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A pesar del optimismo con el que se anuncia la implementación de medidas tecnológicas para sustituir los procesos que podrían presentar riesgos en el contexto de la pandemia, ¿se contemplan los riesgos que estas alternativas plantean para la legitimidad de los procesos de votación?

El regulador de telecomunicaciones en Chile estableció las condiciones técnicas para asegurar la velocidad de los servicios de internet y, junto con ello, sembró una serie de dudas sobre la recolección y uso de datos personales.

En México se presentó la acción de inconstitucionalidad frente a las reformas para la implementación del T-MEC que habilitaban mecanismos de censura en internet y criminalización de usos legítimos de las tecnologías. Aunque esta es una gran noticia, aún queda tramo por recorrer para defender los derechos humanos también en los entornos digitales.

El inminente pronunciamiento sobre el uso de aplicaciones de comunicación con cifrado por parte de la más alta corte de justicia en Brasil constituye la más próxima expresión de una disputa global que puede comenzar a resolverse en América Latina.

Las disputas por los derechos humanos en la red se reflejan en la retórica de los agentes gubernamentales que apuestan por el fortalecimiento de las estructuras de vigilancia. Las narrativas en contra del cifrado son parte de ese movimiento y dejan clara su intencionalidad: intentos sucesivos de ampliar los poderes policiales por medio de la suspensión de los derechos individuales, en base a la fabricación de escenarios de crisis.

Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar la constitucionalidad de estas leyes ante la Corte Suprema y a sus jueces a derogarlas.

Ante los diversos retos que ha traído el desarrollo de la pandemia por la propagación del COVID-19 en la región, la violencia de género en América Latina se ha incrementado ¿cuáles son las herramientas y recursos que existen para apoyar a quienes la enfrentan?

Cuando los países en desarrollo participan en tratados internacionales, como es el caso de México en el TMEC, se debe respetar la soberanía de los procesos democráticos locales y garantizar que el bienestar público no será sometido a límites que pongan el interés comercial por encima del desarrollo social y los derechos humanos.