Un vistazo a las brechas que configuran
nuestras experiencias en internet
Temática: Protección de comunidades en riesgo
Justicia de datos y bienes públicos digitales en América Latina: ¿Cómo será nuestra participación en el futuro digital?
Un grupo de especialistas en derechos humanos y tecnologías digitales nos reunimos para dialogar sobre la justicia de datos, en febrero de 2023. Esta es una sistematización de aquel debate, en el que se identificaron narrativas dominantes y posibles acciones a implementar para garantizar la justicia de datos.
Latin America in a GLIMPSE
The eighth edition of Latin America in a Glimpse is composed of four investigations, conducted by Latin American organizations working in different countries: Corporación Cambio Sostenible of Colombia, Fundación Openlab of Ecuador, Espacio Público of Venezuela and MariaLab of Brazil.
The common theme of the publication is the idea of gaps, as a complex, multifactorial reality that is associated with a series of structural inequities that shape our experiences in digital environments.
The latest edition of Latin America in a Glimpse is available in Spanish, English and Portuguese.
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La octava edición de América Latina in a Glimpse está compuesta por cuatro investigaciones, realizadas por organizaciones latinoamericanas que trabajan en diferentes países: Corporación Cambio Sostenible de Colombia, Fundación Openlab de Ecuador, Espacio Público de Venezuela y MariaLab de Brasil.
El tema común de la publicación es la idea de las brechas, como una realidad compleja y multifactorial que se asocia a una serie de inequidades estructurales que configuran nuestras experiencias en entornos digitales.
La última edición de Latin America in a Glimpse está disponible en español, inglés y portugués.
Un FRR para el 8M
En el mundo digital se replica el contexto presente en el mundo off line: las mujeres y niñas son de los grupos más vulnerables a situaciones de violencia basada en género, que además puede ser incrementada por otras condiciones, como ser migrante, pertenecer a una comunidad indígena, o a comunidades de bajos recursos. Al mismo tiempo y tal como pasa en situaciones fuera de la pantalla, mujeres con un perfil público desde el activismo o por trabajar en la política o periodismo también se ven vulneradas y atacadas por su género en espacios digitales. Es así como las mujeres y niñas navegan el mundo social que muchas veces normaliza y ve como positivo desarrollar piel gruesa, siendo responsabilidad de ellas las estructuras sociales que sistemáticamente buscan oprimirlas.
Ante este contexto, se hace necesario tener opciones para dar respuestas e intervenir en la prevención y defensa de los derechos de mujeres y niñas y el Fondo de Respuesta Rápida es una herramienta que apoya a la sociedad civil para atender estas situaciones urgentes en entornos digitales.
Las iniciativas que se apoyan desde el FRR son variadas en las dimensiones que intervienen, desde la prevención entre jóvenes universitarias y migrantes a través de mecanismos de alerta temprana, estrategias de reacción frente a situaciones de peligro en línea hasta litigio estratégico en casos de extorsión digital. Estos proyectos tienen en común el objetivo de protección de mujeres y niñas en actividades cotidianas y rutinarias, que son parte de su vida y de su identidad, que es donde residen las potenciales amenazas.
Las amenazas en la cotidianidad
La Fundación Datos Protegidos en Chile trabaja para brindar apoyo para víctimas de violencia de género y extorsión digital, sentando un precedente importante en el país y para la región. Con el apoyo del FRR, llevaron adelante el caso de José Miguel Zárate quien fue acusado de los delitos de amenaza, extorsión, sabotaje informático y difusión sin consentimiento de imágenes íntimas de más de 18 mujeres. El impacto de esta intervención obliga a la discusión más profunda del sistema y sobre lo que ocurre con la violencia digital en Chile en donde “se requiere instalar el debate sobre las sanciones, reparación y garantías respecto a la vida privada de cada mujer, adolescente y niñas ante la gravedad de las circunstancias y el impacto social que este tipo de violencia ha generado por el uso masivo de nuevas herramientas tecnológicas”.
Igual de cotidiana es la situación crítica que la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas de Guatemala atendió através de Tecnofeministas para desarrollar alertas tempranas y sistemas de cuidado y protección de las universitarias para hacerle frente a la violencia machistas en las universidades del país. Es una forma de reclamar su espacio y dar una respuesta que ninguna otra institución da: “que nadie diga que nosotras no pertenecemos a este lugar. Que lo escuchen las universidades y las autoridades del país, porque las mujeres hacemos uso de la Internet y merecemos hacerlo sin ninguna amenaza.” Tecnofeministas ofrece una escuela de formación digital en la que las participantes puedan aproximarse a los parámetros técnicos del internet e identificar estrategias de acción ante situaciones de ciberacoso sexual.
Por otra parte, para que en las comunidades las mujeres y niñas puedan tener una presencia en internet segura a pesar del contexto, la corporación Cambio Sostenible en Colombia ha estado trabajando con ellas en el proyecto Digitalmente Seguras, que busca reducir la vulnerabilidad de este grupo en entornos digitales, especialmemte como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 que afectó duramente la economía de muchos grupos y comunidades. En su trabajo evidenciaron “un aumento de 1000% de los índices de explotación sexual y reclutamiento forzado en el contexto covid 19, de las cuales 7 de cada 10 víctimas son niñas y mujeres” mientras que la inmigración a este país mantenía su ritmo.
Sólo una muestra
Los proyectos presentados son una muestra de las intervenciones que hacen organizaciones y activistas en la región para que el entorno digital sea un espacio de oportunidades para el libre goce de derechos para las mujeres y niñas. Estas iniciativas que se multiplican de país a país, resaltan la carencia de una respuesta institucional contundente en forma de marco legal, formación e implementación que brinde protección, reparación y justicia necesarias para lograr un mundo más justo y seguro.
¡Ahora es ya! Reconociendo desafíos y oportunidades desde la agenda internacional para las niñas en la era digital
Hoy en día nos encontramos con una desafiante brecha de acceso al internet entre hombres y mujeres. Según datos recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tal brecha es del 17% a nivel global, y puede llegar a un 52% dependiendo del país. En este contexto, un reciente estudio demostró que las niñas además enfrentan una inserción a herramientas digitales más tardía comparada con la de los niños, y usualmente es restringida por sus tutores/madres/padres. Además de la brecha actual de acceso, otras brechas son generadas por el cómo se enseña y motiva a las niñas y mujeres jóvenes a interesarse en carreras relacionadas con el área STEM (Ciencia, Tecnología, ingeniería y Matemáticas) y por cómo se presentan recurrentemente situaciones de ciberviolencia hacia mujeres y niñas.
Estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos en la era digital. Por lo tanto, este año es clave reflexionar, porque no solamente el 11 de febrero es el Día Internacional de las Niñas y las Tecnologías de la Información (TICs), sino también porque la temática de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer N°67 (CSW67) de este año es: “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.
A través de esta columna, se identifican tres “por qué” claves en cuanto a estas temáticas.
¿Por qué hay que hablar de las niñas y las TICs?
Cuando las mujeres y las niñas tienen acceso a Internet y refuerzan sus habilidades para usar tecnologías digitales la sociedad se beneficia, como se indica a través de Bridging the Gender Divide. Según este estudio, existiría un beneficio para el desarrollo de sus vidas, con mayores oportunidades educacionales, laborales y acceso a la información; explicando que sin cerrar esta brecha digital no sería posible lograr superar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A su vez, el Foro Económico Mundial explica que 65% de los trabajos del futuro para niñas y niños serán plenamente dedicados a la innovación y a la tecnología, dónde las normas culturales e institucionales que no se actualizan generan límites bloqueando el potencial de las niñas en el área digital. Por último, de acuerdo con Plan International, la brecha tecnológica de género también afecta negativamente el potencial de crecimiento económico y desarrollo de los países explicando que, si en tres años 600 millones más de mujeres están conectadas a Internet, se traduciría en un aumento del PIB mundial de entre US$13 mil millones y US$18 mil millones.
Las tecnologías representan, efectivamente, innumerables oportunidades de fuentes de conocimiento, sobre todo considerando el potencial de cambio que poseen las herramientas tecnológicas para las niñas como futuras mujeres a nivel laboral, pero también como futuras líderes de cambio. Entendiendo que ya el 90% de los trabajos tienen un componente digital, se debe impulsar a que niñas se desarrollen y busquen oportunidades motivándolas desde las STEM.
Asimismo, la participación de niñas, mujeres y personas LGBTQIA+ en el espacio digital y la posibilidad de obtener sus beneficios solo se concretiza cuando tal espacio es seguro y receptivo. Factores como la seguridad digital y la respuesta a la violencia de género deben ser abordados no solo desde la regulación, pero también desde la industria, la cual actualmente es mayoritariamente masculina. Es clave contar con mayor participación de personas que representen a las diversidades en la producción tecnológica para avanzar hacia la construcción de espacios digitales seguros, receptivos y respetuosos, dónde compromisos y acciones concretas se muevan en tal dirección.
¿Por qué la CSW67 es importante para las niñas?
La CSW es una sesión de dos semanas organizada por Naciones Unidas donde Estados Miembros, líderes, organizaciones de la sociedad civil y personas con incidencia en la formulación de políticas públicas se reúnen para discutir avances y límites sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género.
No se trata de una simple reunión, sino que también reafirma y fortalece los compromisos políticos de los actores previamente mencionados con los derechos de las mujeres y asegura la visibilidad de las temáticas por año. Allí se discuten temas emergentes y se promueve la generación de nuevos acercamientos de propuestas y acciones a las situaciones que mujeres y niñas enfrentan de forma desigual en el día a día.
La CSW67 de este año se llevará a cabo entre el 6 y el 17 de marzo, y es una instancia sumamente importante porque discutirá y establecerá la agenda sobre el cambio tecnológico en la era digital con perspectiva de género a nivel global.
Dentro de la temática principal de este año, existen diferentes temas que fueron destacados por la Reunión del Grupo Experto previo a la CSW67, entre los cuales se encuentran:
- Las brechas de género en el acceso y las competencias digitales.
- Ecosistemas de innovación inclusiva y transformación digital.
- Tecnología e innovación transformadoras de género.
- Abordar la violencia de género y la discriminación en línea y facilitadas por las TICs; y proteger los derechos de las mujeres y las niñas en línea.
- La necesidad de mejorar las métricas y los datos desglosados sobre las dimensiones de género de la innovación, el cambio tecnológico y la educación en la era digital.
La CSW es una herramienta importante para las niñas y mujeres jóvenes, ya que en esta se pueden levantar temáticas en las cuales ellas se ven afectadas e involucradas en el día a día. Y de manera más importante, considerar a través de todo este proceso las perspectivas de niñas y mujeres jóvenes es imprescindible para que la agenda tenga una perspectiva multidimensional e integral. La transversalidad de género no puede ser efectiva si se dejan atrás estas perspectivas. Es por esto que la CSW cuenta con espacios –como el diálogo interactivo con representantes líderes juveniles– dónde se comparten experiencias, principios y prioridades relacionadas a la innovación y cambios tecnológicos.
Consecuentemente, el hecho de que estos temas sean posicionados desde perspectivas tanto de niñas y mujeres jóvenes como de profesionales expertos, la importancia recae en que se plasmarán diferentes precedentes, en formato de acciones e información en concordancia a la temática, que serán cruciales para el futuro desarrollo de la era digital con perspectiva de género.
¿Por qué todavía no se soluciona la brecha digital?
Es necesario comprender que temas tan amplios no tienen una sola solución, sino que como su complejidad demuestra, se deben considerar una gran cantidad de variables para aportar desde perspectivas de género. Sobre todo desde la interseccionalidad que reflexione a partir de miradas regionales y locales que complementen soluciones integrales.
La brecha digital depende de cómo se entrega prioridad a los recursos y oportunidades para niñas en las TICs y muchas veces esto representa una dificultad, especialmente cuando los Estados no poseen recursos suficientes para esto. Dado lo anterior, existen múltiples iniciativas desde la sociedad civil para aportar para el desarrollo de estas temáticas para niñas y mujeres a nivel regional y global, desde Derechos Digitales existen diferentes instancias, desde publicaciones (clic aquí para la más actual), levantando proyectos como el Fondo de Respuesta Rápida hasta participando en instancias internacionales, tales como la CSW67.
Se precisan, a futuro, medidas que consideren el esfuerzo y compromiso de distintas partes, y a partir de instancias internacionales, como la CSW67, existe la oportunidad de considerar múltiples perspectivas para identificar las necesidades, prioridades y acciones que se requieren para avanzar hacia la igualdad de género, disminuir la brecha digital y mejorar el futuro para las niñas y las TICs.
Las personas al centro: la apertura en las políticas de ciberseguridad
A mediados de 2022 el gobierno de Chile anunció la designación del nuevo Coordinador Nacional de Ciberseguridad: el Dr. Daniel Álvarez (uno de los fundadores de Derechos Digitales).
La nueva autoridad llegó anunciando dos misiones concretas y cruciales: la evaluación de la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022, y el desarrollo de su sucesora, una nueva Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, como cuestiones que se desarrollarán de forma paralela.
El esfuerzo viene acompañado de otros sucesos. A nivel nacional, el avance en la extendida discusión de una reforma profunda a la ley de datos personales, y el retrasado pero recuperado debate de una ley marco de ciberseguridad muestran un contexto de avance en varios frentes.
A nivel internacional, Chile sigue junto a varios países de la región negociando normas no vinculantes para el ciberespacio o “cibernormas” para el comportamiento de los estados en el ciberespacio en un grupo de trabajo de la Primera Comisión de Naciones Unidas, y reglas de combate e investigación de ciberdelitos en el Comité Especial designado en la Tercera Comisión.
Hay un aspecto que sobresale ahora que el proceso de una nueva PNCS está en curso: la participación ciudadana en la definición de posturas y medidas oficiales relacionadas con la seguridad en el ciberespacio.
Proteger personas, no máquinas
La discusión por el desarrollo de reglas, principios y normas no vinculantes para el comportamiento de los estados en el ciberespacio, que lleva varios años y varias iteraciones en el OEWG de la ONU, parece ir encaminada con buenas intenciones en ese sentido.
Con insistencia de organizaciones de la sociedad civil y la academia, y con el apoyo de varios Estados (también de Latinoamérica), se ha destacado la necesidad de poner a las personas y los derechos humanos no solamente en el centro de los esfuerzos de protección, sino también como parte de la discusión en el OEWG.
No obstante, resulta un desafío permanente que la implementación de las normas no vinculantes sea efectivamente un espacio para la participación. Con frecuencia, da la impresión de que ciertos aspectos de la implementación de estas normas no vinculantes son más bien un asunto eminentemente técnico, donde la experiencia, la pericia y la perspectiva de múltiples partes interesadas, distintas del Estado y algunas empresas de seguridad, no tiene un espacio.
¿Es posible confiar en que los Estados incorporen a distintas partes interesadas al momento de implementar normas no vinculantes? ¿Es posible esperar al menos el compromiso de una mayor interacción a través de sus programas y estrategias de ciberseguridad? Ello depende fundamentalmente de la forma en que cada Estado observa, e integra, los aportes de esos distintos actores.
Los próximos pasos
Hace varios años, cuando analizamos los niveles y el impacto de la participación de múltiples partes interesadas en la formulación de la PNCS 2017-2022 de Chile, observamos con grata sorpresa lo que resultaba un positivo ejemplo. La convocatoria del gobierno de la época para sostener reuniones con distintas partes interesadas y de abrir la consulta pública a cualquier persona que quisiera intervenir, se vio reflejada en un texto final que efectivamente incorporaba cambios coincidentes con propuestas desde fuera del gobierno.
En nuestra opinión, esa mayor interacción permitió no solamente mejorar la comprensión y las capacidades entre distintos actores (Estado incluido), sino también dotar a la PNCS 2017-2022 de mayor calidad y legitimidad.
Un informe de la OEA y GPD, lanzado públicamente a fines de junio de 2022, daba cuenta de la experiencia en la región, relevando los procesos que integraron de distinto modo a la participación multisectorial. Tan solo falta que esa apertura se adopte como norma no vinculante a nivel global.
Creemos firmemente que las distintas partes interesadas, especialmente aquellas dedicadas a la promoción de derechos humanos o que representan a grupos especialmente vulnerables a ataques cibernéticos, son actores relevantes en la formulación y en la implementación de políticas sobre el ciberespacio, facilitando la capacitación, proponiendo políticas o medidas concretas, y ayudando a la sensibilización en cuestiones de seguridad digital.
Con esa experiencia, el nivel en materia de participación para una estrategia de ciberseguridad no debería ser un menor que en la ocasión anterior. No obstante, hasta ahora es poco lo que hemos encontrado en mejoras sustantivas.
Es positivo que la política chilena sea objeto de evaluación, como también que el nuevo proceso esté marcado por una mayor participación en audiencias. Pero todavía restan dudas, de cara a la ciudadanía, sobre cuáles son las fechas, etapas e instancias de interacción directa con el proceso, como también extrañamos una difusión amplia de las medidas que se adoptarán hacer de la elaboración un proceso abierto, transparente e inclusivo.
Que las experiencias pasadas se conviertan efectivamente en lecciones aprendidas tanto de lo nacional como de lo regional y mundial, depende ahora de las autoridades. La sociedad civil está atenta.
Derechos digitales en América Latina: un problema en capas
A mediados de 2019, Derechos Digitales abrió las postulaciones al Fondo de Respuesta Rápida para la Protección de Derechos Digitales en América Latina (FRR), concebido como una manera de responder a las necesidad de las organizaciones y activistas trabajando en la región, ante situaciones urgentes que no pueden ser atendidas por el ciclo regular de financiamiento. El objetivo es contribuir a la construcción de un entorno digital libre y abierto, mediante una opción flexible, sin fechas restrictivas y minimizando los requisitos burocráticos. Al ser un fondo creado en Latinoamérica para Latinoamérica, se reducen también las brechas de idiomas que pueden tener algunos fondos.
Al poco tiempo de haber comenzado sus operaciones, el panorama mundial cambió radicalmente debido a la rápida expansión del COVID-19 y las distintas medidas adoptadas por los gobiernos para hacerle frente, muchas de ellas de carácter tecnológico, lo que conllevo la magnificación y multiplicación de situaciones de riesgo en distintas dimensiones de la cotidianidad. El riesgo de pasar por encima de los derechos humanos, usando como excusa la pandemia, fue una justificación común para la implementación de mecanismos y tecnologías sin la suficiente probidad. Las organizaciones y activistas de la región levantaron la voz, demostrando de paso los derechos digitales no son una preocupación de nichos, sino de todas las comunidades.
Esto hizo que el FRR tuviera una posición privilegiada para comprender el impacto de las amenazas a los derechos humanos en entornos digitales, no como algo teórico y reservado para discusiones especializadas, sino como una situación que pone en desventaja y vulnerabilidad a comunidades y grupos enteros. El contacto directo con organizaciones y activistas durante la pandemia ha hecho que el FRR funcione como línea de atención primaria, que puede dar pistas sobre potenciales problemas estructurales que involucran a los derechos digitales. Da la oportunidad de ver dónde están las dolencias y carencias más importantes, junto con potenciales áreas que serán relevantes en el futuro cercano.
Capas de problemas
Hay que tener en cuenta que, al hablar de América Latina, debemos dar cuenta de las profundas diferencias. En cuestiones de internet, un país puede no ser la unidad descriptiva más adecuada. Más bien, el mapa se configura por capas, es decir niveles o tipos de problemas, y diversas capas pueden estar presente en un mismo país y los mismos retos pueden presentarse en las mismas zonas de varios países.
Por ejemplo, un país puede estar enfrentando problemas con la violencia en línea o con la implementación de tecnología de reconocimiento facial y, al mismo tiempo, tener regiones que estén luchando por tener un acceso significativo a internet que habilite el ejercicios de derechos o comunidades que estén decidiendo cómo conectarse de forma independiente. Países que puedan ser considerados aventajados en la conectividad, pueden no garantizar la calidad de la conectividad, complejizando la aproximación al problema y señalando la necesidad de mejores indicadores de inserción.
Desde el FRR se observan al menos tres capas de trabajo con los derechos digitales:
- La capa principal son los retos de conectividad y cobertura, así como capacitación, educación y entrenamiento en el uso de Internet que permita el uso y goce de derechos;
- En la capa media se encuentran los usos y el monitoreo de las actividades de internet que afectan directamente a grupos y personas, como violencia en línea, ataques en línea, acoso a personas y organizaciones, entre otros;
- Y la tercera capa es de políticas públicas, implementadas por gobiernos nacionales o locales para el uso de tecnología, con poca probidad en la garantía de derechos y sin participación de las comunidades en la toma de decisión.
La descripción de estas capas es un esfuerzo por sistematizar la diversidad que coexiste en Latinoamérica.
Ciertamente, hay prioridades diferentes por países en cuanto a los derechos digitales y su impacto social. Por ejemplo, las consecuencias del censo digital, la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en espacios públicos, el impacto de la minería cripto o la violencia basada en género, que sirven para esbozar prioridades futuras en la región y quedan como antecedentes de lo que puede pasar en otros países.
En tanto, constatamos en terreno y con la experiencia adquirida, más otros esfuerzos de monitoreo, que las zonas rurales de la región son las que más carecen de acceso y herramientas para la conectividad, aunque el porcentaje de cobertura haya crecido en los últimos años. Esto se traduce en una cadena causal visible: menos recursos, menos capacidad de acceso a internet de calidad, menos capacidad de participación y, en consecuencia, las comunidades se hacen más invisibles y con menos capacidad de ejercer sus derechos humanos de participación pública, libertad de asociación, acceso a la información pública y libertad de expresión.
Los indicadores de cobertura, aun cuando cuentan con información de avances, necesitan complementarse con el uso real que tienen las comunidades, cómo se integran estas al uso de internet, qué herramientas de seguridad tienen y, también, qué posibilidades de conectividad independiente podrían lograr. Información que sí manejan o tienen capacidad de recolectar las organizaciones y activistas que hacen trabajo comunitario.
Ya en el 2023, con una pandemia disminuida en fuerza, la prioridad de atender las situaciones urgentes e importantes de los derechos digitales consolida la misión del FRR.
¿Tienes un proyecto que te gustaría postular al FRR? Más información aquí.
Una última mirada a los derechos digitales en 2022
Cuando comenzamos 2022, una esperanza comenzaba a crecer en buena parte del mundo: las vacunas para reducir los contagios y los síntomas de la COVID-19 surtieron efecto y llegaron a más grupos de la población. Lentamente, aspectos de la vida prepandémica volvían a materializarse y, después de dos años dramáticos, el mundo parecía realinearse.
Pero el año inició con tumulto mundial: una invasión en Europa oriental creaba una crisis humanitaria de incalculable costo humano, que a su vez desviaba la atención de otras crisis en África oriental, en Asia meridional, en América Latina. Nuevas desigualdades, internas y externas, se hicieron patentes, ahora bajo la presión del riesgo vital de una pandemia que no termina.
Como en buena parte del mundo, América Latina ha visto el agravamiento de las distintas crisis superpuestas, agudizadas por un horizonte de crisis económica que está en pleno desarrollo. Aun así, grandes aires de esperanza se sintieron en la región, en la resistencia al abuso y la injusticia, y en la participación política en varias elecciones.
En América Latina, el 2022 partió con revelaciones de hackeo a periodistas en El Salvador, en una réplica de lo que fue descubierto años antes en México, revelando que el espionaje ilegal estatal con herramientas importadas continúa en la región.
A la vez, la vigilancia masiva todavía es una disputa inconclusa. En una insigne victoria para el activismo local, en México el invasivo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado a fines de 2021, fue declarado inconstitucional, impidiendo la vinculación entre la identidad de un usuario de teléfono y su información biométrica, entre otros datos, en una decisión anunciada en abril. Poco antes, se había detenido en el metro de San Pablo, Brasil, el uso de un sistema de reconocimiento facial automatizado, aunque luego fue autorizado por la justicia. Esa batalla continúa, ahora contra una iniciativa por extender el reconocimiento facial a toda la urbe. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la justicia declaraba la inconstitucionalidad de un sistema de reconocimiento facial.
En Colombia, una preocupación constante por la incorporación de mecanismos legales para fórmulas riesgosas de identidad digital, como también un debate sobre neutralidad de la red y zero-rating se tomaron parte de la agenda después de la fuerte escalada de violencia de las protestas de 2021. El uso de máquinas digitales para el proceso electoral fue, como siempre, objeto de escrutinio.
Al igual que en Colombia, y ante los ojos del mundo, una nueva elección presidencial en Brasil ofrecía esperanza, pero también mostraba algunos de los peores temores de la región: torpes intentos de control de la desinformación amenazaban con alterar el funcionamiento de la mensajería personal, mientras varias acusaciones de desinformación enfrentaban al gobierno y a las iniciativas de empresas privadas por controlar el discurso en línea. Que todo eso ocurriera mientras aumentaba el gasto en tecnología de hackeo y vigilancia hacía temer por el futuro.
Por cierto, las protestas sociales de los últimos años no cesaron. En Ecuador, fuimos parte del reclamo de la sociedad civil en rechazo a la represión y la vigilancia en el marco de protestas sociales a mediados de año. Presentamos a la ONU múltiples antecedentes sobre situaciones de afectación de derechos, especialmente vinculados a la expresión y la protesta, en un informe dentro del contexto del Examen Periódico Universal. En paralelo, continúa el cuestionado juicio contra Ola Bini a pesar de las reportadas infracciones al debido proceso. También vimos que persiste la represión de la expresión y la protesta en Nicaragua, incluido el allanamiento y cierre de organizaciones y de medios de comunicación, alarmando a expertos internacionales que exigen visitar el país. Y, en Venezuela, informes tanto de la industria de las telecomunicaciones como de la sociedad civil, mostraron el nivel de vigilancia y represión en ese país.
Al mismo tiempo, Brasil progresaba en un área sensible para toda la región: la protección de datos personales. Sin ser un debate ajeno a la contingencia, Brasil avanzó en el otorgamiento de autarquía de carácter especial a su nueva autoridad de control de datos personales. Por su parte, Ecuador –que promulgó su ley en 2021– inició este año el proceso de reglamentación de la ley. En Chile, paso a paso se Avanza en un proyecto de reemplazo a una ley que hoy es ineficaz ante casos públicos de vulneración de los derechos sobre los datos.
También hubo otros relevantes debates legislativos en la región, para los que este recuento quizás no basta. Fuimos testigos de la discusión por una nueva ley de inteligencia artificial en Brasil, como también en iniciativas de leyes sobre ciberseguridad, sobre desinformación y sobre ciberdelitos en varios países de la región. Nuestro trabajo de monitoreo continúa con intensidad para identificar las oportunidades, los riesgos a las libertades y derechos que puedan acompañar a esas iniciativas. Nos involucramos en la discusión por una nueva constitución en Chile, con propuestas surgidas desde distintos lugares y grupos del país.
No obstante también aprovechamos instancias globales que afectan a América Latina. Como ejemplos, contribuimos a informes de oficinas de expertos de Naciones Unidas sobre apagones de internet y sobre inteligencia artificial y privacidad. Participamos en procesos como la reunión de plenipotenciarios de la UIT, en la peligrosa discusión por un nuevo tratado sobre ciberdelitos, en el debate global sobre normas para el comportamiento de los Estados en el ciberespacio, y mucho más.
Mirar hacia el futuro
Todo lo anterior es apenas una muestra de lo intenso que fue el trabajo del año desde nuestro activismo. No obstante, también hubo muchísima colaboración, la misma que creemos que es parte esencial de la proyección hacia el futuro de la labor de Derechos Digitales.
Como organización, el año también fue de oportunidades de cooperación cruciales para la región. Volvimos a albergar un evento virtual de difusión, intercambios y aprendizajes. Participamos muy activamente en la organización del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe, el LAC IGF. Nos reunimos con nuestras aliadas de la coalición Al Sur para comenzar a pensar en el futuro, en un primer encuentro presencial después de años. Mantuvimos numerosos talleres y reuniones con organizaciones e instituciones a nivel regional y global. Y nos sumamos como socios organizadores, con esperanza, al Movimiento por una Mejor Internet.
Logramos también apoyar a 21 iniciativas de acción de 12 países de la región a través de nuestro Fondo de Respuesta Rápida, no solo facilitando la respuesta ágil a situaciones de emergencia, sino también favoreciendo el aprendizaje en múltiples contextos de activismo. Es a través de procesos como este que la colaboración de 2021 con el ODIA argentino ayudó en la declaración de inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial en Buenos Aires. Mecanismos de apoyo como este Fondo demuestran que existen nuevas posibilidades para la articulación de organizaciones en la región.
Lo más importante: en una época global de grandes cambios, consolidamos un equipo sólido, de muy diversos orígenes y perfiles, fortaleciendo nuestra capacidad de trabajar en distintos ámbitos. Sabemos que en 2023 habrá más cambios, pero también que con ellos vendrán nuevas oportunidades de colaboración interna y externa.
Aunque ha sido un año desafiante, sentimos orgullo por el camino recorrido y mucha esperanza en el que queda por recorrer. La mirada introspectiva ha sido fuente de gran aprendizaje, como también de importante reflexión sobre lo que necesitamos seguir haciendo. Porque creemos en nuestro derecho y en nuestra capacidad de crear un futuro más justo para América Latina, reconocemos lo que significa el fin de 2022 y damos la bienvenida a 2023.
Cyber-violencia contra mujeres y niñas: el caso de los stalkerwares
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la violencia contra mujeres y niñas se ha agravado. Este aumento se compone de diversas aristas, y comprende aquello que ocurre tanto los espacios “físicos” como en internet.
De acuerdo con un estudio de la Unión Europea sobre “ciber-violencia” contra niñas y mujeres, existen diferentes tipos de violencia en internet, de las cuales se destacan el cyber-stalking (equivalente al ciber-acoso), trolling, cyber-harrasment (equivalente al grooming), cyber-bullying, discursos de odio online, flaming (comentarios de odio, insultos y otros), abuso sexual basado en compartir imágenes no consensuadas y doxxing (publicación de documentos y datos privados al público).
En línea con el reciente Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las mujeres y niñas, y dentro del contexto de 16 días de activismo de Naciones Unidas, es necesario reflexionar sobre el stalkerware, un tipo de software que habilita una forma particular de violencia.
¿Qué es un stalkerware?
Normalmente comercializados como herramientas de seguridad para controlar el acceso al contenido online de niños y niñas, el stalkerware es precisamente lo que indica su nombre en inglés: software diseñado para acechar (observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto) y acosar (perseguir sin tregua ni descanso a una persona a una persona).
Se trata de software que en muchos casos está disponible en el comercio y que al ser instalados en un celular, computadora u otros dispositivos electrónicos, otorgan acceso de forma remota a la información contenida en los dispositivos, pudiendo incluir la ubicación geográfica, las búsquedas en la web, mensajes de texto, correos electrónicos, fotos y contactos. Usualmente el stalkerware se ejecuta en segundo plano, sin que la persona afectada haya dado su consentimiento o siquiera sepa que está instalado en su dispositivo, y es común que el uso de estas herramientas se realice en el marco de una relación afectiva, (amigos, novios, familiares, etc.), cuando una persona busca controlar a la otra.
Uno de los problemas principales es el gran desconocimiento sobre los stalkerwares: según un reporte publicado por Kaspersky, un 60% de las personas no sabe de su existencia. Esta falta de reconocimiento e información genera vulnerabilidades que pueden facilitar el sometimiento de una persona a esta forma de violencia.
Un estudio publicado por Women’s Aid documentó que, en al menos el 29% de los casos de violencia intra-familiar, las parejas o ex parejas utilizaron stalkerware; por ejemplo, en múltiples casos en Estados Unidos, los perpretadores reconocieron instalar el software en teléfonos que regalaron a sus hijos e hijas después de un divorcio, con el objetivo de vigilar a la expareja. En otros países se identifican dinámicas similares en casos de “amistad”, las cuales instalaban stalkerware en el dispositivo de conocidos o también en el caso de parejas que no necesariamente experimentaban violencia física.
Sin embargo, todos los casos son claro ejemplo de una intención, realizada sin consentimiento, con el fin de tener poder y control por sobre la otra persona, lo cual es una trasgresión a la privacidad, acoso, y, por ende, violencia.
Impactos más allá de internet
Todas las monedas tienen dos caras. Aquí, una cara es aquello que ocurre en línea y la otra es lo que sucede fuera de internet. Uno de los aspectos que deben ser considerados al entender los impactos de la utilización de stalkerwares es que no solamente tienen repercusiones sobre nuestras acciones en línea, sino que el acceso a la información personal y sensible, sin autorización, por parte de un tercero extiende su capacidad de control fuera de internet, perpetuando esta situación de violencia.
Para tener una radiografía de la situación del cyber-stalking, un estudio reciente de Plan Internacional reveló que más de la mitad de niñas y mujeres jóvenes, entre los 15 y 25 años, han sido víctimas de esta forma de violencia, mientras que el el 1er Estudio Nacional de Ciber Acoso y Salud Mental realizado en Chile, y publicado en 2021, revela que un 47% de las personas entre 15 y 29 años declara haber sido víctima de “violencia digital” en los últimos tres meses; tanto en 2020 como en 2021 se observó que la mayoría de las personas afectadas eran mujeres.
El stalkerware no es una consecuencia directa del cyber-stalking, sin embargo, es necesario considerar desde una perspectiva más amplia el contexto, como se explica en el reporte “Protecting Women and girls from violence in the Digital Age”: en una sociedad patriarcal, quienes cometen actos de violencia probablemente tienen una red de apoyo que se comporta de la misma forma, justifica y normaliza la violencia. Estos aliados, que antes solamente podían encontrarse de forma off-line, hoy en día comparten ideas que se desarrollan, fomentan y fortalecen en internet.
Desafíos a futuro
Si bien en la región existen diferentes políticas públicas que abarcan estos temas, con la intención de mitigar la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito digital se identifican dos desafíos principales, que deben ser tomados en cuenta para avanzar hacia la erradicación de la ciber-violencia: primero, no existe una definición universal, ni regional, que considere las violencias en internet y fuera de internet en un mismo nivel, dejando el ámbito digital como un área subyacente de la violencia con las mujeres y niñas. Se genera así la percepción de una falta de priorización de las variables involucradas en este tipo de violencias.
Por otro lado, es clave considerar la importancia de reflexionar sobre la existencia de medidas efectivas para la erradicación de estas prácticas, las cuales deben ser aprendidas de la historia, dejando de tomar medidas centradas en las víctimas, sino que deben considerar los problemas estructurales a nivel macro, que permiten que estos problemas ocurran. La educación a potenciales perpetradores de este tipo de violencia y el reforzamiento de estructuras legales, que regulen y no permitan la agravación de estas situaciones, son clave para generar avances sustantivos.
Daniela Horta es Cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas: Desarrollo y Gobernanza del Institute of Social Studies – Erasmus University Rotterdam y la University of York. Actualmente está cursando una especialización en la universidad Roma Tre (Italia) en Política y Género, y es pasante en Derechos Digitales.
Las máquinas no son suficientes
Palabras como “bot”, “algoritmo” e “inteligencia artificial” se han vuelto parte de nuestro lenguaje cotidiano. A pesar de que muchas veces no tenemos del todo claro qué significan, aluden a un imaginario de total automatización, sistemas súper inteligentes capaces de tomar mejores decisiones, más rápido, sin sesgos, basadas en el análisis de grandes volúmenes de datos.
Sin embargo, la realidad está muy lejos. Y cuando hablamos de la moderación de contenidos en redes sociales son necesarias personas que trabajan como “escudos humanos de internet”, dedicadas a leer, escuchar y mirar todo lo que el resto del mundo no quiere ver.
La moderación de contenidos es un trabajo esencial en las redes sociales y tiene como función mantener los contenidos de las plataformas en un mínimo aceptable tanto para asegurar la experiencia de las comunidades de usuarias y usuarios, como para incentivar la inversión publicitaria. En 2021, los ingresos de compañías como Meta y TikTok superaron los 50.000 millones de euros, un negocio que solo es posible gracias a la moderación de contenidos.
Se trata de un trabajo que, en gran medida, se hace de forma manual: equipos de personas buscando y marcando textos, imágenes y audios inapropiados; clasificación que, a su vez, se utiliza para entrenar sistemas automatizados. Es decir, la capacidad de un algoritmo para identificar contenido nocivo descansa en trabajo humano. Cada vez que un contenido es retirado de una plataforma, este ha sido visto y marcado por un moderador de contenido humano o un sistema automatizado entrenado con datos proporcionados por un humano.
En general, se trata de un mal trabajo. En su libro GhostWork: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass (Trabajo fantasma: cómo evitar que Silicon Valley construya una nueva subclase global) la antropóloga Mary L. Gray y el científico social Siddharth Suri analizan particularmente el rol de los etiquetadores de datos y moderadores de contenido.
Diariamente, el 98% de los contenidos violentos son retirados de las plataformas por humanos. Quienes realizan estas tareas están sujetas a múltiples riesgos, incluyendo daño psicológico, producto tanto del tipo de contenidos al que están expuestas —asesinatos, suicidios, pedofilia, accidentes y hasta canibalismo, lo peor de internet— y condiciones laborales precarias: vigilancia laboral extrema y jornadas extenuantes, en un trabajo de corta permanencia y alta rotación que no provee la atención psicológica necesaria. Algunas de las consecuencias que se han identificado son son síntomas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.
Además, es común que las compañías contraten empleados a través de empresas tercerizadas, lo que dificulta la sindicalización y la posibilidad de rechazar prácticas poco éticas o exigir mejores condiciones de trabajo.
Recientemente en Colombia, donde se encuentra uno de los principales centros de moderación de contenidos de TikTok en América Latina (el otro es Brasil), un grupo de empleados denunció sus condiciones laborales, que implican jornadas de 10 a 12 horas, 6 días a la semana, por un salario que apenas supera el mínimo. A cambio, deben analizar más de 1.200 vídeos cortos por turno, con escasos para tomar una decisión respecto a si el contenido viola o no las normas de la plataforma.
Además, deben mantener su cámara encendida durante todo el turno, para asegurar que nadie más vea el contenido, y su escritorio debe permanecer vacío, con excepción de un vaso transparente con líquido.
Mientras nos enteramos que una red social se vende por sumas exorbitantes y escuchamos sobre los miles de trabajadores despedidos en otra, es mandatorio que reflexionemos sobre el trabajo de las personas que permiten el funcionamiento de las plataformas, quienes aportan la materia prima sobre la cual se sustenta el negocio.
Salarios justos, beneficios laborales, entrenamiento, condiciones mínimas de seguridad y apoyo psicológico a quienes se enfrentan a contenidos que luego serán vetados debería ser una condición irrenunciable para quienes aspiramos a habitar espacios virtuales más democráticos y humanos.