se limita a la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes, sino que requiere condiciones que permitan el ejercicio pleno de otros derechos humanos, como la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el acceso a la justicia y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.

En ese sentido, advirtieron sobre amenazas crecientes que impactan directamente el entorno digital y democrático en la región, como la criminalización y estigmatización de la participación ciudadana, el uso indebido de tecnologías de vigilancia, la difusión de desinformación y discursos de odio, y la adopción de marcos normativos que restringen el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

Al respecto, Jamila Venturini, Co-Directora Ejecutiva de Derechos Digitales destacó:
“En el espacio cívico digital y físico, persisten distintas formas de acoso y violencia contra líderes sociales y personas defensoras, haciendo de la región la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos. Así también, preocupa el abuso de poderes estatales de vigilancia y uso de tecnologías de vigilancia sofisticada que se propagan en el espacio público, amenazando consigo el ejercicio libre de derechos. Y finalmente, aumenta la adopción de legislación que restringe la actuación de organizaciones no gubernamentales, imponiendo controles excesivos y el uso indebido del derecho penal para desincentivar la crítica y control de la acción estatal.”

Frente a este panorama, las organizaciones solicitaron a la Corte avanzar en el desarrollo de estándares regionales que reconozcan la centralidad de la democracia como un derecho humano autónomo. En particular, enfatizaron que su protección debe trascender los procesos electorales y abarcar la participación significativa, la protección del espacio cívico en todas sus dimensiones y la garantía de condiciones para el ejercicio libre de derechos en entornos digitales.

El reconocimiento de la democracia como derecho humano permitiría fortalecer los estándares regionales frente a regresiones democráticas, estableciendo límites claros a prácticas que debilitan el Estado de derecho y ampliando las vías de protección a nivel interamericano.

Durante el periodo de audiencias, participaron diversos Estados, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, reflejando el amplio interés regional e internacional en el desarrollo de estándares que refuercen la protección de la democracia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Puedes ver el video completo de la audiencia aquí.

Derechos Digitales impulsa una agenda de justicia y derechos humanos en el Diálogo Global de la ONU sobre Gobernanza de IA

En un momento decisivo para la definición de los estándares tecnológicos mundiales, Derechos Digitales participó activamente en la Consulta de Partes Interesadas del Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) de Naciones Unidas. Este proceso, establecido por la Asamblea General mediante la Resolución 79/325, busca facilitar discusiones inclusivas y transparentes sobre la cooperación internacional en IA. La intervención de la organización es clave para asegurar que las realidades del Sur Global sean el eje de la gobernanza global.

Durante la consulta virtual realizada el 18 de marzo, Paloma Lara-Castro, directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, enfatizó que cualquier marco de gobernanza debe estar estrictamente anclado en el derecho internacional de los derechos humanos. También subrayó que el Diálogo Global no debe ser solo un ejercicio formal de representación, sino una instancia genuina que otorgue legitimidad a las políticas resultantes. En este sentido, se instó a que los actores del Sur Global tengan la capacidad real de moldear las agendas y no sean incluidos únicamente con fines de visibilidad.

Un punto destacado de la postura institucional fue la preocupación por los obstáculos físicos a la participación. Derechos Digitales sugirió explorar sedes alternativas fuera de Nueva York para futuros encuentros, advirtiendo que el actual contexto migratorio en los EE. UU. puede socavar la inclusión y el valor de la participación multisectorial. Esta observación refuerza la necesidad de democratizar los espacios de decisión técnica, alejándolos de barreras geopolíticas que limitan la voz de la sociedad civil organizada de América Latina.

La organización también propuso áreas prioritarias que suelen quedar relegadas en los debates técnicos, como el impacto socioeconómico de la IA en el ámbito laboral y la urgencia de una gobernanza con perspectiva de género que aborde la violencia facilitada por la tecnología (VG FT). Asimismo, se hizo un llamado a integrar la justicia de datos para frenar las prácticas extractivas que afectan desproporcionadamente a nuestras poblaciones, además de exigir transparencia sobre la huella ambiental que dejan las infraestructuras y centros de datos de IA.

Finalmente, Derechos Digitales instó a que el primer Diálogo Global -que tendrá su reunión inaugural los días 6 y 7 de julio en Ginebra- genere resultados concretos, tales como mecanismos para operacionalizar moratorias y prohibiciones sobre usos de la IA que representen riesgos graves para los derechos humanos. Entre estos riesgos, se mencionaron específicamente el uso de reconocimiento facial en protestas y la necesidad de pausar la expansión de centros de datos hasta que se garantice su sostenibilidad.

Presentación de Opinión Técnica para reconocer a la democracia como un derecho humano

En un momento en que América Latina enfrenta regresiones democráticas, crisis institucionales y disputas sobre el alcance del Estado de Derecho, el debate sobre el reconocimiento del derecho humano a la democracia adquiere una relevancia urgente. En ese marco, y como antesala a las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), varias organizaciones de la sociedad civil desarrollamos el pasado 10 de marzo el diálogo virtual “¿Derecho humano a la democracia? Retos y oportunidades”.

Desde Derechos Digitales junto a CEJIL, CIVICUS, Fundación Multitudes y Universidad Rafael Landívar, convocamos a este espacio de debate regional para presentar los principales argumentos y alcances de nuestra Opinión Técnica sobre el derecho humano a la democracia elevada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En la instancia, referentes y especialistas de las organizaciones debatimos sobre los desafíos actuales de la democracia, los derechos humanos y el contexto de regresión democrática que experimenta la región, aunado además a los efectos de las nuevas y emergentes tecnologías digitales. También intercambiamos reflexiones acerca de las nuevas formas de erosión institucional que se están viviendo en los Estados de América Latina, tanto en línea como fuera de ella.

La moderación estuvo a cargo de nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Lucía Camacho. Entre las exposiciones, estuvieron presentes: Gabriela Ixchíu, activista indígena k’iche’ y defensora del territorio y la biodiversidad; Gisela De León, directora legal en CEJIL; y Álvaro Castañón, miembro del directorio de Fundación Multitudes.

La grabación completa del diálogo puede verse aquí.

Camino a la Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Del 17 al 20 de marzo se llevará adelante el 187° período de sesiones de la Corte IDH. Brasil será la sede de las audiencias públicas, en el marco de la Opinión Consultiva 33 sobre democracia, solicitada por el Estado de Guatemala.

En el marco de este importante debate, el próximo viernes 20 de marzo, las organizaciones de la sociedad civil que elevamos la Opinión Técnica (elaborada también junto al Centro de Derechos Humanos Zerefino Ladrillero) presentaremos ante la Corte nuestros argumentos que desarrollan esta propuesta y plantean parámetros concretos para avanzar en el reconocimiento de la democracia como un derecho humano y autónomo.

Las audiencias pueden seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la Corte IDH.