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Con frecuencia, los periodistas que trabajan en lugares de riesgo no otorgan demasiada importancia a las agresiones y peligros que enfrentan en línea, en parte porque los riesgos de orden físico suelen parecer más urgentes e inmediatos, y la conexión entre ambos tipos de peligro no siempre resulta evidente para el ojo poco entrenado.

La próxima semana el profesor universitario y desarrollador de software Dmitry Bogatov cumplirá dos meses en prisión. ¿El motivo? Se le acusa de publicar unos mensajes que pasaron a través del nodo Tor que tenía en su casa. Esto refleja una peligrosa incapacidad de las autoridades para comprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías y presenta un grave atentado en contra de quienes luchan por el acceso al conocimiento y el derecho a la privacidad y el anonimato en Internet.

La filtración de las pautas para moderar contenidos en Facebook nos da, por primera vez, una mejor idea sobre qué expresiones son permitidas y cuáles eliminadas. Al mismo tiempo, abre preguntas serias sobre quién tiene realmente el control de nuestras interacciones sociales.

WannaCry se propagó en más de ciento cincuenta países alrededor del mundo, paralizando trenes, hospitales y líneas de teléfono. A medida en que la tecnología permea cada vez más nuestra vida, algo similar puede volver a suceder en cualquier momento. Por eso, son urgentes políticas y medidas para prevenir el daño que esto pueda causar: tanto gobiernos como empresas y usuarios tenemos una responsabilidad para prevenir y mitigar este tipo de problemas.

– La campaña “Mucho ojo en la red” estigmatiza al sexting al centrar la responsabilidad en la víctima, no en los agresores ni en los cómplices de la violencia.
– Los anuncios refuerzan la visión machista de que las mujeres son las responsables de los actos de violencia que reciben.
– En lugar de inhibir el sexting, la campaña debería centrarse en educar en el ejercicio consciente de la práctica, y en disuadir a quienes comparten imágenes a terceros sin consentimiento.

Hoy el futuro de la Política Nacional de Ciberseguridad está en manos del gobierno, a quien corresponde decidir si existe la voluntad política necesaria para generar una hoja de ruta que nos permita enfrentar de forma sistemática y coordinada los desafíos de la ciberseguridad.

Hechos recientes en Venezuela y Ecuador dejan en evidencia la fragilidad del acceso libre a Internet en América Latina y así, la fragilidad de la democracia en la región. Sin embargo, también muestran el importante rol de las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la protección de la libertad de expresión y otros derechos humanos en el entorno en línea. Gracias al trabajo de tales organizaciones, el bloqueo de sitios con fines políticos es denunciado y no pasa desapercibido para la opinión pública, que alza una voz clara de condena contra ellos.