Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

Mientras el debate siga secuestrado por la óptica comercial, los titulares de derechos y sus intereses, la discusión real en torno a acceso al conocimiento, a la participación en la actividad cultural y la libertad de expresión tienen poco espacio fértil. Y con ello, las posibilidades de una reforma seria y justa son escasas.

Mañana martes 13 de septiembre se discutirá en el parlamento chileno un proyecto de ley que busca hacer pública la lista de personas sancionadas por no pagar el transporte público. La aprobación de esta medida demostraría fallas, no solo en el sistema de transporte, sino en el equilibrio frente al respeto de los derechos ciudadanos.

La encuesta presenta consideraciones metodológicas que podrían convertirse en sesgos importantes si los resultados no son interpretados con la cautela necesaria. Pero incluso más allá del instrumento utilizado para realizar la medición, es importante preguntarse por el enfoque que la discusión sobre las políticas públicas digitales tiene en el país.

Los teléfonos celulares son la puerta principal a través de la cual los gobiernos, las empresas y los criminales acceden a nuestra información.

Los desarrollos más recientes en materia de derecho al olvido en la región muestran a la sociedad civil resistiendo ante el avance de una tendencia hacia la pérdida de la memoria y contra el acceso a la información.

Un grupo de hackers dice haber obtenido información confidencial de Equation Group, un conocido y sofisticado grupo de ciber atacantes ligado a la NSA. Parte de la información publicada permite por primera vez echar un vistazo a las herramientas utilizadas por la agencia de seguridad estadounidense.

Ante la evidencia de lo dañino que es el actual sistema de derechos de autor, se vuelve imprescindible que los países de América Latina realicen un profundo proceso de reforma a sus legislaciones de propiedad intelectual y consagren un sistema balanceado, que tenga por objetivo incentivar el acceso a la cultura, la investigación científica y la democratización del conocimiento.

Una empresa israelí-estadounidense vendió al Gobierno peruano un software para vigilar comunicaciones privadas a cambio de 22 millones de dólares, según una reciente revelación de la prensa. La empresa también tiene negocios en Brasil, Colombia, Ecuador y México. Con los marcos actuales, es muy poco lo que se puede hacer para garantizar que estos programas no sean usados para violar derechos humanos y perseguir a disidentes.