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La empresa está intentando obtener control del nombre de dominio casopenta.cl, inscrito por la Fundación Ciudadano Inteligente y utilizado para explicar la intrincada trama del caso judicial que involucra a altos directivos de la empresa en delitos tributarios y cohecho. De obtenerlo, significaría un importante retroceso para la libertad de expresión en nuestro país.

Con un irresistible enfoque filantrópico, las grandes corporaciones tecnológicas se han acostumbrado a intervenir en políticas públicas en América Latina, muchas veces afectando derechos fundamentales.

A pesar de la eficiencia que brinda al sistema, en América Latina podría implicar el control de empresas privadas sobre los procesos democráticos de cada país, con consecuencias para el derecho a la privacidad y el voto secreto de los ciudadanos.

Mientras la sociedad civil resiste el avance de acuerdos negativos para la ciudadanía como TPP y TTIP, una amenaza distinta aparece en el horizonte: TISA. Una vez más, los afectados están fuera de la discusión.

El uso de tecnologías de vigilancia y la persecución del anonimato son hechos comunes en América Latina. No obstante, su discusión pública aún está en ciernes. Ya es hora de que los vigilantes dejen de actuar impunemente.