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Como si no tuviésemos suficiente con el espionaje sobre los usuarios de Internet, el TPP adopta nuevas reglas que incrementarían significativamente el rol de los prestadores de servicios de Internet en la vigilancia a sus usuarios, esta vez bajo el pretexto de combatir la piratería de derechos de autor. Incluso si tú no eres un infractor, tu prestador de servicios de Internet te tendrá bajo observación, por si acaso.

En la última filtración del capítulo de propiedad intelectual del TPP se mantienen las fuertes sanciones a la elusión de las medidas tecnológicas de protección de usos, convirtiendo a los consumidores legales de contenidos protegidos como las más probables víctimas de los abusos surgidos de una legislación desbalanceada en favor de la gran industria de los derechos de autor.

El TPP está cambiando significativamente el nivel de compromisos de los gobiernos en la persecución criminal de la infracción a la propiedad intelectual, aumentando el número de acciones que constituiría delitos, así como las penas aplicables e imponiendo a las autoridades públicas el deber de perseguir dichas infracciones, incluso si los supuestos afectados no reclaman. Esto amenaza con crear más espacio para la arbitrariedad policial, más riesgos para nuestros derechos fundamentales y más presión en el gasto público para proteger intereses privados.

El TPP debería facilitar el libre comercio, pero el tratado no vacila en levantar nuevas barreras que obstaculicen la circulación de bienes y servicios, dañando a los consumidores. Esto es particularmente cierto en materia de propiedad intelectual: por un lado, al evitar adoptar el agotamiento de dichos derechos, el TPP no facilita el flujo de bienes y servicio; por otro, el acuerdo levanta nuevas barreras al reforzar las llamadas medidas en frontera. El tratado incluso puede afectar pequeños despachos de productos sin fines comerciales desde un país a otro, como los que hacen miles de ciudadanos todos los días.

Los numerosos casos de censura de contenidos críticos al gobierno de Rafael Correa ponen de manifiesto la tensa relación entre derechos de autor y libertad de expresión, y los peligros que el desbalance conlleva para la democracia.

A propósito de Wikipedia Zero, la iniciativa que busca el acceso gratuito a Wikipedia en países del tercer mundo, Francisco Vera se pregunta si deben existir o no excepciones a la neutralidad de la red, bajo qué criterios y cuáles son los riesgos eventuales que podría conllevar una medida de ese tipo.

Finalmente fue presentado ante la Cámara de Diputados de Chile el proyecto de ley que sanciona la divulgación de imágenes íntimas en Internet, anunciado hace varias semanas. Pero el proyecto revela varios de los problemas que conlleva regular el comportamiento en línea.

Al legislar, los parlamentarios de la región deben tener presente que las libertades de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen derechos fundamentales, que incluyen el derecho a no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones y el derecho de buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio. Todo lo anterior, sin imponer trabas directas o indirectas al ejercicio de estos derechos.

La aprobación de dos proyectos de acuerdo opuestos y excluyentes en la Cámara de Diputados puso al software libre en el centro de la discusión pública. ¿Cuáles son los factores a considerar al momento de decidir el gasto estatal en tecnología? Las revelaciones de espionaje político aportadas por Edward Snowden dan nuevas pistas al respecto.