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Paraguay se encuentra próximo a votar un proyecto de ley que busca que los proveedores de Internet retengan la información de sus usuarios durante un año. Si bien el interés que se persigue puede ser legítimo, pareciera ser que se trata de una norma desmedida, en tanto pone en riesgo el derecho a la vida privada de los paraguayos.

Bajo la loable excusa de proteger las obras intelectuales de los autores en internet, el proyecto legislativo no solo se basa en prejuicios contra los efectos de la red en la cultura, sino también provocaría efectos nocivos en derechos como la libertad de expresión.

En Estados Unidos se anunció la entrada de nuevas reglas aplicables a los proveedores de internet, lo que fue tomado como un triunfo a favor de la neutralidad de la red. Y si bien aquello también es una buena noticia para la región, en países como Ecuador y Colombia el principio sigue en riesgo.

La autoridad mexicana de control de datos personales ha dispuesto la desindexación de enlaces desde Google, en términos similares a lo que se ha popularizado como “derecho al olvido”, con implicancias negativas sobre la circulación de la información y sobre los derechos fundamentales.

El proyecto de Mark Zuckerberg llega a Latinoamérica con la promesa de darle internet gratis a poblaciones largamente excluidas y nuestros Estados reciben la iniciativa con los brazos abiertos. Pero ¿puede ser Internet.org una política pública viable?