El derecho a sostenerse: medios independientes frente a la concentración del poder digital

América Latina cuenta desde hace décadas con una amplia tradición de comunicación independiente. Radios comunitarias, periódicos locales y proyectos de comunicación popular surgieron para informar desde los territorios, fortalecer la participación ciudadana y visibilizar realidades (como derechos humanos, demandas de pueblos indígenas, comunidades rurales, o conflictos socioambientales) que con frecuencia quedaban fuera de las agendas comerciales.

La expansión de internet abrió un nuevo capítulo para estas iniciativas. La reducción de las barreras de entrada permitió que periodistas y organizaciones crearan medios digitales con costos significativamente menores que los requeridos por la prensa impresa, la radio o la televisión, lo que amplió las posibilidades para el surgimiento de nuevos proyectos periodísticos. Sin embargo, también trasladó buena parte de la infraestructura mediante la cual circulan las noticias hacia un reducido número de plataformas privadas.

La apertura que internet produjo para crear nuevos medios convive hoy una dificultad para sostener proyectos periodísticos. Entre 2015 y 2024 desaparecieron al menos 678 medios digitales independientes en América Latina. Detrás de esa cifra hay comunidades que perdieron una fuente de información cercana, investigaciones que dejaron de realizarse y espacios de deliberación pública que difícilmente serán reemplazados.

Su desaparición acelera la expansión de los “desiertos informativos”, y este vacío no queda libre; es rápidamente colonizado por contenidos desinformativos, narrativas polarizantes y campañas de manipulación que prosperan ante la falta de un periodismo que contraste y verifique los hechos.

Los nuevos intermediarios de la información

Si durante décadas los medios controlaban buena parte de la distribución de sus publicaciones, hoy esa función recae en gran medida sobre plataformas digitales que recomiendan información mediante sistemas algorítmicos, como analizamos en esta investigación de Derechos Digitales sobre gobernanza algorítmica y circulación de contenidos. Motores de búsqueda, redes sociales, aplicaciones de mensajería y, más recientemente, herramientas de inteligencia artificial generativa se han convertido en los principales intermediarios entre los medios y sus audiencias.

De acuerdo con el Digital News Report 2026 del Reuters Institute for the Study of Journalism, las redes sociales (54 %) superaron a los sitios web y aplicaciones de los propios medios (51%) como principal vía de acceso a las noticias. Esta tendencia refleja un cambio en el ecosistema informativo, ya que cada vez menos personas buscan directamente un medio de comunicación y más reciben las noticias a través de plataformas digitales.

Diversos informes de la UNESCO advierten que las grandes empresas de tecnología participan en la distribución de contenidos, administran buena parte de la publicidad digital, determinan sistemas de recomendación, gestionan métricas de audiencia y moderan publicaciones. Como también hemos señalado desde Derechos Digitales junto a otras organizaciones del Sur Global, estos sistemas no son neutrales: incorporan decisiones de diseño, criterios de priorización y objetivos comerciales (o, recientemente, alineados a tendencias políticas ultraderechistas). En consecuencia, una parte significativa de la circulación de información de interés público depende de decisiones adoptadas por éstas, cuyos criterios de funcionamiento suelen ser poco transparentes.

El Reuters Institute también señala que la incertidumbre provocada por los constantes cambios en los algoritmos de recomendación constituye uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del periodismo. Una modificación en los criterios de búsqueda o en los sistemas de recomendación puede reducir drásticamente el alcance de un medio de un día para otro, afectando tanto su visibilidad como sus posibilidades de financiamiento. Al mismo tiempo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial introduce una nueva capa de intermediación: cada vez más personas obtienen respuestas directamente desde asistentes de IA, sin visitar necesariamente los sitios que produjeron la información original.

La asfixia económica y persecución política en el entorno digital

La reducción de las barreras para crear un medio digital no eliminó uno de los desafíos históricos del periodismo: encontrar un modelo económico capaz de sostener la producción de información de interés público.

La publicidad constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los medios de comunicación y conforme las audiencias migraron hacia internet, también lo hicieron los anunciantes. El problema es que esos recursos ya no llegan en la misma proporción a quienes producen el contenido informativo. Según el informe World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Google y Meta concentran aproximadamente la mitad del mercado mundial de publicidad digital. La concentración de la pauta publicitaria en estas plataformas reduce los ingresos disponibles para el periodismo independiente e incrementa la asimetría de poder entre quienes producen información de interés público y quienes controlan su distribución y monetización.

Cuando disminuyen los recursos disponibles para el periodismo independiente, también se reducen las posibilidades de financiar investigaciones, mantener corresponsales locales o cubrir comunidades alejadas. La sostenibilidad de los medios se convierte en un desafío para el pluralismo informativo.

En América Latina, esta inestabilidad financiera se entrelaza con presiones políticas. El ecosistema de medios independientes enfrenta escenarios donde la supervivencia está condicionada al alineamiento con los discursos oficiales. Como hemos documentado anteriormente desde nuestra organización, diversos medios independientes han enfrentado el retiro discriminatorio de publicidad estatal, demandas judiciales estratégicas, campañas coordinadas de desinformación, hostigamiento contra periodistas en espacios digitales y prácticas de vigilancia que comprometen su independencia editorial y la posibilidad de investigar asuntos de interés público sin represalias. Reportajes publicados recientemente por El País, muestran cómo las campañas de desprestigio contra periodistas, los ataques coordinados en redes sociales y los discursos hostiles provenientes de actores políticos contribuyen a erosionar la credibilidad de la prensa.

En este contexto, los medios independientes enfrentan un desafío doble. Por un lado, deben encontrar formas de sostener económicamente proyectos periodísticos de interés público en un mercado profundamente desigual. Por otro, necesitan reconstruir y fortalecer la confianza con sus audiencias en un entorno digital donde la atención es cada vez más escasa y la competencia por la visibilidad está mediada por sistemas de recomendación cuyos criterios de funcionamiento permanecen, en gran medida, opacos. La falta de transparencia sobre cómo las plataformas priorizan o limitan la circulación de contenidos genera incertidumbre para los medios y dificulta que puedan desarrollar estrategias de sostenibilidad.

Regular el poder corporativo para proteger el pluralismo

Si el problema es estructural, las respuestas también deben serlo. La innovación periodística es necesaria, pero insuficiente cuando las reglas del ecosistema digital continúan favoreciendo la concentración del poder económico y tecnológico. Proteger el pluralismo informativo requiere políticas públicas y marcos regulatorios capaces de equilibrar las relaciones entre plataformas, medios y ciudadanía desde un enfoque de derechos humanos.

Debemos reconocer el valor democrático de los medios comunitarios y sin fines de lucro, tal como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La CEPAL ha advertido sobre la creciente concentración de los mercados digitales y la necesidad de desarrollar políticas que promuevan una transformación digital más equitativa, incluyendo marcos que favorezcan la competencia, la transparencia y la diversidad informativa.

Organizaciones como ARTICLE 19, Access Now y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y Derechos Digitales coincidimos en que la regulación de las plataformas digitales debe partir de un enfoque de derechos humanos. Entre las principales recomendaciones se encuentran fortalecer la transparencia de los sistemas algorítmicos que moderan y recomiendan contenidos, establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y limitar las asimetrías de poder que hoy concentran las grandes plataformas tecnológicas, con el fin de proteger la libertad de expresión, el pluralismo informativo y otros derechos fundamentales.

¿Cómo estamos respondiendo en América Latina?

La UNESCO, a través de su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), ha impulsado proyectos en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Uruguay y Venezuela orientados a fortalecer la sostenibilidad de los medios, promover reformas regulatorias para los medios comunitarios y desarrollar capacidades para enfrentar los desafíos del ecosistema digital.

SembraMedia ha documentado durante años la situación de los medios digitales independientes en América Latina y desarrolló programas de aceleración como Velocidad, acompañando a decenas de medios en la diversificación de ingresos, el desarrollo de modelos de membresía y la sostenibilidad financiera.

En el ámbito de las políticas públicas, organizaciones como OBSERVACOM han promovido propuestas para fortalecer el pluralismo en el entorno digital, mejorar las condiciones regulatorias de los medios comunitarios y garantizar mayor transparencia por parte de las plataformas digitales.

En Brasil, iniciativas como el Atlas da Notícia, impulsado por Projor, han contribuido a visibilizar los desiertos informativos mediante el mapeo sistemático del periodismo local. Además de generar evidencia sobre las brechas de acceso a la información, este proyecto ha fortalecido el debate público y la formulación de políticas orientadas a promover un ecosistema mediático más diverso y sostenible.

Las experiencias latinoamericanas dialogan con debates que hoy también avanzan en otras regiones. Australia fue pionera al establecer mecanismos para que las grandes plataformas negociaran compensaciones económicas con los medios por el uso de sus contenidos, mientras que Canadá adoptó un modelo similar mediante la Online News Act. Aunque las estrategias son distintas, todas parten de un mismo diagnóstico: cuando una parte significativa del valor generado por el periodismo es capturada por un pequeño número de plataformas digitales, garantizar la sostenibilidad de los medios deja de ser un asunto exclusivamente privado y se convierte en una cuestión de interés público.

Durante años defendimos el derecho a publicar. El desafío de hoy consiste en defender algo igual de importante: el derecho de las voces independientes a permanecer. Una democracia fuerte habilita las condiciones económicas, tecnológicas y políticas que hacen posible que esas voces sigan existiendo.

¿Qué tienen que ver los derechos digitales con la crisis climática?

Esta columna fue publicada originalmente en Outras Palavras

Mientras los gobiernos latinoamericanos compiten por atraer inversiones extranjeras en materia de inteligencia artificial, centros de datos y minería para lo que han denominado una “transición digital”, se expande la engañosa narrativa según la cual la crisis climática podrá resolverse mediante la innovación tecnológica. La COP30, celebrada en Brasil en 2025, contribuyó a reforzar este imaginario al situar la digitalización, la inteligencia artificial y las llamadas “tecnologías verdes” en el centro de una parte importante de los debates sobre desarrollo y sostenibilidad.

La promesa aparece en discursos oficiales sobre ciudades inteligentes, monitoreo ambiental, agricultura de precisión, eficiencia energética e “innovación verde”, y se traduce en políticas como la digitalización de programas ambientales y agrarios, así como incentivos tributarios para actividades extractivas vinculadas a la tecnología. Según esta visión, el futuro sostenible sería también un futuro digital.

Pero ¿quién sostiene materialmente ese futuro? ¿Quién asume sus costos y quién obtiene realmente sus beneficios?

Este discurso también se beneficia de elecciones semánticas que ayudan a ocultar la materialidad de la economía digital. Tal vez el ejemplo más evidente sea la popularización de la expresión “computación en la nube”, que sugiere algo ligero, abstracto y distante del mundo físico, reforzando la idea de que los datos, las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial existirían en una esfera casi etérea. En la práctica, sin embargo, la infraestructura que sostiene estas tecnologías está lejos de ser invisible. Comienza en la minería, atraviesa complejas cadenas industriales, consume grandes cantidades de energía y agua, y depende de la ocupación de territorios para funcionar.

En otras palabras, lejos de ser inmaterial, la digitalización está profundamente arraigada en territorios y recursos naturales. Y sus impactos socioambientales recaen de manera desproporcionada sobre países del Sur Global -entre ellos, los latinoamericanos-, donde persisten dinámicas históricas de extracción de los recursos naturales que sostienen, ahora también, la expansión de la economía digital. Y la cuestión no se limita a la infraestructura: las tecnologías digitales también han pasado a mediar cada vez más las relaciones sociales, económicas y políticas vinculadas al medio ambiente, influyendo en la circulación de información y en la participación en decisiones que afectan a los territorios.

A medida que la gestión de recursos, los sistemas de monitoreo ambiental y la producción de información sobre los territorios dependen cada vez más de infraestructuras y plataformas digitales, derechos como el acceso a la información, la transparencia, la participación pública y la autodeterminación de los datos adquieren una dimensión ambiental cada vez más evidente. Por ello, si queremos enfrentar la crisis climática con seriedad, el debate debe incorporar los impactos de las tecnologías, y la lucha debe incluir también la defensa de los derechos digitales.

En la práctica, esto significa observar tanto las infraestructuras que sostienen la digitalización como las relaciones de poder que esta profundiza.

Cuando la tecnología encuentra el territorio

América Latina ofrece ejemplos reveladores de esta conexión. Brasil, por ejemplo, ocupa el segundo lugar mundial en reservas de tierras raras, de las cuales pueden extraerse minerales esenciales para la fabricación de chips, baterías, teléfonos inteligentes y muchos otros componentes utilizados en la infraestructura digital. No es casualidad que el interés geopolítico por estos recursos ha crecido rápidamente. En un contexto de disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, los insumos considerados estratégicos para esta cadena han pasado a ocupar un lugar central en las políticas industriales y de seguridad nacional.

En este sentido, la pregunta que debemos hacernos va más allá de extraer o no extraer estos recursos. También debe considerar la posición que ocupan los países latinoamericanos dentro de esta cadena productiva. Aunque concentran una parte importante de las reservas minerales, continúan participando principalmente en las etapas de extracción y exportación de materias primas, mientras que el procesamiento industrial, el desarrollo tecnológico y los mayores beneficios económicos permanecen concentrados en el Norte Global. En el caso brasileño, investigadores han advertido que la carrera por las tierras raras puede profundizar una inserción subordinada en la economía digital global, basada en el suministro de recursos estratégicos sin una transferencia significativa de tecnología ni un fortalecimiento de las capacidades productivas locales.

Esta dinámica también se refleja en la expansión de los centros de datos en América Latina. En los últimos años, empresas tecnológicas extranjeras han dirigido cada vez más su atención hacia la región aprovechándose de estas condiciones favorables para instalar la infraestructura física necesaria para el almacenamiento y procesamiento masivo de datos. Además de la disponibilidad de energía, algunos países latinoamericanos ofrecen amplias redes de transmisión, conectividad internacional y disponibilidad territorial. A ello se suman decisiones preocupantes de diversos gobiernos, que han adoptado políticas para atraer estas inversiones, especialmente mediante beneficios fiscales y flexibilización regulatoria.

Paraguay es quizás hoy uno de los ejemplos más emblemáticos de este proceso. La energía generada por la represa de Itaipú ha convertido al país en un destino atractivo para proyectos vinculados a la infraestructura digital. No es casualidad que empresarios e inversionistas influyentes han intensificado su presencia en el país, entre ellos Peter Thiel, multimillonario de Silicon Valley y cofundador de Palantir, empresa ampliamente reconocida como una de las principales proveedoras de tecnologías de vigilancia para el aparato militar y de seguridad de Estados Unidos.

Resulta preocupante que el debate sobre los centros de datos aparezca principalmente en los discursos gubernamentales y empresariales como una oportunidad económica, con poca o ninguna atención a sus impactos ambientales y territoriales. Los centros de datos son instalaciones altamente intensivas en energía y agua. Operan de manera ininterrumpida, requieren sistemas permanentes de refrigeración y pueden ejercer presión sobre redes eléctricas y recursos hídricos ya disputados por otros usos sociales y económicos.

Sus efectos no se limitan al consumo de recursos. Un estudio reciente identificó la formación de lo que los investigadores denominaron “islas de calor de datos”, es decir, áreas alrededor de los centros de datos donde la temperatura superficial puede aumentar, en promedio, 2°C después del inicio de las operaciones. Según los autores, este impacto puede extenderse hasta 4,5 kilómetros alrededor de las instalaciones, alterando microclimas locales y produciendo efectos sobre poblaciones humanas y ecosistemas. Los casos analizados incluyeron regiones de Ceará y Piauí, en Brasil, así como polos de centros de datos en México.

También crecen las preocupaciones sobre los efectos de estas instalaciones en los territorios. Informes recientes elaborados por organizaciones de la sociedad civil señalan obstáculos para acceder a información sobre consumo de agua y energía, flexibilización de normas ambientales y debilitamiento de los mecanismos de consulta a las comunidades afectadas. En algunos casos aún más problemáticos, la expansión de esta infraestructura ha avanzado sobre territorios ocupados por comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones tradicionales, profundizando conflictos históricos que forman parte de la propia configuración de América Latina como región.

La preocupación por estos impactos ya alcanzó a los principales mecanismos regionales de derechos humanos. En febrero de 2026, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la expansión acelerada de centros de datos puede poner en riesgo derechos como el acceso al agua, a la salud y a un ambiente sano, y sostuvo que los Estados deberían adoptar moratorias para nuevas autorizaciones hasta que existan salvaguardas adecuadas.

La política de la información ambiental

Los impactos de la digitalización sobre la agenda ambiental van mucho más allá de los territorios donde se extraen minerales o se instalan servidores. También se manifiestan en las decisiones políticas sobre cómo y dónde circula la información y sobre cómo se disputan públicamente temas como la sostenibilidad y la crisis climática.

La lucha contra el cambio climático depende de la producción y del acceso a información confiable. Esto incluye datos científicos, monitoreo ambiental, denuncias de violaciones socioambientales e información producida por comunidades afectadas por proyectos mineros, procesos de deforestación o grandes obras de infraestructura. Cuando estos flujos de información se ven comprometidos, también se ve afectada la capacidad de la sociedad para responder a la crisis climática.

En este contexto, el entorno digital se ha convertido en un espacio central de disputa. Existe amplia evidencia empírica que muestra cómo las plataformas digitales amplifican contenidos engañosos sobre cuestiones ambientales por beneficios económicos en base a modelos de negocio que se basan en maximizar la atención de las personas usuarias. La información errónea o sensacionalista tiende a generar más interacciones, aumentando tanto su alcance como su rentabilidad para las plataformas.

El problema no se limita al negacionismo climático tradicional. También incluye prácticas de greenwashing, término utilizado para describir estrategias que presentan a actores, productos, servicios o proyectos como ambientalmente responsables sin que ello se corresponda con la realidad, ocultando sus verdaderos impactos socioambientales. En América Latina, este tipo de narrativas ha sido utilizado especialmente por gobiernos y empresas, incluso en iniciativas asociadas a la expansión de la minería de minerales críticos, la instalación de grandes centros de datos y proyectos presentados como indispensables para la transición energética o digital, pese a sus efectos perjudiciales o insuficientemente evaluados sobre territorios, recursos naturales y comunidades.

El mismo entorno digital que amplifica narrativas negacionistas y campañas de greenwashing también ha sido ampliamente utilizado para intimidar, desacreditar y silenciar a quienes denuncian conflictos socioambientales. De hecho, América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Colombia, en particular, encabeza el ranking de países más letales para este grupo, junto con México y Brasil.

Aunque la violencia física constituye su manifestación más extrema, no es la única forma de silenciamiento. Organizaciones de la sociedad civil han documentado el uso creciente de tecnologías digitales con este propósito, ya sea mediante estrategias de vigilancia, ataques a cuentas personales o campañas coordinadas de acoso en línea. Además de las personas defensoras del medio ambiente, periodistas y comunicadores que trabajan en estos temas también son objetivos frecuentes.

¿Son posibles otras formas de construir tecnología?

El panorama descrito hasta aquí puede conducir fácilmente al pesimismo. Sin embargo, es importante reconocer que los ejemplos presentados no implican necesariamente una crítica a la existencia de las tecnologías en sí mismas. Más bien, apuntan a la necesidad de cuestionar los modelos políticos y económicos que orientan su desarrollo. Al fin y al cabo, más allá de las tecnologías como tales, el debate debe centrarse siempre en quién define sus usos, quién se beneficia de ellas y quién asume sus costos.

La propia América Latina ofrece ejemplos de iniciativas que siguen una lógica distinta y buscan construir infraestructuras digitales a partir de principios diferentes a los que predominan en el modelo extractivista de las grandes plataformas y corporaciones tecnológicas. En lugar de depender exclusivamente de redes controladas por empresas privadas, diversas comunidades han desarrollado soluciones orientadas a sus propias necesidades de comunicación, organización y gestión territorial.

Un ejemplo destacado son las redes comunitarias de internet que se han implementado en distintos países de la región, entre ellos Brasil, México, Colombia, Argentina y Nicaragua. En estos proyectos son las propias comunidades -ubicadas en su mayoría en zonas rurales o aisladas, frecuentemente habitadas por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales- las que organizan sistemas autónomos de telecomunicaciones para garantizar conectividad en lugares históricamente desatendidos por las operadoras comerciales. Más que ampliar el acceso a internet, estas iniciativas fortalecen capacidades locales para gestionar la infraestructura de comunicación y aumentan la autonomía de las comunidades sobre tecnologías que afectan directamente su vida cotidiana.

Esta lógica también se refleja en otras experiencias de desarrollo tecnológico construidas a partir de las necesidades definidas por los propios territorios. Es el caso de la colaboración entre las organizaciones Técnicas Rudas, de México, y Diversa Studio, de Ecuador, junto al pueblo indígena yaqui. El proyecto combina inteligencia artificial, imágenes satelitales y análisis geoespacial para apoyar la gestión comunitaria del agua y el monitoreo de las transformaciones ambientales en su territorio.

El aspecto más relevante de esta iniciativa no radica en la tecnología utilizada, sino en la forma en que fue concebida. Los datos producidos permanecen accesibles para la comunidad, las prioridades de investigación se definen localmente y el objetivo no es alimentar plataformas comerciales globales, sino apoyar procesos de gestión territorial y toma colectiva de decisiones.

Al mismo tiempo, como señalan perspectivas feministas y comunitarias de la región, estas experiencias recuerdan que una transición digital más justa no implica necesariamente producir más tecnología. También exige preguntarse qué tecnologías son realmente necesarias, para qué fines se desarrollan y cómo reducir sus impactos sobre los territorios y los recursos naturales.

Donde las agendas se encuentran

En el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio, vale la pena recordar que, en una economía cada vez más atravesada por infraestructuras digitales, los debates sobre sostenibilidad y justicia climática deben incorporar también la manera en que las tecnologías son producidas, gobernadas y distribuidas. Y no solo eso, sino que es necesario seguir abordando esta discusión desde una perspectiva situada, reconociendo el lugar que ocupa América Latina como proveedora de insumos estratégicos y como escenario de impactos socioambientales desproporcionados.

La relación entre justicia climática y derechos digitales ya no es una cuestión accesoria. Tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se está construyendo la transición digital y con quién participa en las decisiones sobre su futuro. Tiene que ver con la capacidad de las comunidades para influir en proyectos que afectan sus territorios, acceder a información de interés público y desarrollar tecnologías alineadas con sus propias necesidades y prioridades.

Mientras la expansión de la economía digital continúe reproduciendo patrones de concentración de poder y desplazando sus impactos ambientales hacia determinados territorios, la promesa de una transición sostenible seguirá siendo difícilmente alcanzable.

Proteger la Libertad de Prensa como bandera de la democracia

El 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Sin embargo, en América Latina, esta fecha no llega como una celebración, sino como un recordatorio urgente de la fragilidad democrática. Javier, Kristian, Carlos y Darwin son nombres que hoy resuenan no por sus crónicas o reportajes, sino por su ausencia. Ellos forman parte de la trágica estadística de periodistas asesinados en nuestra región el año pasado. Detrás de cada uno de estos nombres existe una familia fragmentada, pero también un vacío informativo y un mensaje de terror enviado a toda la prensa.

En 2025, América Latina se posicionó nuevamente como la región más peligrosa para el ejercicio del periodismo fuera de zonas de guerra, registrando al menos 17 asesinatos. ¿Qué otras situaciones violentas habrán sufrido estos periodistas previo a su muerte? Campañas sistemáticas de difamación en redes sociales, ciberpatrullaje, bloqueo de cuentas, ataques de phishing y discursos de odio son situaciones comunes a las que cada vez más se tienen que acostumbrar quienes comunican desde esta porción del planeta. No son hechos aislados, no responden a problemas técnicos, son fenómenos diseñados especialmente para limitar su libertad de expresión y forzar la autocensura. La violencia digital se retroalimenta con las violencias físicas y las fronteras entre la virtualidad y la realidad se desdibujan.

“Una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”, decía la Declaración de Windhoek, documento elaborado por periodistas de África en 1991 que dio origen a la efeméride del 3 de mayo. El Día Internacional de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO, celebra esta Declaración sobre los principios de la libertad de prensa, enfatizando en la importancia de una prensa libre para una sociedad democrática.

La libertad de prensa brilla por su ausencia

La UNESCO realizó un diagnóstico preciso, y preocupante, sobre esta situación, y lo publicó en el documento “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: informe mundial 2022/2025”. Según datos arrojados por el informe, entre 2012 y 2024 nuestra región experimentó un descenso del 6,86% en su índice de libertad de prensa. El motor más preocupante de este retroceso es el incremento exponencial de la autocensura, que subió un 52,14% en los medios de comunicación. Cuando un periodista decide no publicar por miedo a las represalias, es la sociedad entera la que ve vulnerado su derecho colectivo a la información.

A este panorama se le suma una crisis de sostenibilidad estructural. Entre 2015 y 2024, al menos 678 medios digitales independientes desaparecieron en América Latina. Esta extinción masiva, acelerada por la inestabilidad económica y las presiones políticas, crea terrenos fértiles (“desiertos informativos”) donde el poder puede operar sin control ciudadano.

En los análisis periódicos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se subraya que este declive está íntimamente ligado a derivas autoritarias en diversos puntos del continente. En Argentina, la estigmatización de periodistas desde la propia voz de Milei y el desmantelamiento de medios públicos provocaron una caída de 47 posiciones en el índice de libertad de prensa (elaborado por RSF) en solo dos años. En Perú, el acoso judicial y las campañas de desinformación desplazaron al país 53 puestos hacia abajo desde 2022. El Salvador, con un Bukele que utiliza la propaganda como arma de Estado, acumula un descenso de 61 posiciones desde 2020.

En el fondo de la tabla, Nicaragua se sitúa como el escenario más desolador. El régimen de Ortega-Murillo no solo erradicó a los medios independientes, sino que convirtió al exilio en la única opción de supervivencia para centenares de personas comunicadoras. Mientras tanto, en México, la fragilidad del ecosistema mediático y la violencia persistente lo mantienen como el país más letal para la prensa en la región.

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en el hemisferio, según advirtieron a inicios de este año.

¿Respetar las “normas de la comunidad”?

La era digital introdujo en las salas de redacciones nuevas formas de censura que operan de manera silenciosa pero potente. Si bien las cifras son importantes, vamos a analizar algunos fenómenos comunes que sufren en la cotidianidad las personas comunicadoras.

Uno de los mecanismos más sombrío y novedoso de estos tiempos es la denominada “censura algorítmica”. El informe de Derechos Digitales “Resistencia digital en la era de la gobernanza algorítmica” revela cómo la gobernanza de las plataformas, a través de procesos de moderación opacos, resulta a menudo en bloqueos injustificados y prácticas de shadowbanning que invisibilizan el periodismo crítico. Los algoritmos, lejos de ser neutrales, se convierten en porteros arbitrarios que pueden silenciar investigaciones de interés público bajo criterios de “normas comunitarias” muy poco transparentes.

Los casos son cada vez más y se reproducen en distintos contextos y latitudes de América Latina. En Ecuador, Fundamedios alertó en 2025 sobre una ola de ataques digitales dirigidos contra medios locales en Morona Santiago. Las agresiones buscaban silenciar denuncias contra autoridades, usando falsos reclamos de derechos de autor para eliminar contenido crítico. Unos años atrás, Ponte Jornalismo, un medio independiente brasileño que investiga la violencia institucional y el racismo, debió retirar videos de YouTube que documentaban cómo instructores de una academia de policía enseñaban técnicas de tortura, tras reclamos de derechos de autor. Los ejemplos de censura y autocensura sobran.

Ante esta situación, la resiliencia llevó a una forma de comunicación emergente conocida como “algospeak”. Se trata de un lenguaje codificado que surge ante la necesidad de esquivar la imprevisible y arbitraria moderación algorítmica de las plataformas. Según la Red Internacional de Periodistas (IJNet), para el periodismo “estar al tanto de este lenguaje en evolución no es simplemente una cuestión de mantenerse al día: es esencial para informar con precisión en la era digital”.

Mujeres, comunidad LGBTIQA+ y periodismo, riesgo duplicado

Un estudio arroja un dato alarmante: 73% de las mujeres periodistas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia en línea. Lo más preocupante es que el 20% de estas agresiones terminan trasladándose al mundo físico mediante ataques o maltratos directos. La radiografía global de este fenómeno está ampliamente documentada en el Informe “Violencia en línea contra las mujeres periodistas”, realizado por UNESCO junto al Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Los temas que detonan estos ataques con mayor frecuencia son la cobertura sobre género (47%), política (44%) y derechos humanos (31%). En países como México, Brasil y Argentina, este escenario es especialmente agudo, forzando a muchas profesionales al desplazamiento interno o al exilio para proteger su vida. Como bien señala la UNESCO, esta Violencia de Género Facilitada por Tecnologías (VGFT) no es solo un ataque contra las mujeres, sino un arma diseñada para socavar la confianza pública en el periodismo y en los hechos mismos. La violencia digital, potenciada por algoritmos que refuerzan discursos misóginos, viene transformando la práctica del periodismo feminista en un terreno altamente riesgoso.

Además, las respuestas que vienen dando los Estados de nuestra región a este tipo de violencias son ineficientes, ya que las víctimas encuentran un gran desafío a la hora de identificarse con las leyes específicas, pero también al momento de acercarse al sistema judicial para denunciar un delito. Los documentos que lanzamos meses atrás, junto al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), pueden ofrecer pistas para revertir esta situación, al brindar un marco integral que oriente futuras reformas legislativas y políticas públicas.

Argentina evidenció esta grave situación en dos casos recientes. Por un lado, la reconocida periodista y escritora feminista Luciana Peker decidió dejar el país luego de ser objeto de una serie de amenazas que, según aseguró, provenían de una estructura organizada con conexiones directas con el poder político y militar. “El periodismo como libertad de expresión está casi cerrado, y la gente no lo está viendo”, alerta Peker. Por otra parte, una de las fundadoras del medio independiente opositor Futurock, Julia Mengolini, recibió sistemáticamente acoso digital a través de miles de cuentas de trolls, bots pagos, dirigentes libertarios y hasta del propio Presidente (publicó más de 80 tuits sobre ella), articulados para instalar mentiras sobre su vida privada, deslegitimar su palabra y su figura pública.

El caso de la periodista mexicana Denise Dresser también nos dejó aprendizajes. Tras ser señalada y descalificada desde el poder, fue blanco de campañas de ataques en redes sociales, con insultos, acoso y mensajes que buscaban dañar su reputación y su vida personal. Los ataques no solo cuestionaban su trabajo, sino que también apelaron a estigmas misóginos que colocan a las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQA+ en una situación de mayor vulnerabilidad que sus colegas cisvarones.

No prestar atención a estos casos, mencionados como ejemplos ya que proliferan en nuestra región, puede implicar serios riegos para la integridad de las periodistas mujeres y de la comunidad LGBTIQA+ que comunican desde una perspectiva feminista, pero a la vez van en detrimento de la vida democrática en nuestras sociedades al reducir las voces y miradas que están presentes en el debate público.

Frente al silenciamiento: resistir y proponer

Ante este escenario, la celebración de este 3 de mayo no puede limitarse a la retórica. Es imperativo actualizar las estrategias de resistencia y defensa. La Declaración de Windhoek+30 estableció, en 2021, una hoja de ruta clara: debemos promover la información como un bien público. Esto implica exigir transparencia radical a las plataformas digitales y fortalecer la viabilidad de los medios de comunicación.

Desde la sociedad civil y el activismo por los derechos digitales, proponemos cuatro ejes de acción inmediata. Primero, el reconocimiento y fomento de los medios sin fines de lucro (comunitarios, independientes, alternativos, populares) El 49% de los países ya reconoce legalmente a este tipo de medios, que son esenciales para combatir los desiertos informativos. Es vital que estos espacios cuenten con apoyo financiero y protección legal, tal como lo recomendó recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH. Segundo, políticas públicas de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), para así poder empoderar a las audiencias y fortalecer habilidades para distinguir la información veraz de las campañas de desinformación orquestadas.

En tercer lugar, proponemos que se instrumenten mecanismos para la protección de periodistas con perspectiva de género. Es necesario fortalecer unidades especializadas, como la FEADLE en México, para que las investigaciones de delitos contra la prensa integren un análisis de género y combatan la impunidad en los ataques digitales contra periodistas feministas. Cuarto, dotar de herramientas sólidas al periodismo para resguardar su soberanía y seguridad digital. Quienes ejercen la comunicación deben contar con formación técnica en cifrado y protección de datos para blindar su labor frente al ciberpatrullaje, la moderación de contenidos y la violencia digital. Con ese horizonte, un tiempo atrás desplegamos el proyecto MicroSD para ofrecer herramientas a las personas comunicadoras en relación a su seguridad digital.

En América Latina, la lucha por la libertad de prensa es, hoy más que nunca, una lucha por la supervivencia de nuestra democracia. Sin seguridad digital para quienes informan, y sin una protección efectiva contra la violencia que se ejerce en las pantallas y en las calles, no hay democracia posible en nuestra región.

La pregunta de las plataformas: poder, rendición de cuentas y el Sur Global

Esta antología, publicada por el Centre for Development Policy and Practice y apoyada por ARISE Community y Digital Empowerment Foundation, reúne a académicos, profesionales y activistas de todo el mundo para examinar cómo las plataformas digitales están transformando la sociedad. Explora cómo la “plataformización” está reconfigurando las economías, la política y la vida cotidiana, introduciendo nuevas formas de regulación, control y rendición de cuentas.

La colección aborda temas como la regulación de las grandes tecnológicas, la moderación de contenidos, las críticas feministas al sesgo algorítmico y la seguridad en los espacios digitales. También analiza la resistencia digital y la acción colectiva en distintas regiones, así como el trabajo mediado por plataformas y los desafíos éticos de la inteligencia artificial.

El capítulo 4, titulado “Resistencia digital en la era de la gobernanza algorítmica: aprendizajes desde la experiencia latinoamericana”, fue escrito desde la perspectiva de Derechos Digitales, aportando una mirada regional sobre la resistencia y la gobernanza de plataformas.

(Disponible en inglés)

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Defender la democracia latinoamericana como trinchera de los derechos humanos

¿Es la democracia un derecho humano? Esta pregunta fue formulada por Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través del mecanismo de solicitud de Opinión Consultiva, es decir, una función interpretativa de la Corte que permite analizar los instrumentos jurídicos interamericanos ante nuevos desafíos que surgen a propósito de su aplicación. Dicha pregunta fue discutida en marzo pasado en una audiencia pública en Brasilia , donde distintos actores defendieron sus opiniones tanto a favor como en contra de su reconocimiento como derecho.

La solicitud de Opinión Consultiva por parte de Guatemala se motivó a raíz de situaciones que aquejan a toda la región. El deterioro de las instituciones democráticas, la persecución de personas defensoras de derechos humanos, la fragilidad de los procesos eleccionarios, el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado en contextos de protesta, la instrumentalización y debilitamiento de la independencia de los sistemas de Justicia, entre otros. Por lo que Guatemala solicitó a dicho tribunal evaluar si la democracia es un derecho humano, en tanto que resulta “indispensable para el ejercicio de las libertades fundamentales y [otros] derechos humanos”.

La decisión -que será publicada en los próximos meses- será crucial en el contexto actual de América Latina. Por un lado, la región experimenta el auge de regímenes antidemocráticos que promueven políticas de “mano dura”, se distancian de los espacios multilaterales donde predomina el lenguaje de los derechos humanos, y buscan restringir progresivamente su alcance a nivel interno. Por otro lado, asistimos a un incremento de la influencia autoritaria de las Big Tech, cada vez más consolidado mediante alianzas público-privadas y cuyo alcance global tensiona a los regímenes democráticos. Todo ello en un contexto geopolítico marcado por la inefectividad o insuficiencia de los foros multilaterales en contener su poder, mientras asistimos a un despliegue masivo de tecnologías digitales, cuyas implementaciones han traído consigo nuevos fenómenos que aquejan a las democracias, y amplificado otros ya preexistentes.

Las posturas defendidas ante la Corte IDH

Aunque no es posible anticipar el sentido de la decisión de la Corte que, durante tres días de audiencias se mostró interesada pero también cautelosa respecto de los alcances y límites de este eventual nuevo derecho, sí podemos identificar tres grandes posturas que emergieron en el debate.

En un grupo minoritario se expresaron las voces en contra. Entre sus argumentos, sostienen que la democracia no está consagrada como derecho en el corpus iuris interamericano y que el Tribunal no debería exceder sus funciones interpretativas. Desde esta perspectiva, la democracia sería únicamente un sistema político, no un derecho humano. Entre quienes se manifestaron parcialmente a favor, se reconoce a la democracia como un principio fundamental, pero no como un derecho humano, argumentando que aún no existen estándares jurídicos suficientemente desarrollados para su reconocimiento como tal. Durante los debates de la audiencia, la posición mayoritaria fue a favor: se afirma que la democracia es un derecho humano interdependiente, que actúa como condición habilitante para el ejercicio de otros derechos, y que trasciende la dimensión estrictamente electoral (elegir y ser elegido).

Al respecto, vale la pena advertir que, aunque los instrumentos jurídicos interamericanos no explicitan la existencia del derecho humano a la democracia, la Corte IDH tiene algunas claves para emprender su trabajo interpretativo.

Por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, un instrumento que apoya la interpretación de los tratados interamericanos, expresa que los pueblos de América tienen derecho a la democracia. La Carta de la OEA reitera la protección de la persona como fundamento de la democracia y en la prioridad que ésta tiene para los Estados que se comprometen a promoverla en el seno de dicho organismo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -y otros instrumentos regionales- reiteran cuán relevantes son las condiciones democráticas como un objetivo de la región para la garantía de otros derechos. E incluso algunos fallos de la propia Corte -como el caso Gadea Mantilla Vs Nicaragua– señalan que la “democracia en los Estados americanos constituye una obligación jurídica internacional”. Estas, junto a otras fuentes del derecho internacional, fueron de hecho citadas por Guatemala para sostener la existencia del derecho autónomo a la democracia.

Nuestra posición: la democracia sí es un derecho humano

Cada postura tiene matices relevantes. Sin embargo, la posición defendida por Derechos Digitales, junto a CEJIL, Fundación Multitudes, Civicus y la Universidad Rafael Landívar, se enfoca en afirmar la existencia de ese derecho humano a la democracia.

Desde esta perspectiva, la democracia como derecho humano implica aproximarse a un conjunto más amplio de condiciones estructurales que facilitan otros derechos, más allá de los derechos políticos (elegir y ser elegido). Entre ellas, destacan en general, la protección de la división y separación de poderes, la integridad e independencia del Poder Judicial, la integridad de las instituciones democráticas. Así como también otras garantías más recientes que deben ser reconocidas como tal, como la garantía de la integridad de la información -que abarca la salud de los ecosistemas mediáticos y condiciones laborales dignas para el periodismo- y la protección del espacio cívico libre, abierto, seguro y plural, tanto en el ámbito analógico como digital.

Este derecho humano a la democracia interactúa de forma dinámica con otros derechos ya consolidados, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la protesta o la privacidad, por mencionar algunos. Se trata de una relación bidireccional. Por ejemplo, sin garantías efectivas para el ejercicio del periodismo -incluyendo condiciones materiales, regulatorias y de seguridad- resulta imposible fiscalizar al poder, una función esencial en cualquier democracia robusta.

Asimismo, cuando el espacio cívico -especialmente el digital- se encuentra sometido a vigilancia masiva por parte del Estado o de corporaciones tecnológicas que no están debidamente reguladas, se generan efectos inhibitorios sobre la participación ciudadana. La autocensura, el silenciamiento del disenso y la criminalización de voces críticas erosionan los contrapesos necesarios frente a las mayorías. En este sentido, la democracia como derecho humano opera como una debida garantía del entorno habilitante que asegura la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales.

Riesgos y potencialidades

El reconocimiento del derecho humano a la democracia, sin embargo, debe ser considerado sin ignorar que enfrenta amenazas y riesgos reales. En la región, evidenciamos un creciente fenómeno de desregulación o “simplificación” en materia de derechos (con la excusa de impulsar la innovación o promover el crecimiento económico), así como la desfinanciación de políticas públicas que sostienen los sistemas de protección social. A esto se añaden las amenazas derivadas de la digitalización masiva, donde un puñado de actores poderosos tiene gran capacidad de impacto en su ejercicio.

Entre esos nuevos riesgos, advertimos no solo la capacidad cada vez más expansiva de la desinformación, sino su instrumentalización en operaciones coordinadas por parte de funcionarios públicos que buscan deslegitimar o incentivar a la violencia contra las instituciones democráticas. Este problema, que merece un abordaje integral más allá del meramente jurídico (enfocado desde lo penal ya viene siendo deficiente y miope), se encuentra potenciado, entre otros, por el progresivo debilitamiento de los ecosistemas mediáticos. Esta fragilidad no sólo es generada a través de la asfixia económica que experimentan medios de prensa tradicional y alternativos, como fruto de la usurpación de su modelo de negocios -la publicidad- por parte de las Big Tech que además precariza y pone en peligro el trabajo periodístico, sino también a través de la violencia y estigmatización contra los medios que cuestionan al poder.

Otros retos de gran relevancia amenazan el espacio cívico plural, seguro y abierto, como lo es la violencia de género facilitada por las tecnologías (VGFT). Mujeres y niñas, en toda su diversidad, se encuentran en el centro de este fenómeno que busca silenciarlas, desplazarlas de la esfera pública, denigrar o estigmatizar en su contra, y hasta poner en riesgo su vida e integridad. Este fenómeno se agrava de cara a mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, y aspirantes a cargos públicos, por lo que merece un abordaje estatal más allá del tradicional enfoque punitivo.

Más allá de los riesgos que enfrenta la democracia como derecho humano, su reconocimiento tiene un potencial excepcional para facilitar la garantía otros derechos. Por su carácter colectivo permitiría poner el foco más allá del individuo y reforzar la dimensión estructural de derechos como el de la protección de datos personales y el de la privacidad en la era digital.

Por ejemplo, la vigilancia estatal (facilitada hoy con la colaboración de las Big Tech) tiene efectos profundamente antidemocráticos pues facilita la represión, la persecución y la estigmatización de cualquier persona declarada como su objetivo. La vigilancia apaga la diversidad de voces presentes, tanto en los medios de prensa, así como en el espacio cívico analógico y digital, desalentando también la participación en el debate público. En consecuencia, la protección de la privacidad no puede limitarse a una dimensión individual, sino que debe entenderse también como un componente esencial de la salud democrática.

No obstante, la mayoría de las herramientas jurídicas en la región continúan centradas en la protección individual -por ejemplo, a través de reclamos ante autoridades de protección de datos- o en colectivos específicos, como la protección de las infancias. Este enfoque resulta insuficiente frente a problemas estructurales que enfrenta la protección de la privacidad, como el desequilibrio informativo y de poder entre el titular y los Estados, que vigilan cada vez más a su población al tiempo que erosionan los marcos regulatorios dedicados a imponer pesos y contrapesos sobre dichas tareas.

Reconocer la democracia como un derecho humano, permitiría avanzar hacia mecanismos de protección colectiva de la privacidad mucho más robustos. Asimismo, fortalecería la capacidad de los Estados para exigir el cumplimiento de normas por parte de empresas tecnológicas transnacionales y para garantizar la efectividad de sus propias decisiones regulatorias a nivel interno.

¿Qué podemos esperar de la futura decisión de la Corte IDH?

Esta no es la primera vez que la Corte IDH enfrenta el desafío de reconocer nuevos derechos: ya lo hizo, por ejemplo, con el derecho al cuidado y el derecho a defender derechos. Sin embargo, en esta ocasión el reto es particularmente delicado desde el punto de vista jurídico.

El Tribunal deberá resolver cuestiones esencialmente jurídicas, por ejemplo, cómo reconocer el derecho humano a la democracia sin que esto sugiera la imposición de un modelo político uniforme a los Estados de la región, o cómo definir sus mecanismos de protección, reparación y evaluación de su cumplimiento.

Sea cual sea el resultado, la futura Opinión Consultiva tendrá un efecto jurídico para todos los Estados del sistema interamericano, incluso para aquellos que, aunque mantengan estructuras formales democráticas, actualmente se alejan de los estándares que los sustentan.

El debate sobre si la democracia es un derecho humano no es meramente teórico ni debe ser exclusivamente jurídico: refleja tensiones profundas sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades. Reconocerla como tal no implica imponer un modelo político único ni desconocer otros derechos igualmente relevantes, como el de autodeterminación de los pueblos o el principio de no injerencia, sino afirmar que, sin condiciones democráticas sustantivas como la independencia de poderes, la protección de la integridad de la información, o la garantía de un espacio cívico abierto, libre y plural, el resto de los derechos pierde eficacia real.

En un contexto marcado por el autoritarismo emergente y el poder creciente de actores tecnológicos globales, el reconocimiento del derecho humano a la democracia podría convertirse en una herramienta clave para proteger, revitalizar y proyectar los sistemas democráticos de la región hacia el futuro.

Contribución al llamado de ACNUDH: Protección de personas defensoras de derechos humanos en la era digital

Derechos Digitales presentó una contribución al llamado de la ACNUDH sobre la protección de personas defensores de derechos humanos en la era digital. Proporcionamos información centralizada sobre las tendencias en la legislación que afectan el trabajo y la seguridad de los defensores de derechos humanos; la importancia de las comunicaciones digitales para su trabajo y sus acciones de incidencia; los riesgos que enfrentan relacionados con su privacidad y bienestar integral; y la centralidad de las respuestas corporativas.

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Contribución a la encuesta en línea de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el espacio de la sociedad civil

Derechos Digitales respondió a la encuesta en línea de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el espacio cívico para informar sobre las tendencias legislativas e institucionales emergentes relativas al espacio de la sociedad civil en América Latina. Nuestras respuestas a esta encuesta destacan la reducción generalizada del espacio cívico en toda América Latina. Subrayamos que esta tendencia regresiva amenaza a la sociedad civil en Perú, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Ecuador.

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Elecciones en un terreno sin reglas claras

Cuando hablamos de desinformación electoral no nos referimos únicamente a “noticias falsas”. Se trata de un conjunto de prácticas que buscan influir en la percepción del electorado, instalar dudas sobre los procesos democráticos o desacreditar candidaturas e instituciones. Incluye desde encuestas falsas y declaraciones inventadas hasta campañas coordinadas de hostigamiento, manipulación de contenido y uso estratégico de tecnologías emergentes como la IA o los deepfakes. Como ha advertido Derechos Digitales en distintos trabajos, el problema no es solo la existencia de contenidos engañosos, sino el ecosistema que permite su circulación y amplificación.

Las elecciones presidenciales recientes en la región, como las de Chile, Bolivia o Costa Rica, muestran que estas dinámicas no son marginales, sino estructurales. Y todo indica que serán centrales en los procesos electorales que se avecinan en 2026 en países como Brasil, Colombia y Perú.

De fenómeno marginal a herramienta política

En los últimos años, la desinformación dejó de ser un fenómeno esporádico para convertirse en parte integrada de las estrategias de campaña. Una investigación reciente de Bolivia Verifica y ProBox sobre las elecciones bolivianas de 2025 lo resume de forma clara: la desinformación digital ya no es algo marginal, sino una práctica que se despliega sistemáticamente en momentos críticos del proceso electoral. Durante esos comicios, se identificaron alrededor de 250 contenidos falsos o engañosos, marcando un precedente en el volumen de desinformación en Bolivia, incluyendo un uso inédito de herramientas de inteligencia artificial.

El estudio también identificó patrones que se repiten en distintos países de la región. El más frecuente fue la circulación de declaraciones falsas atribuidas a candidaturas u otros actores públicos, utilizadas estratégicamente para influir en la intención de voto. En segundo lugar, destacaron las encuestas falsas, utilizadas para instalar percepciones sobre quién va ganando o perdiendo en la contienda.

Este tipo de contenidos no circula de forma aislada. Las campañas desinformativas operan de manera coordinada y multiplataforma. Según la investigación de Derechos Digitales sobre elecciones y desinformación en Brasil, una narrativa puede surgir en espacios abiertos como TikTok o X, escalar rápidamente y luego trasladarse a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, donde su circulación se vuelve más difícil de rastrear o contrarrestar.

Narrativas de fraude y erosión de la confianza democrática

Entre las distintas formas que adopta la desinformación electoral, una de las más persistentes es la instalación de narrativas de fraude. Estas narrativas no necesariamente buscan demostrar irregularidades reales, sino instalar una sospecha permanente sobre la legitimidad del proceso electoral.

En el caso boliviano, este tipo de contenido ocupó un lugar central en la conversación digital durante las elecciones de 2025. Tal como documentaron Bolivia Verifica y ProBox, circularon de forma masiva declaraciones falsas atribuidas a candidaturas, encuestas manipuladas y contenidos diseñados para desacreditar a actores políticos, medios de comunicación y al propio Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de erosionar la confianza en el proceso.

Un fenómeno distinto, pero relacionado, se observó en Costa Rica. Allí, más que instalar una narrativa técnica de fraude, se han visto intentos sostenidos de deslegitimar al Tribunal Supremo de Elecciones a través de contenidos engañosos y campañas de desprestigio, incluyendo la difusión de información falsa desde cuentas institucionales que luego debió ser eliminada. Estos episodios muestran cómo la desinformación puede apuntar directamente a debilitar la credibilidad de las autoridades electorales, incluso en contextos donde estas aún mantienen altos niveles de confianza pública.

Al final, estas supuestas evidencias o ataques directos a las instituciones, terminan funcionando como estrategias para erosionar la confianza en las reglas del juego democrático, desplazando el debate desde las propuestas hacia la legitimidad misma de la elección. En ese terreno, la narrativa anti-sistema no es inocua, ya que abre espacio y favorece a candidaturas que construyen su estrategia precisamente en tensionar las instituciones democráticas.

Violencia política digital y sus efectos en la participación

Otro de los aspectos más críticos de la desinformación electoral en la región es su vínculo con la violencia política de género. Las campañas digitales no afectan a todas las personas por igual, dado que las candidatas mujeres y las personas LGBTIQA+ son, de manera sistemática, objeto de ataques que combinan desinformación, hostigamiento y discursos estigmatizantes.

En Chile, durante la última campaña presidencial, se evidenció cómo redes de cuentas, muchas de ellas automatizadas, amplificaban ataques contra candidatas mujeres, mezclando contenido falso con insultos y discursos de odio. Este tipo de violencia no solo afecta a las personas directamente atacadas, sino que también tiene un efecto más amplio: desincentiva la participación política y restringe quiénes pueden ocupar el espacio público. A su vez, genera un efecto circular: a menor diversidad entre quienes participan y acceden a espacios de poder, menor es también la capacidad de impulsar políticas que aborden estas violencias y sus impactos.

La expansión de herramientas de inteligencia artificial añade una nueva capa a este fenómeno. Como ha documentado la organización Situada sobre deepfakes, estas tecnologías facilitan la creación de contenido manipulado, muchas veces de carácter sexual, que afecta de manera desproporcionada a mujeres. En contextos electorales, esto se traduce en una herramienta particularmente efectiva para desacreditar o intimidar candidatas, reforzando desigualdades estructurales.

En la región, esta dinámica no es aislada. Como advierte IDEA Internacional, la violencia política digital contra mujeres se ha consolidado como una forma sistemática de limitar su participación en la vida pública, combinando acoso, amenazas y desinformación con sesgo de género. Estos ataques no solo buscan desacreditar, sino también reducir su visibilidad y capacidad de incidencia en espacios de decisión.

Inteligencia artificial, regulación y nuevas asimetrías

El uso de inteligencia artificial en campañas políticas es una realidad en América Latina, pero su impacto no es homogéneo. Si bien estas tecnologías permiten producir contenido falso de manera más rápida y a menor costo, su circulación sigue dependiendo de las mismas plataformas digitales que estructuran el ecosistema informativo.

Al mismo tiempo, empiezan a aparecer diferencias relevantes entre países. Mientras en algunos contextos el uso de estas tecnologías ocurre en marcos regulatorios difusos o inexistentes, otros han comenzado a establecer ciertos límites. Como advierte un informe conjunto de Derechos Digitales y otras organizaciones presentado ante Naciones Unidas sobre elecciones e integridad de la información, la falta de regulación clara puede facilitar la amplificación de desinformación y violencia digital en procesos electorales.

El caso brasileño permite observar algunos avances en esta materia. La autoridad electoral ha establecido límites específicos al uso de inteligencia artificial en campañas, incluyendo restricciones a sistemas automatizados para evitar que recomienden opciones de voto. Esto contrasta con otros contextos de la región. En Colombia, por ejemplo, se han documentado casos en que sistemas de inteligencia artificial como Grok han emitido respuestas con sesgo político en el contexto electoral, incluyendo recomendaciones o posicionamientos frente a candidaturas, evidenciando vacíos regulatorios y la falta de estándares claros para este tipo de herramientas.

Brasil, por su parte, muestra las tensiones propias de intentar regular un fenómeno que evoluciona rápidamente, donde las medidas institucionales conviven con limitaciones importantes en la circulación de contenidos en plataformas y aplicaciones de mensajería. La coordinación entre autoridades, empresas tecnológicas y sociedad civil ha sido relevante para responder a episodios de desinformación, pero no ha sido suficiente para contenerlos de manera estructural.

En muchos países de la región, estas condiciones ni siquiera están presentes. La cooperación con plataformas es limitada y los mecanismos de coordinación entre actores públicos y privados son débiles o inexistentes, lo que deja un terreno mucho más abierto para la circulación de desinformación en contextos electorales.

A esto se suma un problema más estructural: las plataformas no solo fallan en colaborar, sino que también han ido cerrando espacios de diálogo en otras esferas del debate público. Como se ha advertido en análisis previos de Derechos Digitales, sus decisiones de moderación, el funcionamiento opaco de sus algoritmos y modelos de negocio que priorizan contenidos polarizantes terminan moldeando el ecosistema informativo, amplificando ciertas narrativas y debilitando otras. En contextos electorales, estas dinámicas no desaparecen, sino que se intensifican.

Reglas que no alcanzan a la política digital

Uno de los principales problemas es que las reglas electorales siguen respondiendo a una realidad que ya cambió. Las normas fueron diseñadas para campañas en televisión, radio o espacios públicos, pero hoy la política se juega en plataformas digitales, con influencers, microsegmentación de mensajes y circulación en aplicaciones de mensajería.

Esta brecha se hace evidente en casos concretos de la región. En Colombia, por ejemplo, las campañas digitales operan en gran medida fuera de los marcos regulatorios existentes, donde contenidos difundidos desde cuentas personales o redes de apoyo no siempre son considerados propaganda electoral, dejando amplios espacios sin regulación.

Este cambio no es solo tecnológico, sino también político. Las campañas digitales permiten adaptar mensajes a audiencias específicas, operar con distintos niveles de visibilidad y, en muchos casos, evadir los marcos tradicionales de regulación electoral. Lo que antes era una franja televisiva, hoy puede tomar la forma de un video viral, una cadena de WhatsApp o una publicación aparentemente espontánea, cuya autoría y financiamiento resultan difíciles de rastrear.

En este escenario, gran parte de la actividad política digital, incluyendo la desinformación, ocurre en zonas grises regulatorias. A esto se suma la falta de colaboración de las plataformas digitales, que no han desarrollado herramientas adecuadas para enfrentar la circulación de contenidos engañosos en contextos electorales en la región, se rehúsan a transparentar cómo funcionan sus algoritmos y no hacen una rendición de cuentas adecuada a sus usuarios y a la ciudadanía en general.

La disputa por el ecosistema informativo

Las elecciones de 2026 no solo van a poner a prueba a las candidaturas, sino también a las condiciones en que se construye el debate público. En un escenario donde la desinformación forma parte de las campañas, la discusión ya no se trata sobre programas o propuestas, ahora pasa a jugarse en cómo circula la información y quién logra instalar ciertas versiones de la realidad.

Ese terreno no es neutral. Está marcado por plataformas que toman decisiones sin demasiada transparencia, por Estados que llegan tarde -o definitivamente no llegan- a regular estos procesos, y por desigualdades en la forma en que las personas acceden y procesan la información. Estas desigualdades no son solo de acceso, sino también de condiciones: desde modelos como el zero rating que limitan la diversidad de contenidos disponibles, hasta las brechas en alfabetización digital inciden en cómo circula la información. A esto se suma el uso indebido de datos personales para segmentar y dirigir mensajes políticos, muchas veces sin supervisión efectiva, lo que profundiza aún más estas asimetrías.

En la práctica, esto termina definiendo quién puede participar en la conversación pública y en qué condiciones. No todos los actores compiten en igualdad de condiciones, y eso tiene efectos concretos en cómo se construyen las percepciones, las dudas y las decisiones electorales.

La pregunta, entonces, se centra en qué tipo de espacio público estamos construyendo. Y, en última instancia, qué tan capaces somos de sostener procesos democráticos en un entorno cada vez más mediado por plataformas, opaco y difícil de gobernar.

Contribución a la consulta de la RELE/OEA sobre el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos

En esta contribución presentamos, ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), información centralizada sobre los impactos del uso de Inteligencia Artificial por parte de los Estados en América Latina en la privacidad, la libertad de expresión y asociación y el acceso a la información pública. Desglosamos recomendaciones orientadas a fortalecer los mecanismos de transparencia activa, la participación social, las auditorías independientes y las evaluaciones de impacto en derechos humanos de los sistemas de IA diseñados y desplegados en la gestión pública.

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La erosión de la libertad de expresión en Costa Rica

Durante décadas, Costa Rica se presentó como una excepción democrática en Centroamérica, un país donde los derechos humanos se consolidaron frente a escenarios de inestabilidad en la región. Sin embargo, en los últimos años ese relato se ha tensionado en torno a la libertad de expresión. El país no está viviendo una ruptura autoritaria abrupta, sino una erosión progresiva que combina hostilidad política, vacíos legales y normalización social del silenciamiento.

La Clasificación Mundial de Libertad de Expresión de Reporteros Sin Fronteras muestra una caída progresiva: del 8° lugar en 2022, al 23° en 2023, 26° en 2024 y 36° en 2025, lo que representa el mayor retroceso en su trayectoria reciente. Este descenso no ocurre en abstracto: diversas coberturas periodísticas y análisis indican que durante el gobierno del presidente saliente Rodrigo Chaves Robles se impulsó una línea de confrontación con medios y periodistas, manifestada en ataques verbales, estigmatización de la prensa, presiones económicas y restricciones al acceso a la información pública que alimentan un clima de hostilidad, poco común en la historia del país.

Señales persistentes de presión sobre el ecosistema informativo y digital

En los años recientes, se vienen dando episodios que configuran un patrón reconocible de presión a la prensa. Uno de ellos fue la subasta de frecuencias de radio y televisión que generó fuertes cuestionamientos por su posible impacto en el pluralismo informativo y el acceso equitativo al espectro radioeléctrico. A esto se suman incidentes donde periodistas de medios digitales, especializados en verificación de datos, fueron objeto de restricciones o tratos diferenciados durante conferencias de prensa del Ejecutivo. En estos casos, la Sala Constitucional reconoció que estas prácticas vulneraban el ejercicio libre del periodismo.

Otro suceso fue el retiro de pauta estatal a un medio de comunicación luego de la publicación de contenidos satíricos sobre el gobierno. Según el Informe Nacional sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado de EE. UU., se indica que la acción configuró una forma indirecta de sanción económica.

Esta rotura está teniendo repercusiones concretas en la percepción social y en las prácticas comunicativas de la ciudadanía. Los datos de la III Encuesta sobre Libertad de Expresión (Proledi-UCR 2025) revelan que más de la mitad de la población percibe un deterioro en su libertad de expresión y declara haber evitado expresar opiniones en redes sociales por temor a represalias o consecuencias. La percepción de censura y autocensura está en los niveles máximos de los últimos tres años, marcando el pulso de un entorno en el que internet y las plataformas digitales se convierten tanto en espacios esenciales de discusión como en territorios de riesgo para quienes discrepamos o criticamos al poder.

Costa Rica atrapada en la ola autoritaria

Las recientes elecciones del 1 de febrero marcaron un punto de inflexión en la política costarricense. La candidata oficialista Laura Fernández (aliada política y exministra de Chaves) logró una victoria en primera vuelta con alrededor del 51% de los sufragios, superando al principal contendiente de la oposición y evitando la segunda ronda.

Más allá del resultado de la votación, lo que preocupa es la consolidación de un clima político que debilita los contrapesos democráticos. La normalización del ataque a la prensa, la deslegitimación sistemática de voces críticas y la construcción de enemigos internos son rasgos ampliamente documentados en procesos de autoritarismo en la región. Que estas prácticas encuentren respaldo electoral en Costa Rica marca un quiebre en el país.

Sin equipararse aún a los escenarios más extremos, el gobierno costarricense comienza a reproducir patrones conocidos en los países centroamericanos. Desde Derechos Digitales lo hemos alertado. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se dieron exilios masivos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en 2025, una situación que resuena más allá de sus fronteras y evidencia la fragilidad de la libertad de expresión cuando se normalizan narrativas de control por encima del debate crítico. En Honduras o Nicaragua, los medios enfrentan no solo presiones económicas y legales sino amenazas directas, lo que pone en perspectiva la preocupación costarricense como parte de un denominador común más amplio en la región.

El informe de la Fundación Heinrich Böll sobre libertad de expresión en Centroamérica evidencia que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua ocupan posiciones muy bajas en los índices internacionales, reflejando contextos donde censura, criminalización del periodismo y violencia contra comunicadores son fenómenos recurrentes, y donde muchas veces no queda medio independiente alguno.

El escenario electoral de 2026 consolidó prácticas y narrativas que proyectan sus efectos más allá del ciclo electoral.

Derechos reconocidos, protecciones insuficientes

En términos generales, la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica cuenta con una protección normativa robusta. La Constitución Política reconoce el derecho a la libre comunicación del pensamiento sin censura previa y prohíbe cualquier forma de restricción indirecta. A ello se suma la adhesión del país a instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que obligan al Estado no solo a abstenerse de censurar, sino a garantizar condiciones efectivas para su ejercicio libre y seguro.

Sin embargo, esta solidez no se traduce en un desarrollo legislativo integral que permita enfrentar los desafíos contemporáneos. Como se evidenció en los casos registrados anteriormente, el rol de la Sala Constitucional fue clave para contener algunas de las amenazas más evidentes. Estos fallos funcionaron como un contrapeso institucional frente a decisiones administrativas y prácticas gubernamentales que, de otro modo, habrían consolidado restricciones indirectas al ejercicio periodístico. Pero el rol de la Sala Constitucional como principal barrera de protección también evidencia que se depende cada vez más de la judicialización posterior, y no de políticas públicas preventivas.

A las alertas señaladas, se suma la evaluación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en 2025 señaló la existencia de un “ambiente de creciente deterioro de la libertad de expresión” en Costa Rica, marcado por el hostigamiento en redes sociales a personas críticas del gobierno y por el uso discrecional de recursos públicos como la pauta oficial. Estas prácticas, aun cuando no constituyen censura directa, generan un efecto inhibidor para la autoexpresión.

Diversas organizaciones de la sociedad civil vienen planteando una advertencia: el marco legal costarricense resulta insuficiente para abordar la violencia digital. Informes como Freedom on the Net 2024 subrayan que, las referencias a internet se resuelven caso por caso a partir de derechos tradicionales, sin una tipificación clara ni mecanismos procesales adecuados para enfrentar violencias en plataformas digitales, lo que deja amplios márgenes de impunidad y desprotección.

Esta brecha entre el reconocimiento normativo y la protección efectiva fue documentada también por otras organizaciones especializadas. El informe Libertad de Expresión en Costa Rica 2024 de la Universidad para la Paz advierte que las agresiones al ejercicio periodístico se reproducen y amplifican en entornos digitales, donde se organizan campañas de descrédito, se normaliza la intimidación y no se dan las condiciones para un debate público libre. En una línea complementaria, el Informe Alternativo del Examen Periódico Universal (EPU), elaborado por Sulá Batsú y CEJIL, señala un aumento sostenido de violencia digital de género y ataques de odio en línea dirigidos particularmente a mujeres periodistas y defensoras.

Sobre este tema, el trabajo de Derechos Digitales refuerza que estas dinámicas afectan de manera diferenciada a mujeres y personas LGBTIQA+, ya que restringe la participación pública y reproduce desigualdades estructurales en el entorno digital. Recientemente, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se propusieron principios orientadores para reformas legislativas y políticas públicas, que apuntan a transformar no solo el reconocimiento normativo, sino también las capacidades estatales y sociales necesarias para proteger y garantizar la libertad de expresión en espacios digitales de forma efectiva y con perspectiva de derechos humanos.

Fortalecer la libertad de expresión en medio de la erosión democrática

En América Latina, el debilitamiento de la libertad de expresión se convirtió en una de las primeras señales de tendencia autoritaria, la experiencia en nuestros territorios demuestra que su desgaste rara vez comienza con censura directa. Costa Rica todavía cuenta con instituciones, estándares y capacidades para revertirlo, pero esa ventana no es indefinida.

Asumir que la libertad de expresión está garantizada por inercia es uno de los riesgos más altos del momento actual. Para fortalecerla no basta con invocar la tradición democrática ni confiar exclusivamente en la fortaleza institucional heredada.

Implica asumir responsabilidades concretas: actualizar el marco legal para enfrentar violencias digitales sin criminalizar la expresión, establecer reglas claras y transparentes para la comunicación estatal, garantizar mecanismos efectivos de protección a periodistas y personas comunicadoras, y reconocer que las plataformas digitales son hoy infraestructuras políticas que requieren regulación con enfoque de derechos humanos.