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En un contexto mundial donde las comunicaciones cifradas sufren fuertes ataques, la aplicación de mensajería más grande del mundo opta por comprometerse con la seguridad de sus usuarios.

La agenda corta antidelincuencia en tramitación incorpora una norma que permitirá ampliar el secreto de las investigaciones judiciales, sancionando a cualquiera que lo viole con la privación de libertad hasta por 540 días. Nuevamente nos encontramos frente a una norma inserta en un proyecto que ignora la evolución e impacto propios del periodismo de investigación que actualmente tiene lugar en la red.

Después de perder el referendo que le permitiría la reelección por un tercer periodo, el presidente boliviano Evo Morales se dijo víctima de una «guerra sucia» llevada a cabo en internet. Una nueva iniciativa de ley en Bolivia retoma estas nociones y supone riesgos para el derecho a la privacidad y libertad de expresión de los internautas bolivianos.

Para proteger las comunicaciones seguras y, con ello, la privacidad y la misma integridad de internet, también es necesario plantear una agenda que avance en la cooperación internacional de forma amplia. Un reciente caso en Brasil puede dar pistas de esto.

La falta de estándares técnicos de seguridad de información sensible puede significar que nuestros datos queden expuestos. La falta de herramientas legales para asegurar esos estándares puede resultar en fuertes afectaciones a los derechos fundamentales de sus titulares.

El fallo establece que el funcionamiento de los globos es ilegal y afectan la vida privada. Además argumenta que la seguridad no es justificación para intromisión en la intimidad y llama la atención sobre la falta de regulación expresa sobre la videovigilancia en Chile.

Nunca está demás volver a plantear la pregunta por la economía política, en vistas de comprender qué es lo que impulsa el surgimiento de iniciativas como las “ciudades inteligentes”, Free Basics o, incluso, la plataforma de gestión organizacional de un estado. Saber quiénes son los propietarios de una tecnología nos permite conocer sus intereses.

México tiene una de las regulaciones menos garantistas de derechos humanos en la región en cuanto a vigilancia de comunicaciones: sin orden judicial, obliga a las empresas de telefonía a entregar información a todo tipo de autoridades, forzando la retención de datos y la localización geográfica en tiempo real. El proceso por anular esas reglas parece acercarse a su fin.