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Colombia es el cuarto país en América Latina en avanzar hacia la regulación del trabajo de reparto por plataformas digitales. Aún con aspectos valorados positivamente por el sector sindical, como el reconocimiento de las personas repartidoras como trabajadoras bajo dos modalidades de relación laboral y su afiliación al sistema de seguridad social; persisten interrogantes sobre la profundidad y el alcance de las disposiciones en torno a la transparencia algorítmica y la protección de los datos personales. En esta columna exploramos los avances y las limitaciones de la reforma aprobada en estos campos puntuales destacando la voz de una organización sindical comprometida con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras de plataformas en el país.

Hemos visto en los últimos años un discreto avance en el consenso sobre la necesidad de reequilibrar las relaciones globales de poder en materia de tecnologías. El concepto de “soberanía tecnológica” ha ganado espacio prominente en discursos de autoridades gubernamentales e internacionales. A la vez, nuevas oportunidades se han abierto para políticas fiscales que permitan la compensación a los países por la extracción de sus datos por parte de algunas pocas empresas. Aún cuando algunas de estas reivindicaciones se restringen a lo discursivo (y los países siguen ofreciendo beneficios a las mismas empresas para la explotación de recursos a nivel local), la alianza entre las Big Tech y el gobierno de extrema derecha de Estados Unidos ha puesto todos sus esfuerzos en hacerlas retroceder.

Una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un hito en la consolidación de una perspectiva de derechos frente a la crisis climática. Subraya la obligación de los Estados de actuar urgentemente para mitigar los impactos ambientales y proteger a las comunidades. ¿Cómo podrán enfrentar los países de la región la proliferación de centros de datos de las Big Tech que moldean un nuevo modo de extractivismo en los territorios?