Temática: Protección de comunidades en riesgo

El nuevo tratado internacional contra el cibercrimen no nos protege y pone en riesgo nuestros derechos

En febrero de 2024, tras dos años de negociaciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentará un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Sin embargo, organismos expertos y activistas alrededor del mundo advierten que el documento contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos.

Los desaciertos del tratado son varios. Por un lado, estados autoritarios como China, Vietnam, Pakistán y la Federación Rusa han promovido una aproximación amplia al concepto de cibercrimen, con límites poco claros, que puede ser utilizada para perseguir actos legítimos en línea. Aunque algunos Estados se han manifestado contra esta perspectiva, no han sido capaces de asegurar un conjunto de mínimos necesarios para asegurar la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales.

En su forma actual, el tratado carece de salvaguardas suficientes en materia de derechos humanos que impidan que sea invocado para restringir derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión en línea. Carece también de una perspectiva de género efectiva, abriendo la puerta para la persecución de las personas por expresar su orientación sexual o identidad de género en internet, en países que castigan a las personas LGBTQI+, cómo demuestra una investigación realizada por Derechos Digitales y APC.

Por el contrario, actualmente el tratado podría limitar la libertad de expresión al sancionar discursos legítimos con la excusa del combate al cibercrimen, como han advertido ampliamente organismos internacionales de derechos humanos. Además, el acuerdo entrega mayores herramientas para la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin los controles necesarios para evitar abusos.

En su versión actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles y un historial de autoritarismo.

Un tratado internacional sobre cibercrimen construido en la ONU no puede obviar la debida defensa y promoción de los derechos humanos. Hacemos un llamado a los Estados para que no cometan este error y adopten una perspectiva[VG1] para la persecución de los delitos informáticos que garantice a cada persona en el planeta el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

¿Por qué nos oponemos al nuevo tratado internacional contra el cibercrimen?

  1. El tratado sobre cibercrimen que se discute actualmente en Naciones Unidas carece de salvaguardas robustas en materia de derechos humanos, lo que permite que sea invocado para perseguir y castigar actos legítimos, como expresar disenso político.
  2. El tratado sobre cibercrimen promovido por Naciones Unidas no incorpora una perspectiva efectiva de género. Esto posibilita la criminalización de mujeres y personas LGBTQIA+, socavando la lucha por la igualdad de género.
  3. El tratado contra el cibercrimen incluye delitos que atentan contra la libertad de expresión, como han advertido diversas organizaciones internacionales. Esto es un contrasentido con la misión de la ONU: no se puede aprobar un tratado que legitima violaciones a los derechos humanos.
  4. El tratado sobre cibercrimen que se discute en Naciones Unidas legitima la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin salvaguardas suficientes que impidan abusos contra el ejercicio de derechos fundamentales.
  5. En su forma actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles e historiales de autoritarismo.

¿Qué requisitos necesita cumplir un tratado internacional sobre ciberdelincuencia?

  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe garantizar mayor seguridad en línea a todas las personas, defendiendo y promoviendo el ejercicio de los derechos humanos.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe tener una perspectiva de género efectiva, que permee cada uno de sus artículos, garantizando que nadie sea perseguido por expresarse. Ello incluye la posibilidad de expresarse políticamente, así como de expresar la propia orientación sexual o la identidad de género en internet.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar la especificidad de los delitos informáticos, proveyendo soluciones concretas y útiles a un problema real, en vez de medidas vagas que puedan ser utilizadas para perseguir acciones legítimas en internet.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar adecuadamente la necesidad de limitar las atribuciones estatales para vigilar las actividades en línea, así como para recabar, tratar y compartir información personal de la ciudadanía con otros Estados.

Estas disposiciones son fundamentales para cualquier normativa internacional en materia de cibercrimen, particularmente una construida en Naciones Unidas. Sin ellas, el proceso no debería proseguir.

¿Qué puedes hacer para ayudar a que el tratado sobre ciberdelincuencia de Naciones Unidas garantice los derechos humanos?

  • Te necesitamos! En esta etapa del proceso tu ayuda es fundamental informando y creado conciencia sobre los peligros que representa el tratado sobre ciberdelincuencia en su forma actual y la necesidad de que este incorpore una perspectiva de derechos humanos robusta. Para ello puedes:
  • Publica información sobre el tratado de cibercrimen en tu sitio web, tu blog o tus redes sociales. Si necesitas ayuda, puedes copiar o adaptar los textos que hemos preparamos, así como las imágenes para redes sociales.
  • Contacta a tus representantes políticos. Cuéntales lo que está pasando y pídeles que exijan al país mantener un compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos. Puedes usar la minuta que hemos preparado, si necesitas ayuda.
  • Contacta a la prensa, pídeles que informen a la ciudadanía respecto de lo que está pasando en Naciones Unidas con la discusión sobre cibercrimen. Si quieres, puedes utilizar el comunicado de prensa que preparamos.
  • Si se te ocurre otra idea, por favor, ejecútala. Y cuéntanos qué estás haciendo, queremos llevar un registro de las acciones y apoyarte en lo que necesites. Escríbenos a info@derechosdigitales.org.

Recursos útiles

Declaración conjunta

El 2023 en retrospectiva: ¿qué fue de la defensa de los derechos humanos en la era digital?

De crisis en crisis

Parecería ser que no conseguimos salir de situaciones dramáticas. A la emergencia climática y las persistentes consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 y del capitalismo global, debemos sumar los constantes riesgos a nuestras frágiles democracias.

La crisis bélica con que terminó 2022 en lugares lejanos a América Latina, se esparció por el mundo, incluidas amenazas en nuestra región. La violencia en los territorios ocupados de Palestina se extendió al entorno digital, en forma de censura y acoso. A la vez, la atención de usuarias de redes sociales se volcó en solidaridad no solo con Gaza, sino también con el Congo y Sudán. Vimos protestas en toda la región, incluyendo la continuación de protestas contra el gobierno en el Perú, y el surgimiento de violenta represión contra las protestas en Panamá y Guatemala, además del escenario que hoy se abre en Argentina.

A pesar de los cuestionamientos a las plataformas sociales como espacios de desinformación y frivolidad, internet sigue siendo  un lugar para el activismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y el periodismo.

Más tecnologías, más vigilancia

En América Latina pasamos de un año marcado por la vigilancia mediante tecnologías a un año en que, bueno, sucedió lo mismo y a menudo peor. La repetida historia de la vigilancia a través de Pegasus tuvo nuevas revelaciones sobre espionaje en México, El Salvador (a una jueza en una extensión de las revelaciones de 2022) y República Dominicana. Y más spyware fue detectado en México.

A ello se suman los riesgos de moverse de un lado a otro en un cuerpo tangible, en una región con creciente adopción de sistemas de vigilancia biométrica. San Pablo, en Brasil, anunciaba una adquisición millonaria de un nuevo sistema de vigilancia pese a las victorias contra sistemas de reconocimiento facial en el pasado reciente; el transporte público en Bogotá y la policía en Medellín anunciaban nuevas capacidades en Colombia; el nuevo gobierno argentino anunció vigilancia de rostros para identificar y castigar a participantes en protestas. La biometría siguió su expansión para los movimientos entre países: organizaciones de sociedad civil denunciaron el uso en fronteras y sobre personas migrantes. Y mientras en Ecuador se fortalecen capacidades con fines de seguridad y hasta la figura de un agente encubierto digital, languidece la esperanza de hacer aplicable la ley de datos personales aprobada hace años.

Expresión y protesta bajo asedio: dentro y fuera de internet

La situación argentina, una de las secuelas de la elección presidencial de fines de 2023, es parte de una fuerte acción gubernamental contra la protesta social, que merecerá cercana atención en 2024. Con la misma preocupación por la capacidad de trabajo en asociaciones de sociedad civil levantamos la alerta por la regulación de organizaciones en Venezuela.

Vimos  aumentar y profundizarse parte de la discusión sobre desinformación, acentuada en nuestra región por actos de violencia en Brasilia a principios de año, con la preocupación adicional por la desinformación política en ese país. Mientras tanto, en Chile se inauguraba una comisión experta para formular recomendaciones pese a la incertidumbre sobre el real efecto de las mentiras digitales. El traslado de la preocupación hacia una discusión más amplia sobre la regulación de empresas de internet también tuvo énfasis en Brasil, donde el proyecto de ley que partió como uno sobre fake news se convirtió en un debate mayor sobre la regulación de plataformas digitales.

Una importante sentencia de la Corte Constitucional en Colombia, dio importantes luces sobre el rol del Estado en la garantía del acceso a internet, como elemento crucial en el ejercicio de derechos fundamentales.

Nuestra seguridad en el marco vigente de derechos humanos como la referencia directa para exigir deberes de los Estados se mantiene firme, por lo que seguiremos trabajando en el reconocimiento institucional de aquello que sabemos que son nuestras prerrogativas como titulares de derechos fundamentales.

Tecnologías para todas

Sabemos que hay un fuerte énfasis en producir nuevas formas de gobernanza para la inteligencia artificial, incluyendo esfuerzos regulatorios en la región. También nuestro trabajo de este año dio cuenta de la necesidad de integrar perspectivas feministas al desarrollo tecnológico, y publicamos un informe en la materia con contribución significativa de especialistas de toda América Latina, además de coorganizar un taller sobre justicia de datos para recabar más perspectivas de personas expertas de la región.

Nuevas actividades dentro de nuestra línea programática sobre inteligencia artificial e inclusión se proyectarán hacia los próximos años para dar cuenta de la necesidad de aprovechar la oportunidad histórica de incidir en el desarrollo tecnológico futuro, con respeto a la democracia, los derechos fundamentales, el medio ambiente, y la inclusión. Es cierto que la tecnología es una fuente de riesgos y oportunidades, pero materializar estas últimas requiere una actitud vigilante y proactiva.

Solidaridad en tiempos de crisis

Este año, el trabajo de Derechos Digitales se vio fuertemente marcado por nuestra dedicación a la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil en toda la región. Condujimos regionalmente acciones dentro del proyecto Greater Internet Freedom, para generar evidencias, reforzar activismo y construir capacidades en varios países de la región, dando lugar así a la publicación de una nueva versión de Latin America in a Glimpse, dedicada la conectividad en distintas áreas de la Amazonía.

También apoyamos financieramente al trabajo de activistas en la región, entregando fondos a 20 iniciativas de 13 países de la región, a través de nuestro Fondo de Respuesta Rápida y nuestro nuevo Fondo de Derechos Digitales, cuyo sistema de gestión sigue recibiendo el registro de postulantes y de proyectos. Apoyamos la formación de capacidades para personas en etapas iniciales o con interés en el trabajo por los derechos digitales, mediante un curso introductorio a fines del año. Examinamos el rol de la evaluación en el trabajo del activismo de sociedad civil.

Este año, inauguramos el Programa LaREDD, para la resiliencia y la defensa digital, mientras mantenemos nuestro trabajo de formación de confianza con personas expertas en seguridad digital en la región. Recibimos al primer par de pasantes con énfasis de inclusión en materias de seguridad y resiliencia digitales.

Fuimos parte del lanzamiento de una nueva Red Global para la Justicia Social y la Resiliencia Digital. Mantuvimos nuestra participación en nuestras múltiples redes, como el consorcio AlSur, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), IFEX, la Global Network Initiative (GNI), el Movimiento para una Mejor Internet (MFABI), la Red de Datos para el Desarrollo (D4D) y más.

Creemos en la cooperación como vía para el fortalecimiento mutuo, y seguiremos en ese camino.

Los desafíos globales de 2023 y 2024

Nuestra misión regional reconoce la necesidad de poner atención en procesos y eventos globales relacionados con los derechos humanos en la sociedad digitalizada. Seguimos con fuerte involucramiento en lugares como: el Comité Especial que discute un nuevo tratado de cibercrimen en el Tercer Comité de la ONU; el Grupo de Trabajo de Composición Abierta del Primer Comité, dedicado a la seguridad y el uso de las tecnologías, especialmente por los Estados. Continuamos el seguimiento de procesos en foros técnicos que inciden en el desarrollo de las redes y el impacto de las mismas en las posibilidades de los derechos humanos; la atención a tratados de libre comercio que por la vía del intercambio comercial pueden comprometer los derechos de las personas o transarlos por ventajas económicas.

También en  la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, dedicada a las tecnologías y la superación de las brechas; en el seguimiento de las discusiones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con posible impacto en el futuro del acceso al conocimiento; todo sumado a la atención dada a espacios como la UNESCO y sus iniciativas en IA y en gobernanza de plataformas, el Foro de Gobernanza de Internet, la Freedom Online Coalition, y mucho más.

En 2024 seremos testigos de la celebración de una Cumbre para el Futuro, organizada por Naciones Unidas, que incluirá un Pacto Digital Global, cuya elaboración ha traído múltiples preocupaciones para una sociedad civil global con renuencia a dejar el futuro digital a la decisión entre estados. Sabemos que se trata de una oportunidad de retomar el futuro a favor de los derechos humanos, por sobre los intereses gubernamentales.

Y en todos estos espacios, actuales y futuros, locales y globales, confiamos en el poder de la sociedad civil para cambiar la sociedad. La defensa de una perspectiva latinoamericana de los derechos humanos en la era digital requiere también la visibilización de la misma en múltiples espacios, gubernamentales e intersectoriales, con alcance global y con solidaridad transregional con el resto de la Mayoría Global.

El 2024 será un intenso año electoral, incluso para varios países de la región. Estaremos atentas a los procesos de cambio y a las posibles amenazas a nuestras democracias.

También, con una preponderancia de las personas, como tú y yo, y de grupos y comunidades, como todas nosotras, como verdaderas agentes de cambios que no tengan al poder estatal o empresarial como los grandes ganadores del futuro. Puedes confiar, como siempre, que desde Derechos Digitales seguiremos trabajando para que el futuro sea de todas.

Contribución conjunta sobre derechos humanos en el entorno digital en Chile

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Este informe producido por Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) se enfoca en el ejercicio de los derechos humanos en la esfera digital en Chile, en el marco del 4° ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y analiza el cumplimiento de las siete recomendaciones en esta materia recibidas durante el ciclo anterior del EPU.

Solidaridad y compromiso contra el discurso de odio y la desinformación

En México, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años hemos experimentado algún tipo de violencia en nuestras vidas, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, publicada en 2021. Esto constituye un incremento de un 4% desde la medición anterior, que data de 2016. Mientras tanto, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México registró, al menos, 75 crímenes de odio en contra de personas de la comunidad en 2019.

El asesinato de le magistrade Ociel Baena a mediados de noviembre, víctima de un crimen de odio, no es un hecho aislado y nos convoca a reflexionar sobre la forma en que la intolerancia y la violencia se experimentan en el territorio. Al mismo tiempo, nos recuerdan que —como en otros países de América Latina— ser activista, persona trans o mujer conlleva exponerse a constantes vulneraciones a nuestros derechos y recibir discursos y actos de odio, proveniente de diversos actores.

La violencia de género encuentra en las tecnologías digitales un medio para amplificarse. La violencia de género facilitada por la tecnología no es una conducta nueva ni un fenómeno aislado, sino un antecedente importante de otras formas de violencia, muchas veces ignorado en las investigaciones. En la región hemos visto cómo el odio y las amenazas en línea persisten después de los ataques físicos, perpetuando la violencia en el tiempo y extendiéndola a familiares, pares y colectivos que comparten un activismo o identidad de género comunes con las víctimas. Por ello, es importante examinar el tipo de prácticas que estamos cultivando, dentro y fuera de las redes sociales, así como los desafíos que perduran al ejercicio del derecho a vivir una vida libre de violencia en México y en la región.

Ociel Baena: el odio entre las calles y las redes

Ociel Baena fue magistrade del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes. En el ejercicio de su cargo defendió los derechos de la comunidad LGBT+ y abrió espacios importantes para el reconocimiento legal de las personas no binaries en el país. Fue la primera persona no binarie en acceder a un cargo en el Poder Judicial, no solo en México, sino en América Latina. Asimismo, realizó avances para que las personas no binaries puedan contar con documentos legales de identidad, pues fue la primera persona en obtener un pasaporte, un acta de nacimiento y una credencial de elector no binaries

Además de su actuación como magistrade, Ociel Baena también ejercía su labor en la defensa de derechos en las redes sociales, donde constantemente recibía expresiones de odio, comentarios estigmatizantes y amenazas. Le magistrade Ociel realizó un arduo trabajo por visibilizar las violencias que sufren diariamente las personas trans, especialmente las personas no binaries, convirtiéndose en referente de la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBT+.

El 13 de noviembre de 2023, le magistrade fue asesinade en un crimen de odio junto a su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera. El caso generó una serie de movilizaciones a lo largo del país, exigiendo justicia y una investigación con perspectiva de género. 

La  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes para que realice una investigación “que no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas por una de las víctimas [le magistrade]”. Según la CNDH, este crimen pudo ser calificado como una expresión de odio. Pese a ello, las autoridades de Aguascalientes anunciaron que probablemente se trataba de un “crimen pasional”.

El discurso de odio en plataformas digitales del cual era víctima Ociel no cesó tras la brutal violencia sufrida por elle y su pareja. Siguió activa en las noticias asociadas con el suceso y, todavía peor, encontró eco en una narrativa nbfóbica reforzada por algunos medios de comunicación. La comunidad LGBT+ pide que se investigue el caso como crimen de odio, pues existía un antecedente de amenazas hacia Baena por ser no binarie y por los derechos que defendía. 

La perpetuación del odio y la falta de respuestas

El discurso de odio en plataformas digitales busca silenciar la genuina indignación que nace de un caso de violencia extrema, aprovechando su visibilidad para inculcar más odio e intolerancia en la sociedad. En Brasil, ni el brutal asesinato de la diputada Marielle Franco terminó con los ataques que tuvo que enfrentar en vida. Hoy, todavía circula desinformación sobre su biografía y justificaciones del crimen del que fue víctima. Como Ociel Baena, Marielle luchaba por la protección de derechos humanos desde su posición como concejala de la ciudad de Río de Janeiro y desde sus redes digitales. Era una mujer negra, periférica y bisexual.

El caso de Ociel Baena muestra al mundo la incapacidad del Estado mexicano de garantizar una vida libre de violencia a su población, especialmente a las personas LGBT+. Los discursos de odio y estigmas que generaron un ambiente hostil para le magistrade se siguen perpetuando, sin que haya una respuesta efectiva. Su asesinato no solo interrumpe su vida, sino su lucha en la defensa de derechos humanos y los avances de toda la sociedad mexicana en esta materia.

En el marco de esta situación sensible, algunas comunidades LGBT+ en los estados de Puebla y Coahuila desean impulsar legislaciones denominadas “Ley Ociel Baena”, que tienen como objetivo sancionar a quienes emitan discursos de odio, especialmente aquellos que hagan apología al delito. Es importante que este tipo de iniciativas se discuta de manera participativa y cuidadosa, para que no resulten en una forma más de censura contra poblaciones históricamente vulneradas. Además, es relevante que el abordaje de la violencia no se restrinja a una perspectiva puramente punitivista.

Es clara la necesidad de seguir abordando el tema de sensibilización y educación contra la violencia de género, incluso desde los medios de comunicación. Si bien las tecnologías digitales son una plataforma adicional para ejercer estas agresiones, es importante trabajar desde la raíz del problema, que se encuentra en el pensamiento y conductas patriarcales y machistas, ampliamente arraigadas en la sociedad mexicana y latinoamericana en su conjunto.

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos en una investigación con perspectiva de género, que se haga justicia y una debida reparación del daño para sus familiares.

Contra la violencia en Gaza, dentro y fuera de internet

Cuál fue el papel que ocupó el desarrollo técnico en el exterminio y cómo narrar la masacre son dos de las grandes preguntas que planteó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son preguntas todavía pertinentes hoy, a casi tres semanas de que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) comenzaran un bombardeo implacable sobre la Franja de Gaza, tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, donde murieron 1400 personas —en su mayoría civiles— y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

Las acciones de Hamás y sus horrorosas consecuencias merecen nuestra total condena. Israel tiene derecho a defenderse, rescatar a los rehenes y buscar justicia. Pero, tal como recordaba el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, frente al Consejo de Seguridad, incluso la guerra tiene reglas. A pesar de ello, a lo que ya es un territorio ocupado en condiciones propias de una prisión al aire libre, sujeto a bloqueo para la circulación de bienes, se sumó el bloqueo de servicios y de ayuda internacional, junto a una campaña de bombardeo aéreo sobre blancos civiles (supuestamente albergando a Hamás), que a su vez antecede a una anunciada invasión terrestre. Como señaló Guterres, “esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”.

Las palabras de Guterres generaron indignación en el gobierno israelí, acusándole de justificar la masacre. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, canceló una reunión programada con Guterres, y el enviado de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió su dimisión, al punto que el Secretario General tuvo que realizar una rueda de prensa donde denunció una tergiversación de sus declaraciones.

Mientras tanto, la principal agencia de la ONU que trabaja en Gaza debió interrumpir sus operaciones por falta de combustible y el sistema de salud ha colapsado: las instituciones sanitarias están saturadas y no tienen agua ni higiene suficiente. El gobierno israelí ordenó el bloqueo total en la zona: ni electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible, mientras la castigada población de Gaza quedaba incomunicada por cortes de internet. A la fecha, alrededor de siete mil personas han muerto en Gaza producto de los bombardeos, incluyendo a casi tres mil niños y niñas. El resto de la población no tiene forma de escapar, pues la región está sujeta a un bloqueo militar.  Algunas provisiones han comenzado a llegar desde la frontera con Egipto, pero no son suficientes.

Estamos frente a un castigo colectivo y a una crisis humanitaria.

El silenciamiento de las víctimas

Los cortes de electricidad e internet en Gaza tienen el efecto de empeorar la crisis humanitaria, al limitar el acceso a la información de calidad, impedir la documentación de abusos de derechos humanos, cercenar las capacidades para reportar noticias, intercambiar información sobre necesidades o disponibilidad de ayuda, o encontrar a seres queridos de entre las miles de personas sepultadas bajo los escombros, producto de los ataques aéreos de la IDF.

Aparte del silencio por la imposibilidad de conectarse a internet, la forma en que se ejerce la expresión en internet ha estado afectada por décadas. La reacción del gobierno de Israel a las declaraciones de Guterres dan cuenta de una lógica que impone una falsa dicotomía que impide una discusión seria, donde cualquier discrepancia con las decisiones del gobierno israelí es vista como apoyo a Hamás o la denegación del derecho a la defensa de Israel. Se trata de una lógica maniquea que por largo tiempo ha redundado en una forma dispar de tratar la ocupación en Gaza frente a eventos como la invasión rusa en Ucrania.

Esta lógica se tradujo literalmente a Instagram: El usuario de TikTok ytkingkhan subió un video mostrando como su biografía en la plataforma, que contenía la bandera de palestina y la frase ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ» —que significa “Alabado sea Dios”— era traducida automáticamente como “Alabado sea Dios, los terroristas palestinos están luchando por su libertad». Instagram agregaba la palabra “terroristas” a la traducción, la que desaparecía al remover la bandera.

Tras la publicación, Meta se disculpó y enmendó el error, pero no es la primera vez que se documenta la mala administración de contenidos en favor de Palestina en sus plataformas. En septiembre de 2022, Human Rights Watch detectó una aplicación excesiva de las normas relativas a moderación de contenidos a los contenidos publicados en árabe, y una moderación insuficiente de aquellos publicados en hebreo. Durante las últimas semanas, distintas usuarios y usuarias han denunciado la supresión de contenidos, restricciones a las cuentas y “shadow-banning” tras realizar publicaciones relativas al conflicto en Gaza.

Este tipo de situaciones no se limita a Meta. 7amleh, el Arab Center for the Advancement of Social Media, documentó más de 103.000 casos de discurso o incitación al odio en hebreo de 120.000 publicaciones realizadas, principalmente, en la plataforma antes conocida como Twitter, recopiladas entre el 7 y el 18 de octubre.  YK Hong publicó un video en Instagram donde mostraban las diferencias en las respuestas que distintos sistemas de inteligencia artificial daban frente a la pregunta por Israel y Palestina. Consultado si las personas en Israel merecían ser libres, el sistema de ChatGPT respondía concluyentemente que sí. Pero cuando se le preguntaba si las personas de Palestina merecían ser libres, ChatGPT partía explicando que se trataba de un tema polémico.

Del mismo modo, cuando Alexa aparecía configurada en modo infantil y se le preguntaba qué estaba ocurriendo en Palestina, el asistente virtual explicaba que no podía entregar información de este tipo para niños y niñas. Pero cuando se le preguntaba qué estaba ocurriendo en Israel —en la misma modalidad— no dudaba en realizar un resumen pormenorizado de la situación.

La diferencia de criterios para tratar ambos lados del conflicto y la penalización en contra de los contenidos en favor de Palestina establecen limitantes artificiales a la discusión en línea, que en este caso —de una forma u otra— son funcionales a la masacre que está sufriendo la población civil en Gaza.

Todos los derechos para todas las personas en todo el mundo

Las empresas de tecnología deben garantizar el respeto y la protección de las voces palestinas en sus plataformas y de su derecho a la libre expresión, al igual que las de todas las personas, especialmente aquellas que documentan violaciones de derechos humanos y utilizan las tecnologías en defensa de su propia vida y la de sus familiares. Para ello, deben asumir su responsabilidad y dejar de ser parte activa en el silenciamiento y las atrocidades contra la gente en Palestina.

Manifestamos nuestra solidaridad con toda la población civil que ha sufrido las consecuencias de la violencia y esperamos el alto al fuego y una pronta solución al conflicto, además de sumarnos a los llamados para abordar las causas de la violencia y el fin de las condiciones de abuso, de manera que se garantice el pleno ejercicio de derechos humanos para todas las personas que habitan la región de Gaza.

Violencia digital: nuevos formatos, viejas formas de censura

La masificación del acceso a internet tiene dos consecuencias indiscutibles: amplificar conductas, positivas y negativas, de la sociedad en su conjunto; y trasladar las discusiones a entornos digitales, donde la circulación de discursos no tiene límites, independiente de sus características particulares. En este escenario, el derecho a la libertad de expresión es constantemente cuestionado pese a que, desde la mirada de los derechos fundamentales, es una obligación de los Estados generar marcos regulatorios que lo protejan y, a la vez, garanticen la seguridad de quienes lo ejercen.

A propósito del rol de la libertad de expresión en línea, conversamos con la psicóloga Daniela Céspedes, cocreadora y productora ejecutiva de Pliegue, sobre diversos episodios de violencia digital e intentos de censura en los que este colectivo fue víctima durante 2020.

Pliegue es, en palabras de su directora, un “colectivo de investigación de filosofía poshumana y de estéticas del proceso”. Se posiciona contra el pensamiento liberal y la privatización del conocimiento, y su misión y visión se traducen en acciones concretas: ofrece charlas de divulgación a bajo costo, produce material audiovisual (cápsulas de video y largometrajes) y tiene amplia presencia en redes sociales.

Por las características de la labor que realizan, no es extraño que hayan surgido detractores desde los comienzos de su aventura: episodios de acoso digital por parte de personas con poca afinidad por los contenidos divulgados en su cuenta de Instagram, bombardeos de comentarios negativos a sus publicaciones y denuncias para dar de baja la página en las redes sociales son algunos ejemplos.

Esto no fue un obstáculo para el desarrollo de su trabajo, sino un aliciente. En el año 2019, el colectivo se adjudicó un Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile para desarrollar una webserie sobre, lo que consideran, configura la decadencia de las instituciones de educación superior producto de lógicas neoliberales y su conversión en productoras de conocimiento que nunca llega a socializarse.

La webserie fue estrenada el 27 de mayo de 2020 y está disponible de manera gratuita y abierta en YouTube. Desde el estreno del trailer, aún previo al lanzamiento, la obra generó controversias. Ahí también empezaron los primeros eventos de acoso. “Desde el primer momento en que empezamos a estrenar los clips, me llegaban mensajes de números que yo no conocía, comentarios de personas señalando que conocían a un profesor, que conocían a otro profesor, que conocían a un decano, que preguntaban de qué se trata esto”.

Parte de la reacción vino de las instituciones académicas, que se pusieron en alerta debido a la presunción de que habría denuncias individuales, con nombre y apellido, de malas prácticas al interior de sus centros de estudio. “Hubo desconocimiento de sobre qué era el documental. No se entendió qué iba a tratar en lo concreto, a pesar de que toda la promoción aclaraba que era un ensayo filosófico”.

Los mensajes iniciales escalaron al hostigamiento anónimo a académicos que aceptaron dar entrevistas para el proyecto. “Cuatro personas que participaron en el documental fueron sistemáticamente, en distintos grados, llamadas por las instituciones a las cuales ellos prestan servicio, con preguntas como: ¿por qué dijiste esto? ¿Tú sabes que, si tú dijiste esto, en la universidad se te va a despedir?”.

La práctica contraría los derechos a la libre expresión de las personas cuestionadas y su libertad académica que, tal como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “abarca la libertad de trabajadoras, trabajadores y estudiantes de instituciones académicas para expresarse con respecto a dichas instituciones y sobre el sistema educativo”.

Posteriormente comenzó el acoso personal hacia ella, quien actuó como productora ejecutiva de la serie: “días antes de estrenar, [llegaron] los llamados diciéndome ‘tu teléfono es conocido’, ‘ten cuidado’, que yo no iba a pisar un pie en la universidad nunca más. Que, si yo quería ser académica o profesora o intelectual o algo así, que tuviera cuidado porque con esto me estaba metiendo en un problema muy grave”.

Nuevas amenazas se iniciaron en octubre del mismo año, cuando en las fechas cercanas al 18 de octubre de 2020, es decir, el primer aniversario del estallido social que sucedió en Chile, Pliegue decidió realizar una adenda a la webserie e incluir material sobre las protestas en los cortes originales. Además, entre las charlas abiertas que dictaban incluyeron una acerca de la psicología, estética y filosofía detrás de los movimientos fascistas.

Fue lo último lo que le llamó la atención de Alexis López Tapia, figura de ultraderecha chilena vinculado a teorías conspiratorias sobre los movimientos sociales en América Latina. Además de publicar en Facebook una alerta sobre la charla, sindicando al colectivo como “lo peor de la izquierda” y “enemigo del movimiento” que lidera, López Tapia usó la red para pedir a sus seguidores que reporten las cuentas de Pliegue, describiéndolos como un colectivo de terrorismo intelectual y cabecillas de una supuesta asociación clandestina y revolucionaria.

En principio, relata Daniela, no les dieron mayor importancia a dichas acusaciones, hasta que advirtieron apariciones de López Tapia en espacios virtuales de políticos del Partido Republicano, de extrema derecha, y con las fuerzas del orden en Chile, aumentando así su visibilidad y, por ende, las reacciones virulentas en los canales de Pliegue por parte de sus seguidores. Volvieron las llamadas anónimas, esta vez amenazando a Daniela con agresiones físicas e invasión de morada.

La estrategia adoptada para hacer frente a estas oleadas de censura, difamación y hostigamiento fue “esperar a que pasara la ola”: reducir el número de publicaciones, no lanzar material nuevo y mantener un perfil bajo hasta que cesara el acoso. Daniela afirma que “lo que nosotros hacemos es siempre estar en contra de la ola, pero yo no quiero estar en contra de la ola con la bandera arriba. O sea, a mí no me interesa el drama. Si hay que hacerlo más lento, si hay que hacerlo más silencioso, prefiero eso. Yo no quiero tener ese nivel de mediatización” ya que la prioridad política del colectivo es el conocimiento abierto y no la visibilidad.

Los hechos narrados por Daniela, afectando al colectivo Pliegue y a personas de la comunidad académica con quienes se han relacionado, demuestran la persistencia de desafíos en el Estado chileno para proteger a las personas frente a amenazas o actos de violencia derivados de su expresión o participación en los debates públicos en línea.

Tales prácticas responden a una cultura de censura que , facilitadas por las tecnologías, puede en muchos casos derivar en otras formas de violencia. Sus objetivos son silenciar la crítica, la denuncia de abusos y a cualquier tipo de voces disonantes a los poderes establecidos, así como inhibir el trabajo de defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas, entre otras. Al permitirlas, por acción u omisión, el Estado de Chile contraviene la obligación legal internacional de garantizar el derecho a defender derechos.

Uno de los compromisos que Chile necesita observar es mantener ambientes informativos, académicos y un espacio digital que propicie el ejercicio de derechos, incluyendo también la adopción de medidas de prevención, investigación y acompañamiento a las personas afectadas, de modo que no resulten en otras vulneraciones.

El caso de Pliegue, además, pone en la palestra la reducción del espacio de discusión democrática en Chile. La falta de mecanismos efectivos a los que acudir en situaciones como esta es una señal para el Estado de Chile, en este nuevo período del Examen Periódico Universal, a suscribir y ejecutar compromisos que aseguren el derecho a la libertad de expresión para todas las chilenas, en todo el país, en todos los estratos, exista o no el amparo de una institución. 

Migrantes sin papeles y su regularización

Quienes hemos migrado a otro país, o quienes han soñado en hacerlo, tenemos como una gran prioridad contar con “los papeles al día” lo que incluye, entre otros, portar un pasaporte y visado vigente, y obtener el documento de identidad o permiso temporal de estadía en nuestro lugar de destino.

No tener los papeles al día tiene consecuencias relevantes. Sin ellos es casi imposible matricularse en una universidad o colegio, reduce los chances de conseguir empleo formal, puede alejarnos del acceso a servicios de salud y ni hablar de abrir una cuenta bancaria para emprender o recibir un sueldo, o de la posibilidad de enviar o recibir mesadas. Todo esto sumado al miedo continuo de ser deportados o devueltos a nuestro lugar de origen por las autoridades migratorias.

La situación de migrantes indocumentados ha motivado al Relator Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas a publicar un informe dedicado a llamar la atención de los Estados para que su situación se regularice. El informe, quizá por primera vez, advierte algunos aspectos sobre el rol que las tecnologías digitales juegan en ese tipo de políticas y que vale la pena explorar de cerca.

¿Qué es eso de la regularización?

Según el Relator Especial, la regularización es el proceso que emprenden los Estados para poner fin al limbo en que viven los migrantes indocumentados, a través de políticas diversas que buscan dotarlas de los permisos necesarios para normalizar su estadía o residencia en el país.

Estas políticas casi siempre tienen un período de duración limitado y operan bajo restricciones o requisitos exigentes, por lo que beneficiarse de estas no es fácil. El informe del Relator Especial menciona el caso de las políticas de regularización de migrantes indocumentados en Ginebra durante 2017 y 2018. Dicha política regularizó a indocumentados siempre que llevasen residiendo allí más de 10 años — 5 para personas con hijos—, tuviesen un empleo formal e independencia económica, un certificado A2 de francés y ningún antecedente penal.

Las políticas de regularización pueden llegar a ser tan exigentes, poco transparentes y discrecionales, que terminan excluyendo a los migrantes más vulnerables.

Regularización: entre la digitalización y la biometría

El informe menciona cómo, fruto de los procesos de transformación digital que están experimentando las políticas y proceso migratorios en distintos países, el trámite de las solicitudes de regularización depende cada vez más de los canales digitales. Para los migrantes sin papeles que no tienen acceso estable a internet o dispositivos para navegar en línea, o que no cuentan con las habilidades necesarias para navegar los sitios web o aplicaciones móviles a través de las cuales enviar y consultar el estado de su solicitud, la digitalización puede suponer un reto adicional. La brecha digital, recordemos, puede agravar desigualdades de base y el informe enfatiza que no tener papeles al día es un factor de vulnerabilidad muy serio.

Pero otro asunto que menciona el informe tiene que ver con la captura de datos biométricos de migrantes indocumentados como un obstáculo adicional en la postulación a los procesos de regularización. No obstante, no explora cuál es el impacto que podría tener la recogida de ese tipo de información en esos contextos. Una oportunidad perdida de cara a la progresiva masificación de ese tipo de prácticas en países como Colombia y, más recientemente, en Chile.

En ese contexto, distintas preocupaciones e intereses opuestos convergen. Por un lado, los migrantes indocumentados son titulares del derecho a la privacidad y protección de datos con la autonomía para decidir a quién entregan o no su información personal sensible. No obstante, el ejercicio del consentimiento en los contextos de regularización se ve en entredicho cuando la entrega de los datos biométricos supone una condición para acceder a los procesos de regularización migratoria. Ahora ¿qué finalidades cumple esta captura de datos?

En el caso de Chile, el más reciente caso en nuestra región, la toma de datos biométricos no tiene un fin del todo claro, pero abstenerse a su entrega puede influenciar negativamente la decisión de regularización migratoria que depende de si la persona solicitante tiene o no un empleo formal, vínculos familiares, ausencia de antecedentes penales, entre otros. Sin embargo, la política omite que las oportunidades de formalización de empleo para los migrantes sin papeles son escasas, si es que existen.

La creciente tendencia de recopilación de datos biométricos dice justificarse en la necesidad de identificar a las personas migrantes sin papeles, pero ¿qué otras alternativas menos invasivas de su privacidad podemos imaginar en aras de normalizar su situación migratoria? Urge fortalecer la rendición de cuentas de los Estados que despliegan políticas de regularización, al tiempo que aumenta su apetito por datos cuyo abuso puede ser instrumentalizado en contra de personas en condición vulnerable. Las políticas migratorias suelen tener reglas esquivas sobre privacidad y protección de datos, incluso cuando estas puedan estar vigentes.

En el caso chileno hay un proyecto de ley de protección de datos que lleva más de dos décadas en trámite. ¿Qué tema no ha sido discutido en la futura ley? La protección de los datos biométricos de personas migrantes en situación irregular, incapaces de negarse a entregar sus datos sensibles. ¿No valdría la pena corregir el rumbo ahora, que todavía estamos a tiempo? Ojalá en futuros informes el Relator Especial pueda profundizar en este tipo de prácticas.

Hasta entonces, les sugiero estar pendientes de nuestra próxima publicación sobre programas de identidad digital en la región. En ella hay hallazgos relevantes para avivar la discusión también en esta materia.