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Un proyecto de ley rápidamente puesto en discusión y votación en el Congreso de Honduras busca regular lo que denomina expresiones de odio. Sin embargo, su contenido parece ir más allá, condicionando el ejercicio de la libertad de expresión, en un contexto nacional marcado por las protestas y movimientos sociales que pujan por mayor transparencia en los últimos años.

La opinión pública chilena está indignada, y con buena razón. En los últimos días nos hemos enterado de que la Fiscalía chilena ha decidido no perseverar en la investigación de la llamada Operación Huracán, en la que se acusó a ocho comuneros mapuche de la autoría de un atentado incendiario en la región de la Araucanía. Esta acusación estaría basada en supuestos mensajes interceptados de las aplicaciones WhatsApp y Telegram.

Si la fiscalía confirma sus sospechas de que Carabineros falsificó pruebas para incriminar a ocho comuneros mapuches, podríamos estar ante una posibilidad única para reformar el modelo de funcionamiento de los servicios de inteligencia en Chile.

Casi cinco años después de las revelaciones de Edward Snowden, buena parte del aparataje de vigilancia de comunicaciones de los EE. UU. sigue en pie. En tiempos en que la democracia y las libertades fundamentales parecen tan fuertemente amenazadas, el fisgoneo estatal con alcance global parece más fuerte que nunca.

No hay mucha duda de que bajo el actual sistema, las acciones de Sci-Hub atentan contra el derecho de autor de las editoriales. Pero la pregunta no es esa, sino ¿qué otra opción existe? A cinco años de la trágica muerte de Aaron Swartz nos seguimos haciendo la misma pregunta.